Guillermo Abreu Aparicio

Expediente 2159/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2159/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Abreu Aparicio

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 7.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Guillermo Abreu Aparicio, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 2159/2019-7. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el informe que se le solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se le impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN En atención al segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable suspenda el procedimiento por lo que hace a la parte quejosa, una vez cerrada la instrucción dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, hasta en tanto se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente juicio de amparo indirecto. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto a: Deyanira Gámez Mendivil, quien tiene su domicilio ubicado en la calle cerrada querubines, casa 7, manzana 4, fraccionamiento el Edén Premier de Villahermosa, Tabasco. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la citada tercero interesada al presente juicio de amparo, en el domicilio señalado con anterioridad, por conducto del Actuario de este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, y le haga saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, señalada en líneas anteriores. Por otra parte, mediante oficio que derive del presente acuerdo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese la presentación de la demanda de amparo a Francisco Alonso Ramos Zurita, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Villahermosa, Tabasco, así como al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y acompáñese para tal efecto copia simple de la misma, a fin de que intervengan con el carácter de terceros interesados. PRUEBAS. En lo que respecta a la documental, consistente en copia certificada del audio y video DVD-R de la causa penal 830/2019, que menciona, dígase, que no se le tiene por ofrecida la misma, en virtud, de que no la exhibe. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  2. Incidental

