Guadalupe Salas López
Expediente 66/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guadalupe Salas López y Otros.
- Guadalupe Salas López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales Finalmente, en cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo **********/2020-IV, promovido por **********, por sí y en representación del Comité de Vecinos del Fraccionamiento **********, ubicado en Ciudad Juárez. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de febrero de dos mil veinte, turnado a este juzgado el cuatro de febrero de dos mil veinte, **********, por sí y en representación del Comité de Vecinos del Fraccionamiento **********, ubicado en Ciudad Juárez, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados en su contra, los previstos en los artículos 1º, 6º, 14, 16, 26, apartado A, 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en auto de doce de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un actos emitidos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente asunto, se determina que la parte quejosa reclamó: Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: La promulgación del Decreto No. LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. (denominación correcta), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de junio de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (debido a la omisión legislativa de establecer una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana, previstas en el artículo 61 de dicha Ley). La promulgación del acuerdo 142/2019, que contiene el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (debido a la omisión reglamentaria de establecer una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana, previstas en el artículo 61 de dicha Ley, así como a la omisión de reglamentar exhaustivamente sobre el ejercicio del presupuesto participativo). Del Congreso del Estado de Chihuahua: La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. LXV/RFCNT/0769/2018 II (debido a la omisión legislativa de establecer una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana, previstas en el artículo 61 de dicha Ley. Del Director General de Normatividad del Estado de Chihuahua: La promulgación del Decreto No. LXV/RFCNT/0769/2018 II, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (debido a la omisión legislativa de establecer una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana, previstas en el artículo 61 de dicha Ley). La promulgación del acuerdo 142/2019, que contiene el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (debido a la omisión de establecer una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana, previstas en el artículo 61 de dicha Ley, así como a la omisión de reglamentar exhaustivamente sobre el ejercicio del presupuesto participativo). Del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua: La omisión de emitir un reglamento que estableciera las disposiciones mínimas a observar en la convocatoria para el proceso de selección de las obras a ejecutarse con los recursos del presupuesto participativo correspondiente al año dos mil veinte. La omisión de discutir y aprobar, en una sesión de cabildo, el contenido de la convocatoria para el ejercicio del presupuesto participativo de dos mil veinte. La omisión de participar en la publicación de la convocatoria, el proceso de votación y la publicación de los resultados. De la Comisión de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua: La omisión de promover las acciones tendientes a incentivar la participación ciudadana y la democracia participativa. Del Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua: La omisión de presentar al Ayuntamiento, para su discusión y aprobación, la convocatoria y el procedimiento a seguir para la selección de las obras para ejercer el presupuesto participativo dos mil veinte. La omisión de otorgar a los comités de vecinos de Ciudad Juárez, la participación que les corresponde, como órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal, en el proceso de presupuesto participativo para el año dos mil veinte; esto, desde los actos de preparación del proceso, la emisión de la convocatoria, el proceso de recepción y de selección de propuestas, conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, su Reglamento y el Código Municipal del Estado de Chihuahua. La suscripción, contenido y publicación de la convocatoria para el presupuesto participativo, correspondiente al dos mil veinte, emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. La autorización del contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte. La publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal. El proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Del Director General de Planeación y Evaluación del Municipio de Juárez, Chihuahua: La omisión de otorgar a los comités de vecinos de Ciudad Juárez, la participación que les corresponde, como órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal, en el proceso de presupuesto participativo para el año dos mil veinte; esto, desde los actos de preparación del proceso, la emisión de la convocatoria, el proceso de recepción y de selección de propuestas, conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, su Reglamento y el Código Municipal del Estado de Chihuahua. La suscripción, contenido y publicación de la convocatoria para el presupuesto participativo, correspondiente al año dos mil veinte, emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. La autorización del contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el año dos mil veinte. La publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal El proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Del Director General de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, Chihuahua: La omisión de promover la organización de la sociedad para el ejercicio del presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte. La omisión de otorgar a los Comités de Vecinos la participación que les corresponde en el ejercicio del presupuesto participativo para el año dos mil veinte. La suscripción, publicación y contenido de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo, emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. La publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal La autorización del contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte. Del Secretario particular del Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua: La omisión de promover la organización de la sociedad para el ejercicio del presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte. La omisión de otorgar a los Comités de Vecinos la participación que les corresponde en el ejercicio del presupuesto participativo para el año dos mil veinte. La autorización del contenido, y