Guilebaldo Vazquez Vazquez

Expediente 1021/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1021/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Guilebaldo Vazquez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. Tribunal remite voto particular. Agréguense a los autos los oficios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite los cuales remite copia digital del voto particular de la magistrada Clementina Flores Suárez, respecto de la sentencia dictada en el recurso de queja ********************, de su índice, así como la copia certificada que derivó del presente juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento; acúsese recibo. Asimismo, a fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales, a efecto de que obren como legalmente corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado resuelve recurso de revisión. Agréguese a los autos el testimonio enviado a través del portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito relativo a la ejecutoria del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, de su índice, que en sus puntos resolutivos establece: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos a fin de que obre como legalmente corresponda, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, respecto de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha demanda. Ahora bien, de la ejecutoría recibida se advierte que el citado órgano colegiado determinó ".En las relatadas circunstancias procede declarar fundado el presente recurso y ordenar a la jueza de distrito deseche la demanda de amparo ante la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo." En ese sentido, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal superior se procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. En cuanto al acto reclamado se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción I Constitucional que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas, así como también, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de los gobernados y que el juicio será improcedente contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos de los gobernados. Lo anterior pone de manifiesto que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa frente al acto de la autoridad o norma constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, consecuentemente, la no acreditación de esos supuestos será causa de improcedencia. Es entonces que los artículos antes citados preveen la posibilidad del que el juzgador de amparo verifique si la situación del gobernado ante el acto que se reclama implica perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar su implica un interés jurídico, un interés simple, pero también la posibilidad de declarar improcedente el juicio de amparo ante la actualización del de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I de la Constitución. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Ahora bien, como lo estimó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, la parte quejosa reclamó la contratación por parte del ejecutivo federal de personas extranjeras cubanas del sector salud para que trabajen en nuestro país con asignación de una partida presupuestal para su pago; sin embargo, de su demanda no se advierte manifestación en el sentido de que el acto reclamado les irrogue algún perjuicio directo o indirecto, incluso no manifestaron que ejercieran la profesión de médico, si no que se limitan en basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernados. Por tanto, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por******************** Archivo Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria de mérito se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó declarar fundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público y que se desechara la demanda de amparo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del Artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la determinación que desechó la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. De autos se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, pues únicamente la parte quejosa anexo a su escrito inicial copia certificada de diversas constancias del juicio de origen; por tanto, en caso de que requiera la devolución de las constancias precisadas, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese y por interconexión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado admite recurso de queja Agréguese a los autos los oficios de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito mediante el cual informa el acuerdo del diecinueve de septiembre del año en curso por el que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en contra del auto del seis de junio de dos mil veintidós [admisión de la demanda], el cual se radicó bajo el número de expediente 356/2022 de su índice. En ese tenor, toda vez que el sentido del citado medio de impugnación puede trascender en el trámite del presente juicio, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena suspender el procedimiento hasta en tanto se resuelva el recurso anteriormente mencionado. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia señalada a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que se emita en el recurso de queja referido. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la comunicación oficial remitida electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 173/2022, con número de orden 307/2022, del índice de este juzgado, el cual se le remitió para que en auxilio de este órgano jurisdiccional notificara a la autoridad responsable foránea -Instituto Nacional de Migración- el auto de seis de junio del año en curso emitido en el cuaderno principal, así como el auto de veintisiete de junio por el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja y el diverso del dos de agosto del año en curso. En ese contexto, se tiene por notificada a dicha autoridad; por tanto, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes, sin que resulte necesario acusar de recibo por haberse remitido de forma electrónica. Se remite recurso de revisión. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ya obran todas las constancias de notificación respecto del recurso de queja interpuesto por la Secretario de Hacienda y Crédito Público, en contra la del auto admisorio de seis de junio de los actuales. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el citado recurso de queja, para lo cual acompáñese copia del expediente en que se actúa y el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase.

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