Guilbardo Manrique Cuevas y Otros.
Expediente 87/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
- Guilbardo Manrique Cuevas y Otros.
- Guilbardo Manrique Cuevas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que obre como legalmente corresponda, ahora bien y por cuanto se advierte de las constancias que anexó a su referido informe, que mediante resolución de doce de junio de dos mil quince, la responsable dictó el proyecto de laudo, el cual mediante auto de veinticinco de junio de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo, mismo que fue notificado a las partes el trece de febrero de dos mil diecinueve en el juicio laboral 367/2012, por lo que se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la dilación procesal al no dictar el laudo en el juicio laboral 367/2012, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Asimismo, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos del juicio laboral 367/2012, el doce de junio de dos mil quince, la responsable dictó el proyecto de laudo, el cual mediante auto de veinticinco de junio de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo, el cual fue notificado a las partes el trece de febrero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo Ordenamiento legal. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional que está señalada para las once horas del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO ...Mérida, Yucatán, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que obre como legalmente corresponda, ahora bien y por cuanto se advierte de las constancias que anexó a su referido informe, que mediante resolución de doce de junio de dos mil quince, la responsable dictó el proyecto de laudo, el cual mediante auto de veinticinco de junio de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo, mismo que fue notificado a las partes el trece de febrero de dos mil diecinueve en el juicio laboral 367/2012, por lo que se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la dilación procesal al no dictar el laudo en el juicio laboral 367/2012, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Asimismo, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos del juicio laboral 367/2012, el doce de junio de dos mil quince, la responsable dictó el proyecto de laudo, el cual mediante auto de veinticinco de junio de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo, el cual fue notificado a las partes el trece de febrero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo Ordenamiento legal. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional que está señalada para las once horas del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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VI. SE ADMITE DEMANDA DE AMPARO. SE FIJA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS 11:00 HORAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2019
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