la publicación, de la boleta de votación usada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo. La publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal El proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. La negativa a sellar y recibir el formato de nuevas propuestas para el presupuesto participativo dos mil veinte y la propuesta presentada por el Comité de Vecinos del fraccionamiento Puente Alto, esto, el catorce de enero de dos mil veinte. El consecuente desechamiento de plano de la propuesta mencionada en el inciso anterior. Del Director del Área de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua: La omisión de promover la organización de la sociedad para el ejercicio del presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte. La omisión de otorgar a los Comités de Vecinos la participación que les corresponde en el ejercicio del presupuesto participativo para el año dos mil veinte. La autorización del contenido, y la publicación, de la boleta de votación usada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo. La publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal El proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. La negativa a sellar y recibir el formato de nuevas propuestas para el presupuesto participativo dos mil veinte y la propuesta presentada por el Comité de Vecinos del fraccionamiento Puente Alto, esto, el catorce de enero de dos mil veinte. El consecuente desechamiento de plano de la propuesta mencionada en el inciso anterior. Del Tesorero Municipal de Juárez, Chihuahua: La omisión de otorgar a los comités de vecinos de Ciudad Juárez, la participación que les corresponde, como órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal, en el proceso de presupuesto participativo para el año dos mil veinte; esto, desde los actos de preparación del proceso, la emisión de la convocatoria, el proceso de recepción y de selección de propuestas, conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, su Reglamento y el Código Municipal del Estado de Chihuahua. La suscripción, publicación y contenido de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo, emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. La autorización del contenido y publicación del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal La autorización del contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte. El proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos de obras, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En este apartado se establecen los actos reclamados que resultaron inexistentes: 1.- El Director General de Normatividad del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en su informe justificado (foja 98), manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en la promulgación de la Ley y acuerdo que contiene el Reglamento, reclamados, así como las omisiones legislativas precisadas. Lo anterior, pues la emisión de tales actos no se encuentra dentro de sus facultades, previstas en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, lo que corrobora teniendo a la vista el contenido de dicho precepto. 2.- El Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 262), manifestó que la facultad reglamentaria que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los Municipios, relacionada en el caso, con el artículo 28, fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es discrecional, de manera que, aun cuando efectivamente omitió emitir el reglamento a que se refiere la parte quejosa, ello no constituye una omisión que se considere existente para efectos del juicio de amparo, pues esto solo ocurre cuando se prevea, en la Ley, el mandato expreso de reglamentar en determinado sentido. En relación con lo anterior, efectivamente resulta aplicable la determinación en ese sentido, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis XX/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100, materia Común, Décima Época, con registro digital 2016424, del rubro y texto siguientes: OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de discutir y aprobar, en sesión de cabildo, el contenido de la convocatoria para el ejercicio del presupuesto participativo de dos mil veinte, aduce que, aun cuando es cierta esa omisión, también lo es que conforme a los artículos 30, 31, 62 y 63, fracción VI, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, es al Secretario del Ayuntamiento, a petición del Presidente Municipal, a quien le corresponde convocar a los integrantes del Cabildo, a sesionar; de manera que, efectivamente, atendiendo al contenido de tales numerales, si el Secretario del Ayuntamiento no convocó a una sesión de Cabildo, para discutir y aprobar, la mencionada convocatoria, esa omisión no es atribuible al Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua. Finalmente, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de participar en la publicación de la convocatoria, el proceso de votación y la publicación de los resultados, el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, señala que las dependencias del Municipio de Juárez que participaron, de forma coordinada, en la atención y organización de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, fueron la Dirección de Atención Ciudadana, la Dirección de Planeación y Evaluación y la Tesorería Municipal; esto, de conformidad con los artículos 2 y 4 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, que establecen que el Presidente Municipal ejercerá la administración pública municipal, por sí, pero también a través de los titulares de las dependencias de acuerdo a su competencia. Lo anterior se corrobora, como se indicará en los apartados correspondientes, con los informes justificados de dichas autoridades responsables, así como con las documentales que exhibió el Director de Atención Ciudadana. 3.