Guadalupe Victoria Gutierrez Santiago

Expediente 1391/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1391/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Victoria Gutierrez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que en la sentencia por una parte se negó la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración de este expediente y del original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial adscrita a este juzgado para la firma de los oficios que recaigan al presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES A PESAR DE HABERSELE DEJADO CITATORIO. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo número 1391/2021, promovido por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Como autoridad responsable en su carácter de Ordenadora, señalo al C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO (.). B).- Como autoridad responsable en su carácter de Ejecutora, señaló al C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO (.). C).- Como autoridad responsable en su carácter de Ejecutora, señaló al C. LIC. GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96 EN EL ESTADO DE OAXACA (.)." "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como Ordenadora reclamo: a).- Todo lo actuado en el expediente mercantil número 215/2004, desde el auto de fecha 11 de septiembre de 2018, en adelante, el cual decretó lo siguiente: '.se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo en ese Juzgado la diligencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, de los bienes inmuebles embargados en el presente juicio, se ordenó la publicación de edictos por tres veces de nueve en nueve días en el periódico oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, como el IMPARCIAL o NOTICIAS, convocando postores al remate, debiendo expedir al actor los edictos correspondientes. Ordenando Fijar un tanto de dicho edicto en el tablero de avisos del juzgado por el término de 15 días, siendo la postura legal la que alcance a cubrir las dos terceras partes de la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL, importe del avalúo asignado por el perito Tercero en Discordia. Así mismo, y como las fracciones de terrenos embargadas, se ubican en el paraje denominado camino del cura", se ubican en jurisdicción de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, se ordenó girar despacho con los insertos necesarios, adjuntando el edicto respectivo citado con antelación al ALCALDE CONSTITUCIONAL DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, para que fije en un lugar visible o en el tablero de avisos de esa alcaldía a su digno cargo, un tanto del edicto de referencia por el plazo de quince días, debiendo asentar las razones correspondientes, en cuanto a la fecha en que fija y despega el edicto, hecho lo anterior lo devuelva debidamente diligenciado en sus términos.' b).- Desde luego la Diligencia de Remate en Primera Almoneda de fecha 15 de noviembre de 2018, por vicios propios, hasta EL AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, aquí reclamado, dictado en el expediente mercantil número 215/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el cual me fue notificado el día 15 de diciembre del año 2021, mediante el cual se ordenó al Ciudadano Actuario Judicial del expediente número 215/2004, que en diligencia formal requiera de manera personal al DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, quien cuenta con el carácter de albacea provisional de la demandada MANUELA ZENAIDA SANTIAGO ZÁRATE, en el domicilio en que fue emplazada a juicio, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante el Notario Público Número noventa y seis, en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Calzada de la República número 205-A, Barrio Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68080, a otorgar y firmar en escritura pública la adjudicación a favor de la parte actora, de los bienes inmuebles adjudicados en el presente juicio, cuya identificación, medidas y colindancias, se encuentran detalladas en la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, apercibiéndolo que de no hacerlo, el personal de este juzgado otorgará la firma en su rebeldía; así mismo, ordena remitir los autos originales al referido Notario Público. c).- De las autoridades señaladas como Ejecutoras, reclamo el fiel cumplimiento del citado acuerdo. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos humanos conculcados, los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 12 a 14), en lo que interesa, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 1391/2021 y realizó una prevención a la quejosa y, previo cumplimento de la misma, en proveído de once de enero de dos mil veintidós (fojas 18 a 21), admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; ordenó emplazar a los terceros interesados 1) Vicente Jesús Cervantes Ziga, endosatario en propiedad de Edgar Noel Pérez Velasco y 2) Director General de la Administración General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, y otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien quedó emplazada a juicio el diecinueve de enero siguiente (foja 27). El siete de marzo de dos mil veintidós (foja 48), tuvo por apersonado en su carácter de tercero interesado a Vicente Jesús Cervantes Ziga. El once de marzo de dos mil veintidós (foja 52), mediante oficio 490/2022, fue emplazado en su carácter de tercero interesado el Director General de la Administración General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previos diferimientos, llegada la fecha y hora fijadas, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede el treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 55). