Guadalupe Soriano Villalobos

Expediente 63/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
63/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe Soriano Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Jaimes Salazar, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las documentales que refiere, previa razón de recibido que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  3. Principal

    SÍNTESIS: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 63/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Guadalupe Soriano Villalobos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Secretario de Educación. 2. Subsecretario de Administración y Finanzas. 3. Jefe del Departamento de Pagos y Distribución de Nominas. 4. Director General de Administración de Personal. 5. Delegado Regional de Servicios Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez. Todos de la Secretaría de Educación Guerrero, las primeras tres con sede en la Ciudad de Chilpancingo y las restantes en esta municipalidad. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo la violación a mi derecho humano al salario que se traduce en la negativa de las autoridades responsables para incluirme en la nómina del personal y darme de alta como trabajadora de la Secretaría de Educación y la negativa a pagar mi salario como Asistente de Servicios en el Plantel en mi calidad de servidora de la Secretaría de Educación Guerrero". SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno de registro con el número 63/2016 y se previno a la peticionaria de amparo a fin de que aclarara su demanda en relación con el acto reclamado; en cumplimiento a la prevención formulada en escrito prestado el nueve de febrero siguiente la desahogó en los siguientes términos: "l.-. La omisión de las autoridades responsables para dar respuesta a la petición que se le formuló para que me incluya la nómina de personal, darme de alta como trabajadora de la Secretaria de Educación y la de pagarme mi salario como Asistente de Servicios de Plantel. Esta petición se encuentra contenida en el oficio con folio número 13960, de fecha 22 de febrero de 2013, suscrito por el Director General de Administración de Personal de la Secretaria de Educación Guerrero, documento que se acompañó con el escrito de demanda, que fue presentado ante la propia Dirección General de Administración de la mencionada Secretaría de Educación Guerrero y en el cual consta el sello con acuse de recibido. Este documento formalmente constituye la solicitud para que se me incluya en la nómina de personal, se me dé de alta como trabajadora y se haga el pago de mi salario, mismo que no ha sido respondido por las responsables. II.- Consecuentemente, reclamo la omisión de las autoridades responsables para incluirme en la nómina de personal, darme de alta como trabajadora de la Secretaría de Educación y la de pagarme mi salario como Asistente de Servicios de Plantel, en mi calidad de servidora de la Secretaria de Educación Guerrero". TERCERO. En acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por desahoga la prevención formulada el veintisiete de enero pasado y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le corresponde; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CUARTO. Por auto de veinte de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables denominadas como Coordinación General de Administración y Finanzas, así como Jefe del Departamento de Pagos y Distribución de Nóminas, ambos de la Secretaría de Educación Guerrero y se suspendió toda comunicación con las mismas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman actos emitidos por autoridades administrativas con residencia en el lugar en que este juzgado de Distrito tiene jurisdicción, que podrían tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Una vez analizada de manera integral el escrito de demanda, así como el de su aclaración; con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama la abstención en que han incurrido las responsables de realizar el pago de su salario como Asistente de Servicios de Plantel en calidad de Servidora de la Secretaría de Educación Guerrero, así como de realizar los trámites respectivos a fin de incluirla en la nómina de personal y darla de alta como trabajadora. Sin que obste que la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición formulada para que se le incluyera en la nómina, se le diera de alta como trabajadora y se le pagara su salario, la cual indica que se encuentra inmersa en el nombramiento signado por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, de veintidós de abril de dos mil trece; empero, del contenido de dicha documental exhibida por la peticionaria de amparo, se desprende que se trata de un requerimiento que le formuló dicho Director como una obligación inherente a su nombramiento de interina ilimitada, como ASISTENTE DE SERVICIOS EN PLANTEL, pues al efectos le solicitó "dar aviso de presentación por escrito avalado por la autoridad educativa, en un lapso no mayor de tres días hábiles, a fin de que la Delegación arriba señalada, tramite su pago y alta correspondiente, de no hacerlo causará baja por insubsistencia de nombramiento". TERCERO. El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, en representación del Secretario, del Subsecretario de Administración y Finanzas y del Director General de Administración de Personal de dicha dependencia, con sede en Chilpancingo Guerrero al rendir su informe con justificación, negaron los actos que se les atribuye. Manifestación que se acepta en sus términos dado que una diversa autoridad aceptó su existencia, lo cual se precisará en líneas posteriores. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Por su parte, el Delegado de los Servicios Educativos de la Secretaría de Educación en la Región Acapulco-Coyuca, en esta ciudad al rendir sus informes con justificación aceptó los actos reclamados (que fueron precisados en el considerando segundo), lo que constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." A fin de demostrar lo anterior recordemos que la quejosa reclama la abstención de realizar el pago de su salario como Asistente de Servicios de Plantel en calidad de Servidora de la Secretaría de Educación Guerrero, así como de llevar a cabo los trámites respectivos a fin de incluirla en la nómina de personal y darla de alta como trabajadora. Ahora bien, tomando en consideración que de lo expuesto por la citada responsable, así como de lo narrado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado se obtiene que la peticionaria de amparo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se ha desempeñado como interina ilimitada como asistente de Servicio de Plantel en la Escuela Primaria Niños Héroes, correspondiente a la Zona Escolar número 57, Sector número 06 en Acapulco, Guerrero, cuyo nombramiento le fue expedido el veintidós de febrero de dos mil trece; esto último, equivale a una confesión expresa en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable existe una relación laboral; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no bastaba que