Guillermina Martínez Calderón

Expediente 1553/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1553/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Guillermina Martínez Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.  Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento original. *** Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Autoridad informa gestiones. Agréguese el oficio de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto del cinco de agosto pasado, esto es, informe lo relativo al desahogo de la terapia de integración programada para el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Director de Asistencia Jurídica DIF, en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, informe a este juzgado si se llevó a cabo la terapia de integración programada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve y en su caso remita las constancias relativas al desahogo de dicha terapia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se apercibe a la autoridad referida que en caso de no realizar lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda y atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de expediente 1553/2019-VI; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ..., por su propio derecho. Tercero(s) interesado(s). 1. Instituto Mexicano Del Seguro Social. Autoridad(es) responsable(s). 1. Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Acto(s) reclamado(s). 1. La dilación procesal consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 1573/2013, del índice de la responsable. El artículo 113 de la Ley de Amparo , autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Precisado lo anterior, respecto del acto impugnado se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no irroga un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Así, se tiene que el agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que éste es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, el promovente reclama la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 1573/2013 del índice de la junta responsable. Con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra dilaciones en el dictado de proveídos y laudos está sujeta a que hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La determinación anterior se sustentó en que el legislador dispuso en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo que el periodo máximo en que el juicio laboral podía permanecer inmóvil era precisamente esos cuarenta y cinco días. Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión de acordar su escrito, por el cual solicitó la ejecución del laudo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, dictado en el expediente laboral de origen; sin embargo, la solicitante de amparo presentó su escrito el cuatro de julio de dos mil diecinueve ; de ahí que resulta evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -más las cuarenta ocho horas que tiene la responsable para realizarlo-, por tanto, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo, máxime que la existencia de los actos reclamados en el juicio constitucional debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda. Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del promovente, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley.

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