Guadalupe Martínez Rendón

Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
184/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Martínez Rendón

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de ********************, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los autos en que se actúa y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno y notificado el cuatro de mayo del mismo año, a la parte quejosa Guadalupe Martínez Rendón, para que señalara ante este Tribunal, persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en el entendido de que aún las de carácter personal se le harán válidamente en los mismos términos, hasta en tanto subsane tal omisión. Notifíquese.

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase recibido el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que al mismo acompaña consistentes en el juicio de amparo 285/2021 de su índice, promovido por Guadalupe Martínez Rendón, contra actos del Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, toda vez que mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, declinándola a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa reclama la orden contenida en el oficio REF. 259103330100/027/2021, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegación de Ciudad Valles del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar trámite a la pensión por viudez solicitada por ...cuyo texto se reproduce a continuación: Por lo tanto, al tener ejecución el acto reclamado en la misma localidad donde ubica su domicilio este Órgano Jurisdiccional, y sobre la cual ejerce jurisdicción, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se acepta la competencia que se plantea en virtud del límite territorial a que se refiere el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE DEMANDA. Por ende, este Juzgado se avoca al conocimiento de la misma. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 184/2021. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTE. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, presentados por Guadalupe Martínez Rendón, contra actos del Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en la que aparece que la quejosa señaló como acto reclamado la orden contenida en el oficio REF. 259103330100/027/2021, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegación de Ciudad Valles del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar trámite a la pensión por viudez solicitada por Guadalupe Martínez Rendón. En la especie, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, fracción I, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los citados numerales la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, puede exigirse su cumplimiento. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 479, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la orden contenida en el oficio REF. 259103330100/027/2021, emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegación de Ciudad Valles del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dar trámite a la pensión por viudez solicitada por Guadalupe Martínez Rendón. De lo anterior, se advierte que el acto de que se duele la impetrante no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y las autoridades que señala como responsables, si no que se trata de actos entre particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo, pues tales actos se efectuaron en un plano de coordinación. Ello, porque la posición de la parte quejosa frente a esa institución no es la de un gobernado, dado que la actuación de ésta no se encuentra revestida de imperio, porque el acto impugnado - oficio REF. 259103330100/027/2021 - carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Lo anterior, dado que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante los Tribunales Federales en Materia Laboral, por lo que si el citado artículo le da el carácter de particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que puede ser demandado como tal ante la autoridad de trabajo, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que podrían ser demandados ante otra instancia. De ahí que los actos que reclama la promovente, no constituyen actos de autoridad para efecto del juicio de amparo, por lo que es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1, último párrafo, en correlación con el numeral 5, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio de garantías procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre en la especie, dado que como se precisó, el oficio expedido por el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegación de Ciudad Valles del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue realizado en su carácter de ente público. Tampoco es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." dado que de las manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. CONSULTA ELECTRÓNICA. Como lo solicita, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo que nos ocupa, al usuario "oscar1364", ello de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En consecuencia, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para lo cual instrúyase al analista jurídico de la adscripción. En la inteligencia que su representada se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. AUTORIZADOS. En otro contexto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa a Oscar Adrián Cruz Lárraga y Luis Lorenzo Gerardo González Cisneros, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Hiram Amisaddai Briones y Daniel Esparza Ramírez, el primero de los nombras toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado, y el segundo de los nombrados por así solicitarlo. NOTIFICACIÓN. La parte quejosa Guadalupe Martínez Rendón, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el situado en Cerro Marahuaca, número 213, Lomas 4A Sección, C.P. 78216, en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2o, envíese atento exhorto electrónico a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente proveído a la citada parte quejosa en el domicilio señalado en el párrafo que antecede. Asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la autoridad exhortada que se otorga plenitud de jurisdicción para realizar actuaciones y apercibimientos con el fin de lograr la diligencia encomendada, incluso de ser necesario y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, podría habilitar horas y días inhábiles para tal fin. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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