la parte quejosa la señalara como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que éstos se han dado entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que sólo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. De ahí que, si en el caso a estudio -como se adelantó- la quejosa, quien se ostenta como asistente de servicios en plantel de la Secretaría de Educación Guerrero, reclama la abstención en que han incurrido dicha dependencia de gobierno de realizar el pago de su salario, así como de realizar los trámites respectivos a fin de incluirla en la nómina de personal y darla de alta como trabajadora, como consecuencia de los derechos derivados del nombramiento otorgado con el carácter de interina ilimitada en ese puesto; se obtiene que se trata de una relación laboral Estado-empleado, similar a la de un patrón, cuyas controversias derivadas de esa relación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Resulta aplicable por analogía las Tesis 2a.CII/99 y 2a.II/97, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 226 y 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos X y V, Agosto 1999 y Febrero de 1997, Materias Laboral, de rubros y texto siguiente: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN CONOCER DE LAS DEMANDAS FORMULADAS POR TRABAJADORES INCORPORADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ESTATAL EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD. Toca al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán conocer de la demanda sobre prestaciones derivadas de la relación laboral entablada por un trabajador de la Secretaría de Educación del Estado, que con anterioridad pertenecía a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal, ya que de conformidad con el artículo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en ese tribunal recae la competencia para conocer de los conflictos individuales suscitados entre las dependencias estatales y sus trabajadores, en razón de que al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio correspondiente el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, la secretaría estatal adquirió el carácter de patrón sustituto de los trabajadores que laboraban en los planteles escolares federales que fueron incorporados al sistema educativo estatal, subrogándose en las obligaciones laborales que tenía la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal con esos empleados. "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada secretaría del Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 123, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las dependencias estatales; además, dicha secretaría ejerce función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos respectivamente, sin que la circunstancia de que pueda figurar como codemandado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haga surtir la competencia de un tribunal de la Federación para conocer del juicio, porque dicho sindicato funge, por reconocimiento del Gobierno Estatal, como titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base incorporados al sistema educativo que, como se dijo, son de índole local y no federal". Por tanto, cualquier decisión que adopte la dependencia del Estado como empleador en relación con la quejosa respecto a sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente; consecuentemente el juicio de amparo es improcedente al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 509 aparece publicada en la página 335, del Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Materia Común, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 63/2016. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cinco de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, signado por José Jaimes Salazar, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele por desahogado el requerimiento que se le formuló en proveído de catorce de julio actual, y al efecto manifiesta que la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como Jefe del Departamento de Pagos y Distribución de Nóminas de la Secretaría de Educación Guerrero, es la de Jefe del Departamento de Nómina y Distribución de Cheques de la citada Secretaría; y por lo que respecta a la autoridad señalada como Coordinación General de Administración y Finanzas, ésta si existe, según aduce así lo estipula el reglamento interior de dicha Secretaría. Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud de que de acuerdo al citado Reglamento, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 104 Alcance I, el Martes 28 de Diciembre de 2010, éstas no se encuentran contempladas, según se advierte del capítulo II de la Competencia y Organización de la Secretaría de Educación Guerrero, en su artículo Sexto el cual dispone: "Artículo 6º. Para el estudio, programación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con las unidades administrativas siguientes: A. Secretaría de Educación Guerrero: I. Unidad de Asuntos Jurídicos; II. Contraloría Interna; III. Unidad de Publicaciones y Difusión Educativa; y IV. Dirección General de Servicios Regionales. B. Subsecretaría de Planeación Educativa: I. Dirección General de Planeación y Evaluación: a) Dirección de Planeación y Programación; y b) Dirección de Evaluación. II. Dirección General de Control Escolar y Fomento Educativo: a) Dirección de Control Escolar; y b) Dirección de Fomento Educativo. III. Dirección General de Investigación Educativa. C. Subsecretaría de Educación Básica: I. Dirección General de Educación Inicial y Preescolar; II. Dirección General de Educación Primaria; III. Dirección de Educación Indígena; IV. Dirección General de Educación Secundaria; V. Dirección de Educación Especial; VI. Dirección de Educación Física; VII. Dirección General de Desarrollo Educativo; y VIII. Dirección de Carrera Magisterial. D. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior: I. Dirección General de Operación de Servicios de Educación Media Superior y Superior; y II. Dirección General de Vinculación Interinstitucional. E. Subsecretaría de Administración y Finanzas: I. Unidad de Organización, Innovación y Calidad; II. Dirección General de Administración de Personal; III. Dirección de Registro y Control de Plazas; IV. Dirección General de Recursos Financieros; V. Dirección de Recursos Materiales; VI. Dirección de Tecnologías de la Información. F. Órganos Administrativos Desconcentrados: I. Delegaciones Regionales de Servicios Educativos; y II. Dirección de Bibliotecas Públicas del Estado." En consecuencia, téngase por inexistentes a las autoridades responsables denominadas como Coordinación General de Administración y Finanzas y Jefe del Departamento de Pagos y Distribución de Nóminas, ambos de la Secretaría de Educación Guerrero, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Sin que obste a lo anterior, que para tratar de acreditar su dicho anexó a su ocurso de cuenta diversas documentales, dado que éstas corresponden a fechas anteriores a la que fue publicado el reglamento interior vigente de dicha Secretaría. Notifíquese.

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