GUILLERMINA LUIS CABRERA y Otros.

Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • GUILLERMINA LUIS CABRERA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de febrero de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula y libro Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *****....****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ****....****. Análisis de la demanda Analizada íntegramente la demanda de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación la tesis aislada VI/2004 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, y a la causa de pedir contenida en tal ocurso, permite concluir que de la autoridad responsable, Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la parte quejosa reclama: La resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ******...****** de su registro, relativa al recurso de revocación planteado por la ahí procesada *****...****. Desechamiento de la demanda de amparo La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, aquélla propicia que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución Federal y por la jurisprudencia. En el caso, contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ******....**** del registro, del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, relativa al recurso de revocación planteado por la ahí procesada *****....*****; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedora de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Con relación a este tópico, es determinante abordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10/2017 (10a.) sostuvo que las notificaciones, por regla general surten sus efectos en el momento en el que se practican, salvo disposición legal expresa. Bajo ese contexto jurídico, la parte promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, ello, ya que le fue notificada la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal *******.....***** del registro, del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por lo que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente hábil al en que le fue legalmente notificada de dicha determinación, esto es, desde el veintisiete de diciembre del año próximo pasado, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, aplicable al caso, que establece que todos los términos que señala ese código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación; además, en esta legislación no existe disposición que establezca expresamente cuando surten efectos las notificaciones, por lo que en términos de la citada jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), necesariamente debe entenderse que la notificación surtió efectos en el momento en que se practicó (veintiséis de diciembre de dos mil veintidós). Por tanto, el término de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo, en el caso, inició el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, día siguiente hábil en que manifiesta tuvo conocimiento del acto reclamado y concluyó el dieciséis de enero del año en curso, sin tomar en cuenta los sábados y domingos, por inhábiles, conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada en la fecha en que se actúa a este Juzgado, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el plazo legal de quince días con la parte quejosa contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la quejosa en este medio de control, si previamente consintió. Por último, cabe señalar que en el caso, no obstante que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10/2014, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.", precisó que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Lo que quiere decir, que el derecho humano de acceso a la justicia, que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, no se encuentra anulado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica; que no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas; de ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los plazos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos. De modo que si la demanda de amparo se presentó hasta el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población, es evidente que ello se hizo cuando habían transcurrido los quince días a los que se refiere el citado artículo 17 de la ley de la materia, por lo que el referido acto reclamado se entiende consentido tácitamente y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia aquí analizada. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo contra el acto reclamado de mérito. Domicilio y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, porque no se encuentran registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza penal, aunado a que no proporciona la quejosa los números de cédulas profesionales, a efecto de realizar la búsqueda correspondiente en el Registro Nacional de Profesionistas. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Publicación de la sentencia Hágase del conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se llegare a emitir en este asunto, se deberá a poner a disposición del público, -en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.

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