Guadalupe Tapia Pérez
Expediente 595/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 55 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Guadalupe Tapia Pérez
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Laura Guillermina Ayllon Luviano
- Congreso del Estado Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 542), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 546). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Guadalupe Tapia Pérez, la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable: ".1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia, y ordene al juez de la causa: a) Reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. b) Realice la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a dicha procesada, a manera de ejemplo, conforme al denominado Protocolo de Estambul. c) Se allegue de cualquier probanza que estime necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia. En el entendido, que exclusivamente la práctica de los exámenes tendentes a investigar la tortura como violación a derechos humanos dentro del proceso penal, estará sujeto a que la inculpada acepte voluntariamente someterse a los mismos, como se apuntó en esta ejecutoria. d) Se cerciore que J. F. Porfirio Serrano Pérez, persona que compareció como defensor de la inculpada Guadalupe Tapia Pérez, en declaración ministerial de cinco de noviembre de dos mil ocho, es licenciado en derecho. En dicha investigación, el juez de instancia podrá decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica; lo que podrá acreditar al constatar que cuenta con el título de licenciado en derecho o bien con la cédula profesional correspondiente, expedidos previamente a aquella declaración ministerial. En caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en derecho, entonces deberá repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual el juez deberá anular solamente esa diligencia de averiguación previa en la que participó el defensor en cuestión. e) Dé vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente al proceso penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma; siempre y cuando no se hubiera iniciado previamente alguna otra indagatoria por los mismos hechos" (fojas 239 y 240). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve dictó una nueva resolución, en la que dejó insubsistente la sentencia reclamada (foja 253) y revocó el fallo de primera instancia apelado (foja 270 vuelta). En la misma resolución la responsable ordenó al Juez de la causa: a) Reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción; b) Realizar la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la inculpada Guadalupe Tapia Pérez, a manera de ejemplo, conforme al denominado Protocolo de Estambul; c) Allegarse de cualquier probanza que estimara necesaria para el esclarecimiento de tal denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia. Además, le precisó que la práctica de los exámenes tendentes a investigar la tortura como violación a derechos humanos dentro del proceso penal, estaría sujeto a que la inculpada aceptara voluntariamente someterse a los mismos; d) Cerciorarse que J. F. Porfirio Serrano Pérez, persona que compareció como defensor de la inculpada Guadalupe Tapia Pérez, en declaración ministerial de cinco de noviembre de dos mil ocho, es licenciado en derecho; le indicó también que en la investigación podía decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica; lo que podría acreditar al constatar que cuenta con el título de licenciado en derecho o bien con la cédula profesional correspondiente, expedidos previamente a aquella declaración ministerial. En caso que no pudiera acreditar que el defensor era licenciado en derecho, entonces debería repararse la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, para lo cual debería anular solamente esa diligencia de averiguación previa en la que participó el defensor en cuestión; e) Dar vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se iniciara una investigación de manera independiente al proceso penal, imparcial y meticulosa, cuya finalidad fuera determinar si existió la tortura aducida por la quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma; siempre y cuando no se hubiera iniciado previamente alguna otra indagatoria por los mismos hechos (fojas 270 vuelta y 271 vuelta). II. Por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, atento a lo ordenado por la Sala responsable: a) Ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la fase de instrucción; y, b) Dio vista al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que designara al Agente del Ministerio Público correspondiente para que éste realizara la investigación de los actos de tortura que posiblemente fueron infringidos a la inculpada Guadalupe Tapia Pérez; incluso, le precisó que el agente investigador debía ser diverso al que integró la indagatoria origen de la causa penal. En cuanto a esta obligación impuesta en la ejecutoria de amparo, la autoridad ministerial informó haber dado inicio a la carpeta de investigación A.I.TLAX/T4/1270/2019, por el delito de tortura en victimización de Guadalupe Tapia Pérez, y en contra de quien o quienes resulten indiciados (foja 404). Incluso, la autoridad ministerial informó al juez de la causa la realización de diversas diligencias tendentes a la integración de dicha carpeta (fojas 430 a 434 y 440 a 443). III. Igualmente, en ejercicio de la facultad que se le concedió para allegarse de cualquier probanza que estimara necesaria para el esclarecimiento de la denuncia de tortura desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, el juez de primera instancia giró los oficios siguientes: a) Al Director del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, para remitiera los estudios médicos, psicológicos y de trabajo social, practicados en aquel reclusorio a la inculpada con motivo de su ingreso; lo cual se advierte acató la autoridad penitenciaria (fojas 292 a 300). b) Al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que hiciera saber a los peritos María Reyna Rivera Sosa y Carlos Nasser Cano, auxiliares en la administración de justicia adscritos al citado Tribunal, que habían sido designados para emitir opinión pericial, por lo que debían comparecer a aceptar y protestar el cargo conferido, y estar en aptitud de examinar a la inculpada Guadalupe Tapia Pérez y emitir su dictamen correspondiente. En el mismo auto, respecto a la investigación de la tortura en su vertiente de delito, el juez de la causa ordenó girar oficio al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, para que designara observador durante la integración de la indagatoria de los actos de tortura posiblemente infringidos a la inculpada, y que tal investigación se realizara de manera imparcial. Finalmente, también en uso de las facultades otorgadas para practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica de la inculpada, se advierte que el juez de la causa ordenó girar oficio a la Dirección de Defensoría Pública y de Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala, para que le remitiera copias certificadas de la documental o documentales que acreditaran que el defensor J. F. Porfirio Serrano Pérez está autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho (fojas 277 a 284). En respuesta, esta última autoridad informó al juzgador que en tal institución no se encontró documento alguno del citado defensor (foja 291). Sobre este mismo punto, se advierte el oficio 946/2019 signado por la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en el que informa al juzgador que respecto a tal defensor en aquella Dirección únicamente se encontró copia simple de una constancia de estudios de la carrera de la Licenciado en Derecho, y que dicha persona causó baja el dieciséis de septiembre de dos mil trece (fojas 312 y 313). Igualmente, se aprecia que por auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve el juez del proceso envió exhorto a diverso juzgador en la Ciudad de México, para que éste girara oficio a la Dirección General de la Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que remitiera copia certificada de la constancia que, en su caso, acredite la titulación de J. Faustino Porfirio Serrano Pérez o J. F. Porfirio Serrano Pérez o José Faustino Serrano Pérez (foja 353). Además, en auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, el juez del proceso solicitó a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para que le informara si en los archivos de tal institución se encuentra registro de cédula profesional expedida a favor del citado defensor (fojas 364 a 366). Al respecto, en auto de quince de octubre posterior el juzgador tuvo por recibidos dos oficios del Director del Colegio de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (fojas 397 a 400). En ambos oficios tal autoridad informó que José Faustino Porfirio Serrano Pérez cuenta con el número de cédula 09172225, expedida hasta dos mil quince para ejercer la licenciatura en derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; pero manifestó que no le era posible remitir copia certificada de dicha cédula; además, en el segundo oficio indicó que a nombre de J. F. Porfirio Serrano Pérez no localizó registros profesionales (fojas 397 y 398). IV. Por otro lado, se aprecia que por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve el juez de la causa tuvo por recibidos los dictámenes en materia de medicina y psicología, emitidos por los peritos Carlos Nasser Cano y María Reyna Rivera Sosa, respectivamente, conforme al Protocolo de Estambul (fojas 332 a 344); mismos que fueron ratificados en diligencia de quince de agosto siguiente (fojas 375 vuelta y 376). V. Ahora bien, al no haber podido constatar que tal persona era Licenciado en Derecho al momento en que patrocinó a la inculpada en etapa indagatoria, y como forma de reparar la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional, por auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve el juez de la causa determinó dejar insubsistente para todos los efectos legales la declaración ministerial de la aquí quejosa, realizada el cinco de noviembre de dos mil ocho (fojas 410 a 412). Sobre este mismo aspecto, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio 3491/2019, signado por el juez del conocimiento, mediante el cual informa que tomando en cuenta los diversos oficios DGP/AJ/2547/2019 y DGP/AJ/2443/2019, signados por el Director de Colegios de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se estableció la presunción plena de que la indiciada Guadalupe Tapia Pérez no fue legalmente asistida por persona con conocimientos de derecho, en su declaración ministerial de cinco de noviembre de dos mil ocho; por ende, determinó que a tal diligencia debía negársele valor al dictar la sentencia correspondiente (fojas 421 a 423). V. Seguida la secuela procesal el doce de marzo de dos mil veinte el juez de la causa dictó sentencia en primera instancia (fojas 479 a 540), en la que, con libertad de jurisdicción, consideró demostrados los elementos del delito de homicidio con la calificativa de ventaja en agravio de Maximino Hernández Islas; no así la plena responsabilidad penal de la inculpada Guadalupe Tapia Pérez; en consecuencia, le dictó sentencia absolutoria. Sin que se advierta que se hubiese otorgado valor probatorio a la declaración ministerial de la ahora quejosa, rendida el cinco de noviembre de dos mil ocho. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista a los terceros interesados, y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala responsable. Lo acordó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, mediante el cual, remite copia certificada del diverso oficio 1353/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos relacionados con Servidores Públicos, del cual se advierte que en la averiguación previa 18/2008/HUM, se señalaron las diez horas del veintiuno de noviembre de esta anualidad, para llevar a cabo el Protocolo de Estambul en presencia de Derechos Humanos, asesor jurídico, personal actuante de servicios periciales, como lo es perito en psicología, medicina legal, audio y video, así como de fotografía. En tales condiciones, requiérase a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente en funciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, encargado del despacho, por ministerio de ley, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, informa que una vez que se dé cumplimiento al Protocolo de Estambul por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la investigación de Delitos relacionados con Servidores Públicos, se declarará cerrada la instrucción; y una vez concluido el término respectivo, se dictará la sentencia definitiva que en derecho proceda, en la cual no se concederá valor probatorio pleno a la declaración vertida por la procesada Guadalupe Tapia Pérez. Sin embargo, no se anexa la copia certificada del oficio 1553/2019 signado por el Órgano Investigador Especializado que refiere. En tales condiciones, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, remita la referida copia certificada, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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