Guillermina Jauregui Quintanilla
Expediente 382/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermina Jauregui Quintanilla
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por ******, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de catorce de los actuales, atento a ello, se provee: ? Desechamiento de la demanda. Cabe precisar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1o.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Bajo ese contexto, este juzgado estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda en contra de ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. En el caso concreto, la parte quejosa, señala como acto el auto que ordenó llamarlo a juicio dentro de la jurisdicción voluntaria **** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, relativo a las diligencias sobre apeo y deslinde promovidas por *****(auto de dos de agosto de dos mil diecinueve), la notificación respectiva y el auto que aprobó tal notificación (el veintidós de octubre de dos mil diecinueve), así como los actos dictados en vía de consecuencia. Lo anterior revela, que la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte interesada en las diligencias de jurisdicción voluntaria, estaba obligada a agotar el recurso que establece el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, esto es, el recurso de apelación, previsto en el numeral 7101, previamente a acudir a esta instancia constitucional. En este orden de ideas, resulta inconcuso que los actos que se tildan de inconstitucionales por la quejosa, deben ser impugnado mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 710, el cual establece que las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y solo en lo devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente, o llamado por el juez. En tal sentido, la quejosa está obligada a agotar el aludido recurso previo a promover el presente juicio constitucional, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. 1 "Art. 710.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en lo devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente, o llamado por el juez. La substanciación de las apelaciones en jurisdicción voluntaria se ajustará a los trámites establecidos para los incidentes, no siendo necesaria la expresión de agravios. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que aduce fue llamada por el juez al mismo; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que estime le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de apelación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto aquí reclamado procede apelación de conformidad con el artículo 710 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra los actos aquí reclamados. En tal sentido, no nos encontramos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoya la consideración que antecede, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 744, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". Así como, por las razones que informa, la tesis con número de registro 345225, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 2379, Quinta Época, tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "JURISDICCION VOLUNTARIA, APELACION CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LA (LEGISLACION DE VERACRUZ). No es exacto que el último párrafo del artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se refiera exclusivamente a resoluciones definitivas, pues de los términos de tal precepto se infiere que cualquier resolución que se dicte en jurisdicción voluntaria, es apelable en ambos efectos, salvo disposición expresa en contrario". A mayor abundamiento debe decirse que en el presente caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. En efecto, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (lo que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), así como de las constancias que allegó la juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, del procedimiento que derivan los actos reclamados, se desprende como antecedentes: 1. Que el dos de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, en la vía de jurisdicción voluntaria diligencia de apeo y deslinde promovidas por ******, las cuales se registraron con el número ****, por lo que se ordenó, previo a señalar fecha para la diligencia de deslinde, llamar a la hoy quejosa *****, por ser colindante del lindero sur del inmueble materia del procedimiento, para efecto de que presentara los títulos o documentos de posesión y nombre perito si quisiere hacerlo, para lo cual se giró exhorto. 2. Diligencia de emplazamiento que tuvo verificativo el tres de octubre de dos mil diecinueve; y por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se aprobó tal diligencia de notificación. 3. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de apeo y deslinde del inmueble ubicado en calle *****, sin número, actualmente calle **** número ****, predio denominado *****, perteneciente a esta ciudad; la cual no se llevó a cabo porque no compareció ninguna de las partes. 4. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, nuevamente se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de apeo y deslinde del inmueble materia de las diligencias. 5. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia citada, en la que el actuario hizo constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia de apeo y deslinde, en virtud de que ambos predios que colindan por la colindancia sur ya está delimitado con una barda perimetral. 6. La última actuación es un auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en el que se acordó desfavorable la solicitud de la parte promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria para que se declarará firme la diligencia de apeo y deslinde, en virtud de que la misma no se realizó. Una vez expuesto lo anterior, se reitera, que el presente caso, también se actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, se estima que los actos reclamados referentes al procedimiento de jurisdicción voluntaria no son de imposible reparación porque de los antecedentes narrados en la demanda, así como de las documentales allegadas por el juez de la causa, se advierte que aún no se lleva a cabo la diligencia de apeo y deslinde en el procedimiento de origen. Ante tal evento, se observa que la quejosa puede comparecer ante la responsable a deducir sus derechos si estima que la tramitación de las diligencias puede ocasionarle alguna violación a sus derechos fundamentales, por lo que si aún no se ha llevado a cabo tal diligencia de apeo y deslinde, en modo alguno afecta materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a la promovente del amparo, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir está supeditado al resultado final del procedimiento de deslinde. Máxime que al estar en trámite la jurisdicción voluntaria, pues aún no se lleva a cabo la diligencia de apeo y deslinde, la ahora promovente del amparo, de considerarse parte legítima, puede oponerse a tal jurisdicción en términos del artículo 708 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato2. De ahí que no se puede concluir que los actos reclamados tengan efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce, en este momento, son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron, pero no en contra de la amparista, pues dado que aún no se lleva a cabo la diligencia de apeo y deslinde, se encuentra en aptitud de hacer valer en contra de los actos que le causen perjuicio los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance durante la secuela procesal u oponerse a tales diligencias. Bajo ese contexto, es inconcuso que las determinaciones reclamadas ante esta potestad federal, constituyen una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Cobra aplicación al presente caso, por las razones que informa, la tesis con número de registro 226263, visible en el tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, página 545, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "APEO Y DESLINDE, DILIGENCIAS DE, SUSPENSION DE LAS. AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo indirecto contra diligencias de apeo y deslinde que no se han practicado, resulta improcedente en términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que los efectos desposesorios que reclama el quejoso, no son propios de su naturaleza, de tal manera que si los hubiere, serían vicios propios de la ejecución, lo que los hace futuros e inciertos, aparte de que pueden evitarse oponiéndose al procedimiento, como lo establece el artículo 1062 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco." (Lo subrayado es propio). En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia en examen, lo procedente es, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda constitucional. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2o.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de catorce de los actuales e informa el estado procesal que guarda la jurisdicción voluntaria ****, promovida por *****, atento a lo anterior estese en espera de que la quejosa dé cumplimiento a lo requerido en el citado auto.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por ****, en contra de actos del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 382/2021-I. Prevención de la demanda de amparo. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda planteada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Cuál es la autoridad a la que desea señalar como responsable, esto es si al secretario o actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Tercero de la Ciudad de México, pues al respecto señaló: "Secretario actuario."; de ahí que tal precisión genera incertidumbre para saber a quién desea precisar como responsable. Señale si ya se llevó acabo la diligencia sobre apeo y deslinde que reclama y que alude en su escrito de demanda, así como la etapa procesal en que se encuentre la jurisdicción voluntaria del que derivan los actos reclamados. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por los profesionistas que autorizó en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página trescientos cuarenta y ocho, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUEPODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, en la proporción establecida en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Requerimiento a responsable Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la responsable juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación que del presente se le haga, informe el estado procesal que guarda la jurisdicción voluntaria ****, promovidas por ******, debiendo remitir constancia fehaciente y debidamente certificada que acredite su dicho; apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, conforme a lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario ***; en el entendido que desde ahora se tienen como sitio para recibir notificaciones personales, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Consecuentemente, la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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