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero y relativos, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016 del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado se atribuyó a autoridades dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, en relación con los diversos 18 y 19, todos de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior, toda vez la parte quejosa fue notificada del acto aquí reclamado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte de las constancias que obran en autos (foja 1329 vuelta, tomo II de pruebas). Por tanto, el plazo referido transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil veintidós, descontando sábados y domingos, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el escrito de demanda de amparo se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se concluye que el juicio de amparo se promovió dentro del plazo legal correspondiente. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis integral del escrito de demanda y del escrito con el que se cumplió el requerimiento formulado en autos (foja 17), se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) De la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 de su registro; y su ejecución, a cargo del Actuario adscrito a ese Juzgado y Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y Actuario de su adscripción, toda vez que al rendir sus informes justificados aceptaron parcialmente la existencia de los actos que se les atribuyen. Mismos que se corroboran con los tres tomos de copias certificadas deducidas del expediente 215/2004 de su índice, que remitió la primera autoridad mencionada como justificación a su informe. Actuaciones que merecen pleno valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA. Antes de estudiar el fondo del presente asunto procede analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que al Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que en relación con él se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del análisis integral de los numerales transcritos se puede establecer que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos que se le reclaman sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2016, precisó que el criterio actual para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como al tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Asimismo, puntualizó que para otorgar a un particular el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los individuos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se genera la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Luego, indicó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares, con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. También, en relación con la figura del Notario Público, sostuvo que es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley, a fin de darles autenticidad; aunado a que se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Además, la Primera Sala, señaló que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, tienen efectos generales; así como que debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Aunado a ello, dijo que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. En este sentido, estableció que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley, por lo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sobre estas bases, concluyó que los notarios no pueden ser considerados autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando: 1. No establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares; 2. No emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, y 3. No generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J.41/2019 (10ª) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y contenido siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado" Bajo ese marco legal y, tomando en consideración que Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, atribuye el acto de ejecución al Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, respecto a la protocolización de la escritura pública por adjudicación a favor de la parte actora Vicente Jesús Cervantes Ziga, derivado del juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Es evidente que, el acto así reclamado al citado fedatario no deriva de actos motu proprio, sino que tienen su origen en un juicio ejecutivo mercantil; por lo que no actúa con imperio, sino como simple fedatario del acto jurídico ordenado por una autoridad judicial para llevarlo a cabo ante su potestad a efecto de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica, sin agregar una actuación unilateral que afecte al gobernado de manera distinta a la voluntad de quienes comparezcan ante su presencia para dicho efecto. Por ello, su actuación no reúne las cualidades para ser considerado autoridad responsable en este juicio de amparo, como lo exige el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente dará fe y protocolizará la escritura pública por adjudicación del citado inmueble; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con la autoridad señalada como Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca. En otro orden, se advierte que el tercero interesado Vicente Jesús Cervantes Ziga, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (foja 53), al estimar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que contra el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el citado expediente 215/2004, procede el recurso de apelación previsto en los artículos 670, 673, 675, 676 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Al respecto, opuesto a lo señalado por el tercero interesado, la suscrita juzgadora estima que la citada causa de improcedencia no se actualiza en la especie, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; sin que exija que previamente a promover la instancia constitucional tuviera que agotarse algún recurso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sin que en caso concreto proceda el recurso de apelación o algún otro medio ordinario de defensa, como lo pretende el tercero interesado, toda vez que dicho medio de defensa -apelación-, procede hasta el último auto que aprueba o desaprueba el remate conforme al artículo 1345 del Código de Comercio. En este orden, al no existir diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes o que esta juzgadora advierta de oficio, lo que procede es entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la impetrante, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. SEXTO. ANTECEDENTES. Ahora, de las constancias de autos, se advierten los siguientes antecedentes de los actos reclamados: 1. La quejosa es demandada en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que el veintisiete de junio de dos mil seis, se dictó sentencia por la que se le condenó al pago de las prestaciones que ahí se detallan (fojas 173 a 185, tomo I de pruebas). 