    MESA 7.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por Guillermo Abreu Aparicio, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco que estima violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME PREVIO De conformidad con los artículos 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su notificación, debiendo expresar si son o no ciertos los actos reclamados, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibiéndola de que en caso que omita rendir su informe, se le presumirá cierto el acto y se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, así como la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN En atención al segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable suspenda el procedimiento por lo que hace a la parte quejosa, una vez cerrada la instrucción dentro de la causa penal de donde emana el acto reclamado, hasta en tanto se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente juicio de amparo indirecto. FIJACIÓN DE HORA Y FECHA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, por lo que se refiere al acto reclamado que el quejoso hace consistir en: "[.] Resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que recae en el Toca Penal número 67/2019-IV-C, donde revocan el auto de no vinculación a proceso, de fecha (26) veintiséis de agosto del año (2019), dictado en mi favor por la Juez de Control de la Región 09 de Centro, Tabasco, en la causa penal 830/2019, y en su lugar decreta auto de vinculación a proceso, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto y sancionado por los artículos 206 y 207 del código penal vigente en el estado, "cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales M.R.A.G., en el culmino en los puntos resolutivos de la resolución antes mencionada y el cual me causa serias violaciones irreparables a mis derechos humanos y garantías. SIC [.]" NEGATIVA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Ahora bien, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes resolución de tres de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado en el toca penal 67/2019-IV-C; considerando que dichos actos ya se realizaron y emitieron y por ende, se tratan de actos consumados, no susceptibles de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darles efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por lo que ve a la medida cautelar solicitada respecto de la ejecución del acto que reclama, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional al quejoso, únicamente para efecto que quede a disposición de este órgano de control constitucional por cuanto hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre recluido en el supuesto de estarlo y a disposición del juez del proceso, por lo que concierne a la continuación del procedimiento penal seguido en contra del quejoso de referencia, hasta en tanto reciba notificación sobre lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5328, Tomo LXXVII, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto rezan: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en innumerables resoluciones, que la suspensión procede en todos los casos en que haya una restricción de la libertad personal, cualquiera que sea la gravedad del delito que se le imputa al quejoso y la duración de la pena correspondiente, porque el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece sin excepción alguna, la procedencia de la suspensión, respecto de los actos restrictivos de la libertad, para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, sólo en lo que aquélla se refiere, y a la autoridad que debe juzgarlo, por lo que toca a la continuación de procedimiento penal. Si el quejoso queda a disposición del Juez de Distrito, es para protegerlo no sólo en cuanto el ataque de la libertad, sino también en lo que se refiere a su integridad personal, a fin de evitarle todas aquellas molestias y maltratos que pudieran resultarle de su condición de preso, pudiendo otorgarle la libertad condicional, si procediere, y tomando las medidas de seguridad adecuadas para devolver al acusado al Juez de la causa, en caso de que no obtenga el amparo." Ahora bien, en el supuesto de que el impetrante del amparo se encuentre gozando de la libertad, la medida cautelar se concede, para efecto que no sea privado de su libertad con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, siempre y cuando no se trate de delito grave y el quejoso no incumpla con las obligaciones contraídas por razón del proceso que le haya impuesto el juez responsable para seguir disfrutando el beneficio de la libertad provisional, en cuyo caso la autoridad judicial queda en plenitud de jurisdicción de proveer lo conducente, ya que de ser revocada la libertad provisional en cita, no sería a virtud del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía, sino el eventual cumplimiento a las obligaciones procesales, que le derivan del beneficio que en su favor consagra el artículo 20, apartado "A", fracción I, de la Constitución General de la República. Estando obligado el amparista a comparecer ante el juez de la causa, cuantas veces sea requerido para la continuación del proceso penal de origen, apercibido que en caso de no hacerlo, la medida cautelar aquí decretada quedará sin efecto alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.283 P (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro IV, enero de 2012, tomo 5, página 4299, materia común, con número de registro 160453, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR, POR SÍ MISMO, UN ESTADO DE PERTURBACIÓN FORMAL E INDIRECTA A LA LIBERTAD PERSONAL DEL IMPUTADO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTOS DEL AMPARO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 292 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que se refiere a los efectos de la formulación de la imputación, señala: 'La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos: I. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal; II. Comenzará a correr el plazo para el cierre de la investigación; y III. El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. ...'. Por su parte, el artículo 294 del mismo ordenamiento prevé que de no reunirse alguno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, se dictará auto de 'no vinculación' y 'se dejará sin efecto las medidas cautelares personales y reales que hubiere decretado', de donde se sigue que los efectos de la imputación con las eventuales medidas cautelares se formalizan y convalidan para la continuidad de la siguiente etapa de investigación formalizada, precisamente como consecuencia del auto de vinculación, lo que significa, entre otras cosas, la formalización y continuidad de la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal y la confirmación de la pérdida de la facultad de archivo provisional de la investigación por parte del Ministerio Público. Como se ve, el auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear incluso de tipo social y mediático. Ahora bien, del análisis integral e interrelacionado de los mencionados preceptos 292, 294 y 298 del citado código se revela que el auto de 'no vinculación a proceso' implica dar a la fiscalía la posibilidad de volver a formular imputación (o de no hacerlo), así como establecer un plazo o límite para ello (seis meses). También se advierte de manera implícita el efecto de reanudación del curso de la prescripción posible de la acción penal, todo lo cual, sin duda, incide en un posible beneficio de la situación jurídica del imputado; así, por razones obvias, el dictado de 'vinculación a proceso' repercute negativamente en dichos aspectos que se traducen, en tal caso, en la producción de un estado de perturbación formal e indirecta a la libertad del imputado que debe tomarse en cuenta para efectos del amparo. . DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a la persona que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora, en razón de la concesión de la medida cautelar en comento, notifíquese personalmente el presente proveído al tercero interesado, víctima de identidad reservada de iniciales M.R.A.G., por conducto de su representante Deyanira Gámez Mendivil, en el domicilio ubicado en la calle cerrada Querubines, casa 7, manzana 4, sin número, colonia fraccionamiento el Edén Premier, de esta ciudad. Lo anterior, para que estén en aptitud de manifestarse respecto de la misma, o interponer el recurso procedente, de considerarlo necesario. Sustenta lo anterior la tesis aislada XXVII.3o.43 K, con número de registro 2007047, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, visible en el libro 8, de julio de dos mil catorce, tomo II, página 1319: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO EL AUTO EN QUE SE CONCEDA AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme al artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, la primera notificación al tercero interesado debe realizarse personalmente y en el procedimiento del juicio de amparo normalmente la primera notificación que se ordena practicar a éste, corresponde al auto admisorio de la demanda, por lo que debe notificarse de esta forma; pero además, cuando se solicita la suspensión provisional del acto reclamado, la primera actuación en el expediente incidental corresponderá al auto en que se provea sobre tal medida cautelar, por tanto, ese proveído también debe notificarse personalmente al tercero interesado, pues además de que se trata de la primera notificación ordenada en ese procedimiento incidental, es importante que se practique de esa forma porque así llegará a su conocimiento oportunamente para que, en caso de no estar conforme con ella, tenga la oportunidad de recurrirla a través del recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la propia ley." DELEGADO Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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