Guadalupe Yohana Mandujano Patiño
Expediente 372/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guadalupe Yohana Mandujano Patiño
Actuaciones
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que por haberse negado el amparo, dicha determinación no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional en el cuaderno principal, mientras que, en el incidente, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Ordena notificación personal. Visto el estado de los autos, se advierte que el treinta de octubre de dos mil veinte se dictó sentencia en el presente asunto, sin que a la fecha se haya practicado la notificación personal encomendada a la parte quejosa. En consecuencia, se ordena notificar de forma personal a la parte quejosa el auto en mención.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, Guadalupe Yohanna Mandujano Patiño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de oralidad Penal de la Tercera Región, del jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones y del coordinador de Investigaciones Región "C" de la Fiscalía General del Estado, todos de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad emitida por las responsables y que pudiera ser cumplimentada por las ejecutoras en perjuicio de la suscrita." (Foja 3 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, formó el expediente y lo registró bajo el número 372/2020; admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como terceros interesados a los siguientes: Erika Ruiz Zaragoza, quien fue emplazada a juicio el treinta y uno de agosto de dos mil veinte (foja 25); La agente del Ministerio Público, Karina Alberto Razo, quien fue emplazada a juicio el treinta y uno de agosto de dos mil veinte (foja 27). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en contra de la quejosa, dentro de los autos de la causa penal número 1P0619-1120 del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, de esta ciudad, por el delito de robo equiparado, previsto y sancionado por el artículo 191-B, fracción III, en relación con los diversos numerales 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal del estado de Guanajuato; así como su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato (foja 19) y el coordinador regional "C" de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (foja 12) ambos de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad (foja 13), negó el acto reclamado; sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que fue señalada como ejecutora de un acto que ha ordenado el juez responsable; por tanto, es de inminente ejecución el acto que se le atribuye. Ilustra lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistente en el disco versátil digital, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal 1P0619-1120; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 1P0619-1120, en la cual se hizo constar que no compareció Guadalupe Yohanna Mandujano Patiño; motivo por el cual la agente del Ministerio Público, solicitó al juez responsable, que la citada audiencia se tornara privada, con la finalidad de peticionar un mandato de captura en contra de la aquí quejosa, por su probable participación en la comisión de los hechos señalados como delito de robo equiparado. 2. En razón de lo anterior, el juez responsable tornó la audiencia privada y libró orden de aprehensión en contra de Guadalupe Yohanna Mandujano Patiño, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de robo equiparado, previsto y sancionado por el artículo 191-B, fracción III, en relación con los diversos numerales 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de la Procuración y Administración de Justicia, así como de Erika Ruiz Zaragoza. Determinación que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación es infundado, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la resolución reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja en favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la indiciada en la causa penal 1P0619-1120 del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, de esta ciudad, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos de la peticionaria de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que la resolución reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos de la quejosa en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, en el único concepto de violación la peticionaria alega que la orden de aprehensión dictada en su contra vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, en virtud de lo siguiente: Que a la fecha no se le ha entregado algún citatorio con las formalidades de ley, tampoco se le ha informado sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal. Que pretenden privarla de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Argumentos que son infundados. Se explica. En primer lugar, porque no asiste razón a la peticionaria del amparo cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no le han entregado algún citatorio con las formalidades de ley y tampoco le han informado sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal. Sobre el particular, el citado precepto legal, en específico, en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Artículo. 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Los actos privativos a los que hace referencia el citado párrafo segundo del artículo 14 constitucional, son aquellos, que al consumarse causan una disminución, menoscabo o supresión definitiva en un derecho del gobernado, pudiéndose ejecutar dichos actos, siempre y cuando se cumplan con algunos de los requisitos precisados en dicho precepto constitucional; dicha disposición contiene inmersos, entre otros, el principio de legalidad y de debido proceso. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho de una persona; no obstante, no todo acto de autoridad provoca una afectación a la esfera jurídica del particular, pues existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por tanto, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos, entonces, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, este asumirá el carácter de privativo. Por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es solo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia, los cuales están regulados por el artículo 16 constitucional, al restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Precisado lo anterior, es necesario destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversos mandatos (entre ellos la orden de aprehensión) que podrá ordenar el juez de control con la finalidad llevar al indiciado ante tal potestad para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso. Aunado a ello, dicho numeral restringe los supuestos en los cuales se puede emitir algún mandato para efecto de continuar el proceso; sin que para ello deba respetarse la garantía de audiencia del indiciado. Lo anterior, permite concluir que la orden de aprehensión tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada IX.