2. El veintinueve de mayo de dos mil siete, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó la citada sentencia (fojas 249 a 260, tomo I de pruebas). 3. Inconforme con dicha sentencia la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo en su contra, que fue resuelto el catorce de noviembre de dos mil siete, por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en el que se le negó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 261 a 301, tomo I de pruebas). 4. El once de septiembre de dos mil dieciocho, se inició el procedimiento de remate, señalándose las diez horas del quince de noviembre del citado año para llevar a cabo la diligencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados en el juicio (fojas 1071 y 1072 tomo I de pruebas). 5. Inconforme con la diligencia de remate en primera almoneda, Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago interpuso recurso de apelación (fojas 1163 y 1164 tomo II de pruebas); el cual en resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, se declaró mal admitido, por notoriamente improcedente; pues la apelación procede hasta el último auto que aprueba o desaprueba el remate conforme al artículo 1345 del Código de Comercio (foja 1202 tomo II de pruebas). 6. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca declaró procedente la adjudicación directa de los bienes embargados, a favor del actor, por la cantidad de dos millones sesenta y dos mil setecientos dos pesos con diecisiete centavos moneda nacional (fojas 1252 a 1265, tomo II de pruebas). 7. En contra de la resolución anterior, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación; con motivo del cual, el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución apelada (fojas 1291 a 1299, tomo II de pruebas). 8. Seguido el trámite correspondiente, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable dictó el acuerdo siguiente (fojas 1326 a 1329, tomo II de pruebas): "EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el escrito de Vicente Jesús Cervantes Ziga, recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, el día veintisiete de octubre de los corrientes y en este Juzgado ese mismo día, visto su contenido y en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 503, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de manera supletoria al Código de Comercio, conforme a lo resuelto en el considerando único de la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, se ordena al Ciudadano Actuario Judicial del presente expediente, en diligencia formal requiera de manera personal a la demandada al (sic) DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, quien cuenta con el carácter de albacea provisional de la demandada MANUELA ZENAIDA SANTIAGO ZÁRATE, en el domicilio en que fuera emplazada a juicio, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante el Notario Público Número noventa y seis en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Calzada de la República número 205-A, Barrio Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 60080, a otorgar y firmar en escritura pública la adjudicación a favor de la parte actora, de los bienes inmuebles adjudicados en el presente juicio cuya identificación, medidas y colindancias se encuentran detalladas en la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, apercibiéndolo que de no hacerlo, el personal de este juzgado otorgará la firma en su rebeldía. Una vez notificado el presente proveído a las partes, se ordena al Ciudadano Actuario Judicial Llevador del presente asunto, devuelva el expediente de manera inmediata a la Primera Secretaría de este Juzgado, para encausar el cumplimiento a lo ordenado con anterioridad, remitiendo mediante oficio los autos originales al Notario Público antes mencionado, informándole el plazo que se concede a la demanda para el cumplimiento voluntario del otorgamiento de firma. Se requiere al promovente a efecto de que inmediatamente a la notificación de su contraparte comparezca ante la Encargada de la Mesa de Cumplir de esta Secretaría, a efecto de que la traslade a la citada notaría y haga entrega de los autos originales, apercibiéndolo que, de no hacerlo, no se remitirán dichos autos al Notario Público Número 96 en el Estado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." Acuerdo este último que constituye la materia del acto reclamado en esta instancia. SÉPTIMO. ESTUDIO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados; sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor de conformidad con lo que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior los motivos de disenso formulados por la impetrante se estudiarán en conjunto y en orden diverso al propuesto, sin que ello le irrogue algún agravio; pues, en términos de lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, con independencia de que los planteamientos se aborden en lo individual, en su conjunto, en el orden expresado u otro, lo trascendente es que se analicen en su totalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a.CVIII/2007 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que establece: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". En el primer concepto de violación, la quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contendidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que desde la resolución de adjudicación de veintiocho de enero de dos mil veinte, se aprecia un error de identificación del bien inmueble de que se trata, concretamente, respecto de la colindancia PONIENTE, pues aparece que colinda con el "RÍO LAVAN" y, en el certificado de gravamen