Gualter Moisés Tun Vázquez
Expediente 1081/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gualter Moisés Tun Vázquez
- Gualter Moisés Tun Vázquez y Otros.
- Ana Karen Montero Peregrina y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
... AGREGUESE EN AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR LA RESPONSABLE...
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1081/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo de veinticuatro de septiembre del año que transcurre, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, constancias de notificación y emplazamiento realizadas a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a la autoridad responsable, a la parte tercero interesada y al representante especial del menor hijo de las partes e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se da cuenta al Juez con el escrito de la representante especial del menor hijo de las partes designada en este asunto, el cual fue recibido el veintitrés de octubre del presente año y que quedó registrado en el libro de correspondencia con el número 19360. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito con que se da cuenta. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecida por la representante especial del hijo menor de las partes y con las remitidas por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo junto con su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con las manifestaciones vertidas por la representante especial del menor hijo de las partes, en sus escritos presentados el dos y veintitrés de octubre del año en curso y por la tercero interesada en su memorial de tres del propio mes y año; alegaciones respecto de las cuales el Juez acuerda que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tengan por formuladas para ser tomadas en consideración en su oportunidad, con lo cual se cierra este período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 1081/2018-V promovido por Gualter Moisés Tun Vázquez, contra actos de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por violación a los artículos 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución General de la República; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Gualter Moisés Tun Vázquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión demanda. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió a trámite por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se requirió a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto que tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: - La parte conducente del acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 129/2015, promovidas por el aquí quejoso y Ana Karen Montero Peregrina, a efecto de que se apruebe el convenio de alimentos, custodia y régimen de convivencia que suscribieron; en la que no se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí promovente, en contra de lo determinado en la junta de avenio de diez de agosto del año en curso, en la que se modificó y otorgó a la aquí tercero interesada la guarda y custodia del hijo menor de ambas partes del juicio natural. Tercero. Actos existentes. En su informe justificado, la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, aunado a que de las constancias remitidas por la propia responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del mencionado acuerdo; por lo tanto, debe tenerse por existente el mismo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que integran el presente juicio, las cuales adquieren valor probatorio pleno de documentales públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparecen como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, Gualter Moisés Tun Vázquez y Ana Karen Montero Peregrina, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se apruebe el convenio de alimentos, guarda y custodia y régimen de convivencia que celebraron respecto de su hijo menor J.A.T.M., las cuales se admitieron a trámite el veintitrés de febrero de dos mil quince bajo el número de expediente 129/2015 (fojas 1 a 11 del cuaderno auxiliar). 2. Previos los trámites legales respectivos, el dieciséis de abril de dos mil quince, se celebró la audiencia preliminar, en la que se dictó la sentencia correspondiente, en la cual, en lo que interesa, se aprobó el convenio celebrado por las partes en relación a la guarda y custodia del hijo menor de las partes, la cual se otorgó a favor de la madre de éste, el régimen de convivencia, la pensión alimenticia y la garantía de ésta; sentencia que causó ejecutoria el veintisiete de abril de dos mil quince (fojas 29 a 34 y 36 del cuaderno auxiliar). 3. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, las partes celebraron ante el Centro Estatal de Solución de Controversias del Estado, un diverso convenio en el que modificaron las bases del convenio aprobado originalmente en el procedimiento natural, quedando la guarda y custodia del menor de atención, a cargo del ahora quejoso; convenio que fue aprobado por la juez responsable mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 66 a 67 y 75 del cuaderno auxiliar). 4. Por escritos de once, dieciocho y diecinueve de junio del presente año, el aquí quejoso solicitó a la autoridad responsable se cite a una junta de avenio para la devolución de su menor hijo, al habérselo llevado su madre sin su consentimiento (fojas 79 a 84 del cuaderno auxiliar). 5. El diez de agosto de dos mil dieciocho, se celebró la junta de avenio solicitada ante la presencia de la juez responsable quien, al no haber llegado las partes a un acuerdo, determinó que a fin de no poner en riesgo la integridad física y mental del menor que nos atañe, lo procedente era otorgar a la madre de éste, la guarda y custodia de dicho menor, dejando a salvo los derechos de las partes para que tramiten el juicio correspondiente ante la falta de acuerdo (fojas 101 y 102 del cuaderno auxiliar). 6. Mediante escritos de trece de agosto del presente año, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra de lo determinado por la Juez responsable en la junta de avenio de diez de agosto del año en curso y solicitó la ejecución de la base primera del convenio celebrado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 103 a 106 del cuaderno auxiliar). 