Guillermo Anuar Miranda Chimal
Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Anuar Miranda Chimal
- Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 883/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 883/2021, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra un acto que consideró violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno." Segundo. Admisión. El veintidós de octubre siguiente, se admitió la demanda; se requirió informe justificado; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se ordenó emplazar a la tercera interesada, y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley; la tercera interesada fue emplazada; la fiscal federal no presentó pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 36 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza familiar, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del acto reclamado es: La sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno en el toca ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación dictada en la audiencia de seis de julio anterior, correspondiente a la controversia familiar ... por el Juez Trigésimo Quinto de la propia especialidad y residencia, donde decretó la guarda y custodia provisional de los dos menores de edad hijos de las partes, a favor de ... . Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado como informó la autoridad responsable y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, consultable en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió la acción instada por la tercera interesada en la vía de controversia del orden familiar, se mandó emplazar como parte demandada al ahora quejoso, y se acumuló al diverso ... del propio índice instado por el impetrante, donde previamente se había decretado una pensión alimenticia a favor de los menores hijos de las partes y a cargo de la progenitora. 2. Previa contestación a la demanda, se ordenó llevar a cabo una plática con los menores de edad involucrados, que tuvo verificativo en los siguientes términos: "(.) En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día seis de julio de dos mil veintiuno día y hora para que tenga verificativo la audiencia a fin de sostener una plática con los menores ... y ... de apellidos .... quienes se encuentran presentes en el local de este juzgado."; "(.) A continuación, se sostuvo una plática con las partes, exhortándolos a llegar a algún arreglo benéfico en favor de sus hijos, no siendo posible llegar a ningún arreglo. Enseguida se sostuvo plática con los hijos de las partes, en el cubículo del suscrito en compañía del asistente de menor, así como de la C. Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y en términos generales manifestaron: llamarse Alonso que tiene seis años y Renata que tiene diez años, viven con su mamá pero también vivieron tres años con su papá; ambos niños comentaron que quieren a los dos y no quieren que se sigan peleando porque en una ocasión se agarraron a golpes y que lo único que quieren es vivir en paz, que es su deseo vivir con su mamá y convivir con su papá los fines de semana así como verlo entre semana para comer con él y tener video llamada con él. Renata se mostraba nerviosa, por lo que la psicóloga del DIF quiso platicar con ella para calmarla porque se siente culpable y cree que ella provoca los pleitos entre sus papas. Que su papá vive con su novia y ella se lleva muy bien con ellos, y la novia los cuida cuando su papá se iba a trabajar y les compraba regalos. En uso de la palabra la C. Agente del Ministerio Público manifiesta."; "(.) EL CIUDADANO JUEZ ACUERDA: Por entablada la plática con las partes y sus menores hijos, por hechas las manifestaciones vertidas por la C. Agente del Ministerio Público de la adscripción y en atención a éstas se otorga a la señora ... la guarda y custodia provisional de sus hijos ... y ... de apellidos ... señalando como domicilio para su ejercicio el ubicado en."; "(.) Al progenitor, señor ... de manera provisional se le decreta régimen de convivencia paterno-filial con sus hijos los fines de semana de cada quince días recogiéndolos el día viernes a las veinte horas con treinta minutos en el domicilio de la señora ... debiendo reintegrarlos el día domingo a las diecinueve horas, dicho régimen inicia el día viernes nueve de julio del año en curso (.)" 3. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación que fue fallado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno en el toca ..., y en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se confirma el proveído de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, en la Controversia del Orden Familiar, promovida por el señor ... en contra de la señora ..., expediente ... . (.)" Esta última sentencia integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa argumenta: El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución Federal porque no está debidamente fundada y motivada, conforme a los siguientes aspectos: Es insuficiente la falta de afectación física de los menores, para asignar la guarda y custodia a favor de la progenitora, o que ese sea el escenario más favorable. Si bien es correcto considerar la opinión de los infantes, hay que valor su nerviosismo al emitirse, y que aceptaron vivir tres años con el quejoso, aunque fuera un hecho no probado. Deben adminicularse las grabaciones presentadas pues aunque no dan certeza de las personas involucradas, no fueron objetadas, por ello tienen pleno valor probatorio atendiendo al interés superior del menor, y de ellas concluir que los infantes fueron coaccionados para convencer al quejoso de acceder a un convenio. Es evidente que los menores fueron inducidos para aceptar la idea de que el convenio acabaría con los problemas de sus progenitores, y al aceptar ese planteamiento la autoridad resuelve con un criterio de género. Los conceptos de violación son infundados y para demostrarlo serán analizados de forma conjunta como fueron agrupados, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda al orden de la demanda de amparo. En el caso están relacionados dos menores de edad, lo cual implica por sí solo que el análisis de la queja debe considerarlos de forma preponderante, sin que para ello obste la naturaleza de los derechos en controversia o el carácter de quién o quiénes promovieron el juicio de amparo, aunque con ello se llegue a modificar por esta vía cuestiones que no figuran en los agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para garantizar los intereses de los menores, pues el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en lo concerniente a los infantes, no corresponde en exclusiva a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar su protección sustancial. En relación al tema toral que es la determinación de la guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del menor, que es un principio cuyo fundamento está en la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales y es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en "todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." El Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el "principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño, ha definido que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, contrario a lo alegado el acto reclamado sí atendió las cuestiones planteadas por el recurrente y ahora quejoso en el medio de impugnación que lo precedió, y valoró las circunstancias de la controversia porque al efecto sostuvo las siguientes argumentaciones: A la fecha no ha sido corroborada la información sobre la temporalidad que el recurrente afirma haber tenido bajo su custodia a los infantes, pero sí el hecho que los infantes informaron el hecho en común relativo a que ambos progenitores se han agarrado a golpes. Respecto del disco compacto ofrecido con aparentes pláticas entre adultos, no se puede constatar de quien son las voces que se oyen, por lo cual no puede fundar una decisión, empero, ya se ha establecido un régimen de visitas y convivencias. Tocante a la plática con los infantes, expresaron su voluntad de forma libre sobre sus preferencias para habitar, indicio que si bien por sí solo no es suficiente, lo cierto es que genera convicción sobre el contexto que les brinda mayor seguridad, además que no obra elemento contra la convicción de que con su progenitora no se les causa afectación, o bien, que corran riesgo. Decisión que se funda en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, 3, 9 y 18 de la Convención de los Derechos de los niños, 416 ter del Código Civil, 940 a 945 del Código de Procedimientos Civiles, ambas legislaciones aplicables para la Ciudad de México. No se resolvió únicamente sobre la opinión de la representación social, porque solo intervino de forma auxiliar, para sensibilizar y no favorecer alguna de las partes. La medida tomada es provisional hasta desahogar las pruebas, los estudios psicológicos, para constatar la violencia que recíprocamente se atribuyen las partes, así como asignar habilidades parentales, y determinar la problemática familiar, para tomar la mejor determinación y que los menores cohabiten con quien resulte apto para brindarles un adecuado desarrollo físico y emocional, y establecer objetivamente quien es generador de violencia y si existe manipulación, de modo que en este momento no se puede tener certeza de la veracidad de las acusaciones reciprocas. Ante la necesidad de tomar una decisión sobre los infantes es que debe considerase la opinión ministerial, lo expresado por éstos, y el nerviosismo de la menor hija debe concientizar a los progenitores para que en lo futuro eviten involucrarlos en su problemática personal, porque ello ha provocado los sentimientos de culpa. Como se ve, el acto reclamado decidió sobre la guarda y custodia de dos menores de edad, amén de las circunstancias constatadas en la audiencia donde se les escuchó