de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, aparece que dicha colindancia es con el "RÍO LAVANI" no "LAVAN", como erróneamente fue publicado en los edictos. El anterior argumento resulta infundado. Para justificar la anterior calificativa, es importante destacar que del edicto al que se hace referencia se aprecia como finalidad convocar postores para intervenir en la diligencia de remate respecto de los dos bienes inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, a saber: El primero: Consistente en una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado Camino del Cura, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Oriente, colinda con Camino del Cura y mide 106.55 metros; al Poniente, colinda con el Río Lavan y mide 42.50 metros; al Norte, colinda con Nicolás García y mide 175 metros, y al Sur, colinda con Antonio Vásquez y Esperanza González Hernández y mide 264.20 metros, y El segundo: Consistente en una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado Camino del Cura, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Oriente, colinda con Camino del Cura y mide 47.40 metros; al Poniente, colinda con el Río Lavani y mide 42.50 metros; al Norte, colinda con Vicente López Arenas y mide 320 metros, y al Sur, colinda con Antonio Vásquez y mide 320 metros. En este sentido, como se advierte del propio edicto, si bien es cierto que cuando se hizo referencia al primer bien inmueble, se señaló que su colindancia por el lado PONIENTE es con el "RÍO LAVAN", cuando lo correcto, como bien lo afirma la impetrante del amparo, es "RÍO LAVANI"; cierto es también que ello no implica que exista confusión o controversia respecto del bien inmueble de que se trata, pues su identidad está perfectamente determinada en el procedimiento de origen y no existe duda respecto de ella. Máxime si se considera que, incluso, del propio edicto se aprecia la descripción del segundo bien inmueble, ubicado en la misma localidad y con colindancias similares al primero, que nos permiten conocer que el nombre completo del aludido río que colinda con dichos bienes inmuebles por el lado poniente es "RÍO LAVANI". Por tanto, se estima que dicha inconsistencia, en todo caso, constituye un simple error de captura en la publicación de los edictos, que de ninguna manera trasciende a los derechos de la quejosa, en virtud de que no genera confusión respecto a la identidad del bien inmueble de que se trata, sobre el que existe trabado embargo y que es objeto de remate en el procedimiento de ejecución del expediente de origen. Aunado a lo anterior, los demás datos asentados en los edictos, coinciden con los de los inmuebles embargados en diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil seis y, éstos en relación con los de uno de los adjudicados solo difiere en la letra "i"; de ahí que analizados en conjunto, evidencian o corroboran que fue un error, ya que esos datos permiten razonablemente identificar el inmueble en cuestión; máxime que el quejoso es el único argumento que hace valer al respecto, lo que permite concluir que está conforme con la demás información que identifica el inmueble en cuestión. Error que tampoco puede estimarse que trascienda de alguna forma al tiraje de escritura ordenado en autos, pues, se insiste, se trata de un simple error de captura. Se invoca al respecto, la tesis P. XLVIII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 69, Novena Época, Materias(s): Común, con número de registro digital: 196233, con el rubro y texto siguientes: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." En su segundo concepto de violación la quejosa aduce, en lo esencial, que la responsable declaró procedente la adjudicación de los bienes inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil, por las dos terceras partes de la cantidad que sirvió de base para el remate, sin fundar ni motivar su determinación. El citado motivo de disenso es ineficaz, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio, es el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y no la resolución donde se declaró procedente la adjudicación directa de los bienes embargados, esto es, la dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, donde se declaró procedente dicha adjudicación directa a favor del actor, por la cantidad de dos millones sesenta y dos mil setecientos dos pesos con diecisiete centavos moneda nacional; motivo por el cual, en el presente juicio no se puede analizar una determinación diversa al acto reclamado; de ahí lo ineficaz de los argumentos hechos valer, sin que como se expuso en párrafos precedentes, se esté ante un supuesto donde esté permitido suplir la deficiencia de la queja. En tales consideraciones, se concluye que el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no viola los derechos humanos garantizados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del juicio ejecutivo mercantil 215/2004, dado que no se combatió por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo derivar del acto de ordenamiento reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente ejecutoria son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, en relación con la autoridad responsable señalada como Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, en los términos expuestos en el considerando QUINTO del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el ÚLTIMO considerando de la presente sentencia.

  3. Principal