7. En acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable, en lo que interesa, no accedió a la solicitud formulada por el aquí quejoso atentas las razones expuestas en la junta de avenio antes relacionada, dejando a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y forma legal que corresponda y, no admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el ahora impetrante del amparo, al considerar que el mismo resultaba improcedente. Acuerdo que constituye el acto reclamado en este juicio. (fojas 110 a 111 del cuaderno auxiliar) Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No habiendo causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se deba analizar de oficio por esta autoridad, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En su primer concepto de violación, el quejoso aduce esencialmente que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no haber señalado la autoridad responsable, el fundamento, motivo, o razón del porqué no puede ser atendido el recurso de revocación que interpuso en contra de lo determinado en audiencia de diez de agosto del año que transcurre, lo que vulnera sus derechos de audiencia, seguridad jurídica, certeza jurídica, exhaustividad y congruencia, contemplados en los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. Abunda que la autoridad responsable erróneamente determinó que su recurso de revocación es improcedente con base en las facultades que tiene contempladas en el numeral 78, fracción II, del Código de Procedimientos Familiares, sin haber motivado ni expuesto el razonamiento que la llevó a tomar tal decisión, aunado a que fundó indebidamente dicho acuerdo reclamado, pretendiendo maquillar la violación cometida en su contra en la audiencia de diez de agosto del presente año, al no haberse realizado la junta de avenio aludida con la presencia de su asesor jurídico, siendo que él no es abogado ni conoce del proceso o los recursos con los que cuenta para defenderse del actuar de la responsable, lo que trascendió en su esfera jurídica pues le fue arrebatada por la responsable la custodia de su hijo menor sin respetar su derecho de defensa, al negarle su derecho a un recurso efectivo. Son en una parte infundados y en otra inoperantes los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. En efecto, contrario a lo que alega el quejoso, el acuerdo reclamado, en la parte conducente que se impugna, se encuentra fundado y motivado, pues la autoridad responsable sí expresó los motivos y fundamentos en que sustentó su resolución. Ello es así, en virtud que la autoridad responsable para sustentar su determinación de no admitir el recurso de revocación planteado por el ahora impetrante, señaló que el recurso intentado por el aquí quejoso no encuadra en los supuestos de procedencia establecidos en los artículos 423 y 424 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por lo que no había lugar a admitirlo a trámite, en virtud que el artículo 78, del mismo ordenamiento legal, la faculta para no admitir incidentes, promociones o recursos notoriamente improcedentes. Argumentos que a criterio de quien esto resuelve resultan suficientes para considerar colmados los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener conforme al artículo 16 constitucional, pues en ellos se exponen los motivos y fundamentos que sustentan el actuar de la responsable, aunado a que los mismos resultan correctos, pues como bien se estableció en la resolución reclamada, el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la determinación vertida por la juez responsable en la audiencia de diez de agosto del presente año, es improcedente al no encuadrar en los supuestos contenidos en los artículos 423 y 424 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que prevén la procedencia del recurso de revocación en los procedimientos de naturaleza familiar. Para sostener lo anterior, resulta importante traer a colación, el contenido de los artículos 423 y 424 del Código de Procedimientos Familiares en que la responsable fundó su determinación reclamada. "De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Del primero de los numerales antes transcritos deriva que los autos y decretos dictados en una audiencia realizada en un asunto de naturaleza familiar o fuera de ella y que no sean apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Sin embargo, el artículo 424 del mismo ordenamiento legal, limita la procedencia del recurso de revocación, tratándose de determinaciones emitidas dentro de una audiencia, a las resoluciones en que se resuelvan excepciones; no se admitan pruebas; se declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, o cuando se resuelva sobre la revisión de medidas provisionales, estableciendo expresamente que los demás autos y decretos dictados en audiencia son irrecurribles. De ahí que, si en el caso en particular, el quejoso pretendió impugnar a través del recurso de revocación mencionado, una determinación emitida en una audiencia, en la que la juez de origen modificó la guarda y custodia del hijo menor de las partes, otorgando ésta a favor de la madre del menor de referencia, cuando ya existía un convenio celebrado entre las partes con fuerza de sentencia ejecutoriada, esto es, en la etapa de ejecución de la sentencia, resulta evidente que no se está en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 424 antes citado, para que proceda el recurso de revocación planteado. Ello, debido a que si bien es cierto que se trata de un auto emitido en una audiencia y que no resulta apelable, también es cierto que en el mismo no se resolvió sobre alguna excepción, tampoco versó sobre la admisión de pruebas, ni se declaró o negó tener por confesa a alguna de las partes, ni se resolvió sobre la revisión de medidas provisionales. Por lo tanto, la determinación emitida por la autoridad responsable en la audiencia de diez de agosto del año en curso, en relación a la guarda y custodia del hijo menor de las partes, resultaba irrecurrible, con base en lo establecido en el mismo numeral 424 del código adjetivo de la materia, siendo que en todo caso, lo que debió de promover el quejoso, es el juicio de amparo indirecto en contra de la señalada determinación emitida en la audiencia relativa, al tratarse de una resolución en contra de la cual no procede recurso alguno en la vía ordinaria y que evidentemente afecta derechos sustantivos. De ahí lo infundado de los conceptos de violación antes citados. No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que la autoridad responsable citó incorrectamente la fracción II del artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares, para fundamentar su actuación en cuanto a que se encuentra facultada para no admitir los incidentes, promociones o recursos notoriamente improcedentes, cuando es la fracción III, del propio numeral la que contempla tal facultad. Sin embargo, tal inconsistencia resulta insuficiente para considerar fundados los conceptos de violación planteados por el quejoso y en consecuencia para concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, pues lo cierto es que la responsable expuso en la misma resolución reclamada el contenido de dicha facultad, lo que evidentemente permitió al quejoso conocer los motivos de su actuar y la facultad legal expresa que tiene la responsable para no admitir la revocación intentada, aunado a que a nada práctico conllevaría conceder el amparo por ese motivo, pues sólo tendría el efecto de que la responsable subsane tal inconsistencia, lo que sólo se traduciría en un retardo en la impartición de justicia. Ahora, siguiendo ese mismo orden de ideas, debe decirse que resulta inoperante lo alegado por la parte quejosa, en relación a que al momento de la audiencia de diez de agosto del presente año, en la que se confirió la guarda y custodia de su hijo menor a favor de la madre de éste, no contaba con un asesor jurídico y que al no ser él licenciado en Derecho, desconocía de los medios de impugnación que podía hacer valer en contra de la determinación de la responsable, lo que vulneró su derecho a un recurso efectivo. Lo anterior es así, debido que al haberse determinado, que en contra de la resolución emitida por la juez responsable en la junta de avenio de diez de agosto de dos mil dieciocho, no procedía recurso alguno, esto es que la misma resultaba irrecurrible; resulta evidente que la circunstancia de que no estuviese asistido en dicha audiencia por su asesor jurídico, no le depara perjuicio alguno, pues aun cuando éste se hubiese encontrado presente, no resultaba procedente interponer en la propia audiencia el recurso de revocación que posteriormente intentó y que le fue desechado; lo que se traduce en la inoperancia del argumento vertido en ese sentido por el impetrante del amparo. Por otra parte, el promovente refiere que la autoridad responsable vulneró los principios de exhaustividad y congruencia, en virtud que no contestó los agravios que formuló contra la determinación impugnada. El anterior concepto de violación deviene también infundado. Ello es así, debido que al haber desechado la responsable el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, resultaba innecesario que ésta atendiera los agravios que se le plantearon con motivo del aludido recurso, pues no se encontraba obligada a hacerlo dada la improcedencia del recurso hecho valer, siendo ilógico estimar que aún y cuando no se hubiese admitido la revocación aludida, la juez de origen hubiese tenido que pronunciarse respecto de los agravios planteados con motivo del precitado recurso. En diverso concepto de violación, alega el quejoso que la junta de avenio celebrada por la autoridad responsable el diez de agosto de dos mil dieciocho, impugnada a través del recurso de revocación que le fue desechado, era únicamente para que las partes llegaran a un acuerdo respecto a la custodia de su hijo menor y no para que la responsable volviera a juzgar el asunto en un segundo intento, sin sustento o fundamento legal alguno, cuando ya existe sentencia firme en el procedimiento de origen. También manifiesta el impetrante, que el actuar de la responsable le causa agravio debido a que al emitir su determinación en la audiencia de diez de agosto del presente año, señaló que se modificaba la guarda y custodia que detentaba sobre su hijo menor de edad, sin fundamento y sin motivo alguno para variar la sentencia ejecutoriada emitida en el procedimiento de origen ya concluido, esto es, sin explicar las razones y motivos por los cuales llegó a esa conclusión de modificar la guarda y custodia que tenía a su favor. Los conceptos de violación antes mencionados son inoperantes. Se llega a la anterior conclusión, en virtud que dichos conceptos de violación están encaminados a controvertir la actuación de la responsable en la audiencia de diez de agosto de dos mil dieciocho, la cual no constituye el acto reclamado en este juicio; por ende, dichos conceptos de violación no son susceptibles de ser analizados a través del presente juicio constitucional, al no constituir esa determinación impugnada en primer término, el acto reclamado en este asunto. Máxime que en los mismos no se controvierte de forma alguna los fundamentos, motivos y razonamientos torales en que la juez responsable sustentó la resolución reclamada en este juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis con número de registro 228171, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 201, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, con rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDICOS. La sala responsable no viola garantías en perjuicio de la peticionaria, cuando ésta no expresa en el concepto de violación argumentos lógico-jurídicos en contra de las consideraciones de aquélla, sin combatir el razonamiento respecto de la infundamentación de las causales de anulación alegadas por la actora, pues la quejosa solamente señala que la existencia de tales violaciones al procedimiento, tácitamente reconocidas por la responsable, le causan agravios, resultando con ello el concepto de violación inoperante por insuficiente." Igualmente apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia (V Región) 2º. J/1 (10ª) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible a página 1683 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gualter Moisés Tun Vázquez contra el acto que reclama de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por la tercero interesada Ana Karen Montero Peregrina, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados, solicita autorización para reproducir electrónicamente los acuerdos dictados en autos y formula alegatos. En atención a su contenido, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta y como autorizados a Alejandro Javier Quezada Ramírez, José Raymundo Tadeo López Ramírez, Cecilia Guadalupe Góngora Zozaya y Jesús Guillermo Sánchez Estrella en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita la promovente. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin que los autorizados puedan capturar las actuaciones que obran en los presentes autos, se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el propio memorial, para ser consideradas en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortes Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone el citado informe a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Asimismo, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas por la citada autoridad, en virtud de que no resulta indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el mismo queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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