- El Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 264), manifestó que efectivamente omitió realizar los actos que se le reclaman, consistentes en: - presentar al Ayuntamiento, para su discusión y aprobación, la convocatoria y el procedimiento a seguir para la selección de las obras para ejercer el presupuesto participativo dos mil veinte, - otorgar a los comités de vecinos de Ciudad Juárez, la participación que les corresponde, como órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal, en el proceso de presupuesto participativo para el año dos mil veinte; esto, desde los actos de preparación del proceso, la emisión de la convocatoria, el proceso de recepción y de selección de propuestas, conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, su Reglamento y el Código Municipal del Estado de Chihuahua, - autorizar el contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, - publicar el contenido del formato "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020", el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal, y - el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Lo anterior, pues además de lo ya expuesto en relación con la inexistencia de las omisiones atribuidas al Ayuntamiento, no se trata de actos que conforme a la Ley, le correspondiera llevar a cabo, ya que artículo 60, párrafos primero a cuarto, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, dispone que el despacho de los asuntos del municipio recae en la persona del Presidente Municipal, quien se auxiliará de las dependencias ahí señaladas. De manera que, en el caso, la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Planeación y Evaluación, fueron las dependencias que tuvieron a su cargo todo lo relacionado con la discusión, aprobación y publicación de la mencionada convocatoria, así como otorgar participación a los comités de vecinos y recibir propuestas; a quienes también les correspondió autorizar el contenido y publicar la boleta de votación y el formato de registro de propuestas, así como llevar a cabo el proceso de recepción de propuestas y la selección de obras. Al respecto, se tiene que la certeza o inexistencia de los actos reclamados, depende de que la autoridad responsable de que se trate, cuente, o no, con facultades para ejercerlos, de manera que, si las omisiones que se le atribuyen, no están comprendidas dentro del marco legal que prevé sus facultades, no pueden tenerse como ciertas las omisiones que se le reclaman, y en cambio, se determina la inexistencia de las omisiones reclamadas al Presidente Municipal de Juárez, Estado de Chihuahua. Lo anterior se corrobora, como se indicará en los apartados correspondientes, con los informes justificados de dichas autoridades responsables, así como con las documentales que exhibió el Director de Atención Ciudadana. 4.- El Tesorero del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 252), manifestó que efectivamente omitió realizar los actos que se le reclaman, consistentes en: - otorgar a los comités de vecinos de Ciudad Juárez, la participación que les corresponde, como órganos de información, consulta, promoción, gestión social y colaboración vecinal, en el proceso de presupuesto participativo para el año dos mil veinte; esto, desde los actos de preparación del proceso, la emisión de la convocatoria, el proceso de recepción y de selección de propuestas, conforme a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, su Reglamento y el Código Municipal del Estado de Chihuahua, - autorizar el contenido y publicar el formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020", en la página oficial del Gobierno Municipal, el diez de enero de dos mil veinte, - autorizar el contenido y publicar la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, y - el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos de obras, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Lo anterior, pues conforme a los artículos 64 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 26 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, realizar tales actividades no está dentro de sus facultades, por lo tanto, si las omisiones que se le atribuyen, no están comprendidas dentro del marco legal que prevé sus facultades, no pueden tenerse como ciertas las omisiones que se le reclaman, y en cambio, se determina la inexistencia de las omisiones reclamadas al Tesorero del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Lo anterior se corrobora, como se indicará en los apartados correspondientes, con el informe justificado del Director de Atención Ciudadana, así como con las documentales que exhibió. 5.- La Directora de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 258), manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en: - omitir promover la organización de la sociedad para el ejercicio del presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte, y - omitir otorgar a los comités de vecinos, la participación que les corresponde en ese ejercicio. Lo anterior, pues precisamente esas funciones le están expresamente encomendadas en el artículo 2º de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua; sin embargo, tales omisiones se tienen como inexistentes, pues esos actos los llevó a cabo el Director de Atención Ciudadana, como se indicará en el apartado correspondiente. Por otra parte, dicha autoridad negó la existencia del resto de los actos que se le atribuyen, consistentes en: - la suscripción, publicación y contenido de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo, emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, - la publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto participativo 2020" publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página oficial del Gobierno Municipal, y - la autorización del contenido y la publicación de la boleta de votación, utilizada en el proceso de selección de obras del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte. Lo anterior, pues tales actos correspondió llevarlos a cabo al Director General de Planeación y Evaluación y al Director de Atención Ciudadana, respectivamente, lo que se corrobora, como se indicará en los apartados correspondientes, con los informes justificados de dichas autoridades responsables, así como con las documentales que exhibió la segunda de las mencionadas autoridades responsables. 6.- El Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, Chihuahua, en su informe justificado (foja 247), manifestó que es cierta la omisión que se le atribuye, consistente en "no presentar al Ayuntamiento para su discusión y aprobación, la convocatoria y el procedimiento a seguir, para la selección de las obras en el ejercicio del presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte"; no obstante, a dicha autoridad no se le reclamó tal acto, sino el consistente en "la omisión consistente en no promover las acciones tendientes a incentivar la participación ciudadana y la democracia participativa" (foja 5, apartado "5.", del capítulo denominado "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIONES RECAMADOS" de la demanda de amparo), sin que dicha autoridad responsable se haya manifestado en relación a la certeza o inexistencia, precisamente, del acto que efectivamente se le atribuye. Sin embargo, no ha lugar a presumir cierto dicha omisión, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues como se indicará en el apartado correspondiente, ese acto correspondió al Director de Atención Ciudadana. 7.