Guadalupe Ruiz Muñoz
Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2021
Partes del expediente
- Guadalupe Ruiz Muñoz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de abril de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Ruiz Muñoz, contra actos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla y/o Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado federal y regístrese con el número de juicio de amparo indirecto 278/2021-V. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Asimismo, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Así, del artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia y del criterio transcrito se advierte que, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en los casos siguientes: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; y h) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad. Al respecto, es preciso traer a colación el artículo 4, apartado A, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que en particular señala: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: X. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.)" Bajo ese panorama normativo, se recuerda que la quejosa reclama la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Directora de Asuntos Jurídicos y representante de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, mediante la cual desecha el recurso de revocación 45/2020, interpuesto en contra del oficio SMT/STVC/DTP/O-1403-2020 de dos de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Director de Transporte Público de la propia Secretaría. Por ende, el acto reclamado se ubica en el supuesto contemplado en el citado artículo 4°, apartado A, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; por lo tanto, antes de promover la acción constitucional tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Dicho lo anterior, a continuación se expondrán las razones por las cuales se estima que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad. En primer orden, porque el acto reclamado no implica una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo -incisos c) y d)-. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación -inciso g)-. Por otro lado, si bien la parte quejosa adujo en su demanda violaciones directas a la Constitución Federal, pues en algunos apartados expuso que la resolución antes precisada vulnera diversos derechos tutelados en la Constitución Federal, lo cierto es que también propuso diversos planteamientos de legalidad -inciso e)-. Se estima lo anterior, pues la parte quejosa aduce -esencialmente- la indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada y, en específico, indicó que se violaron los artículos 63, 133, 134 y 135 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. Por lo que los planteamientos que formuló, en realidad, constituyen cuestiones de legalidad que bien pueden ser planteadas en sede contencioso administrativa; por lo tanto, la sola circunstancia de que en la demanda se planteen violaciones de diversos preceptos constitucionales, no releva a la quejosa de la obligación de agotar el juicio contencioso local. 83. En primer lugar, en la demanda de amparo no hay planteamiento alguno de constitucionalidad, sino solamente aspectos de legalidad concernientes a: a) la incongruencia del fallo, por haberse ocupado de cuestiones no aducidas en las excepciones y defensas; b) la indebida suplencia de la queja a favor de la demandada; c) la procedencia de la acción, porque la actora (quejosa) no tiene la carga de demostrar su propio cumplimiento al contrato, si la obligación es sucesiva y primero debe cumplir la demandada; d) la indebida valoración de los instrumentos notariales en que constan los requerimientos formulados a la demandada, para que cumpliera su obligación; e) la incorrecta determinación sobre el incumplimiento al contrato por la actora; f) la indebida fundamentación y motivación de la sentencia reclamada. 84. Los anteriores aspectos implican la interpretación de la ley y de los contratos exhibidos, así como la valoración de las pruebas, para determinar cuáles son las obligaciones asumidas por las partes, así como su exigibilidad, para efectos de determinar si procede o no la acción; lo cual, a su vez, llevaría a determinar si la sentencia reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada; también conduciría al estudio formal de la sentencia reclamada para verificar si presenta alguna incongruencia respecto a lo alegado por las partes, así como para establecer si hubo suplencia de la queja y si ésta se encuentra dentro de los supuestos permitidos en la ley. 85. Por tanto, en tales planteamientos no hay algún tema constitucional que permita la procedencia de este recurso. 86. En segundo lugar, es cierto que en la sentencia recurrida el tribunal colegiado llevó a cabo una interpretación directa de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los alcances de la fundamentación y de la motivación de los actos de autoridad. 87. Para que tal aspecto constitucional pudiera ser materia de estudio en este recurso, resultaría necesario que se combatiera esa interpretación, es decir, la delimitación de lo que debe entenderse contenido en el mandato constitucional de fundamentación y motivación, según el tribunal colegiado. Sin embargo, tal interpretación no es combatida en el recurso de revisión, pues de los agravios aparece claramente que si bien se califica de incorrecta esa interpretación, lo cierto es que las razones en que se apoya esa calificación sólo se dirigen a aspectos de legalidad, concernientes a si es correcta la motivación y fundamentación hecha por la autoridad responsable, así como a que la sentencia reclamada es incongruente. 88. En efecto, lo alegado por la recurrente en los agravios consiste en que son incorrectos los motivos y fundamentos en que se apoya la responsable para desestimar la acción, porque, contrariamente a lo sostenido en el fallo, conforme a las reglas de interpretación del contrato, las obligaciones son sucesivas y primero debían cumplirse las de la demandada para que se hicieran exigibles las correspondientes a la actora. Asimismo, alega que no se cumple el principio de congruencia porque se desestima la acción con base en aspectos que no fueron materia de las excepciones y defensas; así como porque no se estudiaron los conceptos de violación atinentes a la indebida valoración de los documentos públicos exhibidos. 