Guillermina Hernandez Olmos

Expediente 1553/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1553/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2016

Partes del expediente

  • Guillermina Hernandez Olmos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de octubre pasado (fojas 34 a 40), por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por otra parte, atendiendo el estado que guarda el presente expediente, se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa Guillermina Hernández Olmos, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de trece del mes y año en curso; en consecuencia, se tiene por cumplimentado el requerimiento de mérito, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de omisión. En mérito de lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda promovida por Guillermina Hernández Olmos, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México; antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa se duele del: Auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio Ejecutivo Mercantil 636/2012 del índice del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, actuación en la cual se acordó que la quejosa se opuso a la entrega del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, y por consecuencia se autorizó al uso de la fuerza pública. Diligencia de entrega de posesión del bien inmueble antes descrito realizada el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. En atención a lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, se concluye que los actos que reclama forman parte del procedimiento de ejecución de la sentencia ya que de lo que se duele medularmente es del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio Ejecutivo Mercantil 636/2012 del índice del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, en el que se autorizó el uso de la fuerza pública a fin de ejecutar la diligencia de entrega de posesión del bien inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca y diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte; ha comparecido al procedimiento; contestó la demanda instaurada en su contra, ofertó pruebas, se le notificó la sentencia emitida en el mismo, interpuso recurso de apelación en contra de la primera almoneda de remate del bien inmueble materia de la litis, y posterior a la adjudicación del mismo y una vez que se realizó la protocolización de la escritura correspondiente ante Notario, el juez responsable ordenó la diligencia de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca con el apercibimiento que en caso de oposición, se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, de lo cual se desprende que el juicio de origen está en etapa de ejecución de sentencia. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil doce en el juicio Ejecutivo Mercantil 636/2012; por ende, al ser actuaciones realizadas en ejecución de la sentencia quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el acto que por esta vía combate el quejoso reviste el carácter de intermedio, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la resolución, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplida la sentencia dictada en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. La determinación efectuada por la autoridad responsable, que reclama la ahora quejosa va encaminada a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, y la misma no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues al emitirse el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio Ejecutivo Mercantil 636/2012 del índice del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México en el que se autorizó el uso de la fuerza pública a fin de ejecutar la diligencia de entrega de posesión del bien inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, actuación tendente a la ejecución de la sentencia, es indudable que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio natural; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 617, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, consultable en la página cuatrocientos once del que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio". También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta en lo conducente la tesis ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Página: 676, Tesis: I.8o.C.46 C, que reza: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. ÚNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACIÓN DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público." Así como la diversa tesis aislada número I.3°.C.765C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis. A mayor abundamiento, el suscrito juzgador advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de dicho ordenamiento, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la anterior transcripción se desprende que como se ha establecido la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, previene que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresamente o tácitamente, respectivamente, y la fracción XXIII, del precepto antes indicado, se refiere a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley; por otra parte, el numeral 217 del ordenamiento legal en cita, se refiere a que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito y otras autoridades. Aceptado lo anterior, los tribunales federales han establecido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, como se observa en la jurisprudencia II.3º.J/69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 45, Tomo 75, Marzo 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Los supuestos o elementos que hacen operante esta causa de improcedencia, son: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél (requerimiento y ejecución), y c) La situación jurídica de la quejosa sea la misma frente al acto anterior. Apoya el criterio anterior, la tesis 3, publicada en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228 Primera Parte, Séptima Época, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante el juicio de amparo, o de hacerlo, se consintió su terminación, que no constituyó la concesión o negativa del amparo, ya que suponer lo contrario, implicaría dejar a los quejosos ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. En efecto, como se ha destacado en el desarrollo de esta determinación, si bien es cierto que la quejosa señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el juicio Ejecutivo Mercantil 636/2012 del índice del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México en la que se autorizó el uso de la fuerza pública a fin de ejecutar la diligencia de entrega de posesión del bien inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, también lo es que el mismo deriva del auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis (foja 10), en el cual el juez responsable ordenó la diligencia de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca con el apercibimiento que en caso de oposición, se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, acto que no fue reclamado en el presente asunto. Por lo que se advierte que los actos aquí reclamados, son una consecuencia directa del diverso de veintidós de junio de dos mil dieciséis (foja 10), auto que la quejosa consintió al no haberlo impugnado. Cabe señalar que para la configuración de la causa de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", publicada bajo el número 70, foja 116, Volumen I, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, es menester que entre el acto reclamado y el anterior que se estime consentido, exista una relación de causa a efecto, es decir, que lo considerado en uno, sea una simple derivación de lo sustentado en el otro, como ocurre en el presente asunto, con lo que resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que la ejecución reclamada, deriva del auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis (foja 10), en el que el juez responsable ordenó la diligencia de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca con el apercibimiento que en caso de oposición, se haría uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; en tal virtud se actualiza la causa de improcedencia que contempla la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como con la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte, Enero-Junio de 1988, visible en la página 52, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Y por su aplicación, la jurisprudencia visible en la página nueve, volumen 217-228, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el dispositivo 107, fracción IV, en relación con el 61 y fracciones XXIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de dicho ordenamiento; con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual solicita copia certificada de las siguientes constancia del presente juicio de amparo: papeleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, así como la ejecutoria dictada en el recurso de revisión hecho valer en este asunto. Atento a lo anterior, remítanse mediante oficio las copias certificadas que solicita el homologo federal, a fin de que acuerde lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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