Guadalupe Suárez Denis

Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
11/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Suárez Denis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Guadalupe Suárez Denis; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, la copia certificada de la carpeta de ejecución 015/2019, que anexó como apoyo a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA 2 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 11/2021-2, promovido por Guadalupe Suárez Denis. A continuación, la secretaria certifica: que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente de su notificación, manifestara si quería ampliar su demanda respecto del Director General del Sistema Penitenciario Estatal, con sede en esta ciudad, autoridad que ordenó la ejecución del acto reclamado, apercibido que de no realizar manifestación alguna, se continuaría el trámite del presente juicio en los términos planteados originalmente. Asimismo, que el referido acuerdo fue notificado a la parte quejosa el seis de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional; por lo que el plazo para que presentara su ampliación transcurrió del ocho al veintiocho de abril del presente año, sin que la haya realizado alguna manifestación. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: se hace efectivo el apercibiemiento precitado, por lo que el presente asunto se resuelve conforme a lo planteado en su libelo de amparo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la copia digitalizada del oficio DGSPE/USCP/1072/2020 de diez de diciembre de dos mil veinte, firmado por el Director General del Sistema Penitenciario Estatal, presentada por el Director del Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Tabasco. Asimismo, se da cuenta con la copia certificada de de la carpeta de ejecución 015/2019, remitida por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco; que obran por cuerda separada en un tomo. También, se da cuenta con la copia simple del oficio DGSPE/USCP/1039/2020, de diez de diciembre de dos mil veinte, firmado por el Director General del Sistema Penitenciario Estatal, y con la copia simple el oficio 30113, de once de diciembre de dos mil veinte, firmado por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, relativo al traslado de la parte quejosa; que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Regional de Cunduacán, Tabasco. Y, se da cuenta con las constancias remitidas por el Jefe de la Unidad de la Policía Procesal Región número Dos de Cunduacán, consistentes en: 1.- Copia simple del oficio 2293 del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Juez de Control de la Región 02 con sede en Cunduacán. 2.- Copia simple del oficio 2086 del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Juez de Control de la Región 02 con sede en Cunduacán. 3.- Copia simple del oficio 2457/2018-II del uno de octubre de dos mil dieciocho, signado por la Jueza de Control de la Región 02 con sede en Cunduacán. 4.- Copia simple oficio 383 del veinticinco de junio del dos mil dieciocho, signado por el Juez de Control de la Región 02 con sede en Cunduacán. 5.- Copia simple del oficio 1128/2018-I del veinticinco de junio del dos mil dieciocho, signado por el Juez de Control de la Región 02 con sede en Cunduacán. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 11/2021-2, promovido por Guadalupe Suárez Denis, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el doce de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Guadalupe Suárez Denis solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad es que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señalada como ordenadoras reclamo LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO donde me encontraba compurgando pena y trasladado al CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE HUIMANGUILLO TABASCO EN FECHA, 11 DE DICIEMBRE donde ilegalmente me encuentro". (sic) A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS.- EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN TABASCO, (.) Y EL JUEZ DE EJECUCIONES Y SANCIONES PENALES (.). EJECUTORA: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CUNDUACAN TABASCO (.), EL JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA PROCESAL EN CUNDUACAN TABASCO (.), Y EL COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL CON SEDE EN EL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE CUNDUACÁN, TABASCO (.) Y EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO (.)." (sic) SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 11/2021-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del Director General del Sistema Penitenciario Estatal, con sede en esta ciudad, autoridad que ordenó el traslado; sin que lo hiciera. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución administrativa con número de oficio DGSPE/DG/975/2020, de diez de diciembre de dos mil veinte, signada por el Director General del Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, mediante la cual se ordena el traslado de Guadalupe Suárez Denis del Centro de Reinserción Social del Municipio de Cunduacán, Tabasco -donde compurgaba su pena-, al Centro de Reinserción Social del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; así como, su calificación de legal por parte de la autoridad jurisdiccional Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Directora de Seguridad Pública Municipal, y Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia, ambas autoridades de Cunduacán, Tabasco, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO respecto el acto que se les atribuye a las autoridades precisadas en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, las otras señaladas como autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y Director del Centro Penitenciario Regional de Cunduacán, Tabasco, al rendir informe justificado, reconocieron como cierto el acto reclamado, lo cual se corrobora de los documentos que anexaron y se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidores públicos en ejercicio de las facultades que legalmente les competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Asimismo, debe tenerse por cierto el acto reclamado respecto del Jefe de la Unidad de la Policía Procesal Región número Dos de Cunduacán, Tabasco, pues aunque negó el acto reclamado, lo cierto es que del propio documento y anexos se advierte la existencia de la solicitud de traslado del aquí quejoso. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". Por lo que, el acto reclamado es cierto respecto a las citadas autoridades. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese tenor, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió agotar la vía ordinaria previamente a la vía constitucional e interponer el juicio de contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para corroborar lo anterior es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]" El numeral transcrito establece como uno de los principios del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en que, al tratarse el juicio constitucional de un medio extraordinario de defensa, resulta necesario que previo a su interposición deba agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario resultaría improcedente. La improcedencia del juicio de amparo por no agotar el principio de definitividad, en la hipótesis en estudio, precisa de la actualización de varios elementos, a saber: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que tal suspensión se prevea con los mismos alcances que los determinados en la Ley de Amparo y que no se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio fue sintetizado en las jurisprudencias cuyos rubros son "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/99, de la que derivó la tesis 2a. LVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, de julio de 2000, página 156, de epígrafe: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO", determinó que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición en los casos siguientes: 1. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: a. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. c. Actos respecto de los cuales la ley que los rige exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. d. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. 2. Por disposición de la Ley de Amparo. a. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima inconstitucional. b. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c. Actos o resoluciones respecto de las cuales la ley que las rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. 3. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. b. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Al respecto, en tratándose de una orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXI/2021 resolvió lo siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." De la anterior tesis se desprende que, al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial previa se debe agotar el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional porque el artículo 52 del referido ordenamiento establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización previa, cuando se trate de: Delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; Riesgo objetivo para la integridad y salud de la persona privada de su libertad; y Cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Lo anterior, siempre que dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, para que esta a su vez, en un plazo de cuarenta y ocho horas resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, si el Juez de Control o Ejecución, según sea el caso, califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esta determinación procede el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley citada; sin embargo, de no resolver en el referido plazo, esto es, en caso de que exista omisión de resolver dentro del plazo, el agraviado podrá intentar la controversia judicial a que se refieren los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124 de la misma ley, a fin de que la autoridad jurisdiccional resuelva sobre su legalidad y verifique que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el cetro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Y, de esa forma la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa porque dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución de la orden de traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también abandonó los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), por derivarse de un criterio adoptado antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación. Ahora bien, en el presente asunto el acto reclamado es la resolución administrativa con número de oficio DGSPE/DG/975/2020, de diez de diciembre de dos mil veinte, signada por el Director General del Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, mediante la cual se ordena el traslado de Guadalupe Suárez Denis del Centro de Reinserción Social del Municipio de Cunduacán, Tabasco -donde compurgaba su pena-, al Centro de Reinserción Social del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; así como, su calificación de legal por parte de la autoridad jurisdiccional Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco. Al respecto, de la resolución administrativa con número de oficio DGSPE/DG/975/2020, el diez de diciembre de dos mil veinte, el Director General del Sistema Penitenciario Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, ordenó el traslado de Guadalupe Suárez Denis -de entre otros reos-, del Centro de Reinserción Social del Municipio de Cunduacán, Tabasco, al diverso Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Tabasco, dado que por sus características requerían medidas especiales de seguridad, que en el reducido espacio en el que están recluidos representaba un riesgo objetivo para su integridad y salud y por consiguiente, un riesgo en la seguridad y gobernabilidad del propio Centro y de la población penitenciaria. Lo anterior se le notificó a la autoridad Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco para que calificara la legalidad del referido traslado; mismo que se realizó en términos de las fracciones I y III del artículo 52 que establecen que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización previa de la autoridad jurisdiccional cuando se trate de medidas especiales de seguridad y se ponga en riesgo la gobernabilidad del Centro. Luego, mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, calificó de legal la determinación administrativa de traslado respecto a Guadalupe Suárez Denis -aquí parte quejosa-. En ese orden de ideas, si la parte quejosa quería impugnar la orden de traslado determinada en la resolución administrativa con número de oficio DGSPE/DG/975/2020, o bien, su calificación, entonces, podía presentar el medio de impugnación previsto en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" Y, en ese sentido, antes de comparecer al presente juicio de amparo la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de apelación, para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Por lo anterior, el acto reclamado no es susceptible de controvertirse a través del juicio de amparo y, por tanto, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia ley, se debe sobreseer en este juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables ejecutoras, por no haber sido combatido por vicios propios sino en vía de consecuencia. Es aplicable a la anterior consideración la Tesis Aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, Séptima época, del Volumen 163-168, primera parte, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Suárez Denis, en contra del acto reclamado a las autoridades Directora de Seguridad Pública Municipal, Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia, Jefe de la Unidad de la Policía Procesal Región número Dos, todas autoridades de Cunduacán, Tabasco, Director del Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y el Director del Centro Penitenciario Regional de Cunduacán, Tabasco, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 2 Villahermosa, Tabasco, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en relación al Director General del Sistema Penitenciario Estatal, con sede en esta ciudad, transcurre del ocho al veintiocho de abril de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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