Guadalupe Solís Marcial

Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Solís Marcial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia que se terminó de engrosar el doce de abril de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 868/2022-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Guadalupe Solís Marcial, la cual fue recibida el veintidós siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: [.] Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable Ordenado LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS y NO ACEPTACIÓN consistente en la pericial de Ingeniería civil que determina la delimitación y colindancia de la barda de mi domicilio dentro de la superficie de su terreno identificado como Fracción Oriente del Lote **********, Manzana **********, ampliación sur que se ubica en la república de cuba número 109 de la colonia ********** en Ciudad Ahumada [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de once de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo 868/2022-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y ********** y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y a aquella que le reviste el carácter de tercero interesado, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele la quejosa, es La exclusión de la prueba pericial en materia de ingeniería civil, ofertada en la etapa de audiencia intermedia en la causa penal 7996/2021, de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, indicó que es cierto el acto que le endilga la quejosa; remitiendo al efecto copia certificada de la carpeta de la videograbación que contiene la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 7696/2021, así como su trascripción. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En este sentido, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable. CUARTO. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, establece que es procedente el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. Al respecto, se advierte que los actos que se reclaman tienen la naturaleza de ser actos intraprocesales, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; De lo anterior, puede verse que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En principio, el artículo 107 Constitucional establece que los actos dentro de juicio (procesales), para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Esto es, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, dado que la gravedad de la violación impide en forma actual el ejercicio del derecho involucrado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, pudiendo resumirse en dos características definitorias, a saber: 1) Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2) Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el marco normativo, que comprende actos de imposible reparación, sirve para preparar el cimiento y estar en aptitud de determinar si la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia intermedia constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación; o mejor dicho, si puede o no constituir un acto de imposible reparación. Para ello, se debe tomar en consideración que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional, esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. En este aspecto, se puntualiza, que los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de actos de imposible reparación, pues el propósito de dichos actos es dar operatividad y asegurar la observancia de los derechos sustantivos de los gobernados, tarea que se cumple con la intervención del Estado a través de la herramienta llamada proceso penal. Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental; por lo que se considera que la cristalización de la violación en los derechos sustantivos del imputado podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Por el contrario, los actos que implican cargas a los gobernados dentro del proceso penal, cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, de manera tal que aunque se obtenga sentencia favorable en el juicio esa afectación no desaparezca representan actos de imposible reparación. Cobra aplicación, la tesis jurisprudencial 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a foja 678, Tomo II. Procesal Constitucional Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, del Apéndice de 2011, Octava Época, registro 1002680, que a la letra dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese contexto, el proceso penal acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Por su parte, en la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, lo cual comprenderá el inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Mientras que, la última de las etapas que configuran el proceso, es la etapa de juicio oral, la cual tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes - sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Por tanto, lo relativo a la exclusión y admisión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, esto es, la valoración en el juicio oral de las que si fueron aportadas, y por tanto existe en un plano puramente procedimental. Una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión y admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracias, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia o los de idoneidad y utilidad, haría improcedente el juicio de amparo indirecto, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es la exclusión y admisión de medios de prueba y el dictado del auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido, por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control excluya o admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). Además, esta protección no solo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control, quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba; figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. Asimismo, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio. Los anteriores razonamientos fueron sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167/2020 que dio origen a la jurisprudencia 6/2021 (11a), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Undécima Época, con registro digital 2023589, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Sentado lo anterior, es dable concluir que, en el presente caso, el acto reclamado participa de la naturaleza de acto procesal que no genera la afectación material a derechos sustantivos, como los antes referidos, para que de este modo sea procedente el juicio de amparo indirecto. Se dice lo anterior, pues en la audiencia intermedia de treinta de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7696/2021, en lo conducente, se resolvió en los terminos siguientes: (.) 13:41 horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, presentes en la décima sexta sala de audiencias del Distrito Judicial Bravos, a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 7696/2021, instruida contra Guadalupe Solís Marcial, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, audiencia que será presidida por el licenciado Hugo Óscar Alonso González, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Por parte del Ministerio Público comparece el licenciado José Antonio Delgado Gómez, Agente del Ministerio Público, licenciada Diana Edith García Cabrales, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Leticia Ivonne Ontiveros Luján, en su carácter de víctima, quien designa como su asesora jurídica a la licenciada Diana Edith García Cabrales, misma que en el acto aceptó y protestó el cargo conferido. Por parte de la defensa comparece el licenciado **********, defensor particular, la imputada **********. El Juez pregunta a las partes si ya vieron la posibilidad de arribar a una salida diversa a juicio oral, a lo que el representante social manifiesta que no existe esa posibilidad, por lo que el juzgador concede la palabra a la fiscalía a fin de que exponga su acusación de forma resumida, en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, la representación social procede a acusar formalmente a la ciudadana Guadalupe Solís Marcial, por el delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 232, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de **********, y con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expuso la síntesis de los hechos, a saber: En enero de dos mil veinte Guadalupe Solís Marcial, se posesionó materialmente de treinta metros cuadrados, al realizar una construcción dentro de dicha superficie, inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua, sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, como es la ciudadana **********, propietaria de dicho inmueble. Lo que el fiscal acusador clasificó como delito de despojo, previsto y sancionado en el numeral 232, fracción I, que a la letra dice: Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno [.]. Lo anterior, en calidad de autor directo según el artículo 21 fracción I y actuando de forma dolosa, de conformidad con el artículo 18 fracción I, atendiendo al momento de su consumación como instantáneo, según el numeral 17 fracción I, todos los anteriores del Código Penal del Estado de Chihuahua, aclarando que no existe modalidad del delito y solicita la pena máxima que señala el numeral 232 de la citada codificación estatal, consistente el cinco años de prisión y multa de quinientas veces el valor de la unidad de medida y actualización, que al momento de los hechos ascendía a $********** (********** moneda nacional), por lo que la sanción pecuniaria sería de $********** (********** moneda nacional). Asimismo, la fiscalía solicitó la reparación del daño consistente en la inmediata restitución de los treinta metros cuadrados del inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua. Además, dicha representación social, ofreció como pruebas las siguientes: Testimoniales a cargo de: ********** y **********. Documental pública consistente en copia certificada a una foja útil de la sesión de derechos de cuatro de noviembre de dos mil once a favor de la persona moral denominada Agroindustrial Flor del Desierto, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable, en la que aparece como cedente ********** y **********. Documental pública consistente en el oficio 0224/2011, de uno de noviembre de dos mil once, signado por **********, Jefe del Departamento de Catastro de la ciudad de **********, Chihuahua, con la cual se acredita que **********, es propietaria y poseedora de un predio urbano con una superficie de trescientos metros cuadrados. Documental privada consistente en pericial en materia de topografía e ingeniería civil de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el cual se compone de once fojas e incluye plano catastral de enero de dos mil veintiuno, con clave catastral **********. Documental pública consistente en copia certificada de acta de matrimonio de dos de marzo de dos mil veintiuno, signada por la licenciada **********, Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua, con la cual se acredita que el veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, ********** e **********, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Documental privada consistente en copia simple del contrato privado de compra venta, constante de tres fojas de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho (sic) doce, en relación a un terreno y casa habitación sobre él construida, identificado como fracción Este, lote **********, manzana **********, ampliación sur, ubicada en calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número 14 (catorce) del Distrito Judicial Morelos, expedido a favor de la licenciada Leticia Ivonne Ontiveros Luján, por parte de las ciudadanas ********** y **********. Documental privada consistente en diez recibos de dinero de diversas fechas, signados por **********, por concepto de pago parcial a casa habitación que se ubica en la calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en copia certificada de cuatro páginas del apéndice 814 (ochocientos catorce), sección primera, con el número 109, registrado bajo la inscripción 220 (doscientos veinte), folio libro 814 (ochocientos catorce), sección primera, del distrito judicial bravos, como movimiento de los folios reales 2115240, copia signada por **********, Registradora adscrita al Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, documental con la cual se acredita que ********** y **********, el tres de julio de mil novecientos setenta, venden, ceden o transfieren en venta real y definitiva dicho inmueble a favor de **********. Documental pública consistente en copia certificada, constante de treinta y nueve fojas útiles del expediente 610/2020 del Juzgado Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo a la incidencia de jurisdicción voluntaria promovida por **********. Documental pública consistente en copia certificada del expediente 974/2021 del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio ordinario de cualquier acción no especial, promovido por Leticia Ivonne Ontiveros Luján contra **********, también conocida como ********** y **********l y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial Bravos. Además, la representación social hace suyas todas y cada una de las testimoniales o documentales que llegue a ofrecer el abogado defensor. El Juez pregunta si tienen alguna corrección formal al escrito de acusación. A lo que el asesor jurídico respondió: que todo es correcto. A lo que víctima respondió: faltaron dos documentales públicas, la primera es la escritura pública de la **********. ********** que no coincide en este pliego y también faltan las constancias procesales del expediente 509/2016, donde la persona moral ********** cede en forma personal a la de la voz el bien al que se hace mención, objeto del litigio. El Juez concede e uso de la voz al fiscal, a lo que este manifiesta: su señoría a criterio de esta representación social no se ofreció toda vez que para la teoría del caso a la representación social no es necesario, el de la voz fue muy claro donde señalé que ofrecía la documental pública consistente en unas copias del juzgado civil y en esas copias su señoría regularmente viene todo lo que haciendo referencia la hoy víctima. A lo que la víctima dice: estoy de acuerdo con el ministerio público en que están contenidas en esas constancias procesales. El Juez ahora pregunta a la defensa si quiere hacer alguna corrección al escrito de acusación. A lo que el defensor manifiesta: fue ofertada una pericial en materia de ingeniería ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos, de la cual se remitió copia mas no hace mención, misma que forma parte de los medios que fueron ofertados, no sé que tenga que comentar respecto a eso el ministerio público. A lo que el fiscal manifiesta: para efecto de la teoría del caso de la representación social su señoría se ofrecieron todas y cada una de las probanzas con las cuales se acredita dicha teoría. Tiene razón el abogado defensor, obra dentro de la carpeta de investigación, pero considera el de la voz que en determinado momento le correspondía a él haberla ofrecido, toda vez