y se obtuvo una aproximación somera, del tiempo que tienen viviendo con sus progenitores y la dinámica familiar en rasgos generales. Aunado a que al valorar la plática que sostuvieron los infantes involucrados con el juzgador familiar, la sala del conocimiento corroboró algunas de las constantes que los progenitores mutuamente se atribuyeron, sobre sus habilidades parentales al cual le otorgó un peso relativo, sobre la premisa procesal consistente en la falta de pruebas determinantes, sumada a la necesidad de dictar una medida precautoria que diera certeza y respondiera al interés superior. El ejercicio argumentativo de la autoridad judicial se presentó en forma de inducción porque tomó los hechos probados, como punto de referencia para descartar los escenarios en los cuales no podría sostener una decisión respaldada por el apuntado principio, para acceder a uno fiel a los factores cuya afirmación gozaba de sustento hasta ese momento, para establecer una norma aplicable al caso, al cual le asignó condiciones y reglas. Conforme a tal ejercicio judicial el acto reclamado sí está fundado y motivado y justifica la asignación de la guarda y custodia temporal, porque los menores de edad expresaron estar habituados con la dinámica familiar materna donde están inmersos y residen, que para las condiciones del proceso es determinante porque los progenitores mutuamente se atribuyen en general, los propios hechos impeditivos y extintivos, lo cual tiene el efecto de generar un estado de indeterminación que no puede impedir tomar una decisión. También se establece que aun cuando la opinión de los infantes involucrados no puede ser determinante para resolver, en el caso el entorno y/o contexto corrobora el estado de bienestar y satisfacción de sus necesidades afectivas, y que la asignación a la progenitora sí responde al interés superior de los menores involucrados. Es así porque las constancias son indicio de que los tres años previos a la plática con los infantes a los cuales se refirió el progenitor, como el titular de su guarda y custodia la ejerció de facto, como se deduce al observar que la progenitora narró en el escrito inicial de demanda que en el año dos mil dieciocho el quejoso se llevó a los menores sin mediar convenio y/o consentimiento mutuo. Además, que a partir de dicha anualidad, los progenitores tuvieron diversos acuerdos verbales para intentar regular el ejercicio del deber parental, sin concretar su desarrollo, aunado, la actora narró diversos eventos en los cuales se vieron involucrados ambos progenitores, donde mutuamente se agredieron físicamente. Por su parte, al contestar la demanda el ahora quejoso se opuso a las prestaciones de su contraparte y alegó circunstancias impeditivas, extintivas y modificativas, empero, afirmó que desde el año dos mil dieciocho sus hijos han habitado con él y ha detentado la guarda y custodia. Posteriormente, al referirse a los hechos, en el marcado con el número ocho, indicó que ambas partes acordaron dejar la guarda y custodia a cargo de la progenitora, desde el año dos mil diecisiete en el que fue el domicilio conyugal. En tanto que en el diverso hecho marcado con el número once, se refirió al convenio asumido por ambos progenitores para regular la guarda y custodia, y afirmó que tal pacto terminó porque el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, al acudir a visitar a sus hijos éstos le pidieron habitar con él a causa de la nueva relación de su progenitora que limitaba el tiempo que efectivamente ésta les dedicaba. Hecho que conforme a lo indicado por el demandado motivó un convenio con la parte actora para modificar la titularidad de la guarda y custodia, y de donde se puede deducir que el quejoso en principio tomó una decisión unilateral para llevar consigo a sus hijos, y posteriormente buscar un acuerdo en esas condiciones, sin explorar alternativas o negociar la distribución de los roles paternos, motivado en principio por aspectos personales de su colitigante, que no constan demostrados ni fueron referidos por los menores en la charla con el juez. Como se ve, existe una aparente contradicción entre las declaraciones de ambos progenitores, porque mutuamente se atribuyen ser los generadores de violencia, los causantes de la ruptura familiar, quienes incumplen con las obligaciones parentales y de impedir el ejercicio de la prerrogativa a la revinculación familiar, además de incumplir con los convenios pactados con la finalidad de regular tal fin. En lo que sí es común a las declaraciones de los progenitores, se tiene que ambos han sido tanto víctimas como generadores de la problemática familiar, y que han sido incapaces de mantener alternativas viables y constantes para sostener el desarrollo del derecho de sus menores hijos a la convivencia filial, así como mantener lazos afectuosos a largo plazo. De igual modo, consta que tanto en la demanda como en la contestación y en los escritos que han trabado la litis, las