Guillermina Gómez Gómez y Otros.
Expediente 1646/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermina Gómez Gómez y Otros.
- Guillermina Gómez Gómez
Actuaciones
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Guillermina Gómez Gómez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro contexto, toda vez que la parte quejosa con su escrito de demanda exhibió el documento relativo a un croquis de localización, dos oficios fechados el trece de septiembre de dos mil dieciséis, suscritos por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, y un diverso oficio concerniente a la constancia de no adeudo predial expedida a la quejosa por el Director de Ingresos del aludido Municipio que exhibió la promovente de amparo con su escrito de demanda; por tanto, requiérase a la amparista, para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con identificación oficial, a recoger dicha documental, con apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrá ser destruida junto con el expediente.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por Guillermina Gómez Gómez, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1646/2016. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, se advierte que la demandante del amparo reclama de las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Síndico Hacendario y Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, esencialmente la orden de demolición definitiva de la barda construida en el terreno que aduce es de su propiedad y que se ubica en la Avenida Boulevard dieciséis de septiembre, número ciento catorce, de la Colonia Centro, de la Ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, contenida en el oficio DDU-08-2016 suscrito por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del aludido municipio, así como su complemento contenido en el diverso DDU-09-2016 signado por la aludida autoridad. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1, 96 fracción I y 122 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. - - - La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social. NI con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Artículo 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; [.] Artículo 122.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: Que la Ley de Justicia Administrativa se aplicará en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de éstos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111, segundo párrafo, fracciones VI y VII, de la Constitución Política del Estado; Que las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley, y Que cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario que contemple la ley de la que provenga el acto o agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que ejercida la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en atención a que las leyes ordinarias contemplan un recurso o medio de defensa tendente a modificar o acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión. Ahora, en los juicios contenciosos administrativos que se promueven ante el citado tribunal existe la posibilidad de suspender el acto reclamado, pues rige lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el cual prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Del análisis de los citados artículos se llega a la conclusión de que actualmente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. En efecto, toda vez que la Ley de Amparo, en su numeral 128 establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, que consisten en: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el numeral 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si la quejosa otorgue garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el ordinal 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, en sus numerales relativos esencialmente dispone: a) Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que se conserve la materia del juicio, no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. b) Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. c) Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. d) Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En ese sentido, debe decirse que la circunstancia de que en el juicio contencioso administrativo no se exijan mayores requisitos para obtener la suspensión, que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, obliga a los afectados por un acto de autoridad competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, a su agotamiento antes de acudir al juicio de amparo, salvo que se esté en presencia de alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XX, de la ley invocada, lo cual en el caso no se advierte; la peticionaria del amparo no se trata de un tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución; tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Luego, conforme a los elementos expuestos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto que aquí se reclama puede ser combatido mediante juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, dado que los ordenamientos legales con base en los cuales se tramitan tales juicios anulatorios, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; de ahí que resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esas directrices, se evidencia que en las referidas leyes no se establecen mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la suspensión del acto reclamado. Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la parte quejosa impugnar los actos atribuidos, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, y como se anotó, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Alberto Ángel Villarreal y Samuel Reyes Merino, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema computarizado, y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con el acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de los corrientes, se hace saber a las partes que este Juzgado cambiará de residencia y domicilio, por lo que iniciará funciones el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el ubicado en Privada de Aldama número 106, código postal 71256, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
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