Guadalupe Téllez Sánchez

Expediente 1590/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1590/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Téllez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 16-21), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las constancias consistentes en original del expediente *****(un tomo), tomando en consideración que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite original y dos copias de la demanda promovida por****, oficio ****por el cual rinde informe justificado el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y original del expediente **** (un tomo). Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1590/2019-IX. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por****, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistentes en: "ACTO RECLAMADO.- La sentencia INTERLOCUTORIA DE FECHA 2 de OCTUBRE DEL 2019, dictada en el EXPEDIENTE NUMERO **** relativo al INCIDENTE DE CANCELACION DEL EMBARGO inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio en el estado, con fecha 24 de septiembre del 2014, registro ****, respecto del inmueble sobre el inmueble ubicado en el **** de esta ciudad interpuesto por el hoy quejoso, la cual me fue notificada legalmente con fecha 16 de OCTUBRE del año 2019". Ahora bien, dado que este operador jurídico tiene a la vista los autos del juicio de origen, procede a relacionar una breve reseña de los antecedentes de la resolución reclamada:****1.****Que ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio ejecutivo mercantil **** promovido por ****en contra de ****.****2. Seguido el juicio, con fecha doce de febrero de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a ****y ****"(.) PRIMERO.- Ha procedido la vía EJECUTIVA MERCANTIL que para substanciar el procedimiento ejerció el Licenciado ****, en contra de ****; en donde el acto acreditó los elementos constitutivos de la acción, en tanto que los demandados no acreditaron sus excepciones; en consecuencia,......... SEGUNDO.- Se condena a **** Y, ****, al pago de la cantidad de $450,000.00(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOSOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, a razón de la suma total de los pagarés base de la acción............ TERCERO.- Se condena a la parte demandada, al pago de intereses moratorios a razón de 03% tres por cierto mensual; debiéndose cuantificar según las bases establecidas en el considerando IV cuarto de la presente resolución; los que se podrán reclamar a partir del día siguiente a que el demandado incurrió en mora, es decir, a partir del 16 dieciséis de marzo de 2014 dos mil catorce; hasta el pago total del adeudo; así también, al pago de las costas del juicio; este último concepto que será cuantificado en ejecución de sentencia y en vía incidental CUARTO.- Una vez que esta resolución sea ejecutable, se concede al demandado el termino de CINCO DIAS, para que realice pago de las prestaciones reclamadas, apercibiéndole que de no hacerlo, se procederá al remate de los bienes embargados y con su producto se pagará al acreedor hasta donde baste a cubrir la condena impuesta.". Luego, se tramitó vía incidente de cancelación de embargo, planteado por la parte demandada, aquí quejosa y con fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió lo siguiente****PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el INCIDENTE DE CANCELACIÓN DE EMBARGO, promovido por ****, por su propio derecho, en contra de LEONARDO MORALES CHAVEZ, sin que pueda emitirse una resolución que resuelva el fondo de la cuestión planteada, virtud de la falta de legitimación activa de ****.". La resolución anterior, constituye el acto reclamado. DESECHAMIENTO En consecuencia, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este operador jurídico advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el párrafo segundo de la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar que el contenido del ordinal 113 de la ley en la materia, es del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir, que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y del escrito de cumplimiento de la prevención, ya que los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo. 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando no se reclama la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate. Ciertamente, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ésta se encuentra sujeta a la tramitación y firmeza del mandato de escrituración y/o de entrega de los bienes. En efecto, tal circunstancia es toral y definitoria para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en virtud de que, por tratarse de la ejecución de sentencia o actos dictados después de concluido el juicio, debe tratarse de la última resolución, en la que se pueden reclamar las violaciones de ese procedimiento y, es precisamente ahí donde, en su caso, podrían impugnase las violaciones cometidas en ese procedimiento. Lo anterior se basa en que, al tratarse de la ejecución de una sentencia para las partes, el presupuesto o condición de la última resolución se hace necesario a fin de evitar indebidamente el retardo o la obstrucción de la ejecución de la sentencia que, para las partes ya impera; en tanto que, por otro lado, no se hace nugatorio o imposible el cuestionamiento de irregularidades de los actos de ese procedimiento al permitirse el reclamo de ellos, precisamente en la impugnación constitucional de la última resolución. De ese modo, salvo excepción legal para los terceros extraños, los actos de imposible reparación y otros expresamente previstos, son susceptibles de impugnación, hasta el momento en que se actualice la última resolución, lo que permite armonizar el fin de la ejecución de la sentencia los derechos fundamentales, de las partes en el remate. Y, en el caso, la resolución reclamada, se trata de una determinación intermedia dictada dentro del procedimiento de remate, empero, no se trata de una resolución autónoma que afecte derechos sustantivos a la aquí quejosa, es decir, que conlleve una afectación de imposible reparación en su perjuicio. Lo anterior, dado que como se puede advertir de la misma, se trata de una determinación en la que no se resuelve el fondo de la cuestión planteada -cancelación de embargo del inmueble objeto de la litis-, virtud de la falta de legitimación activa de la parte demandada en el juicio de origen ****, aquí quejosa, dado que como se advierte de dicha resolución, en el certificado de libertad o gravamen, el inmueble objeto de embargo, se encuentra actualmente a nombre de ****, quien adquirió por compraventa el **** esto, en fecha posterior al supracitado embargo del inmueble, ello, con todo y gravámenes que pesaban sobre el mismo. Visto de otra manera, la resolución reclamada, no es la que de manera firme y expresa establece el mandato de escrituración y/o la entrega del bien. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de remate es, por connotación legal: La resolución que en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o, La entrega de los bienes rematados. Pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. Por consiguiente, en el presente caso, se considera que, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que es evidente y está acreditado que el acto reclamado no constituye la firmeza del mandato de escrituración y/o entrega del bien rematado; y por ende, no debe admitirse el amparo contra este tipo de actos, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencial 1a./J.13/2016 (10ª.) visible en la página 1066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, abril de 2016, décimo época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En las relatadas condiciones al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR****. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este juzgado, y como autorizados para tales efectos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a****las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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