Guadalupe Rivera Hernández

Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
365/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Rivera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Guadalupe Rivera Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento consistente en el escrito de treinta de junio de dos mil veintiuno con sello de recibido exhibido por la parte quejosa, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En ese orden, se le hace saber al promovente que deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o las personas autorizadas para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirá dicha copia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el cual fue reformado mediante el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dieciocho del presente mes y año, el horario presencial de este juzgado es de ocho horas con treinta minutos a quince horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 365/2022-8, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., por estimarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el dieciocho del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ( "La PARALIZACIÓN TOTAL de la Autoridad Responsable, en abrir el período de alegatos, notificarme el mismo y continuar con el procedimiento laboral del expediente 683/2017 y desde luego la inobservancia, desobediencia y violación a los artículos 14, 16 y 17 párrafo segundo de nuestra carta Magna, así como el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y los preceptos legales 685, 884 fracción IV y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en relación con la inobservancia repetitiva y constante a lo largo de todo el proceso laboral del que emanan los agravios hechos valer en el presente de amparo, respecto de lo dispuesto por los artículos 685, 838, 739 hasta el 752 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; específicamente en relación a la falta de cumplimiento de los principios procesales, doctrinales, legales, constitucionales y LA VIOLACIÓN DE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, violentado con su paralización total de la obstrucción de mi derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, a lo que se refiere a que (sic)., además hago ver a usted C. Juez que ya ha transcurrido EN EXCESO." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 365/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: La omisión de acordar el escrito de quince de septiembre de dos mil veintiuno, donde solicita abrir el período de alegatos y continuar con el procedimiento laboral del expediente 683/2017. La notificación del acuerdo que recaiga. TERCERO. INEXISTENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, MARCADO CON EL INCISO B), CONSISTENTE EN LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL ACUERDO QUE RECAIGA. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal en cuestión, toda vez que el mismo se trata de una omisión, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar algún acuerdo a las partes por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2018110, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, con registro digital 206346, del tenor: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante a ese acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Coordinador de Actuarios adscrito a la responsable, negaron la existencia del acto reclamado, no obstante, enseguida realizaron manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tiene como cierto el acto que se reclama a las referidas autoridades responsables, pues así se advierte de sus respectivos informes justificados; y al constituirse éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A). Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de quince de septiembre de dos mil veintiuno, donde solicita abrir el período de alegatos y continuar con el procedimiento laboral del expediente 683/2017; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En el efecto, el artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado de manera conjunta, se advierte de la relativa a la copia certificada del acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 683/2017, en lo que interesa, dijo: "2.- En relación al escrito marcado con el inciso b) mediante el cual se tiene a la C. **********, en su carácter de actora en el presente juicio, solicitando a esta Autoridad se le conceda término para formular sus respectivos alegatos, dígasele a la citada promovente que no es posible acordar favorablemente su solicitud, ya que si bien es cierto, se han desahogado todas las pruebas en el presente sumario, también lo es que no obra escrito o promoción alguna mediante el cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, haya dado cumplimiento al informe requerido por esta Autoridad, por lo que en este acto y con fundamento en el numeral 803 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria vigente al presente procedimiento, se ORDENA GIRAR OFICIO DE ESTILO CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, para que en un TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES que correrán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, INFORME en relación a los incisos A), B), C) contenidas en el escrito de demanda, apercibiendo al OSFE que en caso de no informar lo solicitado dentro del término concedido, se le impondrá la medida de apremio decretada en el numeral 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Tabasco". Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el quince de marzo de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta de la autoridad responsable, pues no había acordado el escrito de quince de septiembre de dos mil veintiuno, donde solicita abrir el período de alegatos y continuar con el procedimiento laboral del expediente 683/2017; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado, y donde se advierte que acordó el escrito de mérito en el sentido de que no era favorable su petición de abrir el período de alegatos, pues aún quedaban pruebas pendientes por desahogar, asimismo, ordenó girar oficio de estilo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento a lo requerido por esa autoridad, lo que hace evidente que el Tribunal continua con el procedimiento laboral del expediente 683/2017. Por tanto, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable; en el que manifiesta que se adhiere al informe justificado rendido por su superior jerárquico, y en virtud de lo acordado en auto de doce de abril del año actual, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad adhiriéndose al informe con justificación rendido por su superior, en tal razón, con el contenido, dése vista a las partes para su conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 683/2017 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintitrés de marzo del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente laboral 683/2017 e informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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