Guadalupe Villegas Espinoza
Expediente 1810/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Villegas Espinoza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************, contra actos del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Atento a ello, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 1810/2023-I. EXHORTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. Ahora bien, en términos del artículo 52 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere a las partes que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integra del escrito que se atiende, debe precisarse que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: La resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revocación, en la cual, confirmó el auto de veintiséis de septiembre pasado, dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto, promovido en los autos del expediente ******************** del índice de la responsable; así como su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ... ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, como ha quedado precisado el acto reclamado constituye una actuación procesal; ello es así, pues como estableció el Tribunal de Alzada, si bien, no se ordenó expresamente una reposición de procedimiento, implícitamente se advierte que se trata de una, pues al ordenar la revocación del acto reclamado y señalar que la autoridad de primera instancia precise los motivos por los cuales determinó que carece de competencia dicho aspecto implica una actuación procedimental. En atención a lo anterior, esta juzgadora estima que al tratarse de un acto intraprocesal el juicio de amparo resulta improcedente, pues, al tratarse de actuaciones adjetivas no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, tenemos que los derechos sustantivos, para efectos de la disposición citada, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. El término opuesto, en esta clasificación, serían entonces, los derechos procesales, que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se les denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Los actos de carácter sustantivo se refieren a los que sustentan la vida cotidiana de las personas, en la búsqueda de realización de sus fines esenciales, y se pueden ver afectados por cualquier acto de autoridad que los involucre de alguna manera, mientras que los derechos procesales sólo se pueden conculcar en su sede, radicada en los procedimientos jurisdiccionales de un proceso, y sólo excepcionalmente llegan a producir efectos fuera del proceso o efectos extraprocesales, y afectar así derechos sustantivos o no procesales de las partes o de terceros, como cuando determinan la privación de la libertad, la propiedad, de los derechos de familia, de los atributos de la personalidad, de los derechos laborales, etcétera. Tiene aplicación la tesis aislada P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ... De la misma manera resulta aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: .... Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que el acto reclamado versa sobre afectaciones a derechos puramente adjetivos, es decir procesales; pues las consecuencias que conlleva el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos de la quejosa, ya que los únicos efectos son que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen, conforme a lo estimado por el Juez responsable, sin que afecte sus derechos sustantivos, como lo son la vida, la libertad, la propiedad o cualquier otro de naturaleza sustantiva protegido por la Constitución. Además de que la autoridad responsable aún no dicta la resolución en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, la cual en dado caso podría beneficiarle a la parte quejosa. Lo anterior es así, tomando en consideración que el acto reclamado no es un acto que afecte algún derecho sustantivo del quejoso, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; pues, en todo caso, dada su naturaleza, solamente produce efectos intraprocesales; sin que los derechos sustantivos de la parte quejosa se vean afectados, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, pues como ya se dijo la sentencia que se emita en el juicio natural puede resultar favorable a la parte quejosa. Con lo aquí expuesto, se concluye que el acto reclamado, no es un acto que afecte derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad o cualquier otro de naturaleza sustantiva protegido por la Constitución. En efecto, puede válidamente afirmarse que el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de actos dictados en un procedimiento cuando éstos no se traduzcan en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, excluyéndose, por tanto, las violaciones procesales que afecten a las partes en el procedimiento y que, únicamente inciden en la violación a derechos adjetivos o procesales. Definido lo anterior, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado por ********************, que se observan en el escrito de cuenta, a saber: 1. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, la responsable previno al promovente ********************, en los autos del incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales y vencidas, a efecto de que proporcionara el domicilio particular del demandado incidentista -aquí quejoso-. 2. El diez de marzo del año en curso, la responsable tuvo por desahogada dicha prevención y admitió a trámite el incidente en comento, ordenando dar vista a las partes en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; asimismo a la promovente del amparo, para que en el mismo plazo señalara domicilio procesal en la ubicación del juzgado responsable, dado que el proporcionado se encontraba fuera de su demarcación territorial, bajo el apercibimiento, que en caso de omisión las mismas se re realizarían de conformidad con los artículos 1.168 y 1.170 de la Ley Adjetiva de la Materia. 3. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso incidente de nulidad de actuaciones; y, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, lo inadmitió en términos del fundamento en el artículo 1.164, 1.216 y 1.217 del Código Procesal Civil en Vigor. 4. Consecuentemente, la parte quejoso promovió recurso de revocación, el cual fuera resuelto el once de octubre siguiente, donde determinó confirmar el auto recurrido. Siendo esta determinación el acto reclamado en el asunto; la cual implica actuaciones meramente procedimentales. De ahí que se insista que la determinación reclamada no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a los quejosos, el ejercicio de un derecho, por el contrario, tienden a garantizar su efectividad. Estimar lo contrario desnaturalizaría la institución del juicio de amparo como un medio de control constitucional extraordinario a los recursos previstos por la leyes ordinarias aplicables, haciéndolo procedente en cualquier caso que las solicitudes de las partes en el juicio natural no sean acordadas de conformidad con lo que se solicita, lo cual, a juicio del suscrito, no afecta derechos sustantivos, por lo que no puede afirmarse que se trate de un acto de imposible reparación. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, no pasa desapercibido el hecho de que el promovente no exhibe instrumento notarial con el cual acredite su personalidad; pues a nada practico llevaría prevenirlo por tal circunstancia, si se llegaría a la misma determinación adoptada en párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.C.2 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 1169, Novena Época, materia común, con número de registro 187018, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ... De igual manera, la jurisprudencia II.1o.C.T.53 K, visible en la página 660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo VI, Agosto de 1997, materia común, con número de registro 197964, que a la letra dice: ... ... Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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