    ON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES A PESAR DE HABERSELE DEJADO AVISO. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo número 1391/2021, promovido por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Como autoridad responsable en su carácter de Ordenadora, señalo al C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO (.). B).- Como autoridad responsable en su carácter de Ejecutora, señaló al C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO (.). C).- Como autoridad responsable en su carácter de Ejecutora, señaló al C. LIC. GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96 EN EL ESTADO DE OAXACA (.)." "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como Ordenadora reclamo: a).- Todo lo actuado en el expediente mercantil número 215/2004, desde el auto de fecha 11 de septiembre de 2018, en adelante, el cual decretó lo siguiente: '.se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo en ese Juzgado la diligencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, de los bienes inmuebles embargados en el presente juicio, se ordenó la publicación de edictos por tres veces de nueve en nueve días en el periódico oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, como el IMPARCIAL o NOTICIAS, convocando postores al remate, debiendo expedir al actor los edictos correspondientes. Ordenando Fijar un tanto de dicho edicto en el tablero de avisos del juzgado por el término de 15 días, siendo la postura legal la que alcance a cubrir las dos terceras partes de la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL, importe del avalúo asignado por el perito Tercero en Discordia. Así mismo, y como las fracciones de terrenos embargadas, se ubican en el paraje denominado camino del cura", se ubican en jurisdicción de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, se ordenó girar despacho con los insertos necesarios, adjuntando el edicto respectivo citado con antelación al ALCALDE CONSTITUCIONAL DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, para que fije en un lugar visible o en el tablero de avisos de esa alcaldía a su digno cargo, un tanto del edicto de referencia por el plazo de quince días, debiendo asentar las razones correspondientes, en cuanto a la fecha en que fija y despega el edicto, hecho lo anterior lo devuelva debidamente diligenciado en sus términos.' b).- Desde luego la Diligencia de Remate en Primera Almoneda de fecha 15 de noviembre de 2018, por vicios propios, hasta EL AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, aquí reclamado, dictado en el expediente mercantil número 215/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el cual me fue notificado el día 15 de diciembre del año 2021, mediante el cual se ordenó al Ciudadano Actuario Judicial del expediente número 215/2004, que en diligencia formal requiera de manera personal al DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, quien cuenta con el carácter de albacea provisional de la demandada MANUELA ZENAIDA SANTIAGO ZÁRATE, en el domicilio en que fue emplazada a juicio, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante el Notario Público Número noventa y seis, en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Calzada de la República número 205-A, Barrio Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68080, a otorgar y firmar en escritura pública la adjudicación a favor de la parte actora, de los bienes inmuebles adjudicados en el presente juicio, cuya identificación, medidas y colindancias, se encuentran detalladas en la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, apercibiéndolo que de no hacerlo, el personal de este juzgado otorgará la firma en su rebeldía; así mismo, ordena remitir los autos originales al referido Notario Público. c).- De las autoridades señaladas como Ejecutoras, reclamo el fiel cumplimiento del citado acuerdo. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos humanos conculcados, los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 12 a 14), en lo que interesa, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 1391/2021 y realizó una prevención a la quejosa y, previo cumplimento de la misma, en proveído de once de enero de dos mil veintidós (fojas 18 a 21), admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; ordenó emplazar a los terceros interesados 1) Vicente Jesús Cervantes Ziga, endosatario en propiedad de Edgar Noel Pérez Velasco y 2) Director General de la Administración General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, y otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien quedó emplazada a juicio el diecinueve de enero siguiente (foja 27). El siete de marzo de dos mil veintidós (foja 48), tuvo por apersonado en su carácter de tercero interesado a Vicente Jesús Cervantes Ziga. El once de marzo de dos mil veintidós (foja 52), mediante oficio 490/2022, fue emplazado en su carácter de tercero interesado el Director General de la Administración General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previos diferimientos, llegada la fecha y hora fijadas, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede el treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 55). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero y relativos, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016 del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado se atribuyó a autoridades dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, en relación con los diversos 18 y 19, todos de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior, toda vez la parte quejosa fue notificada del acto aquí reclamado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte de las constancias que obran en autos (foja 1329 vuelta, tomo II de pruebas). Por tanto, el plazo referido transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil veintidós, descontando sábados y domingos, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el escrito de demanda de amparo se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se concluye que el juicio de amparo se promovió dentro del plazo legal correspondiente. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis integral del escrito de demanda y del escrito con el que se cumplió el requerimiento formulado en autos (foja 17), se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) De la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 de su registro; y su ejecución, a cargo del Actuario adscrito a ese Juzgado y Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y Actuario de su adscripción, toda vez que al rendir sus informes justificados aceptaron parcialmente la existencia de los actos que se les atribuyen. Mismos que se corroboran con los tres tomos de copias certificadas deducidas del expediente 215/2004 de su índice, que remitió la primera autoridad mencionada como justificación a su informe. Actuaciones que merecen pleno valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA. Antes de estudiar el fondo del presente asunto procede analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que al Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que en relación con él se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del análisis integral de los numerales transcritos se puede establecer que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos que se le reclaman sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2016, precisó que el criterio actual para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como al tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Asimismo, puntualizó que para otorgar a un particular el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los individuos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se genera la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Luego, indicó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares, con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. También, en relación con la figura del Notario Público, sostuvo que es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley, a fin de darles autenticidad; aunado a que se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Además, la Primera Sala, señaló que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, tienen efectos generales; así como que debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Aunado a ello, dijo que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. En este sentido, estableció que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley, por lo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sobre estas bases, concluyó que los notarios no pueden ser considerados autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando: 1. No establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares; 2. No emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, y 3. No generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J.41/2019 (10ª) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y contenido siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado" Bajo ese marco legal y, tomando en consideración que Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, atribuye el acto de ejecución al Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, respecto a la protocolización de la escritura pública por adjudicación a favor de la parte actora Vicente Jesús Cervantes Ziga, derivado del juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Es evidente que, el acto así reclamado al citado fedatario no deriva de actos motu proprio, sino que tienen su origen en un juicio ejecutivo mercantil; por lo que no actúa con imperio, sino como simple fedatario del acto jurídico ordenado por una autoridad judicial para llevarlo a cabo ante su potestad a efecto de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica, sin agregar una actuación unilateral que afecte al gobernado de manera distinta a la voluntad de quienes comparezcan ante su presencia para dicho efecto. Por ello, su actuación no reúne las cualidades para ser considerado autoridad responsable en este juicio de amparo, como lo exige el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente dará fe y protocolizará la escritura pública por adjudicación del citado inmueble; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con la autoridad señalada como Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca. En otro orden, se advierte que el tercero interesado Vicente Jesús Cervantes Ziga, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (foja 53), al estimar que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que contra el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el citado expediente 215/2004, procede el recurso de apelación previsto en los artículos 670, 673, 675, 676 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Al respecto, opuesto a lo señalado por el tercero interesado, la suscrita juzgadora estima que la citada causa de improcedencia no se actualiza en la especie, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; sin que exija que previamente a promover la instancia constitucional tuviera que agotarse algún recurso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sin que en caso concreto proceda el recurso de apelación o algún otro medio ordinario de defensa, como lo pretende el tercero interesado, toda vez que dicho medio de defensa -apelación-, procede hasta el último auto que aprueba o desaprueba el remate conforme al artículo 1345 del Código de Comercio. En este orden, al no existir diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes o que esta juzgadora advierta de oficio, lo que procede es entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la impetrante, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. SEXTO. ANTECEDENTES. Ahora, de las constancias de autos, se advierten los siguientes antecedentes de los actos reclamados: 1. La quejosa es demandada en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que el veintisiete de junio de dos mil seis, se dictó sentencia por la que se le condenó al pago de las prestaciones que ahí se detallan (fojas 173 a 185, tomo I de pruebas). 2. El veintinueve de mayo de dos mil siete, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó la citada sentencia (fojas 249 a 260, tomo I de pruebas). 3. Inconforme con dicha sentencia la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo en su contra, que fue resuelto el catorce de noviembre de dos mil siete, por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en el que se le negó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 261 a 301, tomo I de pruebas). 4. El once de septiembre de dos mil dieciocho, se inició el procedimiento de remate, señalándose las diez horas del quince de noviembre del citado año para llevar a cabo la diligencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados en el juicio (fojas 1071 y 1072 tomo I de pruebas). 