- El Secretario Particular del Presidente del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 104), manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, pues sus facultades, adujo, corresponden a atender la actividad cotidiana del Presidente Municipal, las relaciones públicas, la instrumentación y vigilancia de los programas de atención ciudadana, pero no tiene injerencia alguna en las acciones relacionadas con el presupuesto participativo; lo que así se desprende, efectivamente, del artículo 110 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 8.- El Director General de Planeación y Evaluación del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 249), se refirió a actos que no le fueron reclamados. Sin embargo, atendiendo al contenido del artículo 78 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, los actos que efectivamente se le reclamaron, consistentes en: - la omisión de otorgar a los comités de vecinos la intervención que les correspondía, - la autorización del contenido y publicación de la boleta de votación utilizada en el proceso de selección de las obras del presupuesto participativo para el año dos mil veinte, - la publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020, publicado el diez de enero de dos mil veinte, en la página del Gobierno Municipal, y - el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. No se encuentra dentro de sus facultades, sino que, tales actos lo llevó a cabo el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, como se precisa en el numeral que sigue, autoridad que publicó el formato "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (cuya denominación correcta es PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 REVISIÓN DE REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS, foja 129), la boleta de votación en el proceso de selección de obras y llevó a cabo el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos llevada a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte, como ahí se indica, conforme a las documentales ahí descritas y valoradas. 9.- El Director de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en su informe justificado (foja 99), manifestó que no son ciertos los actos consistentes en: - omitir la promoción de la organización de la sociedad para ejercer el presupuesto participativo del ejercicio dos mil veinte, - la omisión de otorgar a los Comités de Vecinos la participación que les corresponde en el ejercicio del presupuesto participativo para el año dos mil veinte. Lo anterior, pues ello corresponde a sus facultades, de acuerdo a los artículos 113 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, así como los numerales 2, 75, 76, 77 y 84 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Además, al respecto, en el mes de diciembre de dos mil diecinueve, expidió convocatoria para promover el Presupuesto Participativo (foja 105), en la cual estableció las bases sobre las cuales se llevaría a cabo el procedimiento, esto con el propósito de involucrar a los ciudadanos a través de consultas directas en la deliberación y definición de propuestas para integrar el listado de obras; dicha convocatoria se publicó en el Diario de Juárez, así como en la página oficial del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua (como lo reconoció la parte quejosa en su demanda de amparo) (fojas 105 a 108). Asimismo, elaboró un manual para ejercer el presupuesto participativo (fojas 110 a 124), un manual para la mesa de votación (fojas 126 y 128), un formato de revisión de los requisitos para el registro de propuestas ciudadanas (foja 129) y un formato de recepción de propuestas (foja 131); luego, se elaboraron actas de apertura, incidencias y recepción de boletas e instalación de la mesa receptora (foja 132). De igual forma, el ocho de enero de dos mil veinte, se celebraron cinco reuniones mediante el mecanismo de audiencia pública (fojas 142 a 182). Se invitó al Presidente del Instituto Electoral Estatal, como observador y fedatario en los resultados (fojas 135 y 136), así como al Presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo y a la Síndica del Ayuntamiento, para la validación de los resultados de la votación (fojas 138 y 190). Finalmente, se levantaron las actas de conteo de boletas de votación, ante el representante de la Contraloría Social Comunitaria, representante del Instituto Electoral Estatal, un servidor público municipal y un testigo (fojas 133 y 184 a 198). Documentos aportados por la citada autoridad responsable, anexos a su informe justificado, que demuestran que no omitió llevar a cabo los actos mencionados, pues fueron exhibidos en copia certificada, de manera que, se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. De los que se puede advertir claramente que, como lo aduce dicha autoridad, no es acertado que haya omitido fomentar la participación ciudadana para el ejercicio del presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte. De igual forma, manifestó que no son ciertos los actos reclamados consistentes en: - la negativa a sellar y recibir el formato de nuevas propuestas para el presupuesto participativo de dos mil veinte y la propuesta presentada por el Comité de Vecinos del fraccionamiento **********, esto el catorce de enero de dos mil veinte, y - El consecuente desechamiento de plano de la propuesta mencionada. Pues lo cierto es que no se negó a sellar la recepción propuesta ciudadana que presentó la parte quejosa, sino que, al revisar la información plasmada por ella en el formato de nuevas propuestas, se encontró que no cumplía con el requisito de presentación de al menos cincuenta por ciento de firmas de los beneficiarios directos de dicha propuesta, ni con la presentación de la carta compromiso de participación económica en relación con su costo, como se indicó en los requisitos señalados en el formato de registro de propuestas que fue puesto a disposición de la ciudadanía. Al respecto, insiste en que no se negó a sellar la recepción de dicha propuesta, sino que se apercibió a la parte quejosa para que en un término de tres días hábiles (que concluían el diecisiete de enero de dos mil veinte, precisamente cuando concluyó el proceso de recepción de propuestas), cumpliera con tales requisitos, sin que lo hubiere hecho; por lo que no existe, propiamente, un desechamiento de su propuesta, sino que ello ocurrió de forma automática ante su falta de interés en presentarla con los requisitos indicados. En relación con la negativa de los dos últimos actos reclamados mencionados, la parte quejosa no exhibió medio de convicción alguno para desvirtuarla y demostrar que, efectivamente, el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, se negó a recibir y sellar la propuesta que pretendió y la desechó de plano, esto, como actos expresos y concretos. Lo anterior, pues de los documentos que anexó a su demanda de amparo, consistentes en: a) las identificaciones expedidas por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, Chihuahua, del Presidente, Secretario Vocal de Salud y Vocal de Cultura, del