Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Victoria Gutiérrez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.

  3. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio el oficio ********************, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y anexo, consistente en escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; por medio del cual, declina competencia a este órgano jurisdiccional por conocimiento previo. En razón de lo anterior, y toda vez que en atención a la certificación que antecede, se considera que el expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad y ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, tienen relación en razón a que en ambos juicios los actos reclamados derivan del expediente ********************, del índice del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ya que las resoluciones dictadas en los recursos de apelación reclamados, en dichos asuntos, fueron hechos valer en el expediente civil de que ese trata; y que aquí se tiene el último antecedente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Fórmese expediente físico y electrónico respectivo, regístrese con el número 667/2021, y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, debido a que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el citado órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por cuestión de turno, para conocer del asunto y declinó la competencia, por conocimiento previo, a favor de este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para que tenga a bien realizar la compensación de asuntos recibidos por este órgano jurisdiccional, y para los efectos legales respecto a la estadística que se lleva del turno de demandas de amparo recibidas por los diversos órganos jurisdiccionales de amparo, residentes en esta localidad. Análisis de la demanda de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado Federal advierte que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos anexados a tales promociones; y, lo "indudable" de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, aún en el supuesto de admitirse la demanda y de substanciarse el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa y diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el trascrito artículo 113 de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se estima preciso indicar que el acto reclamado en este asunto, la parte quejosa esencialmente lo hace consistir en: la resolución de veinte de mayo del dos mil veintiuno, dictada en el toca civil ********************con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el expediente ********************. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del artículo trascrito en último término, se advierte que tratándose de procedimientos de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas en el procedimiento, ello a fin de no entorpecer el procedimiento y evitar que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y verdad legal. Lo anterior, así se considera, toda vez que conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Luego, si el acto reclamado es la resolución de veinte de mayo del dos mil veintiuno, dictada en el toca civil ********************con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el expediente ********************, relativa a la adjudicación directa por remate, promovido por el ******************** endosatario en propiedad de ********************en el expediente número ********************, del indicé del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, es decir, no se trata de la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución definitiva en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por alcanzar el mismo principio jurídico alcanzado, la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1941, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011342, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. ---." De igual forma, se estima aplicable en lo conducente, se considera aplicable en lo conducente, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2821, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Materia Común, Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011734, que se describe a continuación: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE DICHA FRACCIÓN. ---¨ De dichos criterios se obtiene que la intención el legislador fue evitar que se abuse del juicio de amparo, entorpeciendo se reitera la ejecución de la sentencia, que es una cuestión de orden público. Lo anterior tiene sustento en el principio de economía procesal, cuya finalidad es evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En el presente caso, la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado la resolución de veinte de mayo del dos mil veintiuno, dictada en el toca civil ********************con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el expediente ********************, relativa a la adjudicación directa por remate, promovido por el ******************** endosatario en propiedad de ********************en el expediente número ********************, del indicé del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. De lo anteriormente expuesto, así como de los antecedentes de la parte quejosa, se aprecia que la sala responsable, mediante la resolución reclamada, únicamente confirmo la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, sobre la adjudicación directa por remate, impugnada mediante recurso de apelación. En ese tenor, se aprecia que la citada resolución reclamada no se trata de la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, no reconoce o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaró la imposibilidad material para darle cumplimiento, u ordenó el archivo definitivo del expediente. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia en comento toda vez que se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, toda vez que el legislador de amparo preciso que contra este tipo de actos sólo procede el juicio constitucional contra la última dictada en dicho procedimiento lo cual conceptualizó como aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, incluso aprueba o reconoce el cumplimento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para dar el cumplimiento, por lo cual evidentemente abre la posibilidad de ejecutar la sentencia y por ende cobra aplicación el artículo 107 fracción IV, que establece taxativamente la procedencia del amparo. Luego como ya se dijo la resolución que dictó la responsable, aquí reclamada, no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no constituye aquella resolución en la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, o incluso se reconoce o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material para darle cumplimiento o, la que ordene el archivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." No pasa inadvertido que la aludida causal de improcedencia cuenta con una excepción, la cual estriba en el hecho de que procede el juicio de amparo biistancial en la etapa de ejecución de sentencia, cuando las violaciones procesales reclamadas generen una afectación inmediata o material a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en tratados internacionales. En ese aspecto, se tiene que la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características; esto es, en contra de actos cuyas consecuencias fueran susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en los Tratados Internacionales. Por tanto, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo cual, no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos de la parte quejosa, al no implicar por sí mismo la obtención de una sentencia desfavorable a sus intereses en la mencionada contienda judicial. De lo anterior, produce colegir que la resolución reclamada en el presente el juicio de amparo, además no resulta de ejecución irreparable, por tratarse de una determinación que confirmo la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, sobre la adjudicación directa por remate, impugnada mediante recurso de apelación; de ahí que se considere que ello no implica en modo alguno que sea de imposible reparación, porque no atenta, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. Máxime, si se toma en consideración que, todas las violaciones que pudieran surgir en la etapa de ejecución de sentencia, son susceptibles de ser impugnadas en vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en esa fase, siendo ésta, como estableció la autoridad Federal, entendida como aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, o aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo; infracciones que serán analizadas y, de resultar ciertas, dejaría sin efectos todo el procedimiento hasta el momento en que se cometieron para que sean reparadas, lo que evidencia, como se dijo, que no se transgrede ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. Haciéndose así que el acto reclamado, constituye un acto dictado fuera de la contienda, impugnable por medio del juicio de amparo indirecto, en todo caso, hasta que se dicte la última resolución en la fase de ejecución, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, que se insiste, sería aquélla en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, o en su caso, se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento pues por un lado, las consecuencias que produce la infracción reclamada es posible repararla, al no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna y los Tratados Internacionales; y, por otro, el perjuicio que las partes contendientes pudieran resentir en sus derechos son meramente procesales, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del procedimiento, dado que subsanada la transgresión adjetiva de referencia no se daría por terminado, sino que continuaría su curso ante la propia responsable que inició su trámite hasta su legal conclusión. En lo conducente, orienta el criterio que aquí se sostiene, la jurisprudencia 3ª. 43, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En tales condiciones, se considera que el acto que ahora reclama, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ni ser de imposible reparación, por no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos. Por lo anterior, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con los siguientes datos: Novena Época, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo; IX, Enero de 1999, Tesis: XVII.2º.J/11. Página: 648: con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Háganse las anotaciones conducentes en los libros de gobierno respectivos y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Se apoya lo anterior, en la tesis I.16o.A.11 K (10a.), del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2012418, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene por domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su ocurso de cuenta y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona; por así haberlo solicitado. Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que pone a disposición de este juzgado; dígasele que en atención a lo que dispone el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de éstos únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Actuario Judicial y /o Secretario para que firme los oficios correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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