Guillermo Abreú Aparicio

Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
690/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Abreú Aparicio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Guillermo Abreu Aparicio; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) del audio y video de las audiencias celebradas el diez de marzo de dos mil veinte y el cuatro febrero de dos mil veintiuno, efectuadas en la causa penal 830/2019, de su índice, el cual remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 3 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 690/2020-3, promovido por Guillermo Abreu Aparicio. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por parte de la autoridad responsable, Juez de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco: 1. Copia Certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veinte y de la audiencia de suspensión condicional del proceso de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, celebradas en la causa penal 830/2019. 2. Un DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de las audiencias celebradas el diez de marzo de dos mil veinte y el cuatro febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 830/2019. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza.????????????? PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 690/2020-3, promovido por Guillermo Abreu Aparicio, contra el acto del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, Guillermo Abreu Aparicio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "El auto de Vinculación a Proceso, de fecha 10 de marzo de 2020, dictado en la causa penal número 830/2019, por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar (.)" AUTORIDADE RESPONSABLE Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, se radicó el asunto de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 690/2020-3; se desechó de plano la demanda dado que se consideró que se encontraba presentada fuera del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con el acuerdo anterior el quejoso interpuso recurso de queja, del cual toco conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quien mediante oficio 594 de diez de septiembre de dos mil veinte, informó a este Juzgado que radicó y admitió a trámite el medio de impugnación bajo el expediente 56/2020 de su índice. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio PI-879 de la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito por medio del cual remitió la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado en sesión ordinaria virtual, vía remota de quince de enero de dos mil veintiuno que declaró fundado el recurso de queja.???????????? En mérito de lo anterior y en acatamiento a tal resolución, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se le reconoció el carácter de tercero interesado a la representante de la víctima de identidad reservada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? El auto de vinculación a proceso de la causa penal 830/2019, emitido en la audiencia 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.??????????????? inicial de diez de marzo de dos mil veinte en contra del quejoso Guillermo Abreu Aparicio, por el hecho que la ley establece como delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, previsto y sancionado en los artículos 206 y 207 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales M.R.A.G. representada por Deyanira Gámez Mendival. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. El Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veinte y de la audiencia de suspensión condicional del proceso de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, celebradas en la causa penal 830/2019; así como con el Un DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de las citadas diligencias; medios de convicción a los que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos expresos de su artículo 2. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena"3. Igualmente es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la causa penal 830/2019 citadas en el considerando anterior, así como con las que integran el juicio de amparo indirecto 2159/2019-7 del índice de este órgano federal, el cual guarda relación directa con la presente controversia y se cita como he hecho notorio. 3 Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, materia común, Quinta Época, registro 394182.???????????? Lo anterior, guarda sustento en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, novena época, materia común, registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 830/2019 del índice del Juzgado responsable, en la que el fiscal formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso. 2. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la continuación de la citada audiencia inicial, en la que dictó el auto de no vinculación a proceso. 3. Mediante resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 67/2019-IV-C, del índice de la Cuarta Sala de Oralidad del Tribunal de Alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Estado de Tabasco, se revocó el auto de no vinculación a proceso referido en el punto anterior. 4. Inconforme con lo anterior, el quejoso solicitó amparo, el cual se admitió el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, con el expediente 2159/2019-7 del índice de esta Juzgado de Distrito. 5. Por sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte se concedió la protección federal para el efecto de que la Sala responsable, en lo que interesa, dejase insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 67/2019-IV-C; y a su vez ordenara dejar sin efectos la audiencia inicial de veinte de agosto de dos mil diecinueve, así como la de continuación de veintiséis del mismo mes y año, efectuadas en la causa penal 830/2019; además, se ordenase reponer el procedimiento. 6. Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida en el toca de oralidad 67/2019-IV-C del índice de la Sala responsable, cumplió con lo ordenado en el fallo protector, ya que ordenó dejar sin efectos la audiencia inicial y????????? su continuación, así como, ordenó reponer el procedimiento dentro de la causa 830/2019. 7. En cumplimiento a lo anterior diez de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial de reposición de procedimiento dentro de la carpeta 830/2019, en la cual se dictó dicto Auto de Vinculación a Proceso en contra de Guillermo Abreu Aparicio -aquí quejoso-, por el por el hecho que la ley establece como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 206 y 207 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales M.R.A.G., representada por Deyanira Gámez Mendival. La citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. 8. En audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se aprobó la suspensión condicional del proceso dentro de la carpeta 830/2019. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos derivados de otros consentidos, mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Ahora, para esclarecer la actualización invocada, deviene relevante acotar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 220/2016 estimó que en los casos donde el imputado acepta la terminación anticipada del procedimiento punitivo, ya sea mediante acuerdo reparatorio o suspensión condicional, tal condición implica el consentimiento del contenido del auto de vinculación, por lo cual, como sucede en la especie, resulta improcedente la vía constitucional. El Alto Tribunal consideró que, con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho se estableció un nuevo sistema de justicia penal, que a su vez conlleva un cambio de paradigma que replanteó la???????????? administración de justicia en esa materia; se estableció que el procedimiento será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Esa Primera Sala, consideró que la justicia restaurativa envuelve el volver las cosas al estado en que se encontraban antes del injusto, es decir, busca que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal propios de la justicia restaurativas que propone el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. En mérito de lo anterior, la superioridad estimó que, cuando el imputado suscribe alguno de los mecanismos alternativos referidos, expresa su venia respeto del auto de vinculación a proceso del que se trata, dado que si su voluntad efectivamente es la de concluir el proceso penal por medio de una solución alterna, tal condición estriba que Teo Eleacer Martínez Herrera acepta todos los efectos legales, entre ellos el acto que lo sujetó al procedimiento. De los razonamientos anteriores se desprende el criterio de jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, décima época, materia común, registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los???????????? cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, en el caso concreto tenemos que de las constancias que la Juez responsable acompañó a su informe justificado, se desprende que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia intermedia de la causa penal 830/2019 instruida en contra del aquí quejoso, diligencia que se suspendió dado que las partes sometieron a consideración de la Juez del conocimiento una propuesta de suspensión condicional el proceso, misma que se autorizó4 por esta ajustada a derecho, previo acuerdo de las partes del cumplir con un plan de reparación del daño. Lo antes expuesto pone en evidencia que el aquí quejoso aceptó ajustarse a la figura de la suspensión 4 Minuto 12:02 a 19:38 de la de la videograbación de la audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno. condicional, motivo por el cual deviene exactamente aplicable los razonamientos acotados en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) y por ende, debe considerarse que el quejoso consintió el auto de vinculación a proceso génesis del juicio en que se actúa. En tal condición, resulta lógico afirmar que el peticionario de amparo ya consintió el acto reclamado y, por ende, tal cuestión no puede ser analizada en esta vía constitucional, por lo que se actualiza en toda regla la causal de improcedencia invocada de oficio. En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia aludida; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a la tercero interesada Deyanira Gámez Mendivil,????????????? representante de la victima de identidad reservada; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la emisión de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;??????????? 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Guillermo Abreu Aparicio, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable precisada en el resultando primero y por las razones apuntadas en el considerando quinto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la constancia actuarial de veintiséis de febrero del año en curso, en la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifestó la imposibilidad que tuvo para emplazar a la tercero interesada Deyanira Gámez Mendivil, representante de la víctima de identidad reservada, ya que el vigilante del fraccionamiento Edén Premier, en donde se encuentra el domicilio proporcionado para emplazar a la prenombrada tercero interesada, le informó que la aludida parte ya no vive ahí desde hace mucho tiempo. En ese contexto, para una pronta impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 de la Carta Magna, con apoyo en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con relación en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto en donde pueda ser emplazada a juicio la citada tercero interesada. En el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, este órgano jurisdiccional procederá a la investigación del domicilio de dicha parte, y una vez agotado este recurso, y de no lograrse su localización, en términos de la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrán a su costa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano