Guadalupe Villegas Espinoza
Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/01/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Villegas Espinoza
Actuaciones
- Principal
... Por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el proveído emitido el seis de enero de la presente anualidad, en el que resolvió el recurso de queja interpuesto; y remite el juicio de amparo 1082/2021-VII; y como lo solicita la superioridad acúsese recibo.: Por consiguiente, del testimonio del recurso de queja dictada por el Tribunal de alzada oficiante, se advierte que resolvió lo siguiente: UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por J. Guadalupe Villegas Espinoza, contra la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo indirecto 1082/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ...Notifíquese.
- Principal
... Visto el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual informa que admitió el recurso de queja promovido por el quejoso J. Guadalupe Villegas Espinoza, el cual registró como QT 267/2021. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, quedando a la espera de lo que tenga a bien proveer la superioridad. ...
- Principal
... INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Por recibido el escrito signado por J. Guadalupe Villegas Espinoza, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. SE TIENE POR INTERPUESTO. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. SE ORDENA REMISIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. ...Notifíquese.
- Principal
... RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por J. Guadalupe Villegas Espinoza, contra actos de la Jueza Supernumerario del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1082/2021-VII. IMPROCEDENCIA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción anterior se obtiene que este juzgador está obligado a analizar el escrito inicial de demanda; asimismo, si advierte causa manifiesta e indudable, a desecharla de plano, lo que en el caso ocurre, en atención a lo siguiente. Un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 188643, Pleno Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora, es oportuno indicar que el acto reclamado se hace consistir en: * La determinación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el recurso de revocación dentro del juicio 260/2021, relativo al procedimiento especial sobre divorcio incausado, que confirmó el acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso, en el que se requirió al aquí quejoso para que manifestara o justificara con comprobante a cuánto ascienden sus ingresos por concepto de pensión jubilatoria, bajo el apercibimiento en caso de incumplimiento, aplicarle una multa. Para mejor comprensión del asunto, cabe precisar los antecedentes que constituyen el acto reclamado. 1. Ma. Inés Ornelas Ornelas promovió procedimiento especial sobre divorcio incausado, el cual fue radicado ante el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, bajo el número de expediente 260/2021. 2. Dicho procedimiento concluyó con la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Ma. Inés Ornelas Ornelas y J. Guadalupe Villegas Espinoza (aquí quejoso). 3. Por auto de veintitrés de abril del dos mil veintiuno, la autoridad señalada responsable determinó como medida provisional por concepto de pensión alimenticia en favor de la señora Ma. Inés Ornelas Ornelas el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones, ordinarias y extraordinarias, que por producto de su trabajo percibe el aquí quejoso en su fuente laboral como jubilado. 4. Inconforme con lo anterior, el veintisiete de abril del dos mil veintiuno, Ma. Inés Ornelas Ornelas, presentó recurso de revocación en contra del acuerdo de veintitrés de abril de la presente anualidad, por el que la autoridad responsable fijó como medida provisional por concepto de pensión alimenticia del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones, ordinarias y extraordinarias, que por producto de su trabajo percibe en su fuente laboral como jubilado. 5. El veintiuno de mayo del año en curso, una vez agotados los trámites del citado medio de impugnación, la autoridad responsable dictó sentencia interlocutoria en la que se resolvió modificar el auto de veintitrés de abril del dos mil veintiuno, para incrementar el monto de pensión alimenticia al treinta por ciento, del sueldo y demás prestaciones, ordinarias y extraordinarias, que por producto de su trabajó percibe en su fuente laboral como jubilado el aquí quejoso. 6. En ese orden de ideas, la autoridad señalada como responsable en acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, requirió al peticionario de amparo a efecto de que manifestara y justificara, a cuánto ascienden los ingresos que percibe por concepto de pensión jubilatoria derivada de la presentación de servicios en Estados Unidos de Norteamérica, apercibiéndolo para el caso de omisión, aplicar una medida de apremio por el equivalente a veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización. 7. Inconforme con esa determinación el impetrante de amparo promovió en su contra recurso de revocación, el cual fue admitido y una vez substanciado, el treinta de septiembre de la presente anualidad, la autoridad responsable dictó sentencia interlocutora que la que confirmó el auto recurrido. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarioso del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo expuesto evidencia de manera patente, que la determinación tildada de inconstitucional no es la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, por el contrario, con ella se pretende lograr que ésta quede cumplida. Cabe hacer mención, que el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende la continuidad de la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones cometidas durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacerlas valer como violaciones al procedimiento respectivo. En esa tesitura, cabe precisar que de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, a saber: - La primera regla genérica consiste en que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. - La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. - Y la regla específica consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, cuando se trata de remates, contra la resolución definitiva donde se aprueben o desaprueben. En el entendido de que la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: ..En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De tal manera, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, impidan ese cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia. Asimismo, no se pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, del contenido siguiente: ...Del criterio trascrito se advierte, que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente en tratándose de actos de imposible reparación, es decir, que su afectación sobre los derechos sustantivos del agraviado y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, pero independiente de la propia ejecución de la sentencia. Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de dichos actos materialmente afecte derechos sustantivos. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que el acto reclamado tampoco afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ello, pues sólo se le requirió al quejoso para manifestara y justificara, a cuánto ascienden los ingresos que percibe por concepto de pensión jubilatoria derivada de la presentación de servicios en Estados Unidos de Norteamérica, apercibiéndolo para el caso de omisión, con aplicarle una medida de apremio por el equivalente a veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización, por lo que la imposición de dicha medida de apremio depende, al menos, de dos aspectos: 1) de la conducta que asuma el sujeto a quien se dirige el apercibimiento, de manera que si cumple no se hará efectivo; y, 2) si no cumple, entonces dependerá de que la autoridad decida, mediante la emisión de la resolución o acuerdo correspondiente, hacer efectivo el apercibimiento e imponer la sanción relativa, quedando así a su voluntad la imposición o no de ese medio punitivo. En consecuencia, no se está frente a un acto de ejecución inminente, por el contrario, de un acto de realización futura e incierta, porque depende de la conducta que asuman el quejoso y la autoridad. En este sentido, es factible afirmar que, en el caso particular, los efectos del acto reclamado no inciden de manera directa en algún derecho sustantivo de la peticionaria de amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Motivos por los cuales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO PROCESAL. Toda vez que la parte quejosa solicita se realicen las notificaciones vía electrónica del presente expediente con el usuario "pon_hd", así como el acceso electrónico del mismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del presente expediente; asimismo, notifíquese a la parte quejosa vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto, conforme a las reglas previstas en la fracción II de la Ley de lama materia. ... Notifíquese y personalmente al quejoso.
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