5. Inconforme con la diligencia de remate en primera almoneda, Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago interpuso recurso de apelación (fojas 1163 y 1164 tomo II de pruebas); el cual en resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, se declaró mal admitido, por notoriamente improcedente; pues la apelación procede hasta el último auto que aprueba o desaprueba el remate conforme al artículo 1345 del Código de Comercio (foja 1202 tomo II de pruebas). 6. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca declaró procedente la adjudicación directa de los bienes embargados, a favor del actor, por la cantidad de dos millones sesenta y dos mil setecientos dos pesos con diecisiete centavos moneda nacional (fojas 1252 a 1265, tomo II de pruebas). 7. En contra de la resolución anterior, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación; con motivo del cual, el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución apelada (fojas 1291 a 1299, tomo II de pruebas). 8. Seguido el trámite correspondiente, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable dictó el acuerdo siguiente (fojas 1326 a 1329, tomo II de pruebas): "EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el escrito de Vicente Jesús Cervantes Ziga, recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, el día veintisiete de octubre de los corrientes y en este Juzgado ese mismo día, visto su contenido y en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 503, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de manera supletoria al Código de Comercio, conforme a lo resuelto en el considerando único de la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, se ordena al Ciudadano Actuario Judicial del presente expediente, en diligencia formal requiera de manera personal a la demandada al (sic) DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, quien cuenta con el carácter de albacea provisional de la demandada MANUELA ZENAIDA SANTIAGO ZÁRATE, en el domicilio en que fuera emplazada a juicio, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante el Notario Público Número noventa y seis en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Calzada de la República número 205-A, Barrio Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 60080, a otorgar y firmar en escritura pública la adjudicación a favor de la parte actora, de los bienes inmuebles adjudicados en el presente juicio cuya identificación, medidas y colindancias se encuentran detalladas en la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, apercibiéndolo que de no hacerlo, el personal de este juzgado otorgará la firma en su rebeldía. Una vez notificado el presente proveído a las partes, se ordena al Ciudadano Actuario Judicial Llevador del presente asunto, devuelva el expediente de manera inmediata a la Primera Secretaría de este Juzgado, para encausar el cumplimiento a lo ordenado con anterioridad, remitiendo mediante oficio los autos originales al Notario Público antes mencionado, informándole el plazo que se concede a la demanda para el cumplimiento voluntario del otorgamiento de firma. Se requiere al promovente a efecto de que inmediatamente a la notificación de su contraparte comparezca ante la Encargada de la Mesa de Cumplir de esta Secretaría, a efecto de que la traslade a la citada notaría y haga entrega de los autos originales, apercibiéndolo que, de no hacerlo, no se remitirán dichos autos al Notario Público Número 96 en el Estado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." Acuerdo este último que constituye la materia del acto reclamado en esta instancia. SÉPTIMO. ESTUDIO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados; sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor de conformidad con lo que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior los motivos de disenso formulados por la impetrante se estudiarán en conjunto y en orden diverso al propuesto, sin que ello le irrogue algún agravio; pues, en términos de lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, con independencia de que los planteamientos se aborden en lo individual, en su conjunto, en el orden expresado u otro, lo trascendente es que se analicen en su totalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a.CVIII/2007 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que establece: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". En el primer concepto de violación, la quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contendidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que desde la resolución de adjudicación de veintiocho de enero de dos mil veinte, se aprecia un error de identificación del bien inmueble de que se trata, concretamente, respecto de la colindancia PONIENTE, pues aparece que colinda con el "RÍO LAVAN" y, en el certificado de gravamen de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, aparece que dicha colindancia es con el "RÍO LAVANI" no "LAVAN", como erróneamente fue publicado en los edictos. El anterior argumento resulta infundado. Para justificar la anterior calificativa, es importante destacar que del edicto al que se hace referencia se aprecia como finalidad convocar postores para intervenir en la diligencia de remate respecto de los dos bienes inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, a saber: El primero: Consistente en una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado Camino del Cura, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Oriente, colinda con Camino del Cura y mide 106.55 metros; al Poniente, colinda con el Río Lavan y mide 42.50 metros; al Norte, colinda con Nicolás García y mide 175 metros, y al Sur, colinda con Antonio Vásquez y Esperanza González Hernández y mide 264.20 metros, y El segundo: Consistente en una fracción de terreno ubicado en el paraje denominado Camino del Cura, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al Oriente, colinda con Camino del Cura y mide 47.40 metros; al Poniente, colinda con el Río Lavani y mide 42.50 metros; al Norte, colinda con Vicente López Arenas y mide 320 metros, y al Sur, colinda con Antonio Vásquez y mide 320 metros. En este sentido, como se advierte del propio edicto, si bien es cierto que cuando se hizo referencia al primer bien inmueble, se señaló que su colindancia por el lado PONIENTE es con el "RÍO LAVAN", cuando lo correcto, como bien lo afirma la impetrante del amparo, es "RÍO LAVANI"; cierto es también que ello no implica que exista confusión o controversia respecto del bien inmueble de que se trata, pues su identidad está perfectamente determinada en el procedimiento de origen y no existe duda respecto de ella. Máxime si se considera que, incluso, del propio edicto se aprecia la descripción del segundo bien inmueble, ubicado en la misma localidad y con colindancias similares al primero, que nos permiten conocer que el nombre completo del aludido río que colinda con dichos bienes inmuebles por el lado poniente es "RÍO LAVANI". Por tanto, se estima que dicha inconsistencia, en todo caso, constituye un simple error de captura en la publicación de los edictos, que de ninguna manera trasciende a los derechos de la quejosa, en virtud de que no genera confusión respecto a la identidad del bien inmueble de que se trata, sobre el que existe trabado embargo y que es objeto de remate en el procedimiento de ejecución del expediente de origen. Aunado a lo anterior, los demás datos asentados en los edictos, coinciden con los de los inmuebles embargados en diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil seis y, éstos en relación con los de uno de los adjudicados solo difiere en la letra "i"; de ahí que analizados en conjunto, evidencian o corroboran que fue un error, ya que esos datos permiten razonablemente identificar el inmueble en cuestión; máxime que el quejoso es el único argumento que hace valer al respecto, lo que permite concluir que está conforme con la demás información que identifica el inmueble en cuestión. Error que tampoco puede estimarse que trascienda de alguna forma al tiraje de escritura ordenado en autos, pues, se insiste, se trata de un simple error de captura. Se invoca al respecto, la tesis P. XLVIII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 69, Novena Época, Materias(s): Común, con número de registro digital: 196233, con el rubro y texto siguientes: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." En su segundo concepto de violación la quejosa aduce, en lo esencial, que la responsable declaró procedente la adjudicación de los bienes inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil, por las dos terceras partes de la cantidad que sirvió de base para el remate, sin fundar ni motivar su determinación. El citado motivo de disenso es ineficaz, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio, es el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio ejecutivo mercantil 215/2004 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y no la resolución donde se declaró procedente la adjudicación directa de los bienes embargados, esto es, la dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, donde se declaró procedente dicha adjudicación directa a favor del actor, por la cantidad de dos millones sesenta y dos mil setecientos dos pesos con diecisiete centavos moneda nacional; motivo por el cual, en el presente juicio no se puede analizar una determinación diversa al acto reclamado; de ahí lo ineficaz de los argumentos hechos valer, sin que como se expuso en párrafos precedentes, se esté ante un supuesto donde esté permitido suplir la deficiencia de la queja. En tales consideraciones, se concluye que el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no viola los derechos humanos garantizados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del juicio ejecutivo mercantil 215/2004, dado que no se combatió por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo derivar del acto de ordenamiento reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente ejecutoria son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, en relación con la autoridad responsable señalada como Notario Público Número 96 en el Estado de Oaxaca, en los términos expuestos en el considerando QUINTO del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago, contra el acto reclamado a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el ÚLTIMO considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Vicente Jesús Cervantes Ziga; a través del cual, con fundamento en el artículo 5 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se apersona con el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo. Por tanto, dese vista con las constancias de autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado, el que señala en su ocurso de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Canales Sada y a Daniel Castro Arauzo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que nombra. Por otro lado, con relación a su solicitud para la imposición de autos que refiere, se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ahora, toda vez que no obra la constancia de notificación del oficio dirigido a la tercera interesada Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, a través del cual se ordenó su emplazamiento a juicio; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, reexpídase la comunicación derivada del auto admisorio de demanda, a la que deberá adjuntarse escrito de demanda y, su aclaración. Para lo cual, comisiónese a la actuaría de este juzgado, para que emplace a la aludida autoridad en el domicilio señalado por la parte quejosa en su líbelo de amparo ubicado en Avenida Las Américas número 305, Colonia América Norte, de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, debiendo recabar el acuse de estilo correspondiente. Finalmente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las trece horas con siete minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós y, en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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