Guadalupe Sandoval Sánchez

Expediente 483/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
483/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Sandoval Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero; uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Sandoval Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 483/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se advierte lo siguiente: a).- La parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional con el carácter de parte demandada en el juicio especial hipotecario 44-2/99; lo que se corrobora con lo resuelto en el diverso juicio de amparo 719/2013, (lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo); promovido por la propia Guadalupe Sandoval Sánchez, por su propio derecho y en representación de María del Carmen Quezada Sandoval, en contra del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, y de otras autoridades, de las que reclamó la falta de emplazamiento a juicio hipotecario número 44-2/99, promovido en su contra, y que en sentencia autorizada el veintidós de noviembre de dos mil trece se sobreseyó conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la Ley de Amparo, porque: "En ese orden de ideas, resulta inconcuso que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que no tenía conocimiento del juicio natural porque no fue emplazada, y por ende oída y vencida en él, la mamá de la quejosa quien es parte demandada, esto es, Guadalupe Sondoval Sánchez, tuvo conocimiento de la litis de origen desde un inicio (nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuando se le emplazó, lo que corroboró el veintidós de marzo de esa anualidad, al momento de contestar la demanda que dio origen al juicio hipotecario instaurada en su contra); tan es así que incluso interpuso recurso de apelación contra el auto de radicación del juicio de origen de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve y celebró convenio de transacción con la parte actora aquí tercero interesado Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, el cual ratificaron ante la presencia judicial el ocho de noviembre de esa anualidad, solicitando ambas partes que dicho convenio se elevara a la categoría de sentencia definitiva y cosa juzgada; lo cual el juez responsable acordó favorable el diez de noviembre siguiente de ese año." b).- Que en dicho expediente ya se dictó sentencia definitiva, lo que se obtiene además de lo anterior, de la impresión que allegó relativa al auto de diez de mayo pasado, en la que se resolvió la planilla de liquidación promovida por la parte ejecutante. c).- Que por auto de ocho de enero del año en curso, el juez de la causa se tuvo a los apoderados legales de Banco del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, exhibiendo el instrumento notarial en que se protocolizó la cesión onerosa que efectuó a su favor la parte actora Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero BANAMEX, del crédito y derechos derivados del juicio hipotecario número 44-2/99, lo que ordenó notificar en forma personal a la parte demandada. d).- Que por auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho tuvo al apoderado legal de Banco del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, realizando manifestaciones de ejecución de convenio, por lo que mediante notificación personal se les requirió a los demandados, entre ellos a Guadalupe Sandoval Sánchez, para que dentro del término de cinco días acreditaran el cumplimiento voluntario del convenio judicial aprobado mediante diligencia de ocho de noviembre de dos mil novecientos noventa y nueve (sic). e).- Que contra la notificación personal efectuada a dicha demandada -aquí promovente del amparo-, de los aludidos autos de ocho de enero y nueve de febrero de dos mil dieciocho, Guadalupe Sandoval Sánchez interpuso incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue desechado por auto de diez de mayo pasado al estimarse notoriamente improcedente porque las diligencias objetadas se realizaron en el domicilio que señaló en la cláusula vigésima tercera del citado convenio; determinación que constituye el acto reclamado. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se establece lo siguiente: El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Cobra aplicación la jurisprudencia número I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el libro 29, abril de dos mil dieciséis. Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación. Su texto es el siguiente: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este punto, es importante resaltar que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, puede ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Sustenta lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.51 K (10a.) que integró el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1588, del Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada." En este asunto, si el acto reclamado lo constituye la sentencia interlocutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio especial hipotecario 44-2/99, mediante el cual desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte aquí quejosa contra los autos de ocho de enero y nueve de febrero de dos mil dieciocho; es inconcuso que sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal. Lo anterior se estima así, porque si bien dicha resolución interlocutoria se aprecia ajena a las cuestiones relativas a la cosa juzgada y de autonomía destacada al procedimiento de ejecución de la sentencia; acorde al contenido de los proveídos cuya impugnación se pretendió hacer valer a través del incidente planteado, en concatenación con el estado procesal del juicio; queda de relieve que sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal; situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que sus consecuencias no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos, al relacionarse con la notificación que se tilda defectuosa, de los acuerdos que reconocieron el carácter de cesionario oneroso a quien compareció en representación de Banco del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, del crédito y derechos derivados del juicio hipotecario número 44-2/99, así como del requerimiento para que acreditara el cumplimiento voluntario del convenio judicial aprobado; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener tal determinación pueden no trascender a su esfera jurídica, habida cuenta que no se trató de la primera notificación o de la relativa a la sentencia, ni tampoco se aprecia apercibimiento alguno para el caso de incumplimiento. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, como lo solicita téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Lino Salazar Carrazco, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ricardo Aguilar Orozco, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. ...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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