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En tal virtud, no le asiste la razón a la promovente del amparo, puesto que la orden reclamada es un acto de molestia que no pretende privarla de ninguno de sus derechos, sino simplemente la posible restricción del ejercicio de aquéllos, respecto de lo que en su dictado no rige el derecho de audiencia previa reconocido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dada la naturaleza de dicho acto, se identifica como un acto de molestia, y resulta suficiente que se dé cumplimiento con el derecho de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, esto es, basta con que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia para ello, en donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento (lo que será analizado más adelante). Tal aserto deriva de que la orden reclamada, no es un acto privativo, toda vez que no se suprime a la quejosa definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que, en su caso, se siga un procedimiento en su contra. De ahí que, es innecesario que el juez responsable le entregue un citatorio con las formalidades de ley o le informe sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal, pues se insiste, la orden reclamada es un acto de molestia en el cual no rige la garantía de audiencia. Además, debe destacarse el juez responsable sostuvo en la orden reclamada que en el momento que se cumplimente el mandato de captura se le hará entrega de una copia del registro de audio y video de la audiencia en la que se emitió dicha orden, así como del oficio JOCEL/9891/2019. En esas condiciones, si la orden reclamada tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia, no es indispensable que se decrete con audiencia previa de la ejecutada, pues se reitera no se trata de un acto de supresión de los derechos del ejecutado. En virtud de lo expuesto, el acto reclamado en modo alguno transgrede los derechos reconocidos en el artículo 14 constitucional; de ahí, lo infundado de la parte del concepto de violación en estudio. Por otra parte, tampoco asiste la razón a la peticionaria del amparo cuando señala que pretenden privarla de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Para corroborar tal afirmación es necesario transcribir el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Las exigencias que prevé dicho numeral, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al indiciado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr la asistencia del indiciado por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e) Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando exista necesidad de cautela. 2. Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4. Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al indiciado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica. Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, la autoridad responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en los artículos 16 y 20 constitucionales, el diverso 6 de la Constitución del estado de Guanajuato, los preceptos legales 113, 141, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los numerales 13, 20, primer párrafo, primer supuesto, y 191-B, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, primer párrafo, y 133, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento acontecieron en esta ciudad. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de los hechos que la ley señala como el delito de robo equiparado, presentada por los agentes de investigación criminal Sandra Marín Rocha y Eloy Baeza González. Delito que, acorde con el artículo 191-B, fracción III, del Código Penal para el estado de Guanajuato se sanciona con pena privativa de libertad; con lo que se satisface el tercero de los extremos que se exigen para emitir un mandato de captura. Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o participado en su comisión. Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno destacar que, de los datos de prueba ofertados y previamente valorados, el juez de control concluyó que se obtenía el siguiente cuadro fáctico: Que el cinco de julio de dos mil diecinueve, a las catorce horas con veinticinco minutos, los agentes de Investigación Criminal, Sandra Marín Rocha y Eloy Baeza González, transitaban a bordo de la unidad 051-1 sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura del entronque que conduce a la comunidad de Juan Martín de esta ciudad. Que tuvieron a la vista un vehículo de motor de la marca Ford, modelo 2014, con placas de circulación particulares número UML7928 del estado de Querétaro. Que al ingresar dicha placa al sistema CAS, este arrojó un reporte de robo vigente dentro de la carpeta de investigación 65019/2019 de la Agencia 01 de la Unidad de Robo de Vehículos de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Motivo por el cual procedieron a marcar el alto a la conductora del vehículo, de donde descendió una persona del sexo femenino quien intentó huir y se identificó como Guadalupe Yohanna Mandujano Patiño. Ante el anterior panorama, este juzgador federal estima que, en la determinación reclamada, contrario a lo señalado por la promovente del amparo, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de robo equiparado, así como la probabilidad de que la quejosa participó en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión el juez responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos del 20, párrafo primero, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que la quejosa los realizó en calidad de probable autor, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo. Por tales motivos, como se anticipó, resulta infundado el concepto de violación formulado, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de robo equiparado, así como que probablemente la indiciada participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que se desprende de los registros de investigación. Incluso, se debe precisar, ese medio de conducción al proceso ni siquiera exige que los datos de prueba invocados por la fiscalía sean sometidos a contradicción, por lo que lógica y evidentemente el juez de control emitió su resolución basándose únicamente en que los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial -principio de lealtad procesal- pues no podía demeritar la información obtenida de los registros de investigación, sino que en todo caso considerar que los hechos no son verificables con aquellos datos, por no ser conducentes en cuanto al hecho a justificar. Además, en atención al último de los requisitos, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer a la inculpada a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, en virtud de dos circunstancias esenciales: 1. La pena de prisión que en su caso tiene que soportar la hoy quejosa, en caso de ser sentenciada; y, 2. Lo relativo a que no pudo cumplimentarse la orden de comparecencia girada en contra de la imputada, en virtud de que no se encontró localizable y se desconoce su paradero. En ese orden de ideas, el juez estimó que, a raíz de esas circunstancias, es muy probable que la quejosa no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados. De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra de la ahora quejosa, por la probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de robo equiparado, y por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito, e incluso, la probable comisión por parte de la aquí quejosa. En mérito de lo anterior, al ser infundado el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Máxime, que se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxx, en contra de los actos que reclamó del juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato; del coordinador regional "C" de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; y del jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, todos de esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta -y anexos- remitidos todos por el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde, los que se proveen en el orden de su presentación de la manera siguiente: Oficio registrado con el número 5351. Con la misiva de referencia, se tiene al oficiante informando el contenido del auto dictado el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 1P0619-1120. Oficio registrado con el número 5352. Por lo que hace al oficio de mérito y sus anexos, se tienen por recibidas las constancias del emplazamiento realizado a los terceros interesados Erika Ruiz Zaragoza y agente del Ministerio Público xxxxxxxx; en consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos que fueron realizados a la autoridad oficiante, por lo que respecta a las diligencias en comento. Oficio registrado con el número 5353. Finalmente, por cuanto al oficio aludido, se agrega sin mayor proveído, atento a que su original obra en autos, mismo que fue acordado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte.
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