Guadalupe Sarahi Cruz Pascual

Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
25/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Sarahi Cruz Pascual

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el siete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas.Lo anterior, en virtud que la última notificación se efectuó a la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual por lista -previo citatorio- el catorce de octubre de dos mil veintidós, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el diecisiete de octubre y, por ende, el aludido plazo transcurrió del dieciocho de octubre al diez de noviembre de la presente anualidad, previo descuento de los siguientes días: i) veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco y seis de noviembre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) treinta y uno de octubre, así como uno y dos de noviembre, por haber sido declarados días inhábiles y no laborables en términos de ese precepto legal, como se comunicó mediante circular 5/2022 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años.En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en cumplimiento al informe justificado y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Rosario Ivonne Rivera Calzada, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, las documentales siguientes: ( Siete discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el ocho de enero, doce de enero y once de marzo, todas de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA; y,( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formaron los anexos de prueba I y II del presente juicio.No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas.Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran el sobre y las micas de plástico que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la quejosa *******; por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido a la autoridad judicial responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El once de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual, respecto de la determinación que la vinculó a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, inciso a), en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la Administración de Justicia y el orden socioeconómico del Estado de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Brenda Vivanco Salazar, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 93/2022, en donde mediante ejecutoria dictada el uno de septiembre de la presente anualidad confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el veintitrés de septiembre del actual, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con el contenido del oficio 9766/2022/JC y su anexo -registro 4789 de 2022, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la determinación que vinculó a proceso a la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, por vulnerar el principio de exacta aplicación de la ley en su perjuicio, consagrado en el artículo 14 Constitucional, cuenta habida que los datos de prueba reseñados en audiencia debieron calificarse como no idóneos e insuficientes para establecer que los hechos que se imputaban a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal en el Estado de Puebla. Consecuentemente, se concedió a la citada quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, con base, principalmente, en las siguientes premisas: A. Se estimó que no se encontraba ajustada a derecho la valoración que la jueza responsable realizó a los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial para establecer el hecho con apariencia de delito, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se violentó la citada garantía. B. Se destacó que el fiscal no logró establecer de forma correcta ni suficiente el hecho con apariencia de las conductas previstas y sancionadas en el artículo 453, fracción II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, considerando, por tanto, desacertada la valoración que la jueza de control realizó a los datos de prueba expuestos en audiencia. C. En efecto, después de analizar dicho precepto legal, se advirtió que la fiscalía de origen no estableció con indicios fundados o certeros que los recursos utilizados para la adquisición, decoración y remodelación del bien inmueble Boulevard Costero de Bacalar Norte, Lote 36, Manzana 6, ciudad de Bacalar, Quintana Roo, actualmente conocido como Boulevard Costero, número 1215, Bacalar, Quintana Roo, provenían directa o indirectamente, o representaran las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, esto es, aquéllos mencionados en específico como los que, aparentemente fueron sustraídos de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del Estado de Puebla, por las personas que refirió en su imputación. Agregando que la fiscalía no expuso de forma clara, cuál es la actividad ilícita o el delito en concreto del que derivaron los recursos supuestamente extraídos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamada. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia, resolver la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debía señalar que la fiscalía no expuso datos de prueba idóneos y suficientes para establecer que los hechos que se imputaban a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal en el Estado de Puebla, en especial para acreditar la procedencia ilícita del recurso, conforme al penúltimo párrafo de dicho numeral; asimismo, indicar que la fiscalía no logró definir en qué consistió la actividad ilícita o el delito de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenar el cese de las medidas cautelares anticipadas impuestas a la ahora quejosa, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la referida causa penal. Se precisó que el auto de no vinculación a proceso que se dictara no necesariamente impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y posteriormente formulara nueva imputación, de conformidad con el citado artículo 319 del código nacional, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento del asunto. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. Asimismo, se señaló que la citada jueza de control responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de once de marzo del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en contra de la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual en audiencia celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla -resolución reclamada-. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo, resolvió la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, señaló que la fiscalía no expuso datos de prueba idóneos y suficientes para establecer que los hechos que se imputan a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, en especial para acreditar la procedencia ilícita del recurso, conforme al penúltimo párrafo de dicho numeral; asimismo, indicó que la fiscalía no logró definir en qué consistió la actividad ilícita o el delito de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenó el cese de la prisión preventiva justificada, impuesta a la ahora quejosa como medida cautelar anticipada, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la causa penal de referencia y, por ende, ordenó su inmediata libertad. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós; iii) dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la quejosa por los motivos expuestos en la sentencia de amparo; y, iv) ordenó el cese de la prisión preventiva justificada, impuesta a la ahora quejosa como medida cautelar anticipada, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida.

