Guillermina Bustamente Torres
Expediente 1222/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2017
Partes del expediente
- Guillermina Bustamente Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Guillermina Bustamante Torres, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de once de octubre de la presente anualidad, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se tiene por consentido el auto de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. La quejosa Guillermina Bustamante Torres, en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: ".1. De la Legislatura y del Gobernador Constitucional del Estado de México: a) La aprobación, expedición y promulgación del artículo 95, fracción I, inciso c, rango 6 de la Tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecisiete. 2. Del Instituto de la Función Registral: b) El primer acto de aplicación de dichas porciones normativas, traducido en el cobro de la cantidad pagada por concepto de derechos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral, con motivo de las operaciones contenidas en la escritura pública veintiséis mil seiscientos veintinueve (26,629), de la Notario Público Número Noventa y Cuatro (94) de Toluca, Estado de México, respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa y apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria." 2. En sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 86 a la 10), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermina Bustamante Torres, por derecho propio, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos señalados en la parte final de esta resolución.." Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: ".a) En lo futuro, no aplique a la quejosa las tarifas contenidas en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que aquí se reclamaron, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación de los derechos combatidos que le fueron efectuados a la agraviada, por ende, se deberá devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por el concepto a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura IBPR0552537416428206, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública veintiséis mil seiscientos veintinueve (26,629), de la Notario Público Número Noventa y Cuatro (94) de Toluca, Estado de México, respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria., pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación; respecto de la cuota mínima. c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata, tanto respecto de la inscripción de la compraventa, así como por la que se refiere a la apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria." 3. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Con motivo de lo anterior, la Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en oficio recibido en proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y adjuntó copias certificadas para acreditar su dicho. Ahora, el análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias remitidas evidencian que el fallo protector se cumplió pues se advierte que la autoridad responsable Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México, determinó que no se aplicaría a la quejosa la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa y fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete; y expidió diverso cheque para devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por el concepto a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura IBPR0552537416428206, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública veintiséis mil seiscientos veintinueve (26,629), de la Notario Público Número Noventa y Cuatro (94) de Toluca, Estado de México, respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, lo que colma los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por el cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del cheque 0004866 que expidió a favor de la quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta evidencia que la sentencia dictada el veintiuno de agosto del año en curso, en la cual se concedió el amparo y la protección constitucional, no fue recurrida dentro del plazo legal concedido a las partes; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. En el libro de gobierno, realícense las anotaciones correspondientes. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México para que informe sobre el cumplimiento que dé a la sentencia dentro del plazo de tres días, contados a partir de que se le notifique el presente proveído y remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de hacer caso omiso, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Mediada y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación, del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 258 y se procederá en términos de los ordinales 192 y 193 de la legislación citada. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), consultable en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Además, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
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