que sería ilógico que en una acusación el ministerio público señalara algún documento que probablemente no le pudiera favorecer, aún y cuando me queda claro que el ministerio público debe actuar con diligencia y ofrecer medios de cargo y descargo, sin embargo para la teoría del caso de la representación social, no fue necesario. A lo que la defensa manifiesta: en ese momento se reserva y dice que se pronunciará más adelante cuando le corran traslado con su ofrecimiento, toda vez que la pericial fue ofertada por la defensa. Enseguida el Juez da el uso de la voz a la acusada Guadalupe Solís Marcial: reservándose. El Juez pregunta a las partes si hicieron el descubrimiento probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del Código Nacional. A lo que el Ministerio público manifiesta: si su señoría en tiempo y en forma al momento que se acusó se anexó el correspondiente traslado para la defensa y en el mismo se señaló que quedaba a su disposición toda la carpeta de investigación en la fiscalía y de parte del defensor, también esta representación social en tiempo y forma fue notificada por el tribunal del descubrimiento probatorio. A lo anterior, se adhirió la asesora jurídica, mientras que la víctima **********, manifestó lo siguiente: yo considero que las pruebas que presentó la contraparte, no es ningún descubrimiento probatorio, porque pues realmente no existen como dos periodos probatorios, sino que si tiene que argumentarse porque se considera que existe un descubrimiento probatorio que en este caso sería una un encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta este momento, por lo que, en este caso yo considero que están extemporáneamente ofrecidas sus probanzas. A lo que la defensa respondió: yo tengo en mis registros que con fecha lunes cuatro de abril del presente año, el suscrito dio un descubrimiento al Agente del Ministerio Público, de manera personal y lo cual ratificó posteriormente una vez que le llegó la acusación ante este tribunal en el mes de julio del presente año, de manera formal, sin embargo antes del cierre de investigación que fue en el mes de abril se le corrió traslado y se le hizo saber el descubrimiento al agente del ministerio público como bien lo menciona el licenciado Delgado. El Juez pregunta a la señora Leticia Ontiveros si tiene algo más que decir, a lo que esta responde que no. El Juez considera que: en este caso le asiste la razón al defensor, toda vez que cumplió el señor defensor en hacer el descubrimiento, esto en fecha tres de junio del año dos mil veintidós, el cual fue presentado ante este tribunal de control a las catorce horas, mismo que a su vez se le corrió traslado al agente del ministerio público y a la vez por manifestación también así de la licenciada García pues no hizo manifestación, en contrario, al momento de que se le corrió la voz y es por lo que este resolutor es ajustada a derecho en cuanto al descubrimiento probatorio que hizo en este caso el señor defensor, pues incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el propio defensor puede presentar su descubrimiento probatorio incluso en la misma audiencia intermedia, razón por la cual no le asiste razón a la ciudadana Leticia Ivonne Ontiveros Luján, de su manifestación hecha en cuanto el descubrimiento probatorio. Bien, siendo así entonces en este caso le pregunto a la defensa si tiene en este momento la teoría del caso que va hacer valer en la audiencia de juicio oral. A lo que la defensa responde: claro que si señor Juez, la teoría del caso del defensor va versar en que los medios de prueba ofertados por el agente del ministerio público y en su caso, de ser así, por parte del asesor jurídico, son insuficientes para acreditar tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad plena de mi representada ya que los datos que ha ofertado la víctima son insuficientes y deben de ser objeto de valoración minuciosa, ya que dicha persona acostumbra apoderarse de inmuebles de la misma forma como la que ha tratado de hacerlo con mi representada, tan es así que obran datos contundentes en la carpeta de investigación, por lo cual no hay elementos suficientes para acreditar el delito de despojo y de lo cual acreditaremos en su momento durante el transcurso del desarrollo del juicio oral donde deberá verse (sic) hacerse ya una resolución en su momento. A lo que el Juez, continuando con el uso de la voz, pregunta a la defensa si va ofrecer medios de prueba. A lo que el defensor expone: si, conforme al ofrecimiento con el que ya se les corrió traslado e hizo mención el agente del Ministerio Público la defensa ofertará lo siguiente: Testimonial a cargo de ********** y **********a. Pericial (hace una precisión): este pericial en su momento fue descubierta o acordada en base a un principio de lealtad con el agente del Ministerio Público, ya que a través del Ministerio Público se pidió con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos de ciudad Juárez, una pericial de la barda respecto a la que delimita la calle**********, en materia de ingeniería civil para determinar precisamente esta antigüedad, la cual se solicitó el veintitrés de diciembre y para fecha del ofrecimiento aún no formaba parte de la carpeta de investigación, debido a que todavía no estaba lista, sin embargo, para esta fecha ya obra de acuerdo a lo especificado por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación y de la cual ofrecemos también dicha pericial, de la que únicamente solicitaría al agente del Ministerio Público me pudiera proporcionar el nombre de la perito, ya que no veo la pericial que forme parte de la carpeta, la cual ya fue remitida, esto para efectos de precisarle el nombre de la perito señor agente. En este momento el fiscal hace uso de la voz: abogado defensor, sólo quiero que me aclare un punto ¿usted se refiere a la pericial que solicitó la representación social o a la pericial que ustedes ofrecieron?, porque en cuanto a la que usted solicitó a la representación social no fue realizada por el perito de la fiscalía, misma que reconozco que usted ofreció. A lo que el defensor manifiesta que se refiere a la que él ofreció, sin precisar el nombre del perito encargado de rendirla, ya que si mal no recuerdo la misma víctima se lo hizo llegar y esa no está en la carpeta, y lo que necesito del fiscal es que me ayude a ubicar el ofrecimiento en tiempo y forma, dentro de la carpeta de investigación, ya que obran registros de que fue solicitada y efectivamente fue contestada, que se solicitó a través de la representación social, de la que en este momento no tengo la copia, pero sé que fue incorporada a su carpeta en tiempo y forma. A lo que el Ministerio Público manifiesta: su señoría tiene razón el abogado defensor, no la encuentro dentro de mi carpeta pero efectivamente él ofreció en tiempo y forma dicha pericial. El Juez pregunta al defensor donde hizo el ofrecimiento de la pericial que nos ocupa, a lo que el defensor responde que el ofrecimiento lo hizo llegar personalmente en la oficina del fiscal y el ministerio público acepta que recibió el ofrecimiento. El defensor agrega que lo hizo para efectos de que en el auto de apertura pueda decirse el nombre de la persona y se incorpore y en ese entonces la propia víctima fue la que lo llevó y por cuestiones de trabajo ya no volví a coincidir con el Ministerio Público, por lo que no tuve la oportunidad de imponerme del nombre de la persona, nombre con el que cuenta la víctima, sin embargo en este acto lo único que quiero es el nombre para efectos de que pueda ser precisado en el auto de apertura, ya que los registros son muy claros, la pericial fue solicitada en tiempo y forma desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno, antes del plazo de cierre y fue incorporada un poco después del cierre de investigación, con todos los lineamientos y parámetros que para ello establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ahora únicamente preciso el nombre del perito. A lo que el Juez manifiesta: A ver entonces licenciado Rubio estoy entendiendo, en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, en cuanto al descubrimiento probatorio, aquí en este punto de periciales, usted únicamente está ofreciendo lo que a continuación dice: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle ********** que colinda en la parte de atrás del **********, en esta ciudad; sin embargo en este escrito yo advierto que usted se refiere al escrito de acusación y en la acusación la única testimonial que habla de una pericial es en el capítulo 1.5 referente a prueba testimonial, de hecho ni siquiera está ofrecida como pericial. A lo que el defensor manifiesta: no ahí hay una cuestión de forma en relación a lo que se ofreció, es decir a las pruebas que fueron ofertadas y solicitadas ante el Ministerio Público por parte de la defensa, ya que se puso de esa forma, sin especificar el nombre debido a que todavía no se anexaba a la carpeta de investigación, la pericial no estaba lista, aunque se solicitó desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno y en el mes de marzo o abril no se había formado la carpeta, es por eso que le digo que hubo un error de forma no de fondo, ya que de acuerdo a las fechas, queda claro que se ofreció en tiempo y forma y que es la única pericial que se ofreció ante el ministerio público. El Juez reitera que su pregunta era relativa a que el defensor, en el descubrimiento probatorio manifestó que hacía suyas las pruebas periciales ofrecidas en la acusación de la fiscalía, sin embargo el representante social no ofreció pericial alguna, sólo hizo mención de una en el capítulo 1.5 de la acusación, más no la ofreció. El defensor reitera lo antes dicho, (que ofreció la pericial en tiempo y forma de manera personal ante el ministerio público, que no precisó el nombre del perito encargado de su desahogo debido a que no existía en ese momento la carpeta de investigación). El Juez le pregunta al defensor si tuvo acceso a la carpeta en todo momento y el responde que sólo a la información que le daban. El Juez manifiesta que el agente del Ministerio Público ha dejado claro que la carpeta de investigación (con el descubrimiento probatorio), estaba a disposición del defensor y el defensor reitera que el ofrecimiento de dicha pericial no formaba parte de la carpeta en virtud de que al momento del su ofrecimiento, no estaba formada la carpeta, esto debido a que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que se pueda acusar incluso después del cierre de la investigación, siempre y cuando las pruebas se solicitaran en tiempo y forma, para después incorporarse, que fue lo que hizo el agente del Ministerio Público, acusó después. Es decir, la pericial estaba solicitada pero todavía no formaba parte de la investigación. Por eso una vez que se acusó y se contestó, debió incorporarse a la carpeta de investigación, esto fue después del mes de abril de dos mil veintidós. El Juez concede la palabra al ministerio público para ver si quiere aclarar el punto relativo a la pericial. A lo que el representante social manifiesta que el defensor hizo suyas las periciales ofrecidas por el fiscal, y dicha fiscalía no ofreció la pericial que refiere el defensor. La víctima del delito Leticia Ivonne Ontiveros Luján manifiesta que la pericial en ingeniería civil no aparece en la carpeta de investigación, por lo que no fue ofertada en tiempo y forma y ni siquiera escrita en el pliego de su descubrimiento y si no existe, ni se conoce quien lo realiza, ni domicilio ni cédula, entonces válidamente se puede desechar la prueba. Se reanuda el ofrecimiento de pruebas a cargo de la defensa: Prueba fotográfica del interior y exterior del domicilio del inmueble en el que se construyó una barda que delimita la propiedad de la acusada y la de la denunciante. Grabaciones de voz de la víctima. Hace suyas las pruebas del Ministerio público. Aclara que cuando dijo que hacía suyas las periciales ofertadas por el ministerio público en la acusación, fue un error y lo que en verdad quiso decir fue que reiteraba el ofrecimiento hecho por el mismo, relativo a la pericial en materia de ingeniería civil. Se concedió un receso de 5 minutos a efecto de que el defensor precise el nombre del perito en materia de ingeniería civil. Se reanuda la audiencia El defensor proporciona el nombre del perito a quien se le encomendó la experticia en materia de ingeniería civil: se llama José María Cárdenas León, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción; la pericial debe versar en cuanto a la antigüedad de la barda que obra entre las calles ********** en **********, que colinda entre la casa de la víctima y la casa de la denunciante. El defensor manifiesta que el cuatro de abril de dos mil veintidós corrió traslado al ministerio público con la pericial en materia de ingeniería, todavía no contaba con el nombre del perito **********, por eso únicamente hizo mención de esa pericial y el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue incorporada. El Juez pide al defensor pide al defensor que precise la fecha en que tuvo conocimiento de la pericial, el defensor manifiesta que probablemente a partir del veintiuno de abril de dos mil veintidós. El juez tiene al defensor haciendo un saneamiento a su punto de periciales y lo tiene ofreciendo pericial en materia de ingeniería antes descrita, a fin de determinar la antigüedad de la barda del domicilio ubicado en las calles República de **********, en **********, Chihuahua, correspondiente al lote 2, manzana 13, de acuerdo a la escritura catastral revisada por J**********, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción, con cédula **********, con domicilio en **********. El ministerio público manifiesta que el defensor, en su momento procesal oportuno, hizo propias las periciales que ofreció la representación social. El defensor aclara que además de la pericial, también ofrece la testimonial del perito. En cuanto al saneamiento que pretende hacer el defensor, la asesora jurídica de la víctima manifiesta que esa representación no está de acuerdo, toda vez que la defensa tenía conocimiento de la carpeta, pudo haberlo hecho en tiempo y forma, sin embargo no lo precisó en su momento. Al respecto, la víctima **********n, también se opone por considerar que no corresponde al inmueble en litigio. El Defensor aclara que la pericial versa sobre la barda que divide las propiedades de la víctima y su representada. El Juez resuelve: que en el punto número uno del escrito presentado ante ese tribunal el tres de junio de dos mil veintidós, en el cual, la defensa hace su descubrimiento probatorio y como datos para presentar y desahogar en juicio oral, en su rubro de periciales, punto número uno, indica que ofrece todas las probanzas o periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación, en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad ubicada en la calle **********, que colinda en la parte de atrás del **********, en **********, Chihuahua; al respecto el defensor pretende en este momento sanear su ofrecimiento para que quede de forma diferente, es decir, pretende ofrecer la testimonial a cargo del arquitecto **********, que versará