Guillermo Antonio Huesca Tinoco
Expediente 1309/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Antonio Huesca Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida.Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla por su representación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL Registro: 27782. En San Andrés Cholula, Puebla, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1309/2016-II-D (fojas 3 a 8), Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, encargada del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida a la titular de este órgano jurisdiccional, informada a través del oficio CCJ/ST/3647/2016 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Maribel Pereda Corvera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por GUILLERMO ANTONIO HUESCA TINOCO (fojas 1 y 2) y auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 3 a 8). Además, se da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla por su representación. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente, por rendido el informe previo de la autoridad responsable citada. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1309/2016-II-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por GUILLERMO ANTONIO HUESCA TINOCO, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por GUILLERMO ANTONIO HUESCA TINOCO, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: Las órdenes de detención, comparecencia o presentación giradas en contra del quejoso; y, su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Fiscal General del Estado de Puebla por su presentación. Negó 18 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En el mismo sentido debe considerarse respecto de las autoridades 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Teziutlán (en su denominación correcta), no obstante que no obren en autos sus informes previos, toda vez que dichas autoridades en su calidad de ejecutoras se encuentran imposibilitadas para ejecutar una orden inexistente, pues su existencia ha sido negada por la autoridad responsable ordenadora, lo anterior sólo para el efecto de la suspensión. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no puede existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GUILLERMO ANTONIO HUESCA TINOCO, respecto de las autoridades y por los motivos que quedaron precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1309/2016-II-D. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por GUILLERMO ANTONIO HUESCA TINOCO, contra actos de las siguientes autoridades responsables: No. Orden Autoridad responsable 1 Fiscal General del Estado de Puebla. 2 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. 3 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Teziutlán (en su denominación correcta). En relación a la autoridad Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no se tiene como autoridad responsable a los elementos que se encuentran a su mando, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede tener únicamente como autoridad responsable al mencionado Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues la parte quejosa no proporcionó los datos de identificación de los colaboradores que señala como responsables. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá por separado una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (01222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". No ha lugar a remitirle copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y, 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de Jesús Camacho Sánchez y Alfredo Hernández Juárez, por haber acreditado tener sus cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y, en términos restringidos a Zwinglio Miguel Morice Camacho, por no contar con dicho registro, como se aprecia de la certificación de cuenta. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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