Comité de Vecinos de la colonia Puente Alto (foja 48). b) impresión de la página oficial del Gobierno Municipal, apartado "Sala de Prensa", donde aparece la leyenda "Informan sobre preferencias de los ciudadanos que votaron para la aplicación del Presupuesto Participativo" (foja 51). c) impresión de un documento denominado "PRONUNCIAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE JUÁREZ 2020" (fojas 52 y 53). d) impresión de una imagen con la leyenda "Boleta Presupuesto Participativo 2020" (foja 54) e impresión del "Formato Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (fojas 68 y 69). e) impresión de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo 2020 (foja 55). f) tres impresiones de las publicaciones de "El Diario de Juárez", de fechas treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, uno y siete de enero de dos mil veinte (fojas 56 a 58). g) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha nueve de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Presenta alcalde consultas de participación ciudadana" (foja 59). h) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha nueve de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Presenta alcalde consultas de participación ciudadana" (foja 59). i) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha once de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Proponen redefinir el presupuesto participativo" (foja 60). j) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha catorce de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Hoy, consulta pública para asignar presupuesto" (foja 61). k) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha quince de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Eligen ciudadanos en qué gastar recursos" (foja 62). l) formato "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020", en original, que presentó, así como sus anexos consistentes: a) en la propuesta de "pozo de absorción y vaso de captación en fraccionamiento Puente Alto, Ciudad Juárez, Chihuahua", b) actas de asamblea de trece y veintitrés de enero de dos mil veinte, c) copia certificada de la credencial para votar de la promovente de amparo, d) recibo expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a nombre de Mario Cárdenas G, y e) el acta constitutiva del fraccionamiento ********** (fojas 63 a 75). No se advierte la existencia de tales actos reclamados, los descritos en los incisos a) a k), sencillamente porque se refieren a actos diversos, y del descrito en el inciso g), relativo a la propuesta que presentó, no se desprende que haya sido expresamente rechazado y desechado de plano por la mencionada autoridad. Tampoco son aptos para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable mencionada, en el sentido de que no se negó a sellar la recepción de la propuesta de la parte quejosa, sino que la apercibió para que en un término de tres días hábiles (que concluían el diecisiete de enero de dos mil veinte, precisamente cuando concluyó el proceso de recepción de propuestas), cumpliera con tales requisitos, sin que lo hubiere hecho, pues ninguno de dichos documentos demuestra que los eventos relacionados con la presentación de su propuesta, ocurrieron de la manera que la parte quejosa afirma y no como señala la autoridad responsable. Además, lo cierto es que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, al relatar los antecedentes de los actos reclamados, manifestó lo siguiente: 18. Con fecha 14 de enero, por acuerdo del Comité de Vecinos del fraccionamiento Puente Alto, así como por mi propio derecho, comparecí a las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal a presentar el formato de Registro de Nuevas Propuestas expedido por el Ayuntamiento, lleno con la información solicitada, anexando a él los documentos relativos a nuestra propuesta para que se considerara nuestro proyecto para el concurso. Es decir, que si la recepción de propuestas, como la propia parte quejosa señaló, inició el catorce de enero de dos mil veinte y concluyó el diecisiete de enero del mismo año, y su propuesta intentó presentarla el primer día de dicho periodo, la cual fue rechazada por no cumplir cabalmente con los requisitos relativos, lo cierto es que contaba con tiempo suficiente para satisfacer tales requisitos y, si no lo hizo, de manera que, su propuesta no fue recibida y desde luego, no fue tomada en cuenta para la votación correspondiente, no es un acto que pueda atribuírsele a la autoridad responsable de referencia. Así pues, los actos reclamados a la autoridad responsables Director de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, son inexistentes. De igual forma, son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable Director General de Normatividad del Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el apartado "3.-", de este considerando. Finalmente, los actos reclamados precisados en este considerando a las autoridades responsables municipales Ayuntamiento, Comisión de Desarrollo Social, Presidente, Director General de Planeación y Evaluación, Director de Desarrollo Social, Secretario Particular del Presidente y Tesorero, todos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, pues no les corresponde, conforme a sus facultades legales, llevarlos a cabo, por lo tanto, como se indicó, si las omisiones que se le atribuyen, no están comprendidas dentro del marco legal que prevé sus facultades, no pueden tenerse como ciertas las omisiones que se le reclaman, y en cambio, se determina la inexistencia de las omisiones reclamadas a dichas autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis IV/2021, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Administrativa y Común, Décima Época, con registro digital 2022760, del rubro y contenido siguientes: ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos. En consecuencia, lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto, en relación con tales actos reclamados y autoridades responsables. Cuarto. Existencia del acto reclamado. A continuación se establecen los actos reclamados que resultaron ciertos: a).- El Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en su informe justificado (foja 272), manifestó que es cierto que discutió, aprobó y expidió el Decreto LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. (denominación correcta), relativo a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. b).- El Gobernador del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en su informe justificado (foja 96), manifestó que es cierto que promulgó el Decreto LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. (denominación correcta), mediante el cual se expidió la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Asimismo, manifestó que es cierto que expidió el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. c).