Guillermo Alejandro Silva Morales

Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Alejandro Silva Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración los anexos que fueron remitidos por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución a la Jueza Segundo Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, el legajo de pruebas I; lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada ***.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa no compareció ante este Juzgado Federal a recoger los edictos cuya publicación se ordenó en auto del tres de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado, ***, y tampoco manifestó insolvencia económica para realizar la publicación de esos edictos de emplazamiento. Lo que implica que incumplió con un presupuesto procesal, que imposibilita a este juzgado federal para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con motivo de la no publicación de los edictos, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, cuestión que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la falta de interés de la solicitante del amparo entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto; por ende, el interés particular de la quejosa no puede estar por encima del interés público, ya que éste se encuentra tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de la parte promovente. Por tal motivo, es claro que su conducta omisiva, origina que en la especie se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)". En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional por la falta de publicación de los edictos. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, página 27, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, apoya esta determinación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Julio de 2002, Página: 211, que textualmente dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En ese orden, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada ***.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Quejoso no acredita insolvencia económica para pago de edictos a su costa. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído dictado el tres de agosto de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Jaime Guzmán Zamudio mediante edictos a costa de la parte quejosa. Asimismo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara su insolvencia económica para realizar la publicación de los edictos ordenados, sin que se advierta que haya realizado manifestación alguna ni acreditado tal situación. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado, por lo que, al no haber acreditado la insolvencia económica de la parte quejosa entonces los edictos para emplazar a al tercero interesado, serán a su costa. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Tercera interesada solicita se haga efectivo apercibimiento a quejoso. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del autorizado de la tercera interesada Sandra Luz Cabrera García, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado al quejoso en auto de tres de agosto pasado, y se ordene la publicación de los edictos a su costa. En atención a su solicitud, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada ***

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. CFE informa. La Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Centro Oriente, en cumplimiento a los requerimientos efectuados en proveídos de treinta de junio y trece de julio de dos mil veintidós, informa en que sus registros no encontró domicilio del tercero interesado ... Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido similar oficio y se acordó lo conducente. Cúmplase.

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