Guadalupe y/o Ma. Guadalupe Moya Díaz
Expediente 750/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 68 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 68
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Felipe Ramírez López
- Guadalupe y/o Ma. Guadalupe Moya Díaz
- Guadalupe y/o Ma. Guadalupe Moya Díaz y Otros.
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 68.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 802 y 803), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 808 y 809). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 431 a 455), este órgano colegiado concedió a Felipe Ramírez López, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "A. Deje insubsistente el acto reclamado. B. En su lugar emita una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, deje insubsistente en su totalidad la sentencia apelada, y ordene la reposición del procedimiento en primera instancia, con la finalidad de que el juez de la causa: B.1. Llame a la causa a Felipe Ramírez López, a quien le deberá hacer de su conocimiento los derechos que como víctima le asisten, entre ellos, el de ser parte activa en el procedimiento de origen, recibir asesoría jurídica, incluso gratuita, si carece de recursos, o no desea contratar a un asesor particular, así como la posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, al igual que el quantum a que debe ascender la reparación del daño e, incluso, combatir las resoluciones que estime lesionan sus derechos. B.2. Igualmente, le deberá notificar las resoluciones más trascendentales del proceso, entre las que se encuentran las siguientes: -El auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedra, en el que tuvo por recibido los autos de la causa penal 242/2014, del índice del juzgado tercero, lo registró bajo el número 509/2015, ordenó la reanudación del procedimiento. -El auto de veintiuno de septiembre del años dos mil dieciséis, en el que el juez de la causa ordenó la práctica de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes a Lucía González Ramírez, conforme al protocolo de Estambul; asimismo, giró oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que informara sobre el debido cumplimiento a la orden de investigación de los actos de tortura denunciados por Lucía González Ramírez; instruyó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que realizara una investigación de actos posiblemente constitutivos de tortura por parte de los Agentes del Ministerio Público, Policía Federal y peritos que participaron en la indagatoria de origen. Lo anterior, a efecto de que si lo estima conveniente, pueda impugnar las determinaciones que afecten su esfera jurídica, lo cual no pudo realizar durante la secuela procedimental por no haber sido llamado a juicio. B.3. A efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Publico, esté en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño, por lo que se deberá otorgar un período probatorio extraordinario, sin que ello implique dejar sin efectos las audiencias de pruebas ya desahogadas. B.4. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procedimiento y dicte sentencia definitiva. Cabe destacar que para tener por cumplida la ejecutoria, este órgano colegiado únicamente verificará que la autoridad responsable disponga la reposición del procedimiento e instruya al juzgador para que actúe de conformidad con los aspectos de esta ejecutoria de amparo al emitir nueva sentencia en el asunto, lo cual estará en aptitud de verificar esa potestad en caso de resolver un nuevo recurso de apelación; en el entendido que lo anterior no implica necesariamente que se deba de dictar sentencia absolutoria, pues esa circunstancia queda bajo la responsabilidad del juez de primera instancia". Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 457). I. Mediante oficio TSJ-SP-19-1313, de uno de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió la resolución de treinta de septiembre siguiente, mediante la cual los integrantes de la referida sala dejaron insubsistente la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el once de abril del mismo año (fojas 460 a 475). I.A. Asimismo, revocó la sentencia de primera instancia, y ordenó al juez de la causa que repusiera el procedimiento, a efecto de: a. Llamar a la causa a Felipe Ramírez López, para hacerle de su conocimiento los derechos que como víctima le asisten, entre los cuales se encuentran: - El de ser parte activa en el procedimiento de origen. - Recibir asesoría jurídica, incluso gratuita si carece de recursos, o no desea contratar a un asesor particular. - La posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, así como el quantum a que debe ascender la reparación del daño. - Combatir las resoluciones que estime lesionan sus derechos. b. Notificar las resoluciones más transcendentales del proceso, entre las que se encuentran: - El auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en el que tuvo por recibido los autos de la causa penal 242/2014, del índice del Juzgado Tercero, lo registró con el número 509/2015, y, ordenó la reanudación del procedimiento. - El auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el que el juez de la causa ordenó la práctica de los exámenes psicológicos y médicos a Lucía González Ramírez, conforme al protocolo de Estambul, asimismo giró oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que informara sobre el debido cumplimiento a la orden de investigación de los actos de tortura denunciados por Lucía González Ramírez; instruyó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que