en relación a la barda del domicilio ya precisado. Al respecto el juez considera que el saneamiento establecido por el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los errores u omisiones del procedimiento pueden ser saneables reponiendo el acto, rectificando el error, o realizando el acto omitido; sobre esa base, el juez no comulga con la apreciación del defensor, en virtud de que los actos saneables son aquellos que inobservaron las formalidades previstas en el propio código y en este caso dichas formalidades atañen al fondo del asunto, en virtud de que ofrece un testigo diferente a los ofrecidos en un inicio, ya que ofertó los mismos que el ministerio público en su pliego de acusación, fiscal que, cabe precisar, no hizo referencia a ningún punto de los que refiere la defensa, de manera que el juez considera que no puede realizarse el saneamiento, toda vez que no afecta la forma sino el fondo del asunto, toda vez que la defensa pretende que declare el perito, en juicio oral; por lo que dicho resolutor no acede a realizar el saneamiento pretendido por la defensa. El defensor manifiesta que no tiene más pruebas que ofrecer. Las partes manifiestan que no llegaron a acuerdos probatorios. El defensor manifiesta no tener ninguna exclusión probatoria en relación a las ofrecidas por el ministerio público. Igualmente el representante social no tiene exclusiones de pruebas para las ofrecidas por la defensa. Mientras que la asesora de víctimas, expone su intención de excluir la prueba testimonial a cargo de ********** y **********, toda vez que las considera innecesarias y sobreabundantes. En cuanto a la pericial que ofrece a cargo del arquitecto **********, por considerar que su ofrecimiento no reúne los requisitos y formalidades establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni existe certeza de que hubiese sido ofrecida en tiempo, toda vez que el oferente ni siquiera sabía el nombre del perito. Por lo que hace a las grabaciones de audio que pretende presentar el defensor, por considerar que va encaminada a probar hechos distintos de los que son materia de la Litis (la víctima ofrece dinero a un testigo para que declare a su favor). El Juez concede el uso de la voz al defensor, quien manifiesta: contrario a lo que expone la asesora jurídica, claro que la testimonial de Eleazar López Reyes, tienen relación con los hechos, ya que el conoce a ambas partes y declarará sobre el tiempo que ha durado la barda. El Juez resuelve: considera que le asiste razón al defensor, puesto que guarda relación con el predio materia de la Litis; por lo tanto no excluye este medio de prueba. Por lo que hace a la solicitud de la asesora jurídica, relativa a excluir la pericial ofrecida por la defensa, el Juez da vista al defensor, quien manifiesta: Sostengo que como lo referí anteriormente la pericial se ofreció en tiempo y yo pensaba que el ministerio público tenía la obligación de ofertar todo lo que había en la carpeta, lo que no ocurrió en el presente caso, pese a que formuló su acusación tiempo después del ofrecimiento de la pericial, agregando que para la fecha en que se ofreció, no se conocía el nombre del perito encargado de desahogarla, además de que se incorporó después y no hay ninguna violación a los derechos humanos de la contraparte y como reconoció el ministerio público, él ya tenía conocimiento de que se desahogaría la pericial que nos ocupa, tan es así que la tiene en la carpeta de investigación, reiterando que fue ofrecida en tiempo, solicitada a través del ministerio público, recibida por el referido fiscal y si no se precisó el nombre del perito, fue debido a que la defensa desconocía quien sería el encargado de desahogarla y en caso de que no se admitiera, nos dejaría en estado de indefensión. Aunado a que, no estoy solicitando el saneamiento, sólo precisando que por la lealtad que debe existir entre las partes, le informamos el ofrecimiento al ministerio público y precisamente por su conducto se solicitó la prueba, ya que él es quien realiza la investigación, es por ello que, desconocía esta defensa el nombre del perito, por lo tanto, solicito que no sea excluida la probanza. La asesora jurídica indica que el defensor está haciendo manifestaciones relativas al saneamiento, el cual ya fue resuelto por el Juez. El Juez considera que le asiste razón a la asesora jurídica, en virtud de que en el rubro de periciales del escrito del defensor, de tres de junio de dos mil veintidós, manifiesta textualmente lo siguiente: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la prueba pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle Jiménez 802, y República de Chile, que colinda con la parte de atrás del Callejón Jiménez, de la colonia Chihuahua, en la ciudad Ahumada. En este sentido, el defensor señala que ofrece las pruebas de la fiscalía en su acusación, esto referente a la prueba pericial, sin embargo, advierto de la acusación que el ministerio público no hace referencia a ninguna prueba pericial en el único rubro es en la testimonial, y en esta se refiere nada más a la declaración a cargo del ingeniero civil, **********, quien en el punto de prueba dice que declarará en relación al dictamen pericial en materia de topografía e ingeniería civil; por lo que, en este sentido no advierto que haya prueba pericial ofrecida por el señor ministerio público y es por ello que el defensor, primero intentó un saneamiento en el que se consideró que no le asiste la razón y posteriormente señala que es una precisión, no obstante, el Juez considera que no es una precisión la que hace el defensor, en virtud de que existen tiempos perentorios, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 337, 338 y 340; por tanto, si bien es cierto, tal como dice el señor defensor, la pericial fue ofrecida al agente del Ministerio Público, eso fue en la etapa de investigación que es diferente a la intermedia, y si el ministerio público no la ofreció en su etapa de investigación, fue debido a que no le servía para su teoría del caso y en todo caso el señor defensor para su teoría del caso, la debió ofrecer en los términos legales a que alude el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a su vez hacer el descubrimiento probatorio como lo establece el artículo 337 de la citada codificación, incluso, el ignorar el nombre del perito, no es motivo suficiente para no haberla ofrecido en términos del numeral 337 antes citado, pues el defensor ha reconocido que desde el veintiuno de abril de dos mil veintidós tuvo conocimiento de esta prueba y por ello, el tres de junio del mismo año, que presentó su escrito de descubrimiento probatorio, debió ofrecer la pericial que nos ocupa, en la forma y con las precisiones que ahora refiere, de manera que, en este caso, se viola la seguridad jurídica para las partes, pues tiene derecho a saber quien es el que va declarar y al no saber esto, la ciudadana **********, la asesora jurídica y el ministerio público, están impedidos de ejercer principios rectores como lo es la contradicción y poder refutar las probanzas que el defensor está ofreciendo; en este sentido al violar el principio y la garantía de seguridad jurídica de las partes presentes, se excluye la pericial que nos ocupa. (.) Atento a lo expuesto, se advierte que el acto reclamado consiste en lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 7696/2022, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, tuvo por excluida la prueba de la defensa por considerar fue ofrecida en forma extemporánea, asimismo, en tal determinación se dictó auto de apertura a juicio oral y se ordenó remitir los registros correspondientes al Tribunal de Enjuiciamiento competente; el cual constituye un acto de naturaleza procesal cuya única consecuencia es que continúe la secuela procedimiento de origen, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Por tanto, no obstante que pudieran presentarse supuestos excepcionales en los que, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos, escenario éste en el que el amparo sí resulta procedente; sin embargo, del análisis descrito de la defensa de la imputada en relación con las pruebas ofrecidas se advierte enunció diversas testimoniales, periciales, así como documentales; lo que pone de manifiesto que no se está en alguno de los supuestos de excepción. Lo relatado, pone de manifiesto que no existe una afectación de derechos sustantivos contra la demandante de amparo, pues en la resolución reclamada (celebrada en audiencia intermedia), se formuló acusación a Guadalupe Solís Marcial y se otorgó a las partes el derecho que tienen de debatir y ofrecer pruebas, así como el dictado del auto de apertura a juicio oral; lo cual no genera una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que se reitere que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Esto se afirma, pues el acto reclamado no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera, sino que constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, durante el desahogo en la etapa de juicio el juez del conocimiento determine que no existe el hecho calificado como delito o responsabilidad de la aquí quejosa, o que, estime conveniente la recepción de medios de pruebas nuevos, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, ello de considerar que se justifica el no haber conocido previamente de su existencia, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Undécima Época, con registro digital 2023906, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; por ende lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades señaladas como responsables y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy doce de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 868 2022 V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Guadalupe Solís Marcial, la cual fue recibida el veintidós siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: [.] Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable Ordenado LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS y NO ACEPTACIÓN consistente en la pericial de Ingeniería civil que determina la delimitación y colindancia de la barda de mi domicilio dentro de la superficie de su terreno identificado como Fracción Oriente del Lote **********, Manzana **********, ampliación sur que se ubica en la república de cuba número 109 de la colonia ********** en Ciudad Ahumada [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de once de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo 868 2022 V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y ********** y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y a aquella que le reviste el carácter de tercero interesado, el oficio SEAD 698 2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele la quejosa, es La exclusión de la prueba pericial en materia de ingeniería civil, ofertada en la etapa de audiencia intermedia en la causa penal 7996 2021, de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, indicó que es cierto el acto que le endilga la quejosa; remitiendo al efecto copia certificada de la carpeta de la videograbación que contiene la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 7696 2021, así como su trascripción. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En este sentido, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable. CUARTO. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, establece que es procedente el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. Al respecto, se advierte que los actos que se reclaman tienen la naturaleza de ser actos intraprocesales, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; De lo anterior, puede verse que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En principio, el artículo 107 Constitucional establece que los actos dentro de juicio procesales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Esto es, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, dado que la gravedad de la violación impide en forma actual el ejercicio del derecho involucrado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, pudiendo resumirse en dos características definitorias, a saber: 1 Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2 Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el marco normativo, que comprende actos de imposible reparación, sirve para preparar el cimiento y estar en aptitud de determinar si la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia intermedia constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación; o mejor dicho, si puede o no constituir un acto de imposible reparación. Para ello, se debe tomar en consideración que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional, esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. En este aspecto, se puntualiza, que los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de actos de imposible reparación, pues el propósito de dichos actos es dar operatividad y asegurar la observancia de los derechos sustantivos de los gobernados, tarea que se cumple con la intervención del Estado a través de la herramienta llamada proceso penal. Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental; por lo que se considera que la cristalización de la violación en los derechos sustantivos del imputado podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Por el contrario, los actos que implican cargas a los gobernados dentro del proceso penal, cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, de manera tal que aunque se obtenga sentencia favorable en el juicio esa afectación no desaparezca representan actos de imposible reparación. Cobra aplicación, la tesis jurisprudencial 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a foja 678, Tomo II. Procesal Constitucional Común Primera Parte SCJN Quinta Sección Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, del Apéndice de 2011, Octava Época, registro 1002680, que a la letra dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese contexto, el proceso penal acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Por su parte, en la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, lo cual comprenderá el inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Mientras que, la última de las etapas que configuran el proceso, es la etapa de juicio oral, la cual tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes sus teorías del caso que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria desahogo de las pruebas, así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba etapa de investigación y los medios de prueba etapa intermedia, en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Por tanto, lo relativo a la exclusión y admisión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, esto es, la valoración en el juicio oral de las que si fueron aportadas, y por tanto existe en un plano puramente procedimental. Una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión y admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracias, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia o los de idoneidad y utilidad, haría improcedente el juicio de amparo indirecto, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es la exclusión y admisión de medios de prueba y el dictado del auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido, por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control excluya o admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración la eficacia del proceso. Además, esta protección no solo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control, quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba; figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. Asimismo, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio. Los anteriores razonamientos fueron sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167 2020 que dio origen a la jurisprudencia 6 2021 11a, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Undécima Época, con registro digital 2023589, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Sentado lo anterior, es dable concluir que, en el presente caso, el acto reclamado participa de la naturaleza de acto procesal que no genera la afectación material a derechos sustantivos, como los antes referidos, para que de este modo sea procedente el juicio de amparo indirecto. Se dice lo anterior, pues en la audiencia intermedia de treinta de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7696 2021, en lo conducente, se resolvió en los terminos siguientes:. 