Guadalupe Pérez Vázquez

Expediente 1158/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1158/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Pérez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 121-A-1P01/2017, mediante la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Bartolomé Pérez Vázquez, por el ilícito de despojo y, II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero prescindiendo de estudiar la legalidad del título de propiedad que ostentó el quejoso al formular su querella, así como de decir que es un asunto civil y analice si la ocupación que realizó el inculpado con independencia que se ostentó como dueño, ocupó el inmueble sin consentimiento de quien se encontraba en posesión de manera legítima, estudiando el cuerpo del injusto de despojo, así como la probable responsabilidad del inculpado. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable respecto de los medios de prueba; debiendo citar los preceptos legales aplicables al caso, indicando en concreto qué valor probatorio confiere a los medios de convicción; una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda". Se precisa que por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 444 a 446), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de uno de marzo de este año (foja 497), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca 121-A-1P01/2017, mediante la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Bartolomé Pérez Vázquez, por el delito de despojo. Asimismo, emitió una nueva resolución en donde prescindió de analizar la legalidad del título de propiedad presentado por el quejoso, pues consideró que eso es propio de una acción civil y no de una penal, siendo innecesario decidir sobre su legitimidad para determinar si se encuentra o no comprobado el delito de despojo. En esa medida, una vez que estudió el cuerpo del delito de despojo, resolvió dictar auto de formal prisión en contra del tercero interesado Bartolomé Pérez Vázquez, como probable responsable de la comisión del delito de despojo, previsto por el artículo 305, fracción I y sancionado por el mismo, en su penúltimo párrafo, del Código Penal del Estado de Chiapas. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción, resolvió dictar auto de formal prisión en contra del tercero interesado Bartolomé Pérez Vázquez, como probable responsable de la comisión del delito de despojo, es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido, amén que la responsable se le dejó plenitud de jurisdicción para que, una vez subsanadas las violaciones formales, resolviera sobre la acreditación o no, del cuerpo del delito de despojo; de ahí que se determine que no sobrepasó los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 76/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 605, registro electrónico 2008030, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 121-A-1P01/2017, mediante la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Bartolomé Pérez Vázquez, por el ilícito de despojo y, II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero prescindiendo de estudiar la legalidad del título de propiedad que ostentó el quejoso al formular su querella, así como de decir que es un asunto civil y analice si la ocupación que realizó el inculpado con independencia que se ostentó como dueño, ocupó el inmueble sin consentimiento de quien se encontraba en posesión de manera legítima, estudiando el cuerpo del injusto de despojo, así como la probable responsabilidad del inculpado. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable respecto de los medios de prueba; debiendo citar los preceptos legales aplicables al caso, indicando en concreto qué valor probatorio confiere a los medios de convicción; una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda". Se precisa que por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 444 a 446), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de uno de marzo de este año (foja 497),

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 121-A-1P01/2017, mediante la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Bartolomé Pérez Vázquez, por el ilícito de despojo y, II. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero prescindiendo de estudiar la legalidad del título de propiedad que ostentó el quejoso al formular su querella, así como de decir que es un asunto civil y analice si la ocupación que realizó el inculpado con independencia que se ostentó como dueño, ocupó el inmueble sin consentimiento de quien se encontraba en posesión de manera legítima, estudiando el cuerpo del injusto de despojo, así como la probable responsabilidad del inculpado. Sin que la concesión del amparo sea precisamente para revocar el auto materia de apelación, ya ello dependerá de la justipreciación que haga la sala responsable respecto de los medios de prueba; debiendo citar los preceptos legales aplicables al caso, indicando en concreto qué valor probatorio confiere a los medios de convicción; una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda". Se precisa que por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 444 a 446), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de uno de marzo de este año (foja 497),

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