partes de forma general se han referido a la problemática mutua, sin indicar con ese detalle el contexto personal, escolar, familiar, íntimo y afectivo de sus hijos. Sobre esa base, como se sostiene en el acto reclamado los eventos y condiciones descritas y narradas por los infantes involucrados son determinantes para tomar una decisión, porque presenciaron la menos una ocasión en que sus progenitores tuvieron enfrentamientos físicos, que es una de las constantes que recíprocamente entre ambos se atribuyen, tanto en la autoría intelectual como material. De igual forma, de manera uniforme los infantes sostuvieron afectos mutuos con sus progenitores, pero destacado el deseo de permanecer con su mamá, así como mantener una relación presencial con su papá, reforzada con el uso de medios electrónicos para hacer mas regular la interacción y no esperar necesariamente hasta el encuentro físico. Ese factor en realidad tiene dos ámbitos de análisis, el primero en descargo de la progenitora porque de ser positiva la temporalidad que sus hijos estuvieron habitando de forma constante con su progenitor, es decir, durante tres años, los lazos de afecto y vinculación con éste eventualmente habrían de responder a ese apego; empero, mas allá de una eventual añoranza al lecho materno, expresaron un deseo reforzado de permanecer con su mamá, de la cual no alegaron los hechos negativos atribuidos por el progenitor, ni hicieron referencia a la posible nueva pareja de la tercera interesada. En segundo orden, lo declarado por los infantes acepta una lectura que tiene un efecto de cargo que pesa en el progenitor, en el sentido de que el tiempo en que indiciariamente se ha ejercido la titularidad del derecho parental, es decir, en los propios tres años, no ha sido asertivo para los niños porque a pesar de ese contexto rememoran y desean mantenerse bajo el cuidado de su mamá, sin desvincularse de él, de quien sí dieron noticia con determinado detalle de la realidad conyugal que actualmente vive. Con lo cual se contesta a los conceptos de violación en cuanto a la falta de idoneidad de lo expresado en la plática con los infantes para fundar la asignación de la guarda y custodia, porque no se tomó únicamente con base en ésta, sino en la relación de indicios que las propias partes generaron como coartada para atribuirse mutuamente la autoría de la problemática familiar. Por el contrario, los elementos aportados por los infantes corroboran que el progenitor ha ejercido unilateralmente la guarda y custodia durante el periodo de tres años al cual se refirió, pues más allá de que no obra prueba del presunto convenio conforme al cual tomó de facto el ejercicio del derecho a la responsabilidad parental, de los propios escritos que presentó en el proceso, tampoco se advierte que sus hijos mantuvieran un estatus emocional favorable, actividades escolares, de amistad, familiares o de arraigo emocional de carácter regular, pues como se ha indicado, la estrategia de litigio se basa en contradecir y refutar los hechos planteados por la colitigante. Sobre esa base, es de descartarse que lo indicado por los infantes al juzgador familiar no fuera apto para corroborar las circunstancias más adecuados, por el contrario, es correcto asignar un peso relativo a los hechos contrapuestos y tomar una decisión objetiva conforme a los elementos con que se contaba hasta ese momento, para asignar la guarda y custodia temporal. Con lo cual resulta infundado alegar manipulación en los infantes, y que deba resolverse unilateralmente conforme al tiempo en que éstos permanecieron, aparentemente, con su papá, incluso, acorde a lo descrito ese escenario carecería de respaldo en beneficio de los menores involucrados. Ahora bien, contrario a alegado, la asignación de la guarda y custodia en el escenario probatorio descrito está justificado conforme al interés superior porque se respalda en las pláticas desarrolladas, los deseos expresados por los menores hijos de las partes, en el contexto de la dinámica familiar en la cual se han visto inmersos y el entorno donde están ubicados actualmente, y da prioridad al estado de bienestar de los menores de edad. Aspecto sobre el cual se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la Contradicción de Tesis 123/2009 que el menor "tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores." El factor al cual apela el Alto Tribunal se ve contemplado y previsto en la asignación materna con la titularidad de la guarda y custodia, porque el propio progenitor ha indicado en sus escritos que en esas condiciones previas a la controversia, la tercera interesada le ha permitido la revinculación con sus hijos, lo cual no se puede deducir en un escenario inverso. Sirve como respaldo, el hecho que al contestar la demanda el impetrante afirmó que uno de los pactos verbales, para regular el apuntado derecho, terminó cuando acudió a la visita con los menores al último domicilio conyugal, que éstos pasaron