realizara una investigación de actos posiblemente constitutivos de tortura por parte de los Agentes del Ministerio Público, Policía Federal y peritos que participaron en la indagatoria de origen. Esto a efecto de que si lo estimara conveniente, pudiera impugnar las determinaciones que afecten su esfera jurídica, lo cual no pudo realizar durante la secuela procedimental por no haber sido llamado a juicio. c. A efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Público, estuviera en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño, debería otorgar un periodo probatorio extraordinario, sin que ello implicara dejar sin efectos las audiencias de pruebas ya desahogadas. d. Hecho lo anterior, continuara con el procedimiento y dictara sentencia definitiva. I.B. Mediante oficio 3114, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió copia certificada del auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, por el que señaló las doce horas del catorce de octubre del año en cita, para que en diligencia formal se le hicieran saber los derechos que le asisten a Felipe Ramírez López, en su carácter de víctima indirecta (fojas 479 y 480). Por oficio 3226, de once de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió el acta de notificación de la misma fecha, realizada por el actuario adscrito a dicho juzgado, de la que se advierte que se constituyó en el domicilio de Felipe Ramírez López, a quien le entregó de manera personal el oficio por el que se le hizo saber que debería comparecer a las oficinas del juzgado penal, el catorce de octubre de dos mil diecinueve a efecto de llevar a cabo la diligencia de carácter judicial dentro del proceso 65/2019, en la que se le darían a conocer sus derechos como víctima indirecta; asimismo, le notificó los acuerdos de veintitrés de febrero y veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictados en el referido proceso, esto para el efecto de que si lo estimara pertinente pudiera impugnar los mismos (fojas 485 y 486). Por oficio 3240, de quince de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió la diligencia de la misma fecha en la que con la presencia del Ministerio Público adscrito al juzgado, así como del quejoso, el Juez responsable hizo del conocimiento a Felipe Ramírez López, los derechos que como víctima le asistían, entre ellos, recibir asesoría jurídica, incluso gratuita si carecía de recursos, o no deseaba contratar a un asesor particular; la posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, así como el quantum a que debía ascender la reparación del daño; así como el de ser parte activa en el procedimiento de origen; combatir las resoluciones que estimara lesionaban sus derechos. En uso de la palabra el quejoso manifestó "quedar debidamente enterado de sus derechos que la ley le asigna de participar de manera activa en la presente causa penal, y que lo hará a través del ministerio público adscrito al juzgado" (fojas 491 a 493). II. Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, ordenó al diligenciario adscrito a dicho juzgado, para que se constituyera en el domicilio del ofendido (quejoso en el juicio de amparo), y le hiciera saber sobre la formal detención de Lucía González Ramírez, así como, que se le concedía a las partes un periodo extraordinario para ofrecer pruebas tendentes a acreditar el delito, la responsabilidad penal de la procesada o reparación del quantum a que debería ascender la reparación del daño [fojas 609 y 610], (lo que le fue notificado personalmente el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, foja 636). Por auto de seis de julio del año en cita, la Jueza de primera instancia, acordó que la víctima indirecta no había ofrecido prueba alguna; ordenó girar oficio al Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Tlaxcala, a efecto de que designara asesor jurídico al quejoso, siendo que en diligencia de doce de julio siguiente se tuvo al licenciado Mario Morales San Luis, aceptando el cargo conferido. Asimismo en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, al no existir pruebas pendientes por desahogar, declaró cerrado el periodo probatorio extraordinario, ordenando continuar con el procedimiento (fojas 648, 663 y 664). III. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, dictó sentencia en la que absolvió a Lucía González Ramírez, por el delito de secuestro agravado, en agravio de Felipe Ramírez Moya, así como de la reparación del daño solicitada por el Agente del Ministerio Público, adscrito a dicho juzgado (fojas 724 a 801). Sentencia que le fue notificada a Felipe Ramírez López (quejoso). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. b) Emitió una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, dejó insubsistente en su totalidad la sentencia apelada, y ordenó la reposición del procedimiento en primera instancia, en la que el juez de origen: llamó a la causa a Felipe Ramírez López, a quien le hizo de su conocimiento los derechos que como víctima le asistían. Le notificó las resoluciones más trascendentales del proceso, consistentes en el auto de veintitrés de febrero, así como el de veintiuno de septiembre, ambos del dos mil dieciséis, dictados por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Otorgó un periodo probatorio extraordinario, a efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Publico, estuviera en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente al quejoso, por lista a la tercera interesada; y, por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 802 y 803), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 808 y 809). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 431 a 455), este órgano colegiado concedió a Felipe Ramírez López, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "A. Deje insubsistente el acto reclamado. B. En su lugar emita una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, deje insubsistente en su totalidad la sentencia apelada, y ordene la reposición del procedimiento en primera instancia, con la finalidad de que el juez de la causa: B.1. Llame a la causa a Felipe Ramírez López, a quien le deberá hacer de su conocimiento los derechos que como víctima le asisten, entre ellos, el de ser parte activa en el procedimiento de origen, recibir asesoría jurídica, incluso gratuita, si carece de recursos, o no desea contratar a un asesor particular, así como la posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, al igual que el quantum a que debe ascender la reparación del daño e, incluso, combatir las resoluciones que estime lesionan sus derechos. B.2. Igualmente, le deberá notificar las resoluciones más trascendentales del proceso, entre las que se encuentran las siguientes: -El auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedra, en el que tuvo por recibido los autos de la causa penal 242/2014, del índice del juzgado tercero, lo registró bajo el número 509/2015, ordenó la reanudación del procedimiento. -El auto de veintiuno de septiembre del años dos mil dieciséis, en el que el juez de la causa ordenó la práctica de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes a Lucía González Ramírez, conforme al protocolo de Estambul; asimismo, giró oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que informara sobre el debido cumplimiento a la orden de investigación de los actos de tortura denunciados por Lucía González Ramírez; instruyó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que realizara una investigación de actos posiblemente constitutivos de tortura por parte de los Agentes del Ministerio Público, Policía Federal y peritos que participaron en la indagatoria de origen. Lo anterior, a efecto de que si lo estima conveniente, pueda impugnar las determinaciones que afecten su esfera jurídica, lo cual no pudo realizar durante la secuela procedimental por no haber sido llamado a juicio. B.3. A efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Publico, esté en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño, por lo que se deberá otorgar un período probatorio extraordinario, sin que ello implique dejar sin efectos las audiencias de pruebas ya desahogadas. B.4. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procedimiento y dicte sentencia definitiva. Cabe destacar que para tener por cumplida la ejecutoria, este órgano colegiado únicamente verificará que la autoridad responsable disponga la reposición del procedimiento e instruya al juzgador para que actúe de conformidad con los aspectos de esta ejecutoria de amparo al emitir nueva sentencia en el asunto, lo cual estará en aptitud de verificar esa potestad en caso de resolver un nuevo recurso de apelación; en el entendido que lo anterior no implica necesariamente que se deba de dictar sentencia absolutoria, pues esa circunstancia queda bajo la responsabilidad del juez de primera instancia". Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 457). I. Mediante oficio TSJ-SP-19-1313, de uno de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió la resolución de treinta de septiembre siguiente, mediante la cual los integrantes de la referida sala dejaron insubsistente la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el once de abril del mismo año (fojas 460 a 475). I.A. Asimismo, revocó la sentencia de primera instancia, y ordenó al juez de la causa que repusiera el procedimiento, a efecto de: a. Llamar a la causa a Felipe Ramírez López, para hacerle de su conocimiento los derechos que como víctima le asisten, entre los cuales se encuentran: - El de ser parte activa en el procedimiento de origen. - Recibir asesoría jurídica, incluso gratuita si carece de recursos, o no desea contratar a un asesor particular. - La posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, así como el quantum a que debe ascender la reparación del daño. - Combatir las resoluciones que estime lesionan sus derechos. b. Notificar las resoluciones más transcendentales del proceso, entre las que se encuentran: - El auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en el que tuvo por recibido los autos de la causa penal 242/2014, del índice del Juzgado Tercero, lo registró con el número 509/2015, y, ordenó la reanudación del procedimiento. - El auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el que el juez de la causa ordenó la práctica de los exámenes psicológicos y médicos a Lucía González Ramírez, conforme al protocolo de Estambul, asimismo giró oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que informara sobre el debido cumplimiento a la orden de investigación de los actos de tortura denunciados por Lucía González Ramírez; instruyó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que realizara una investigación de actos posiblemente constitutivos de tortura por parte de los Agentes del Ministerio Público, Policía Federal y peritos que participaron en la indagatoria de origen. Esto a efecto de que si lo estimara conveniente, pudiera impugnar las determinaciones que afecten su esfera jurídica, lo cual no pudo realizar durante la secuela procedimental por no haber sido llamado a juicio. c. A efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Público, estuviera