13:41 horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, presentes en la décima sexta sala de audiencias del Distrito Judicial Bravos, a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 7696 2021, instruida contra Guadalupe Solís Marcial, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, audiencia que será presidida por el licenciado Hugo Óscar Alonso González, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Por parte del Ministerio Público comparece el licenciado José Antonio Delgado Gómez, Agente del Ministerio Público, licenciada Diana Edith García Cabrales, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Leticia Ivonne Ontiveros Luján, en su carácter de víctima, quien designa como su asesora jurídica a la licenciada Diana Edith García Cabrales, misma que en el acto aceptó y protestó el cargo conferido. Por parte de la defensa comparece el licenciado **********, defensor particular, la imputada **********. El Juez pregunta a las partes si ya vieron la posibilidad de arribar a una salida diversa a juicio oral, a lo que el representante social manifiesta que no existe esa posibilidad, por lo que el juzgador concede la palabra a la fiscalía a fin de que exponga su acusación de forma resumida, en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, la representación social procede a acusar formalmente a la ciudadana Guadalupe Solís Marcial, por el delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 232, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de **********, y con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expuso la síntesis de los hechos, a saber: En enero de dos mil veinte Guadalupe Solís Marcial, se posesionó materialmente de treinta metros cuadrados, al realizar una construcción dentro de dicha superficie, inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua, sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, como es la ciudadana **********, propietaria de dicho inmueble. Lo que el fiscal acusador clasificó como delito de despojo, previsto y sancionado en el numeral 232, fracción I, que a la letra dice: Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno [.]. Lo anterior, en calidad de autor directo según el artículo 21 fracción I y actuando de forma dolosa, de conformidad con el artículo 18 fracción I, atendiendo al momento de su consumación como instantáneo, según el numeral 17 fracción I, todos los anteriores del Código Penal del Estado de Chihuahua, aclarando que no existe modalidad del delito y solicita la pena máxima que señala el numeral 232 de la citada codificación estatal, consistente el cinco años de prisión y multa de quinientas veces el valor de la unidad de medida y actualización, que al momento de los hechos ascendía a $********** ********** moneda nacional, por lo que la sanción pecuniaria sería de $********** ********** moneda nacional. Asimismo, la fiscalía solicitó la reparación del daño consistente en la inmediata restitución de los treinta metros cuadrados del inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua. Además, dicha representación social, ofreció como pruebas las siguientes: Testimoniales a cargo de: ********** y **********. Documental pública consistente en copia certificada a una foja útil de la sesión de derechos de cuatro de noviembre de dos mil once a favor de la persona moral denominada Agroindustrial Flor del Desierto, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable, en la que aparece como cedente ********** y **********. Documental pública consistente en el oficio 0224 2011, de uno de noviembre de dos mil once, signado por **********, Jefe del Departamento de Catastro de la ciudad de **********, Chihuahua, con la cual se acredita que **********, es propietaria y poseedora de un predio urbano con una superficie de trescientos metros cuadrados. Documental privada consistente en pericial en materia de topografía e ingeniería civil de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el cual se compone de once fojas e incluye plano catastral de enero de dos mil veintiuno, con clave catastral **********. Documental pública consistente en copia certificada de acta de matrimonio de dos de marzo de dos mil veintiuno, signada por la licenciada **********, Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua, con la cual se acredita que el veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, ********** e **********, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Documental privada consistente en copia simple del contrato privado de compra venta, constante de tres fojas de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho sic doce, en relación a un terreno y casa habitación sobre él construida, identificado como fracción Este, lote **********, manzana **********, ampliación sur, ubicada en calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número 14 catorce del Distrito Judicial Morelos, expedido a favor de la licenciada ***, por parte de las ciudadanas ********** y **********. Documental privada consistente en diez recibos de dinero de diversas fechas, signados por **********, por concepto de pago parcial a casa habitación que se ubica en la calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en copia certificada de cuatro páginas del apéndice 814 ochocientos catorce, sección primera, con el número 109, registrado bajo la inscripción 220 doscientos veinte, folio libro 814 ochocientos catorce, sección primera, del distrito judicial bravos, como movimiento de los folios reales 2115240, copia signada por **********, Registradora adscrita al Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, documental con la cual se acredita que ********** y **********, el tres de julio de mil novecientos setenta, venden, ceden o transfieren en venta real y definitiva dicho inmueble a favor de **********. Documental pública consistente en copia certificada, constante de treinta y nueve fojas útiles del expediente 610 2020 del Juzgado Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo a la incidencia de jurisdicción voluntaria promovida por **********. Documental pública consistente en copia certificada del expediente 974 2021 del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio ordinario de cualquier acción no especial, promovido por Leticia Ivonne Ontiveros Luján contra **********, también conocida como ********** y **********l y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial Bravos. Además, la representación social hace suyas todas y cada una de las testimoniales o documentales que llegue a ofrecer el abogado defensor. El Juez pregunta si tienen alguna corrección formal al escrito de acusación. A lo que el asesor jurídico respondió: que todo es correcto. A lo que víctima respondió: faltaron dos documentales públicas, la primera es la escritura pública de la **********. ********** que no coincide en este pliego y también faltan las constancias procesales del expediente 509 2016, donde la persona moral ********** cede en forma personal a la de la voz el bien al que se hace mención, objeto del litigio. El Juez concede e uso de la voz al fiscal, a lo que este manifiesta: su señoría a criterio de esta representación social no se ofreció toda vez que para la teoría del caso a la representación social no es necesario, el de la voz fue muy claro donde señalé que ofrecía la documental pública consistente en unas copias del juzgado civil y en esas copias su señoría regularmente viene todo lo que haciendo referencia la hoy víctima. A lo que la víctima dice: estoy de acuerdo con el ministerio público en que están contenidas en esas constancias procesales. El Juez ahora pregunta a la defensa si quiere hacer alguna corrección al escrito de acusación. A lo que el defensor manifiesta: fue ofertada una pericial en materia de ingeniería ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos, de la cual se remitió copia mas no hace mención, misma que forma parte de los medios que fueron ofertados, no sé que tenga que comentar respecto a eso el ministerio público. A lo que el fiscal manifiesta: para efecto de la teoría del caso de la representación social su señoría se ofrecieron todas y cada una de las probanzas con las cuales se acredita dicha teoría. Tiene razón el abogado defensor, obra dentro de la carpeta de investigación, pero considera el de la voz que en determinado momento le correspondía a él haberla ofrecido, toda vez que sería ilógico que en una acusación el ministerio público señalara algún documento que probablemente no le pudiera favorecer, aún y cuando me queda claro que el ministerio público debe actuar con diligencia y ofrecer medios de cargo y descargo, sin embargo para la teoría del caso de la representación social, no fue necesario. A lo que la defensa manifiesta: en ese momento se reserva y dice que se pronunciará más adelante cuando le corran traslado con su ofrecimiento, toda vez que la pericial fue ofertada por la defensa. Enseguida el Juez da el uso de la voz a la acusada Guadalupe Solís Marcial: reservándose. El Juez pregunta a las partes si hicieron el descubrimiento probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del Código Nacional. A lo que el Ministerio público manifiesta: si su señoría en tiempo y en forma al momento que se acusó se anexó el correspondiente traslado para la defensa y en el mismo se señaló que quedaba a su disposición toda la carpeta de investigación en la fiscalía y de parte del defensor, también esta representación social en tiempo y forma fue notificada por el tribunal del descubrimiento probatorio. A lo anterior, se adhirió la asesora jurídica, mientras que la víctima **********, manifestó lo siguiente: yo considero que las pruebas que presentó la contraparte, no es ningún descubrimiento probatorio, porque pues realmente no existen como dos periodos probatorios, sino que si tiene que argumentarse porque se considera que existe un descubrimiento probatorio que en este caso sería una un encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta este momento, por lo que, en este caso yo considero que están extemporáneamente ofrecidas sus probanzas. A lo que la defensa respondió: yo tengo en mis registros que con fecha lunes cuatro de abril del presente año, el suscrito dio un descubrimiento al Agente del Ministerio Público, de manera personal y lo cual ratificó posteriormente una vez que le llegó la acusación ante este tribunal en el mes de julio del presente año, de manera formal, sin embargo antes del cierre de investigación que fue en el mes de abril se le corrió traslado y se le hizo saber el descubrimiento al agente del ministerio público como bien lo menciona el licenciado Delgado. El Juez pregunta a la señora Leticia Ontiveros si tiene algo más que decir, a lo que esta responde que no. El Juez considera que: en este caso le asiste la razón al defensor, toda vez que cumplió el señor defensor en hacer el descubrimiento, esto en fecha tres de junio del año dos mil veintidós, el cual fue presentado ante este tribunal de control a las catorce horas, mismo que a su vez se le corrió traslado al agente del ministerio público y a la vez por manifestación también así de la licenciada García pues no hizo manifestación, en contrario, al momento de que se le corrió la voz y es por lo que este resolutor es ajustada a derecho en cuanto al descubrimiento probatorio que hizo en este caso el señor defensor, pues incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el propio defensor puede presentar su descubrimiento probatorio incluso en la misma audiencia intermedia, razón por la cual no le asiste razón a la ciudadana Leticia Ivonne Ontiveros Luján, de su manifestación hecha en cuanto el descubrimiento probatorio. Bien, siendo así entonces en este caso le pregunto a la defensa si tiene en este momento la teoría del caso que va hacer valer en la audiencia de juicio oral. A lo que la defensa responde: claro que si señor Juez, la teoría del caso del defensor va versar en que los medios de prueba ofertados por el agente del ministerio público y en su caso, de ser así, por parte del asesor jurídico, son insuficientes para acreditar tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad plena de mi representada ya que los datos que ha ofertado la víctima son insuficientes y deben de ser objeto de valoración minuciosa, ya que dicha persona acostumbra apoderarse de inmuebles de la misma forma como la que ha tratado de hacerlo con mi representada, tan es así que obran datos contundentes en la carpeta de investigación, por lo cual no hay elementos suficientes para acreditar el delito de despojo y de lo cual acreditaremos en su momento durante el transcurso del desarrollo del juicio oral donde deberá verse sic hacerse ya una resolución en su momento. A lo que el Juez, continuando con el uso de la voz, pregunta a la defensa si va ofrecer medios de prueba. A lo que el defensor expone: si, conforme al ofrecimiento con el que ya se les corrió traslado e hizo mención el agente del Ministerio Público la defensa ofertará lo siguiente: Testimonial a cargo de ********** y **********a. Pericial hace una precisión: este pericial en su momento fue descubierta o acordada en base a un principio de lealtad con el agente del Ministerio Público, ya que a través del Ministerio Público se pidió con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos de ciudad Juárez, una pericial de la barda respecto a la que delimita la calle**********, en materia de ingeniería civil para determinar precisamente esta antigüedad, la cual se solicitó el veintitrés de diciembre y para fecha del ofrecimiento aún no formaba parte de la carpeta de investigación, debido a que todavía no estaba lista, sin embargo, para esta fecha ya obra de acuerdo a lo especificado por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación y de la cual ofrecemos también dicha pericial, de