previamente temporadas largas con él, y que tomó la decisión de terminar con el acuerdo de custodia, porque la colitigante comenzó una nueva relación que reducía el tiempo efectivo para los cuidados de los niños. Por el contrario, el quejoso sostiene toralmente que la decisión asumida en el acto reclamado debió basarse en los tres años en que los infantes vivieron con él, empero, en la relatoría relativa a ese lapso no aportó elementos de donde deducir que la revinculación materna fuera viable, si la problemática era la reducción del tiempo que la progenitora pudiera disponer con motivo de su nueva pareja, porque la controversia ha versado sobre la titularidad de la guarda y custodia por falta de habilidades parentales, sin incluir la necesidad de coartar la presencia de alguno de los progenitores, por resultar en un perjuicio de los infantes. Por ello, es importante destacar que la asignación de la guarda y custodia no significa de ninguna forma que los menores deban de dejar de convivir con su papá, por el contrario, la mamá adquiere un deber de permitir y fomentar que convivan con el progenitor en los términos y condiciones decretados por la Sala responsable; por ello, es infundado sostener que el sentido del acto reclamado obedece a un criterio de género. Al respecto, tiene relevancia lo sustentado en el amparo directo en revisión ..., donde se aclaró que las visitas y convivencias son un derecho-deber, lo cual implica que es incuestionable que los padres que no ejercen o comparten la guarda y custodia tienen derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores con fundamento en la patria potestad que ejercen sobre éstos. Pero por otro lado, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho de los menores; lo cual implica que debe prevalecer prioritariamente la situación que garantice el desarrollo de las convivencias, a la par que sea benéfica integralmente para los infantes, aun sobre las prerrogativas de los progenitores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio, desde esta perspectiva, los progenitores que no tienen ni comparten la guarda y custodia poseen un derecho a visitar y convivir con sus hijos, pero sobre todo cuentan con el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. Importa precisar que los padres tienen primacía para tomar decisiones que conciernen al cuidado, custodia y control sobre sus hijos, por lo cual las aparentes alteraciones del esquema familiar y realidad social de los menores involucrados, que fue denunciada con base en la aparente nueva pareja de la progenitora, no necesariamente conlleva una afectación y/un riesgo para los infantes, porque el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario únicamente cuando garantiza que las convivencias se lleven a cabo, y porque no existe una medida menos intrusiva que logre que los menores tengan una relación con sus progenitores, escenario que claramente no se presenta en el caso. Al respecto la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia, así como respecto a las convivencias de los menores con sus padres, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. En diversos precedentes se ha determinado que de conformidad con el interés superior del niño, basta que el juzgador verifique un potencial riesgo en la esfera del menor sin que sea necesario que se actualice un daño, es decir, no se requiere que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos del menor se vean afectados o aumente las posibilidades de que ocurra el evento. En estas condiciones, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados; de forma orientadora, en el amparo directo en revisión ..., la Primera Sala del Ato Tribunal realizó ciertas precisiones respecto al concepto de riesgo, en los siguientes términos: "(.) la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero." Con lo cual se contesta que al menos conceptualmente sí es válido recurrir a conceptualización de la situación donde los infantes no resulten afectados físicamente, como un criterio de asignación. Apoya lo expuesto la tesis aislada Tesis: 1a. CCCLXIX/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2007797, que dice: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, indicados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veinte de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el escrito de la tercera interesada ...; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio; por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Respecto de quienes autoriza acorde al ordinal 12 de la ley citada, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar las autorizaciones electrónicas correspondientes, con los nombres de usuarios proporcionados para consulta del expediente. Por señalados el teléfono y el correo electrónico que refiere, para entablar comunicaciones no procesales, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.
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