- El Presidente, Tesorero y Director de Planeación y Evaluación, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, en sus informes justificados (fojas 264), manifestaron que es cierto el acto que se le reclama, consistente en la suscripción de la convocatoria de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para ejercer el presupuesto participativo correspondiente al ejercicio dos mil veinte, como se desprende de dicho documento que fue exhibido en copia certificada (foja 105), ya descrito y valorado. d).- El Director del Área de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua, en su informe justificado (foja 99), manifestó que son ciertos los actos que se le reclamaron, consistentes en: a) la autorización del contenido, y la publicación, de la boleta de votación usada en el proceso de selección de obras para ejercer el presupuesto participativo (foja 133); b) en la publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (cuya denominación correcta es PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 REVISIÓN DE REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS, foja 129); así como en, c) el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Lo que corrobora con las constancias relativas, exhibidas con copia certificada, descritas y valoradas en el considerando que antecede. Así pues, los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en este considerando, se tienen como ciertos. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como lo aduce la autoridad responsable Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionado con el numeral 5, fracción I, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Así es, la parte quejosa aduce que le asiste el interés jurídico y legítimo necesario para ejercitar la acción de amparo. Sin embargo, quien suscribe, considera que en el presente caso se actualiza la citada hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del Artículo 61, con relación al artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que el titular de la acción constitucional carece de interés jurídico y legítimo. Tal como quedó precisado en el considerando que antecede, la parte quejosa reclama lo siguiente: a).- Del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la discusión, aprobación y expedición del Decreto LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. (denominación correcta), relativo a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. b).- Del Gobernador del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la promulgación del Decreto LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. (denominación correcta), mediante el cual se expidió la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Así como la expedición del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. Lo anterior, pues aduce, dichas autoridades, repectivamente, omitieron legislar, en dicha Ley, sobre la designación de una autoridad competente para conocer de las controversias suscitadas con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación social, previstos en el artículo 61 de dicha Ley; y en su Reglamento, omitieron reglamentar exhaustivamente sobre el ejercicio del presupuesto participativo. Al respecto, desde luego no se pierde de vista que las mencionadas autoridades responsables, en sus informes justificados, manifestaron que no son ciertas las omisiones legislativa y reglamentaria, en que, la parte quejosa aduce, incurrieron; sin embargo, para establecer la existencia o inexistencia de una omisión legislativa o reglamentaria, es necesario que exista un mandato constitucional o legal, precisamente en ese sentido y no que se trate de un ejercicio meramente potestativo, en cuyo caso, dicha omisión no tendría relevancia jurídica para la promoción del juicio de Amparo. Lo anterior así se desprende de la ya invocada en el considerando tercero, apartado "1.-" de la tesis XX/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. El subrayado es nuestro. Sin embargo, se omitió realizar el análisis de la existencia de un mandato expreso, constitucional o legal, para legislar y reglamentar en el sentido que indica la parte quejosa, porque lo cierto es, que carece de interés jurídico y legítimo para promover este juicio de amparo y reclamar tales actos. Continuando, se precisa que la parte quejosa también reclamó los siguientes actos, precisados en el considerando cuarto: c).- Del Presidente, Tesorero y Director de Planeación y Evaluación, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, la suscripción de la convocatoria de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para ejercer el presupuesto participativo correspondiente al ejercicio dos mil veinte. d).- Del Director del Área de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua: a) la autorización del contenido, y la publicación, de la boleta de votación usada en el proceso de selección de obras para ejercer el presupuesto participativo; b) la publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (cuya denominación correcta es PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 REVISIÓN DE REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS, foja 129); y, c) el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. En torno a esos actos reclamados, la parte quejosa aduce tener un interés legítimo; sin embargo, como se expondrá, la parte quejosa ostenta un interés simple, el cual es insuficiente para estimar que se ubican en una especial situación frente al orden jurídico que regula los actos reclamados. En efecto, por un lado, la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir al amparo, debido a que los actos reclamados no derivan de un proceso judicial en el que sea parte contendiente o tenga la característica de ser tercero extraño a ese procedimiento, en los que se vea afectada su propiedad, posesión, libertad o algún otro derecho sustantivo concreto. Por otra parte, tampoco se aprecia que cuente con interés legítimo para acudir a la instancia constitucional en la vía indirecta, dado que los actos reclamados no les produce una afectación real y actual en su esfera jurídica, en la medida que no se advierte la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada y que los actos reclamados transgredan ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; de ahí que la supuesta lesión a sus derechos se traduce en una aseveración que redunda en un interés simple cuyo objetivo o intención es insuficiente, por sí misma, para acudir al juicio de amparo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII, del citado artículo 61, de la Ley de Amparo, este medio de defensa extraordinario es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, dependiendo del planteamiento que se haga en la demanda. Respecto del interés jurídico, los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, el que debe entenderse como la afectación real que una persona sufra en sus bienes jurídicos reales u objetivos y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que alude el precepto en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. En ese tenor, se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello sólo puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Afectación que, se insiste, deberá demostrar el quejoso a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al juez resolutor. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por su parte, respecto al interés legítimo, nuestro Máximo Tribunal ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero esto no implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida esta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Además, precisó que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, no hipotético. En mérito de lo anterior, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por otra parte, cabe destacar que el Alto Tribunal del país, indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Sobre el particular es dable concluir que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Apoya lo dicho, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión **********/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables (.)". Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. (.) En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. En la ejecutoria mencionada, el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a. Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. b. Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. c. Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. La ejecutoria en comento implicó la creación de la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 38/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, conviene recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua y su Reglamento, por no prever, según indica, una autoridad para conocer de las controversias que se susciten con motivo del ejercicio de los instrumentos de participación social, previstos en el artículo 61 de dicha Ley, ni reglamentar exhaustivamente sobre el ejercicio del presupuesto participativo. También reclamó la suscripción de la convocatoria de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para ejercer el presupuesto participativo correspondiente al ejercicio dos mil veinte, por el Presidente, Tesorero y Director de Planeación y Evaluación, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua; así como, del Director del Área de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua, la autorización del contenido, y la publicación, de la boleta de votación usada en el proceso de selección de obras para ejercer el presupuesto participativo; la publicación y contenido del formato denominado "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (cuya denominación correcta es PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 REVISIÓN DE REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS, foja 129); y el proceso de recepción y selección de propuestas y proyectos, llevado a cabo del catorce al diecisiete de enero de dos mil veinte. Actos los descritos en el párrafo que antecede, que tuvieron verificativo, propiamente, dentro del proceso de ejercicio de presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, conforme a la legislación que lo regula, reclamada. Ahora bien, dicha impugnación obedece, esencialmente, a diversas irregularidades que, en consideración de la parte quejosa, se presentaron durante dicho proceso, incluyendo la negativa a recibir la propuesta de obra pública que presentó la promovente de amparo a nombre del fraccionamiento Puente Alto, en esta ciudad, de cuyo comité de vecinos es Presidente, así como el desechamiento de plano de tal propuesta. Sin embargo, la promovente de amparo, por sí y en representación del mencionado comité de vecinos, carece interés legítimo, ya que sólo existe un interés simple sobre el cual descansan las pretensiones descritas en su demanda; pues como se vio, la parte quejosa, exhibió los medios de prueba, consistentes en: a) las identificaciones expedidas por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, Chihuahua, del Presidente, Secretario Vocal de Salud y Vocal de Cultura, del Comité de Vecinos de la colonia Puente Alto (foja 48). b) impresión de la página oficial del Gobierno Municipal, apartado "Sala de Prensa", donde aparece la leyenda "Informan sobre preferencias de los ciudadanos que votaron para la aplicación del Presupuesto Participativo" (foja 51). c) impresión de un documento denominado "PRONUNCIAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE JUÁREZ 2020" (fojas 52 y 53). d) impresión de una imagen con la leyenda "Boleta Presupuesto Participativo 2020" (foja 54) e impresión del "Formato Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020" (fojas 68 y 69). e) impresión de la convocatoria para ejercer el presupuesto participativo 2020 (foja 55). f) tres impresiones de las publicaciones de "El Diario de Juárez", de fechas treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, uno y siete de enero de dos mil veinte (fojas 56 a 58). g) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha nueve de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Presenta alcalde consultas de participación ciudadana" (foja 59). h) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha nueve de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Presenta alcalde consultas de participación ciudadana" (foja 59). i) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha once de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Proponen redefinir el presupuesto participativo" (foja 60). j) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha catorce de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Hoy, consulta pública para asignar presupuesto" (foja 61). k) impresión de la publicación en "El Diario de Juárez", de fecha quince de enero de dos mil veinte, relativa a la nota denominada "Eligen ciudadanos en qué gastar recursos" (foja 62). l) formato "Registro de Nuevas Propuestas Presupuesto Participativo 2020", en original, que presentó, así como sus anexos consistentes: a) en la propuesta de "pozo de absorción y vaso de captación en fraccionamiento Puente Alto, Ciudad Juárez, Chihuahua", b) actas de asamblea de trece y veintitrés de enero de dos mil veinte, c) copia certificada de la credencial para votar de la promovente de amparo, d) recibo expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a nombre de Mario Cárdenas G, y e) el acta constitutiva del fraccionamiento ********** (fojas 63 a 75). Como ya se había indicado, de tales