GUILLERMO ADRIAN RESENDIZ LÓPEZ y Otros.

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y Otros.
  • GUILLERMO ADRIAN RESENDIZ LÓPEZ y Otros.
  • Guillermo Adrian Resendiz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia sobreseyó el juicio, sin que se impugnara; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj- /paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2 Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 736/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por las cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 736/2023 promovido por ..., por propio derecho y en representación de los niños con iniciales ... y .... (identidad protegida); contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un juzgado del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución de uno de junio de dos mil veintitrés emitida por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., que modificó el auto dictado el nueve de agosto de dos mil veintidós en el incidente de reducción de pensión alimenticia derivado de la controversia familiar ..., del índice del Juez Trigésimo Séptimo de la misma especialidad y residencia, y en su lugar desestimó la petición del actor incidentista de tener por acusada la rebeldía en que incurrió la impetrante para contestar la demanda, y ordenó el diferimiento de la audiencia respectiva. Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado pues así lo aceptaron las autoridades responsables, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación que remitió en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El veinte de junio de dos mil veintidós, Guillermo Adrián Reséndiz López promovió incidente de reducción de pensión alimenticia decretada en favor de ... y los niños con iniciales ... y ..... 2. El veintitrés de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite el incidente respectivo y se ordenó dar vista a la quejosa mediante notificación personal; asimismo, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental. 3. El trece de julio de dos mil veintidós se remitió correo electrónico a la demandada incidentista, a efecto de notificarle el auto admisorio. 4. Luego, en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por personalmente notificado el proveído de veintitrés de junio anterior, a la demandada incidentita, con motivo de la comparecencia asentada por su autorizado, en esa misma data. 5. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental, donde se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la quejosa para contestar la incidencia planteada, y se le declaró confesa de las posiciones formuladas por su contraria. 6. El diez de agosto siguiente, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra del auto mencionado en el numeral anterior, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, quien mediante resolución de uno de junio de dos mil veintitrés resolvió modificarlo, respecto de lo siguiente: ". SEGUNDA.- A sus autos el escrito de ..., mandatario judicial de la parte actora incidentista, vistas sus manifestación (sic), dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en atención a que se encuentra transcurriendo el término para que la demandada incidentista produzca su contestación. Ahora bien, tomando en cuenta que no se encuentra fijada la litis, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA, por lo que deberá fijarse fecha y hora en que tendrá verificativo, de acuerdo a la agenda del juzgado de origen." 7. Simultáneamente, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós se resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: RESUELVE PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, PROMOVIDO POR ... EN CONTRA DE ..., en el que la parte actora incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Es procedente la reducción de la pensión alimenticia, por lo que se condena al señor ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos ... y ... ambos de apellidos ... y de la señora ... el 11.66666666666667% POR CIENTO PARA CADA ACREEDOR, de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el deudor alimentario en CORPORATIVO WALMART MÉXICO, consistente en el 35% TREINTA Y CINCO POR CIENTO MENSUAL de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba en su centro de trabajo, previos los descuentos de ley. TERCERO. Gírese el oficio correspondiente al C. REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO..., para que ordene a quien corresponda deje sin efectos los descuentos de la pensión alimenticia definitiva y en lo sucesivo se realice la práctica del descuento ordenado provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, cuya cantidad será entregada a la señora ..., en la forma de pago acostumbrada previa identificación y recibo que otorgue, en la forma y términos ordenados en el V considerando de esta Sentencia y con el apercibimiento ahí decretado. (.)" Quinto. Improcedencia. De las constancias remitidas por la autoridad responsable , se advierte que el juicio constitucional es improcedente puesto que comparte la naturaleza del acto que le dio origen, el cual es intraprocesal o adjetivo; ya que la afectación que produce se genera dentro de la tramitación de la incidencia planteada; pero sin impacto inmediato en derechos humanos de la parte impetrante, conforme a la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo . En primer lugar, es necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006589, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del artículo sexto transitorio de la ley en cita . En el particular, la parte quejosa reclama la determinación de segunda instancia que modificó el proveído dictado en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar desestimó la petición del actor incidentista de tener por acusada la rebeldía en que incurrió la impetrante para contestar la demanda, y ordenó el diferimiento de la audiencia incidental. Lo que únicamente genera como consecuencia integrar la litis mediante el transcurso del plazo, para contestar la demanda, y con ello resolver el proceso, lo cual no tiene la posibilidad de constituir derechos a las partes, ni consumar etapas en la controversia, como tampoco agotar las posibilidades de los litigantes. En ese sentido, el reclamo se trata de una actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales, en las que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es así, porque el acto reclamado no había resuelto el proceso, ni había declarado algún derecho, de modo que solo es una actuación intermedia y preparatoria del fallo posterior. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales de los accionantes de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-; por tanto, se concluye que el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que no afecta de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos de la parte quejosa, lo anterior, porque en modo alguno trastoca derechos que rebasen lo puramente procesal. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Ello pone de manifiesto que los aspectos en que incide el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, como se indicó, los derechos sustantivos de la parte quejosa quedan exentos del alcance de ésta. Así, cabe la posibilidad de que el juez de la causa dicte una resolución dentro del incidente que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra, aplicando por analogía la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo . Se cita al respecto la jurisprudencia 163233, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 163233, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la actualización de la mencionada causa de improcedencia, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Dados los motivos de sobreseimiento que se actualizaron, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa con relación al acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho y en representación de los niños con iniciales .... y ...; contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 736/2023 promovido por ..., por propio derecho y en representación de los niños con iniciales ... y .... (identidad protegida); contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un juzgado del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución de uno de junio de dos mil veintitrés emitida por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., que modificó el auto dictado el nueve de agosto de dos mil veintidós en el incidente de reducción de pensión alimenticia derivado de la controversia familiar ..., del índice del Juez Trigésimo Séptimo de la misma especialidad y residencia, y en su lugar desestimó la petición del actor incidentista de tener por acusada la rebeldía en que incurrió la impetrante para contestar la demanda, y ordenó el diferimiento de la audiencia respectiva. Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado pues así lo aceptaron las autoridades responsables, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación que remitió en su apoyo; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El veinte de junio de dos mil veintidós, Guillermo Adrián Reséndiz López promovió incidente de reducción de pensión alimenticia decretada en favor de ... y los niños con iniciales ... y ..... 2. El veintitrés de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite el incidente respectivo y se ordenó dar vista a la quejosa mediante notificación personal; asimismo, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental. 3. El trece de julio de dos mil veintidós se remitió correo electrónico a la demandada incidentista, a efecto de notificarle el auto admisorio. 4. Luego, en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por personalmente notificado el proveído de veintitrés de junio anterior, a la demandada incidentita, con motivo de la comparecencia asentada por su autorizado, en esa misma data. 5. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental, donde se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la quejosa para contestar la incidencia planteada, y se le declaró confesa de las posiciones formuladas por su contraria. 6. El diez de agosto siguiente, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra del auto mencionado en el numeral anterior, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, quien mediante resolución de uno de junio de dos mil veintitrés resolvió modificarlo, respecto de lo siguiente: ". SEGUNDA.- A sus autos el escrito de ..., mandatario judicial de la parte actora incidentista, vistas sus manifestación (sic), dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en atención a que se encuentra transcurriendo el término para que la demandada incidentista produzca su contestación. Ahora bien, tomando en cuenta que no se encuentra fijada la litis, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA, por lo que deberá fijarse fecha y hora en que tendrá verificativo, de acuerdo a la agenda del juzgado de origen." 7. Simultáneamente, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós se resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: RESUELVE PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, PROMOVIDO POR ... EN CONTRA DE ..., en el que la parte actora incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista se constituyó en rebeldía, en consecuencia; SEGUNDO.- Es procedente la reducción de la pensión alimenticia, por lo que se condena al señor ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos ... y ... ambos de apellidos ... y de la señora ... el 11.66666666666667% POR CIENTO PARA CADA ACREEDOR, de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el deudor alimentario en CORPORATIVO WALMART MÉXICO, consistente en el 35% TREINTA Y CINCO POR CIENTO MENSUAL de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba en su centro de trabajo, previos los descuentos de ley. TERCERO. Gírese el oficio correspondiente al C. REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO..., para que ordene a quien corresponda deje sin efectos los descuentos de la pensión alimenticia definitiva y en lo sucesivo se realice la práctica del descuento ordenado provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, cuya cantidad será entregada a la señora ..., en la forma de pago acostumbrada previa identificación y recibo que otorgue, en la forma y términos ordenados en el V considerando de esta Sentencia y con el apercibimiento ahí decretado. (.)" Quinto. Improcedencia. De las constancias remitidas por la autoridad responsable , se advierte que el juicio constitucional es improcedente puesto que comparte la naturaleza del acto que le dio origen, el cual es intraprocesal o adjetivo; ya que la afectación que produce se genera dentro de la tramitación de la incidencia planteada; pero sin impacto inmediato en derechos humanos de la parte impetrante, conforme a la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo . En primer lugar, es necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006589, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del artículo sexto transitorio de la ley en cita . En el particular, la parte quejosa reclama la determinación de segunda instancia que modificó el proveído dictado en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, y en su lugar desestimó la petición del actor incidentista de tener por acusada la rebeldía en que incurrió la impetrante para contestar la demanda, y ordenó el diferimiento de la audiencia incidental. Lo que únicamente genera como consecuencia integrar la litis mediante el transcurso del plazo, para contestar la demanda, y con ello resolver el proceso, lo cual no tiene la posibilidad de constituir derechos a las partes, ni consumar etapas en la controversia, como tampoco agotar las posibilidades de los litigantes. En ese sentido, el reclamo se trata de una actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales, en las que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es así, porque el acto reclamado no había resuelto el proceso, ni había declarado algún derecho, de modo que solo es una actuación intermedia y preparatoria del fallo posterior. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales de los accionantes de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-; por tanto, se concluye que el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que no afecta de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos de la parte quejosa, lo anterior, porque en modo alguno trastoca derechos que rebasen lo puramente procesal. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Ello pone de manifiesto que los aspectos en que incide el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, como se indicó, los derechos sustantivos de la parte quejosa quedan exentos del alcance de ésta. Así, cabe la posibilidad de que el juez de la causa dicte una resolución dentro del incidente que sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra, aplicando por analogía la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo . Se cita al respecto la jurisprudencia 163233, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 163233, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la actualización de la mencionada causa de improcedencia, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Dados los motivos de sobreseimiento que se actualizaron, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa con relación al acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho y en representación de los niños con iniciales .... y ...; contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, que se precisaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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