en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño, debería otorgar un periodo probatorio extraordinario, sin que ello implicara dejar sin efectos las audiencias de pruebas ya desahogadas. d. Hecho lo anterior, continuara con el procedimiento y dictara sentencia definitiva. I.B. Mediante oficio 3114, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió copia certificada del auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, por el que señaló las doce horas del catorce de octubre del año en cita, para que en diligencia formal se le hicieran saber los derechos que le asisten a Felipe Ramírez López, en su carácter de víctima indirecta (fojas 479 y 480). Por oficio 3226, de once de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió el acta de notificación de la misma fecha, realizada por el actuario adscrito a dicho juzgado, de la que se advierte que se constituyó en el domicilio de Felipe Ramírez López, a quien le entregó de manera personal el oficio por el que se le hizo saber que debería comparecer a las oficinas del juzgado penal, el catorce de octubre de dos mil diecinueve a efecto de llevar a cabo la diligencia de carácter judicial dentro del proceso 65/2019, en la que se le darían a conocer sus derechos como víctima indirecta; asimismo, le notificó los acuerdos de veintitrés de febrero y veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictados en el referido proceso, esto para el efecto de que si lo estimara pertinente pudiera impugnar los mismos (fojas 485 y 486). Por oficio 3240, de quince de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitió la diligencia de la misma fecha en la que con la presencia del Ministerio Público adscrito al juzgado, así como del quejoso, el Juez responsable hizo del conocimiento a Felipe Ramírez López, los derechos que como víctima le asistían, entre ellos, recibir asesoría jurídica, incluso gratuita si carecía de recursos, o no deseaba contratar a un asesor particular; la posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar los delitos atribuidos a los entonces procesados, su responsabilidad penal, así como el quantum a que debía ascender la reparación del daño; así como el de ser parte activa en el procedimiento de origen; combatir las resoluciones que estimara lesionaban sus derechos. En uso de la palabra el quejoso manifestó "quedar debidamente enterado de sus derechos que la ley le asigna de participar de manera activa en la presente causa penal, y que lo hará a través del ministerio público adscrito al juzgado" (fojas 491 a 493). II. Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, ordenó al diligenciario adscrito a dicho juzgado, para que se constituyera en el domicilio del ofendido (quejoso en el juicio de amparo), y le hiciera saber sobre la formal detención de Lucía González Ramírez, así como, que se le concedía a las partes un periodo extraordinario para ofrecer pruebas tendentes a acreditar el delito, la responsabilidad penal de la procesada o reparación del quantum a que debería ascender la reparación del daño [fojas 609 y 610], (lo que le fue notificado personalmente el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, foja 636). Por auto de seis de julio del año en cita, la Jueza de primera instancia, acordó que la víctima indirecta no había ofrecido prueba alguna; ordenó girar oficio al Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Tlaxcala, a efecto de que designara asesor jurídico al quejoso, siendo que en diligencia de doce de julio siguiente se tuvo al licenciado Mario Morales San Luis, aceptando el cargo conferido. Asimismo en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, al no existir pruebas pendientes por desahogar, declaró cerrado el periodo probatorio extraordinario, ordenando continuar con el procedimiento (fojas 648, 663 y 664). III. El veintiocho de enero de dos mil veintidós, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, dictó sentencia en la que absolvió a Lucía González Ramírez, por el delito de secuestro agravado, en agravio de Felipe Ramírez Moya, así como de la reparación del daño solicitada por el Agente del Ministerio Público, adscrito a dicho juzgado (fojas 724 a 801). Sentencia que le fue notificada a Felipe Ramírez López (quejoso). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: a) Dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. b) Emitió una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, dejó insubsistente en su totalidad la sentencia apelada, y ordenó la reposición del procedimiento en primera instancia, en la que el juez de origen: llamó a la causa a Felipe Ramírez López, a quien le hizo de su conocimiento los derechos que como víctima le asistían. Le notificó las resoluciones más trascendentales del proceso, consistentes en el auto de veintitrés de febrero, así como el de veintiuno de septiembre, ambos del dos mil dieciséis, dictados por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Otorgó un periodo probatorio extraordinario, a efecto de que el quejoso, como coadyuvante del Ministerio Publico, estuviera en aptitud de ofertar pruebas para acreditar los delitos, responsabilidad penal o reparación el quantum a que debe ascender la reparación del daño. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente al quejoso, por lista a la tercera interesada; y, por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dos del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de veintiocho de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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