la que únicamente solicitaría al agente del Ministerio Público me pudiera proporcionar el nombre de la perito, ya que no veo la pericial que forme parte de la carpeta, la cual ya fue remitida, esto para efectos de precisarle el nombre de la perito señor agente. En este momento el fiscal hace uso de la voz: abogado defensor, sólo quiero que me aclare un punto ¿usted se refiere a la pericial que solicitó la representación social o a la pericial que ustedes ofrecieron?, porque en cuanto a la que usted solicitó a la representación social no fue realizada por el perito de la fiscalía, misma que reconozco que usted ofreció. A lo que el defensor manifiesta que se refiere a la que él ofreció, sin precisar el nombre del perito encargado de rendirla, ya que si mal no recuerdo la misma víctima se lo hizo llegar y esa no está en la carpeta, y lo que necesito del fiscal es que me ayude a ubicar el ofrecimiento en tiempo y forma, dentro de la carpeta de investigación, ya que obran registros de que fue solicitada y efectivamente fue contestada, que se solicitó a través de la representación social, de la que en este momento no tengo la copia, pero sé que fue incorporada a su carpeta en tiempo y forma. A lo que el Ministerio Público manifiesta: su señoría tiene razón el abogado defensor, no la encuentro dentro de mi carpeta pero efectivamente él ofreció en tiempo y forma dicha pericial. El Juez pregunta al defensor donde hizo el ofrecimiento de la pericial que nos ocupa, a lo que el defensor responde que el ofrecimiento lo hizo llegar personalmente en la oficina del fiscal y el ministerio público acepta que recibió el ofrecimiento. El defensor agrega que lo hizo para efectos de que en el auto de apertura pueda decirse el nombre de la persona y se incorpore y en ese entonces la propia víctima fue la que lo llevó y por cuestiones de trabajo ya no volví a coincidir con el Ministerio Público, por lo que no tuve la oportunidad de imponerme del nombre de la persona, nombre con el que cuenta la víctima, sin embargo en este acto lo único que quiero es el nombre para efectos de que pueda ser precisado en el auto de apertura, ya que los registros son muy claros, la pericial fue solicitada en tiempo y forma desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno, antes del plazo de cierre y fue incorporada un poco después del cierre de investigación, con todos los lineamientos y parámetros que para ello establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ahora únicamente preciso el nombre del perito. A lo que el Juez manifiesta: A ver entonces licenciado Rubio estoy entendiendo, en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, en cuanto al descubrimiento probatorio, aquí en este punto de periciales, usted únicamente está ofreciendo lo que a continuación dice: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle ********** que colinda en la parte de atrás del **********, en esta ciudad; sin embargo en este escrito yo advierto que usted se refiere al escrito de acusación y en la acusación la única testimonial que habla de una pericial es en el capítulo 1.5 referente a prueba testimonial, de hecho ni siquiera está ofrecida como pericial. A lo que el defensor manifiesta: no ahí hay una cuestión de forma en relación a lo que se ofreció, es decir a las pruebas que fueron ofertadas y solicitadas ante el Ministerio Público por parte de la defensa, ya que se puso de esa forma, sin especificar el nombre debido a que todavía no se anexaba a la carpeta de investigación, la pericial no estaba lista, aunque se solicitó desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno y en el mes de marzo o abril no se había formado la carpeta, es por eso que le digo que hubo un error de forma no de fondo, ya que de acuerdo a las fechas, queda claro que se ofreció en tiempo y forma y que es la única pericial que se ofreció ante el ministerio público. El Juez reitera que su pregunta era relativa a que el defensor, en el descubrimiento probatorio manifestó que hacía suyas las pruebas periciales ofrecidas en la acusación de la fiscalía, sin embargo el representante social no ofreció pericial alguna, sólo hizo mención de una en el capítulo 1.5 de la acusación, más no la ofreció. El defensor reitera lo antes dicho, que ofreció la pericial en tiempo y forma de manera personal ante el ministerio público, que no precisó el nombre del perito encargado de su desahogo debido a que no existía en ese momento la carpeta de investigación. El Juez le pregunta al defensor si tuvo acceso a la carpeta en todo momento y el responde que sólo a la información que le daban. El Juez manifiesta que el agente del Ministerio Público ha dejado claro que la carpeta de investigación Con el descubrimiento probatorio, estaba a disposición del defensor y el defensor reitera que el ofrecimiento de dicha pericial no formaba parte de la carpeta en virtud de que al momento del su ofrecimiento, no estaba formada la carpeta, esto debido a que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que se pueda acusar incluso después del cierre de la investigación, siempre y cuando las pruebas se solicitaran en tiempo y forma, para después incorporarse, que fue lo que hizo el agente del Ministerio Público, acusó después. Es decir, la pericial estaba solicitada pero todavía no formaba parte de la investigación. Por eso una vez que se acusó y se contestó, debió incorporarse a la carpeta de investigación, esto fue después del mes de abril de dos mil veintidós. El Juez concede la palabra al ministerio público para ver si quiere aclarar el punto relativo a la pericial. A lo que el representante social manifiesta que el defensor hizo suyas las periciales ofrecidas por el fiscal, y dicha fiscalía no ofreció la pericial que refiere el defensor. La víctima del delito Leticia Ivonne Ontiveros Luján manifiesta que la pericial en ingeniería civil no aparece en la carpeta de investigación, por lo que no fue ofertada en tiempo y forma y ni siquiera escrita en el pliego de su descubrimiento y si no existe, ni se conoce quien lo realiza, ni domicilio ni cédula, entonces válidamente se puede desechar la prueba. Se reanuda el ofrecimiento de pruebas a cargo de la defensa: Prueba fotográfica del interior y exterior del domicilio del inmueble en el que se construyó una barda que delimita la propiedad de la acusada y la de la denunciante. Grabaciones de voz de la víctima. Hace suyas las pruebas del Ministerio público. Aclara que cuando dijo que hacía suyas las periciales ofertadas por el ministerio público en la acusación, fue un error y lo que en verdad quiso decir fue que reiteraba el ofrecimiento hecho por el mismo, relativo a la pericial en materia de ingeniería civil. Se concedió un receso de 5 minutos a efecto de que el defensor precise el nombre del perito en materia de ingeniería civil. Se reanuda la audiencia El defensor proporciona el nombre del perito a quien se le encomendó la experticia en materia de ingeniería civil: se llama José María Cárdenas León, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción; la pericial debe versar en cuanto a la antigüedad de la barda que obra entre las calles ********** en **********, que colinda entre la casa de la víctima y la casa de la denunciante. El defensor manifiesta que el cuatro de abril de dos mil veintidós corrió traslado al ministerio público con la pericial en materia de ingeniería, todavía no contaba con el nombre del perito **********, por eso únicamente hizo mención de esa pericial y el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue incorporada. El Juez pide al defensor pide al defensor que precise la fecha en que tuvo conocimiento de la pericial, el defensor manifiesta que probablemente a partir del veintiuno de abril de dos mil veintidós. El juez tiene al defensor haciendo un saneamiento a su punto de periciales y lo tiene ofreciendo pericial en materia de ingeniería antes descrita, a fin de determinar la antigüedad de la barda del domicilio ubicado en las calles República de **********, en **********, Chihuahua, correspondiente al lote 2, manzana 13, de acuerdo a la escritura catastral revisada por J**********, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción, con cédula **********, con domicilio en **********. El ministerio público manifiesta que el defensor, en su momento procesal oportuno, hizo propias las periciales que ofreció la representación social. El defensor aclara que además de la pericial, también ofrece la testimonial del perito. En cuanto al saneamiento que pretende hacer el defensor, la asesora jurídica de la víctima manifiesta que esa representación no está de acuerdo, toda vez que la defensa tenía conocimiento de la carpeta, pudo haberlo hecho en tiempo y forma, sin embargo no lo precisó en su momento. Al respecto, la víctima **********n, también se opone por considerar que no corresponde al inmueble en litigio. El Defensor aclara que la pericial versa sobre la barda que divide las propiedades de la víctima y su representada. El Juez resuelve: que en el punto número uno del escrito presentado ante ese tribunal el tres de junio de dos mil veintidós, en el cual, la defensa hace su descubrimiento probatorio y como datos para presentar y desahogar en juicio oral, en su rubro de periciales, punto número uno, indica que ofrece todas las probanzas o periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación, en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad ubicada en la calle **********, que colinda en la parte de atrás del **********, en **********, Chihuahua; al respecto el defensor pretende en este momento sanear su ofrecimiento para que quede de forma diferente, es decir, pretende ofrecer la testimonial a cargo del arquitecto **********, que versará en relación a la barda del domicilio ya precisado. Al respecto el juez considera que el saneamiento establecido por el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los errores u omisiones del procedimiento pueden ser saneables reponiendo el acto, rectificando el error, o realizando el acto omitido; sobre esa base, el juez no comulga con la apreciación del defensor, en virtud de que los actos saneables son aquellos que inobservaron las formalidades previstas en el propio código y en este caso dichas formalidades atañen al fondo del asunto, en virtud de que ofrece un testigo diferente a los ofrecidos en un inicio, ya que ofertó los mismos que el ministerio público en su pliego de acusación, fiscal que, cabe precisar, no hizo referencia a ningún punto de los que refiere la defensa, de manera que el juez considera que no puede realizarse el saneamiento, toda vez que no afecta la forma sino el fondo del asunto, toda vez que la defensa pretende que declare el perito, en juicio oral; por lo que dicho resolutor no acede a realizar el saneamiento pretendido por la defensa. El defensor manifiesta que no tiene más pruebas que ofrecer. Las partes manifiestan que no llegaron a acuerdos probatorios. El defensor manifiesta no tener ninguna exclusión probatoria en relación a las ofrecidas por el ministerio público. Igualmente el representante social no tiene exclusiones de pruebas para las ofrecidas por la defensa. Mientras que la asesora de víctimas, expone su intención de excluir la prueba testimonial a cargo de ********** y **********, toda vez que las considera innecesarias y sobreabundantes. En cuanto a la pericial que ofrece a cargo del arquitecto **********, por considerar que su ofrecimiento no reúne los requisitos y formalidades establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni existe certeza de que hubiese sido ofrecida en tiempo, toda vez que el oferente ni siquiera sabía el nombre del perito. Por lo que hace a las grabaciones de audio que pretende presentar el defensor, por considerar que va encaminada a probar hechos distintos de los que son materia de la Litis la víctima ofrece dinero a un testigo para que declare a su favor. El Juez concede el uso de la voz al defensor, quien manifiesta: contrario a lo que expone la asesora jurídica, claro que la testimonial de Eleazar López Reyes, tienen relación con los hechos, ya que el conoce a ambas partes y declarará sobre el tiempo que ha durado la barda. El Juez resuelve: considera que le asiste razón al defensor, puesto que guarda relación con el predio materia de la Litis; por lo tanto no excluye este medio de prueba. Por lo que hace a la solicitud de la asesora jurídica, relativa a excluir la pericial ofrecida por la defensa, el Juez da vista al defensor, quien manifiesta: Sostengo que como lo referí anteriormente la pericial se ofreció en tiempo y yo pensaba que el ministerio público tenía la obligación de ofertar todo lo que había en la carpeta, lo que no ocurrió en el presente caso, pese a que formuló su acusación tiempo después del ofrecimiento de la pericial, agregando que para la fecha en que se ofreció, no se conocía el nombre del perito encargado de desahogarla, además de que se incorporó después y no hay ninguna violación a los derechos humanos de la contraparte y como reconoció el ministerio público, él ya tenía conocimiento de que se desahogaría la pericial que nos ocupa, tan es así que la tiene en la carpeta de investigación, reiterando que fue ofrecida en tiempo, solicitada a través del ministerio público, recibida por el referido fiscal y si no se precisó el nombre del perito, fue debido a que la defensa desconocía quien sería el encargado de desahogarla y en caso de que no se admitiera, nos dejaría en estado de indefensión. Aunado a que, no estoy solicitando el saneamiento, sólo precisando que por la lealtad que debe existir entre las partes, le informamos el ofrecimiento al ministerio público y precisamente por su conducto se solicitó la prueba, ya que él es quien realiza la investigación, es por ello que, desconocía esta defensa el nombre del perito, por lo tanto, solicito que no sea excluida la probanza. La asesora jurídica indica que el defensor está haciendo manifestaciones relativas al saneamiento, el cual ya fue resuelto por el Juez. El Juez considera que le asiste razón a la asesora jurídica, en virtud de que en el rubro de periciales del escrito del defensor, de tres de junio de dos mil veintidós, manifiesta textualmente lo siguiente: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la prueba pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle Jiménez 802, y República de Chile, que colinda con la parte de atrás del Callejón Jiménez, de la colonia Chihuahua, en la ciudad Ahumada. En este sentido, el defensor señala que ofrece las pruebas de la fiscalía en su acusación, esto referente a la prueba pericial, sin embargo, advierto de la acusación que el ministerio público no hace referencia a ninguna prueba pericial en el único rubro es en la testimonial, y en esta se refiere nada más a la declaración a cargo del ingeniero civil, **********, quien en el punto de prueba dice que declarará en relación al dictamen pericial en materia de topografía e ingeniería civil; por lo que, en este sentido no advierto que haya prueba pericial ofrecida por el señor ministerio público y es por ello que el defensor, primero intentó un saneamiento en el que se consideró que no le asiste