89. Tales planteamientos no llevarían a delimitar el alcance de los preceptos constitucionales para establecer si la interpretación hecha por el tribunal colegiado es correcta o no, sino a considerar si las razones y fundamentos de la sentencia son correctos, lo cual atañe a la legalidad, porque implicaría el estudio de los contratos y demás pruebas para determinar el carácter de las obligaciones contraídas, y si las de la demandada son exigibles en primer lugar; así como a comparar lo alegado en las excepciones y defensas con la sentencia reclamada, para determinar si ésta es congruente con lo alegado por las partes; así como a determinar si en dicho fallo se omitió el estudio sobre el valor probatorio de los documentos públicos ofrecidos en el juicio natural. (.)" Como se advierte de la transcripción anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dentro de los temas de mera legalidad se encuentra el relativo a la indebida fundamentación y motivación. Es decir, el Alto Tribunal ha descartado que los argumentos tendentes a controvertir la indebida fundamentación y motivación, sean aspectos vinculados con violaciones directas a la constitución, sino que, por el contrario, se tratan de temas de mera legalidad. Asimismo, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que no es posible considerar como tercera extraña a la quejosa para efectos del juicio de amparo, debido a que la misma es la recurrente y destinataria de la resolución que se impugna. Por estos motivos no debe estimarse a la parte quejosa como persona extraña para efectos del juicio de amparo y, por ende, estaba obligada a agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Asimismo, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, pues de las constancias que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que en la resolución reclamada, la responsable expuso las razones y fundamentos que consideró pertinentes para sostener su determinación. De igual modo, es preciso acotar que el acto que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En efecto, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que la resolución del recurso de revocación 45/2020, no puede catalogarse como acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral, dado que la quejosa ha tenido intervención, pues fue ella quien presentó el recurso administrativo. Así, este órgano jurisdiccional considera pertinente acotar que el acto reclamado no participa de la naturaleza de los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral y, por lo tanto, no se actualiza la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico, en el sentido de que las autoridades deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado. En efecto, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que la exigencia de complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado, no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública, es decir, en los que no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Entonces, para poder definir en qué casos se actualiza la exigencia de complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado, es preciso tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por procedimiento administrativo se entiende a aquella secuencia de actos realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; Los que [por vía de control] buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 de la Constitución Federal, concluyen con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. Por lo tanto, en todos los casos descritos con anterioridad, no se actualizará la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico, dado que se trata de procedimientos en los que legalmente debe intervenir el gobernado. Sin embargo, existe otro universo de actuaciones en donde sí cabe aplicar la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, que eventualmente se pudiera actualizar una excepción al principio de definitividad, lo cual acontece cuando se controvierte un acto administrativo o la unión de diversos actos que se emiten con motivo del ejercicio de las facultades que las autoridades administrativas tienen a su cargo, pero con la particularidad de que lo hacen sin intervención del gobernado, dado que no existe ninguna disposición normativa que las obligue a ello, tal como sucede en el caso de las multas por infracciones a los ordenamientos viales. En consecuencia, en el caso concreto el acto reclamado deriva de la interposición del recurso de revocación 45/2020; es decir, el acto dimanó del ejercicio de un derecho por parte de la quejosa, de ahí que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento -inciso h)-. En otro orden de ideas, debe destacarse que si bien la ley que rige el acto reclamado, no prevé de manera expresa un recurso o medio de defensa en su contra, el acto reclamado sí podría ser cuestionado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, máxime que el mencionado juicio se prevé en una ley y no en un reglamento -inciso f)-. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional -inciso b)-. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente. "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Cabe aclarar que este órgano jurisdiccional no desconoce que dichos criterios interpretaron el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto anterior a la reforma publicada el trece de junio del dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, esa circunstancia no afecta la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que los requisitos y alcances que ahora se dan a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado son incluso más coincidentes con los previstos en la Ley de Amparo. En consecuencia, el juicio de amparo resulta improcedente, ante la necesidad de agotar previamente el juicio contencioso local, dado que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. Ahora, debe precisarse que la génesis del asunto deriva de una petición de la quejosa respecto a que le sea expedido un título de concesión y contra la respuesta a dicha petición se interpuso el recurso de revocación 45/2020 que le fue desechado en la resolución reclamada; es decir, la parte quejosa optó por recurrir el oficio de respuesta a través del recurso ordinario de revocación; de modo que antes del juicio de amparo, está obligada a recorrer todas las instancias ordinarias, en este caso, el juicio contencioso administrativo local ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En ese orden de ideas, se reitera que en el presente caso, la parte quejosa estaba obligada a acudir al medio ordinario de defensa, tomando en consideración que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento jurídico. ................ Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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