Guadalupe Vargas Domínguez
Expediente 400/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guadalupe Vargas Domínguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 400/2018-II-E, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de cinco de noviembre del año en curso, a la parte quejosa, que dice: "Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 400/2018-II-E, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que recoja tal documento dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificado, a fin de que se le haga entrega del mismo, Notifíquese; hágase personalmente al quejoso. "
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ************* contra actos de Secretario de Educación Pública de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 400/2018-II-E. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que la quejosa reclama la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual le notifica que será separada de sus funciones como docente dentro de la escueta Telesecundaria "Carlos Jonguitud Barrios" ubicada en la comunidad de Palo de Arco en Aquismón, San Luis Potosí, indicándole que tendría que presentarse de manera coercitiva en las oficinas de supervisión de la zona escolar 056 ubicada en Avenida de las Rosas sin número de la colonia 18 de Marzo en esta ciudad. De lo puntualizado, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción segunda del numeral 5 de la ley en cita, se establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, pueda exigirse su cumplimiento. Resulta de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Lo anterior es así, toda vez que la quejosa se duele de la orden dada por la responsable para impedirle ejercer su trabajo como docente dentro de la escueta Telesecundaria "Carlos Jonguitud Barrios" ubicada en la comunidad de Palo de Arco en Aquismón, San Luis Potosí; lo que no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida con el gobernado y aquélla, sino que tal actuar tiene su base en una relación lineal o de coordinación entre la parte trabajadora aquí quejosa y la parte patronal o autoridad a su decir responsable, y al ser esto así, el Supervisor de Telesecundarias de la Zona Escolar 056 perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que de existir algún reclamo derivado de la orden de que se duele la quejosa, deberá hacerlo valer ante las autoridades competentes. Luego, si con motivo de los actos reclamados la quejosa recibió la orden de presentarse en las oficinas de supervisión de la zona escolar 056 ubicada en Avenida de las Rosas sin número de la colonia 18 de Marzo en esta ciudad, en el mismo horario en el que laboraba como docente, deriva de un conflicto de intereses emanado de esa relación de coordinación establecida en el ámbito laboral y no de la actuación unilateral y coercitiva del Ente Público responsable, pues tal disposición la dirigió a la quejosa, no en su calidad de ciudadana, máxime porque como la propia disidente lo refiere, continúa percibiendo su salario como docente; sino como empleado; por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada, sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, Abril de 1996, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a José Luis Hernández Leal y Martín Rivera Camacho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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