la razón y posteriormente señala que es una precisión, no obstante, el Juez considera que no es una precisión la que hace el defensor, en virtud de que existen tiempos perentorios, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 337, 338 y 340; por tanto, si bien es cierto, tal como dice el señor defensor, la pericial fue ofrecida al agente del Ministerio Público, eso fue en la etapa de investigación que es diferente a la intermedia, y si el ministerio público no la ofreció en su etapa de investigación, fue debido a que no le servía para su teoría del caso y en todo caso el señor defensor para su teoría del caso, la debió ofrecer en los términos legales a que alude el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a su vez hacer el descubrimiento probatorio como lo establece el artículo 337 de la citada codificación, incluso, el ignorar el nombre del perito, no es motivo suficiente para no haberla ofrecido en términos del numeral 337 antes citado, pues el defensor ha reconocido que desde el veintiuno de abril de dos mil veintidós tuvo conocimiento de esta prueba y por ello, el tres de junio del mismo año, que presentó su escrito de descubrimiento probatorio, debió ofrecer la pericial que nos ocupa, en la forma y con las precisiones que ahora refiere, de manera que, en este caso, se viola la seguridad jurídica para las partes, pues tiene derecho a saber quien es el que va declarar y al no saber esto, la ciudadana **********, la asesora jurídica y el ministerio público, están impedidos de ejercer principios rectores como lo es la contradicción y poder refutar las probanzas que el defensor está ofreciendo; en este sentido al violar el principio y la garantía de seguridad jurídica de las partes presentes, se excluye la pericial que nos ocupa.. Atento a lo expuesto, se advierte que el acto reclamado consiste en lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 7696 2022, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, tuvo por excluida la prueba de la defensa por considerar fue ofrecida en forma extemporánea, asimismo, en tal determinación se dictó auto de apertura a juicio oral y se ordenó remitir los registros correspondientes al Tribunal de Enjuiciamiento competente; el cual constituye un acto de naturaleza procesal cuya única consecuencia es que continúe la secuela procedimiento de origen, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Por tanto, no obstante que pudieran presentarse supuestos excepcionales en los que, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos, escenario éste en el que el amparo sí resulta procedente; sin embargo, del análisis descrito de la defensa de la imputada en relación con las pruebas ofrecidas se advierte enunció diversas testimoniales, periciales, así como documentales; lo que pone de manifiesto que no se está en alguno de los supuestos de excepción. Lo relatado, pone de manifiesto que no existe una afectación de derechos sustantivos contra la demandante de amparo, pues en la resolución reclamada celebrada en audiencia intermedia, se formuló acusación a **** y se otorgó a las partes el derecho que tienen de debatir y ofrecer pruebas, así como el dictado del auto de apertura a juicio oral; lo cual no genera una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que se reitere que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Esto se afirma, pues el acto reclamado no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera, sino que constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, durante el desahogo en la etapa de juicio el juez del conocimiento determine que no existe el hecho calificado como delito o responsabilidad de la aquí quejosa, o que, estime conveniente la recepción de medios de pruebas nuevos, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, ello de considerar que se justifica el no haber conocido previamente de su existencia, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a. J. 23 2021 11a, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Undécima Época, con registro digital 2023906, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia su no admisión en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio generada por la exclusión de medios de prueba. En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; por ende lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades señaladas como responsables y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy doce de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 868 2022 V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por Guadalupe Solís Marcial, la cual fue recibida el veintidós siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: [.] Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable Ordenado LA EXCLUSIÓN DE PRUEBAS y NO ACEPTACIÓN consistente en la pericial de Ingeniería civil que determina la delimitación y colindancia de la barda de mi domicilio dentro de la superficie de su terreno identificado como Fracción Oriente del Lote **********, Manzana **********, ampliación sur que se ubica en la república de cuba número 109 de la colonia ********** en Ciudad Ahumada [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de once de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo 868 2022 V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y ********** y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa, tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y a aquella que le reviste el carácter de tercero interesado, el oficio SEAD 698 2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele la quejosa, es La exclusión de la prueba pericial en materia de ingeniería civil, ofertada en la etapa de audiencia intermedia en la causa penal 7996 2021, de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, indicó que es cierto el acto que le endilga la quejosa; remitiendo al efecto copia certificada de la carpeta de la videograbación que contiene la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós en la causa penal 7696 2021, así como su trascripción. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En este sentido, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable. CUARTO. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, establece que es procedente el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. Al respecto, se advierte que los actos que se reclaman tienen la naturaleza de ser actos intraprocesales, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, y 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; De lo anterior, puede verse que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En principio, el artículo 107 Constitucional establece que los actos dentro de juicio procesales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Esto es, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, dado que la gravedad de la violación impide en forma actual el ejercicio del derecho involucrado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, pudiendo resumirse en dos características definitorias, a saber: 1 Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2 Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el marco normativo, que comprende actos de imposible reparación, sirve para preparar el cimiento y estar en aptitud de determinar si la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia intermedia constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación; o mejor dicho, si puede o no constituir un acto de imposible reparación. Para ello, se debe tomar en consideración que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional, esto se logra si el acto puede generar de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. En este aspecto, se puntualiza, que los actos con repercusiones en el proceso penal, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de actos de imposible reparación, pues el propósito de dichos actos es dar operatividad y asegurar la observancia de los derechos sustantivos de los gobernados, tarea que se cumple con la intervención del Estado a través de la herramienta llamada proceso penal. Así, si ese tipo de derechos son violados, ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental; por lo que se considera que la cristalización de la violación en los derechos sustantivos del imputado podrá generarse hasta la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Por el contrario, los actos que implican cargas a los gobernados dentro del proceso penal, cuyos efectos se sintetizan de manera inminente en un derecho sustantivo, de manera tal que aunque se obtenga sentencia favorable en el juicio esa afectación no desaparezca representan actos de imposible reparación. Cobra aplicación, la tesis jurisprudencial 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a foja 678, Tomo II. Procesal Constitucional Común Primera Parte SCJN Quinta Sección Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, del Apéndice de 2011, Octava Época, registro 1002680, que a la letra dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese contexto, el proceso penal acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Por su parte, en la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, lo cual comprenderá el inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Mientras que, la última de las etapas que configuran el proceso, es la etapa de juicio oral, la cual tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes sus teorías del caso que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria desahogo de las pruebas, así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba etapa de investigación y los medios de prueba etapa intermedia, en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Por tanto, lo relativo a la exclusión y admisión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, esto es, la valoración en el juicio oral de las que si fueron aportadas, y por tanto existe en un plano puramente procedimental. Una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión y admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracias, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia o los de idoneidad y utilidad, haría improcedente el juicio de amparo indirecto, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es la exclusión y admisión de medios de prueba y el dictado del auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido, por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control excluya o admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración la eficacia del proceso. Además, esta protección no solo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control, quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba; figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. Asimismo, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de medios de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio. Los anteriores razonamientos fueron sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167 2020 que dio origen a la jurisprudencia 6 2021 11a, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Undécima Época, con registro digital 2023589, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Sentado lo anterior, es dable concluir que, en el presente caso, el acto reclamado participa de la naturaleza de acto procesal que no genera la afectación material a derechos sustantivos, como los antes referidos, para que de este modo sea procedente el juicio de amparo indirecto. Se dice lo anterior, pues en la audiencia intermedia de treinta de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7696 2021, en lo conducente, se resolvió en los terminos siguientes:. 13:41 horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, presentes en la décima sexta sala de audiencias del Distrito Judicial Bravos, a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 7696 2021, instruida contra Guadalupe Solís Marcial, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, audiencia que será presidida por el licenciado Hugo Óscar Alonso González, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Por parte del Ministerio Público comparece el licenciado José Antonio Delgado Gómez, Agente del Ministerio Público, licenciada Diana Edith García Cabrales, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Leticia Ivonne Ontiveros Luján, en su carácter de víctima, quien designa como su asesora jurídica a la licenciada Diana Edith García Cabrales, misma que en el acto aceptó y protestó el cargo conferido. Por parte de la defensa comparece el licenciado **********, defensor particular, la imputada **********. El Juez pregunta a las partes si ya vieron la posibilidad de arribar a una salida diversa a juicio oral, a lo que el representante social manifiesta que no existe esa posibilidad, por lo que el juzgador concede la palabra a la fiscalía a fin de que exponga su acusación de forma resumida, en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, la representación social procede a acusar formalmente a la ciudadana Guadalupe Solís Marcial, por el delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 232, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de **********, y con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expuso la síntesis de los hechos, a saber: En enero de dos mil veinte Guadalupe Solís Marcial, se posesionó materialmente de treinta metros cuadrados, al realizar una construcción dentro de dicha superficie, inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua, sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, como es la ciudadana **********, propietaria de dicho inmueble. Lo que el fiscal acusador clasificó como delito de despojo, previsto y sancionado en el numeral 232, fracción I, que a la letra dice: Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno [.]