  3. Principal

    (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 07 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El once de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual, respecto de la determinación que la vinculó a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, inciso a), en relación con los diversos 13, 20 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la Administración de Justicia y el orden socioeconómico del Estado de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Brenda Vivanco Salazar, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 93/2022, en donde mediante ejecutoria dictada el uno de septiembre de la presente anualidad confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el veintitrés de septiembre del actual, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con el contenido del oficio 9766/2022/JC y su anexo -registro 4789 de 2022, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la determinación que vinculó a proceso a la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, por vulnerar el principio de exacta aplicación de la ley en su perjuicio, consagrado en el artículo 14 Constitucional, cuenta habida que los datos de prueba reseñados en audiencia debieron calificarse como no idóneos e insuficientes para establecer que los hechos que se imputaban a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal en el Estado de Puebla. Consecuentemente, se concedió a la citada quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, con base, principalmente, en las siguientes premisas: A. Se estimó que no se encontraba ajustada a derecho la valoración que la jueza responsable realizó a los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial para establecer el hecho con apariencia de delito, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se violentó la citada garantía. B. Se destacó que el fiscal no logró establecer de forma correcta ni suficiente el hecho con apariencia de las conductas previstas y sancionadas en el artículo 453, fracción II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, considerando, por tanto, desacertada la valoración que la jueza de control realizó a los datos de prueba expuestos en audiencia. C. En efecto, después de analizar dicho precepto legal, se advirtió que la fiscalía de origen no estableció con indicios fundados o certeros que los recursos utilizados para la adquisición, decoración y remodelación del bien inmueble Boulevard Costero de Bacalar Norte, Lote 36, Manzana 6, ciudad de Bacalar, Quintana Roo, actualmente conocido como Boulevard Costero, número 1215, Bacalar, Quintana Roo, provenían directa o indirectamente, o representaran las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, esto es, aquéllos mencionados en específico como los que, aparentemente fueron sustraídos de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del Estado de Puebla, por las personas que refirió en su imputación. Agregando que la fiscalía no expuso de forma clara, cuál es la actividad ilícita o el delito en concreto del que derivaron los recursos supuestamente extraídos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamada. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia, resolver la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debía señalar que la fiscalía no expuso datos de prueba idóneos y suficientes para establecer que los hechos que se imputaban a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal en el Estado de Puebla, en especial para acreditar la procedencia ilícita del recurso, conforme al penúltimo párrafo de dicho numeral; asimismo, indicar que la fiscalía no logró definir en qué consistió la actividad ilícita o el delito de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenar el cese de las medidas cautelares anticipadas impuestas a la ahora quejosa, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la referida causa penal. Se precisó que el auto de no vinculación a proceso que se dictara no necesariamente impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y posteriormente formulara nueva imputación, de conformidad con el citado artículo 319 del código nacional, pues en la sentencia no se constriñó a la autoridad a decretar el sobreseimiento del asunto. Bajo esa óptica, se dijo que el fiscal se encontraba aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para la emisión de un auto de vinculación a proceso, sin perjuicio de que la autoridad judicial pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. Asimismo, se señaló que la citada jueza de control responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de once de marzo del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 3701/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en contra de la quejosa Guadalupe Sarahí Cruz Pascual en audiencia celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla -resolución reclamada-. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo del fallo, resolvió la situación jurídica de la quejosa, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, señaló que la fiscalía no expuso datos de prueba idóneos y suficientes para establecer que los hechos que se imputan a la ahora quejosa tenían apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 453, fracciones I y II, en relación con el inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, en especial para acreditar la procedencia ilícita del recurso, conforme al penúltimo párrafo de dicho numeral; asimismo, indicó que la fiscalía no logró definir en qué consistió la actividad ilícita o el delito de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenó el cese de la prisión preventiva justificada, impuesta a la ahora quejosa como medida cautelar anticipada, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la causa penal de referencia y, por ende, ordenó su inmediata libertad. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero y doce de enero de dos mil veintidós; iii) dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la quejosa por los motivos expuestos en la sentencia de amparo; y, iv) ordenó el cese de la prisión preventiva justificada, impuesta a la ahora quejosa como medida cautelar anticipada, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 38637/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo dictado el veintitrés de septiembre del actual, informa que la aquí quejosa ***dio cumplimiento con la medida de aseguramiento -presentación periódica- fijada en el fallo protector. Lo anterior, en virtud de que los días veintinueve de agosto, cinco de septiembre, doce de septiembre y diecinueve de septiembre, todos de dos mil veintidós, la referida quejosa se presentó a las instalaciones de la Dirección de Medidas Cautelares del Estado de Puebla a estampar su firma. En consecuencia, al haber cumplido con las medidas de aseguramiento fijadas en la sentencia de amparo de once de marzo de dos mil veintidós, se ordena devolver a la quejosa *** el billete de depósito N-931996, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en cumplimiento con la medida de aseguramiento -exhibición de una garantía económica- impuesta en el citado fallo protector, a fin de que la referida quejosa no evadiera la acción de la justicia; ello, con el endoso realizado a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido que para la devolución de la garantía exhibida, la aludida quejosa deberá comparecer personalmente. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de la peticionaria de amparo, que para la devolución del billete deberá agendar la cita correspondiente, la cual, por razones de seguridad y control de este órgano jurisdiccional, únicamente se podrá realizar los días martes y jueves en un horario de 12 pm a 12:30 pm. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la quejosa *** en el domicilio señalado para tal efecto en las demandas de amparo que dieron origen a los juicios de amparo 25/2022 y 51/2022 y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

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