documentos, ya valorados, no se advierte que la autoridad correspondiente, Director de Atención Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua, haya negado expresamente la recepción de la propuesta que dice la promovente de amparo, presentó, dentro del proceso de ejercicio de presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, ni que dicha autoridad haya desechado de plano, expresamente, tal propuesta. Al respecto, como se indicó, en su informe justificado, la mencionada autoridad, manifestó que no se negó a sellar la recepción de la propuesta de la parte quejosa, sino que la apercibió para que en un término de tres días hábiles (que concluían el diecisiete de enero de dos mil veinte, precisamente cuando concluyó el proceso de recepción de propuestas), cumpliera con tales requisitos, sin que lo hubiere hecho, pues ninguno de dichos documentos demuestra que los eventos relacionados con la presentación de su propuesta, ocurrieron de la manera que la parte quejosa afirma y no como señala la autoridad responsable. Lo que es congruente, como ya se señaló, con las manifestaciones que la parte quejosa realizó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, al relatar los antecedentes de los actos reclamados, en el sentido siguiente: 18. Con fecha 14 de enero, por acuerdo del Comité de Vecinos del fraccionamiento Puente Alto, así como por mi propio derecho, comparecí a las oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal a presentar el formato de Registro de Nuevas Propuestas expedido por el Ayuntamiento, lleno con la información solicitada, anexando a él los documentos relativos a nuestra propuesta para que se considerara nuestro proyecto para el concurso. Es decir, que si la recepción de propuestas, como la propia parte quejosa señaló, inició el catorce de enero de dos mil veinte y concluyó el diecisiete de enero del mismo año, y su propuesta intentó presentarla el primer día de dicho periodo, la cual fue rechazada por no cumplir cabalmente con los requisitos relativos, lo cierto es que contaba con tiempo suficiente para satisfacer tales requisitos y, si no lo hizo, de manera que, su propuesta no fue recibida y desde luego, no fue tomada en cuenta para la votación correspondiente. En ese contexto, no existe materialmente una afectación cierta o derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que les asiste, sencillamente porque la promovente de amparo, por sí, no tuvo injerencia alguna en el proceso de ejercicio de presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, pues ningún medio de convicción demuestra ese extremo, mientras que, como Presidente del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Puente Alto, en esta ciudad, si bien exhibió el formato con su propuesta de obra pública, lo cierto es que no demostró que la presentó, como adujo, el catorce de enero de dos mil veinte, ni que, la misma fue rechazada y desechada de plano, expresamente, de manera que, no se advierte un derecho objetivo que legitime a la parte quejosa para promover este juicio de amparo, un perjuicio jurídico que se le haya ocasionado, ni un beneficio jurídico, aun potencial, que pueda depararle este juicio de amparo, pues: No existe un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el juicio de amparo. No existe un vínculo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la parte quejosa no se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, esto es, un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. La concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. No existe una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. La parte quejosa no tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, no surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Todo lo anterior, se insiste, sencillamente porque la parte quejosa no demostró haber participado en el proceso de ejercicio de presupuesto participativo para el ejercicio dos mil veinte, por las razones que ya se expusieron. Lo que implica que el interés legítimo que pretende sostener la parte quejosa se diluye en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva de la parte quejosa; es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 60, Registro 2007921, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, se estima que la parte quejosa no tienen el interés legítimo, ni jurídico a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de la materia, y por ende, procede sobreseer en este juicio de amparo. Por identidad de razón y en lo conducente, se cita como refuerzo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 1078, Décima Época, Registro 2014433, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. No representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con la presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por la autoridad responsable y la parte quejosa, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, ya que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Página 544, Octava Época, Registro 211352, del tenor literal siguiente: DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por **********, por sí y en representación del Comité de Vecinos del Fraccionamiento **********, ubicado en Ciudad Juárez, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y testimonio que remite el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, agréguense los autos para que consten como legalmente corresponda. Ahora bien, del testimonio de la resolución aprobada en sesión de once de febrero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja administrativa **********/2021, con motivo del medio de impugnación interpuesto por ********** por derecho propio y como representante del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Puente Alto, en contra del auto de doce de febrero de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo indirecto **********/2020-IV., se advierte que se resolvió: ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja a que este toca se refiere. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando a este juzgado el proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la admisión a trámite el recurso de queja interpuesto por ********** por derecho propio y como representante del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Puente Alto, en contra del auto de doce de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio de amparo indirecto **********/2020-IV. Asimismo, comunica que se admitió y registró el amparo en revisión, bajo el número **********/2021, de su índice y fue turnado a la ponencia uno del Magistrado **********. Lo anterior, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo; así como ordinal 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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