. Lo anterior, en calidad de autor directo según el artículo 21 fracción I y actuando de forma dolosa, de conformidad con el artículo 18 fracción I, atendiendo al momento de su consumación como instantáneo, según el numeral 17 fracción I, todos los anteriores del Código Penal del Estado de Chihuahua, aclarando que no existe modalidad del delito y solicita la pena máxima que señala el numeral 232 de la citada codificación estatal, consistente el cinco años de prisión y multa de quinientas veces el valor de la unidad de medida y actualización, que al momento de los hechos ascendía a $********** ********** moneda nacional, por lo que la sanción pecuniaria sería de $********** ********** moneda nacional. Asimismo, la fiscalía solicitó la reparación del daño consistente en la inmediata restitución de los treinta metros cuadrados del inmueble identificado como fracción Oriente, lote uno, manzana trece, ampliación sur, que se ubica en la calle **********, en **********, Chihuahua. Además, dicha representación social, ofreció como pruebas las siguientes: Testimoniales a cargo de: ********** y **********. Documental pública consistente en copia certificada a una foja útil de la sesión de derechos de cuatro de noviembre de dos mil once a favor de la persona moral denominada Agroindustrial Flor del Desierto, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable, en la que aparece como cedente ********** y **********. Documental pública consistente en el oficio 0224 2011, de uno de noviembre de dos mil once, signado por **********, Jefe del Departamento de Catastro de la ciudad de **********, Chihuahua, con la cual se acredita que **********, es propietaria y poseedora de un predio urbano con una superficie de trescientos metros cuadrados. Documental privada consistente en pericial en materia de topografía e ingeniería civil de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el cual se compone de once fojas e incluye plano catastral de enero de dos mil veintiuno, con clave catastral **********. Documental pública consistente en copia certificada de acta de matrimonio de dos de marzo de dos mil veintiuno, signada por la licenciada **********, Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua, con la cual se acredita que el veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, ********** e **********, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Documental privada consistente en copia simple del contrato privado de compra venta, constante de tres fojas de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho sic doce, en relación a un terreno y casa habitación sobre él construida, identificado como fracción Este, lote **********, manzana **********, ampliación sur, ubicada en calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número 14 catorce del Distrito Judicial Morelos, expedido a favor de la licenciada ***, por parte de las ciudadanas ********** y **********. Documental privada consistente en diez recibos de dinero de diversas fechas, signados por **********, por concepto de pago parcial a casa habitación que se ubica en la calle **********, Chihuahua. Documental pública consistente en copia certificada de cuatro páginas del apéndice 814 ochocientos catorce, sección primera, con el número 109, registrado bajo la inscripción 220 doscientos veinte, folio libro 814 ochocientos catorce, sección primera, del distrito judicial bravos, como movimiento de los folios reales 2115240, copia signada por **********, Registradora adscrita al Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, documental con la cual se acredita que ********** y **********, el tres de julio de mil novecientos setenta, venden, ceden o transfieren en venta real y definitiva dicho inmueble a favor de **********. Documental pública consistente en copia certificada, constante de treinta y nueve fojas útiles del expediente 610 2020 del Juzgado Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo a la incidencia de jurisdicción voluntaria promovida por **********. Documental pública consistente en copia certificada del expediente 974 2021 del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio ordinario de cualquier acción no especial, promovido por Leticia Ivonne Ontiveros Luján contra **********, también conocida como ********** y **********l y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial Bravos. Además, la representación social hace suyas todas y cada una de las testimoniales o documentales que llegue a ofrecer el abogado defensor. El Juez pregunta si tienen alguna corrección formal al escrito de acusación. A lo que el asesor jurídico respondió: que todo es correcto. A lo que víctima respondió: faltaron dos documentales públicas, la primera es la escritura pública de la **********. ********** que no coincide en este pliego y también faltan las constancias procesales del expediente 509 2016, donde la persona moral ********** cede en forma personal a la de la voz el bien al que se hace mención, objeto del litigio. El Juez concede e uso de la voz al fiscal, a lo que este manifiesta: su señoría a criterio de esta representación social no se ofreció toda vez que para la teoría del caso a la representación social no es necesario, el de la voz fue muy claro donde señalé que ofrecía la documental pública consistente en unas copias del juzgado civil y en esas copias su señoría regularmente viene todo lo que haciendo referencia la hoy víctima. A lo que la víctima dice: estoy de acuerdo con el ministerio público en que están contenidas en esas constancias procesales. El Juez ahora pregunta a la defensa si quiere hacer alguna corrección al escrito de acusación. A lo que el defensor manifiesta: fue ofertada una pericial en materia de ingeniería ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos, de la cual se remitió copia mas no hace mención, misma que forma parte de los medios que fueron ofertados, no sé que tenga que comentar respecto a eso el ministerio público. A lo que el fiscal manifiesta: para efecto de la teoría del caso de la representación social su señoría se ofrecieron todas y cada una de las probanzas con las cuales se acredita dicha teoría. Tiene razón el abogado defensor, obra dentro de la carpeta de investigación, pero considera el de la voz que en determinado momento le correspondía a él haberla ofrecido, toda vez que sería ilógico que en una acusación el ministerio público señalara algún documento que probablemente no le pudiera favorecer, aún y cuando me queda claro que el ministerio público debe actuar con diligencia y ofrecer medios de cargo y descargo, sin embargo para la teoría del caso de la representación social, no fue necesario. A lo que la defensa manifiesta: en ese momento se reserva y dice que se pronunciará más adelante cuando le corran traslado con su ofrecimiento, toda vez que la pericial fue ofertada por la defensa. Enseguida el Juez da el uso de la voz a la acusada Guadalupe Solís Marcial: reservándose. El Juez pregunta a las partes si hicieron el descubrimiento probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 337 del Código Nacional. A lo que el Ministerio público manifiesta: si su señoría en tiempo y en forma al momento que se acusó se anexó el correspondiente traslado para la defensa y en el mismo se señaló que quedaba a su disposición toda la carpeta de investigación en la fiscalía y de parte del defensor, también esta representación social en tiempo y forma fue notificada por el tribunal del descubrimiento probatorio. A lo anterior, se adhirió la asesora jurídica, mientras que la víctima **********, manifestó lo siguiente: yo considero que las pruebas que presentó la contraparte, no es ningún descubrimiento probatorio, porque pues realmente no existen como dos periodos probatorios, sino que si tiene que argumentarse porque se considera que existe un descubrimiento probatorio que en este caso sería una un encuentro o hallazgo de lo desconocido u oculto hasta este momento, por lo que, en este caso yo considero que están extemporáneamente ofrecidas sus probanzas. A lo que la defensa respondió: yo tengo en mis registros que con fecha lunes cuatro de abril del presente año, el suscrito dio un descubrimiento al Agente del Ministerio Público, de manera personal y lo cual ratificó posteriormente una vez que le llegó la acusación ante este tribunal en el mes de julio del presente año, de manera formal, sin embargo antes del cierre de investigación que fue en el mes de abril se le corrió traslado y se le hizo saber el descubrimiento al agente del ministerio público como bien lo menciona el licenciado Delgado. El Juez pregunta a la señora Leticia Ontiveros si tiene algo más que decir, a lo que esta responde que no. El Juez considera que: en este caso le asiste la razón al defensor, toda vez que cumplió el señor defensor en hacer el descubrimiento, esto en fecha tres de junio del año dos mil veintidós, el cual fue presentado ante este tribunal de control a las catorce horas, mismo que a su vez se le corrió traslado al agente del ministerio público y a la vez por manifestación también así de la licenciada García pues no hizo manifestación, en contrario, al momento de que se le corrió la voz y es por lo que este resolutor es ajustada a derecho en cuanto al descubrimiento probatorio que hizo en este caso el señor defensor, pues incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el propio defensor puede presentar su descubrimiento probatorio incluso en la misma audiencia intermedia, razón por la cual no le asiste razón a la ciudadana Leticia Ivonne Ontiveros Luján, de su manifestación hecha en cuanto el descubrimiento probatorio. Bien, siendo así entonces en este caso le pregunto a la defensa si tiene en este momento la teoría del caso que va hacer valer en la audiencia de juicio oral. A lo que la defensa responde: claro que si señor Juez, la teoría del caso del defensor va versar en que los medios de prueba ofertados por el agente del ministerio público y en su caso, de ser así, por parte del asesor jurídico, son insuficientes para acreditar tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad plena de mi representada ya que los datos que ha ofertado la víctima son insuficientes y deben de ser objeto de valoración minuciosa, ya que dicha persona acostumbra apoderarse de inmuebles de la misma forma como la que ha tratado de hacerlo con mi representada, tan es así que obran datos contundentes en la carpeta de investigación, por lo cual no hay elementos suficientes para acreditar el delito de despojo y de lo cual acreditaremos en su momento durante el transcurso del desarrollo del juicio oral donde deberá verse sic hacerse ya una resolución en su momento. A lo que el Juez, continuando con el uso de la voz, pregunta a la defensa si va ofrecer medios de prueba. A lo que el defensor expone: si, conforme al ofrecimiento con el que ya se les corrió traslado e hizo mención el agente del Ministerio Público la defensa ofertará lo siguiente: Testimonial a cargo de ********** y **********a. Pericial hace una precisión: este pericial en su momento fue descubierta o acordada en base a un principio de lealtad con el agente del Ministerio Público, ya que a través del Ministerio Público se pidió con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, ante el presidente de la asociación de ingenieros y arquitectos de ciudad Juárez, una pericial de la barda respecto a la que delimita la calle**********, en materia de ingeniería civil para determinar precisamente esta antigüedad, la cual se solicitó el veintitrés de diciembre y para fecha del ofrecimiento aún no formaba parte de la carpeta de investigación, debido a que todavía no estaba lista, sin embargo, para esta fecha ya obra de acuerdo a lo especificado por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación y de la cual ofrecemos también dicha pericial, de la que únicamente solicitaría al agente del Ministerio Público me pudiera proporcionar el nombre de la perito, ya que no veo la pericial que forme parte de la carpeta, la cual ya fue remitida, esto para efectos de precisarle el nombre de la perito señor agente. En este momento el fiscal hace uso de la voz: abogado defensor, sólo quiero que me aclare un punto ¿usted se refiere a la pericial que solicitó la representación social o a la pericial que ustedes ofrecieron?, porque en cuanto a la que usted solicitó a la representación social no fue realizada por el perito de la fiscalía, misma que reconozco que usted ofreció. A lo que el defensor manifiesta que se refiere a la que él ofreció, sin precisar el nombre del perito encargado de rendirla, ya que si mal no recuerdo la misma víctima se lo hizo llegar y esa no está en la carpeta, y lo que necesito del fiscal es que me ayude a ubicar el ofrecimiento en tiempo y forma, dentro de la carpeta de investigación, ya que obran registros de que fue solicitada y efectivamente fue contestada, que se solicitó a través de la representación social, de la que en este momento no tengo la copia, pero sé que fue incorporada a su carpeta en tiempo y forma. A lo que el Ministerio Público manifiesta: su señoría tiene razón el abogado defensor, no la encuentro dentro de mi carpeta pero efectivamente él ofreció en tiempo y forma dicha pericial. El Juez pregunta al defensor donde hizo el ofrecimiento de la pericial que nos ocupa, a lo que el defensor responde que el ofrecimiento lo hizo llegar personalmente en la oficina del fiscal y el ministerio público acepta que recibió el ofrecimiento. El defensor agrega que lo hizo para efectos de que en el auto de apertura pueda decirse el nombre de la persona y se incorpore y en ese entonces la propia víctima fue la que lo llevó y por cuestiones de trabajo ya no volví a coincidir con el Ministerio Público, por lo que no tuve la oportunidad de imponerme del nombre de la persona, nombre con el que cuenta la víctima, sin embargo en este acto lo único que quiero es el nombre para efectos de que pueda ser precisado en el auto de apertura, ya que los registros son muy claros, la pericial fue solicitada en tiempo y forma desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno, antes del plazo de cierre y fue incorporada un poco después del cierre de investigación, con todos los lineamientos y parámetros que para ello establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ahora únicamente preciso el nombre del perito. A lo que el Juez manifiesta: A ver entonces licenciado Rubio estoy entendiendo, en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, en cuanto al descubrimiento probatorio, aquí en este punto de periciales, usted únicamente está ofreciendo lo que a continuación dice: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle ********** que colinda en la parte de atrás del **********, en esta ciudad; sin embargo en este escrito yo advierto que usted se refiere al escrito de acusación y en la acusación la única testimonial que habla de una pericial es en el capítulo 1.5 referente a prueba testimonial, de hecho ni siquiera está ofrecida como pericial. A lo que el defensor manifiesta: no ahí hay una cuestión de forma en relación a lo que se ofreció, es decir a las pruebas que fueron ofertadas y solicitadas ante el Ministerio Público por parte de la defensa, ya que se puso de esa forma, sin especificar el nombre debido a que todavía no se anexaba a la carpeta de investigación, la pericial no estaba lista, aunque se solicitó desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno y en el mes de marzo o abril no se había formado la carpeta, es por eso que le digo que hubo un error de forma no de fondo, ya que de acuerdo a las fechas, queda claro que se ofreció en tiempo y forma y que es la única pericial que se ofreció ante el ministerio público. El Juez reitera que su pregunta era relativa a que el defensor, en el descubrimiento probatorio manifestó que hacía suyas las pruebas periciales ofrecidas en la acusación de la fiscalía, sin embargo el representante social no ofreció pericial alguna, sólo hizo mención de una en el capítulo 1.5 de la acusación, más no la ofreció. El defensor reitera lo antes dicho, que ofreció la pericial en tiempo y forma de manera personal ante el ministerio público, que no precisó el nombre del perito encargado de su desahogo debido a que no existía en ese momento la carpeta de investigación. El Juez le pregunta al defensor si tuvo acceso a la carpeta en todo momento y el responde que sólo a la información que le daban. El Juez manifiesta que el agente del Ministerio Público ha dejado claro que la carpeta de investigación Con el descubrimiento probatorio, estaba a disposición del defensor y el defensor reitera que el ofrecimiento de dicha pericial no formaba parte de la carpeta en virtud de que al momento del su ofrecimiento, no estaba formada la carpeta, esto debido a que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que se pueda acusar incluso después del cierre de la investigación, siempre y cuando las pruebas se solicitaran en tiempo y forma, para después incorporarse, que fue lo que hizo el agente del Ministerio Público, acusó después. Es decir, la pericial estaba solicitada pero todavía no formaba parte de la investigación. Por eso una vez que se acusó y se contestó, debió incorporarse a la carpeta de investigación, esto fue después del mes de abril de dos mil veintidós. El Juez concede la palabra al ministerio público para ver si quiere aclarar el punto relativo a la pericial. A lo que el representante social manifiesta que el defensor hizo suyas las periciales ofrecidas por el fiscal, y dicha fiscalía no ofreció la pericial que refiere el defensor. La víctima del delito Leticia Ivonne Ontiveros Luján manifiesta que la pericial en ingeniería civil no aparece en la carpeta de investigación, por lo que no fue ofertada en tiempo y forma y ni siquiera escrita en el pliego de su descubrimiento y si no existe, ni se conoce quien lo realiza, ni domicilio ni cédula, entonces válidamente se puede desechar la prueba. Se reanuda el ofrecimiento de pruebas a cargo de la defensa: Prueba fotográfica del interior y exterior del domicilio del inmueble en el que se construyó una barda que delimita la propiedad de la acusada y la de la denunciante. Grabaciones de voz de la víctima. Hace suyas las pruebas del Ministerio público. Aclara que cuando dijo que hacía suyas las periciales ofertadas por el ministerio público en la acusación, fue un error y lo que en verdad quiso decir fue que reiteraba el ofrecimiento hecho por el mismo, relativo a la pericial en materia de ingeniería civil. Se concedió un receso de 5 minutos a efecto de que el defensor precise el nombre del perito en materia de ingeniería civil. Se reanuda la audiencia El defensor proporciona el nombre del perito a quien se le encomendó la experticia en materia de ingeniería civil: se llama José María Cárdenas León, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción; la pericial debe versar en cuanto a la antigüedad de la barda que obra entre las calles ********** en **********, que colinda entre la casa de la víctima y la casa de la denunciante. El defensor manifiesta que el cuatro de abril de dos mil veintidós corrió traslado al ministerio público con la pericial en materia de ingeniería, todavía no contaba con el nombre del perito **********, por eso únicamente hizo mención de esa pericial y el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue incorporada. El Juez pide al defensor pide al defensor que precise la fecha en que tuvo conocimiento de la pericial, el defensor manifiesta que probablemente a partir del veintiuno de abril de dos mil veintidós. El juez tiene al defensor haciendo un saneamiento a su punto de periciales y lo tiene ofreciendo pericial en materia de ingeniería antes descrita, a fin de determinar la antigüedad de la barda del domicilio ubicado en las calles República de **********, en **********, Chihuahua, correspondiente al lote 2, manzana 13, de acuerdo a la escritura catastral revisada por J**********, arquitecto en materia de Avalúos y proyectos de construcción, con cédula **********, con domicilio en **********. El ministerio público manifiesta que el defensor, en su momento procesal oportuno, hizo propias las periciales que ofreció la representación social. El defensor aclara que además de la pericial, también ofrece la testimonial del perito. En cuanto al saneamiento que pretende hacer el defensor, la asesora jurídica de la víctima manifiesta que esa representación no está de acuerdo, toda vez que la defensa tenía conocimiento de la carpeta, pudo haberlo hecho en tiempo y forma, sin embargo no lo precisó en su momento. Al respecto, la víctima **********n, también se opone por considerar que no corresponde al inmueble en litigio. El Defensor aclara que la pericial versa sobre la barda que divide las propiedades de la víctima y su representada. El Juez resuelve: que en el punto número uno del escrito presentado ante ese tribunal el tres de junio de dos mil veintidós, en el cual, la defensa hace su descubrimiento probatorio y como datos para presentar y desahogar en juicio oral, en su rubro de periciales, punto número uno, indica que ofrece todas las probanzas o periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación, en relación a la pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad ubicada en la calle **********, que colinda en la parte de atrás del **********, en **********, Chihuahua; al respecto el defensor pretende en este momento sanear su ofrecimiento para que quede de forma diferente, es decir, pretende ofrecer la testimonial a cargo del arquitecto **********, que versará en relación a la barda del domicilio ya precisado. Al respecto el juez considera que el saneamiento establecido por el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los errores u omisiones del procedimiento pueden ser saneables reponiendo el acto, rectificando el error, o realizando el acto omitido; sobre esa base, el juez no comulga con la apreciación del defensor, en virtud de que los actos saneables son aquellos que inobservaron las formalidades previstas en el propio código y en este caso dichas formalidades atañen al fondo del asunto, en virtud de que ofrece un testigo diferente a los ofrecidos en un inicio, ya que ofertó los mismos que el ministerio público en su pliego de acusación, fiscal que, cabe precisar, no hizo referencia a ningún punto de los que refiere la defensa, de manera que el juez considera que no puede realizarse el saneamiento, toda vez que no afecta la forma sino el fondo del asunto, toda vez que la defensa pretende que declare el perito, en juicio oral; por lo que dicho resolutor no acede a realizar el saneamiento pretendido por la defensa. El defensor manifiesta que no tiene más pruebas que ofrecer. Las partes manifiestan que no llegaron a acuerdos probatorios. El defensor manifiesta no tener ninguna exclusión probatoria en relación a las ofrecidas por el ministerio público. Igualmente el representante social no tiene exclusiones de pruebas para las ofrecidas por la defensa. Mientras que la asesora de víctimas, expone su intención de excluir la prueba testimonial a cargo de ********** y **********, toda vez que las considera innecesarias y sobreabundantes. En cuanto a la pericial que ofrece a cargo del arquitecto **********, por considerar que su ofrecimiento no reúne los requisitos y formalidades establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni existe certeza de que hubiese sido ofrecida en tiempo, toda vez que el oferente ni siquiera sabía el nombre del perito. Por lo que hace a las grabaciones de audio que pretende presentar el defensor, por considerar que va encaminada a probar hechos distintos de los que son materia de la Litis la víctima ofrece dinero a un testigo para que declare a su favor. El Juez concede el uso de la voz al defensor, quien manifiesta: contrario a lo que expone la asesora jurídica, claro que la testimonial de Eleazar López Reyes, tienen relación con los hechos, ya que el conoce a ambas partes y declarará sobre el tiempo que ha durado la barda. El Juez resuelve: considera que le asiste razón al defensor, puesto que guarda relación con el predio materia de la Litis; por lo tanto no excluye este medio de prueba. Por lo que hace a la solicitud de la asesora jurídica, relativa a excluir la pericial ofrecida por la defensa, el Juez da vista al defensor, quien manifiesta: Sostengo que como lo referí anteriormente la pericial se ofreció en tiempo y yo pensaba que el ministerio público tenía la obligación de ofertar todo lo que había en la carpeta, lo que no ocurrió en el presente caso, pese a que formuló su acusación tiempo después del ofrecimiento de la pericial, agregando que para la fecha en que se ofreció, no se conocía el nombre del perito encargado de desahogarla, además de que se incorporó después y no hay ninguna violación a los derechos humanos de la contraparte y como reconoció el ministerio público, él ya tenía conocimiento de que se desahogaría la pericial que nos ocupa, tan es así que la tiene en la carpeta de investigación, reiterando que fue ofrecida en tiempo, solicitada a través del ministerio público, recibida por el referido fiscal y si no se precisó el nombre del perito, fue debido a que la defensa desconocía quien sería el encargado de desahogarla y en caso de que no se admitiera, nos dejaría en estado de indefensión. Aunado a que, no estoy solicitando el saneamiento, sólo precisando que por la lealtad que debe existir entre las partes, le informamos el ofrecimiento al ministerio público y precisamente por su conducto se solicitó la prueba, ya que él es quien realiza la investigación, es por ello que, desconocía esta defensa el nombre del perito, por lo tanto, solicito que no sea excluida la probanza. La asesora jurídica indica que el defensor está haciendo manifestaciones relativas al saneamiento, el cual ya fue resuelto por el Juez. El Juez considera que le asiste razón a la asesora jurídica, en virtud de que en el rubro de periciales del escrito del defensor, de tres de junio de dos mil veintidós, manifiesta textualmente lo siguiente: hacemos nuestras las pruebas periciales ofertadas por el ministerio público en su pliego de acusación en relación a la prueba pericial en materia de ingeniería civil y pericial en criminalística que determina la antigüedad de las bardas de la propiedad en mención ubicada en la calle Jiménez 802, y República de Chile, que colinda con la parte de atrás del Callejón Jiménez, de la colonia Chihuahua, en la ciudad Ahumada. En este sentido, el defensor señala que ofrece las pruebas de la fiscalía en su acusación, esto referente a la prueba pericial, sin embargo, advierto de la acusación que el ministerio público no hace referencia a ninguna prueba pericial en el único rubro es en la testimonial, y en esta se refiere nada más a la declaración a cargo del ingeniero civil, **********, quien en el punto de prueba dice que declarará en relación al dictamen pericial en materia de topografía e ingeniería civil; por lo que, en este sentido no advierto que haya prueba pericial ofrecida por el señor ministerio público y es por ello que el defensor, primero intentó un saneamiento en el que se consideró que no le asiste la razón y posteriormente señala que es una precisión, no obstante, el Juez considera que no es una precisión la que hace el defensor, en virtud de que existen tiempos perentorios, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 337, 338 y 340; por tanto, si bien es cierto, tal como dice el señor defensor, la pericial fue ofrecida al agente del Ministerio Público, eso fue en la etapa de investigación que es diferente a la intermedia, y si el ministerio público no la ofreció en su etapa de investigación, fue debido a que no le servía para su teoría del caso y en todo caso el señor defensor para su teoría del caso, la debió ofrecer en los términos legales a que alude el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a su vez hacer el descubrimiento probatorio como lo establece el artículo 337 de la citada codificación, incluso, el ignorar el nombre del perito, no es motivo suficiente para no haberla ofrecido en términos del numeral 337 antes citado, pues el defensor ha reconocido que desde el veintiuno de abril de dos mil veintidós tuvo conocimiento de esta prueba y por ello, el tres de junio del mismo año, que presentó su escrito de descubrimiento probatorio, debió ofrecer la pericial que nos ocupa, en la forma y con las precisiones que ahora refiere, de manera que, en este caso, se viola la seguridad jurídica para las partes, pues tiene derecho a saber quien es el que va declarar y al no saber esto, la ciudadana **********, la asesora jurídica y el ministerio público, están impedidos de ejercer principios rectores como lo es la contradicción y poder refutar las probanzas que el defensor está ofreciendo; en este sentido al violar el principio y la garantía de seguridad jurídica de las partes presentes, se excluye la pericial que nos ocupa.. Atento a lo expuesto, se advierte que el acto reclamado consiste en lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 7696 2022, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, tuvo por excluida la prueba de la defensa por considerar fue ofrecida en forma extemporánea, asimismo, en tal determinación se dictó auto de apertura a juicio oral y se ordenó remitir los registros correspondientes al Tribunal de Enjuiciamiento competente; el cual constituye un acto de naturaleza procesal cuya única consecuencia es que continúe la secuela procedimiento de origen, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Por tanto, no obstante que pudieran presentarse supuestos excepcionales en los que, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos, escenario éste en el que el amparo sí resulta procedente; sin embargo, del análisis descrito de la defensa de la imputada en relación con las pruebas ofrecidas se advierte enunció diversas testimoniales, periciales, así como documentales; lo que pone de manifiesto que no se está en alguno de los supuestos de excepción. Lo relatado, pone de manifiesto que no existe una afectación de derechos sustantivos contra la demandante de amparo, pues en la resolución reclamada celebrada en audiencia intermedia, se formuló acusación a **** y se otorgó a las partes el derecho que tienen de debatir y ofrecer pruebas, así como el dictado del auto de apertura a juicio oral; lo cual no genera una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que se reitere que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Esto se afirma, pues el acto reclamado no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera, sino que constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, durante el desahogo en la etapa de juicio el juez del conocimiento determine que no existe el hecho calificado como delito o responsabilidad de la aquí quejosa, o que, estime conveniente la recepción de medios de pruebas nuevos, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, ello de considerar que se justifica el no haber conocido previamente de su existencia, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a. J. 23 2021 11a, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Undécima Época, con registro digital 2023906, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia su no admisión en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio generada por la exclusión de medios de prueba. En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; por ende lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades señaladas como responsables y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy doce de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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