Guadalupe Romualdo Petla
Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GUADALUPE ROMUALDO PETLA y Otros.
- Guadalupe Romualdo Petla
- Roberto Secundino Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 821 dirigido al Director General de Ministerios Públicos adscrito a la Fiscalía con sede en Ajalpan, Puebla, relativo al acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, con la razón ASENTADA AL REVERSO QUE DICE: "NO HAY AUTORIDAD CITADA EN AJALPAN, PUE". Sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, se aprecia que la referida autoridad responsable ha sido notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación y en el domicilio ubicado en las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de Ajalpan, Puebla, con código postal 75910, por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación del referido acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese a la autoridad responsable Director General de Ministerios Públicos adscrito a la Fiscalía con sede en Ajalpan, Puebla, el proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista. (AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE 2022) San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, misma que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.En cuanto a los autos originales y duplicado del incidente de suspensión, se provee lo siguiente:Si bien, en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de 25 de marzo de 2020, ya citado, se señala que será depurable el incidente de suspensión cuando la medida cautelar se haya concedido, ya sea la provisional, definitiva o ambas; debemos tomar en cuenta que la suspensión provisional es aquélla que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, cuya procedencia apriorística nace de una urgencia y de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sin que se haga un estudio de fondo de la materia controvertida en el proceso principal; lo que sí ocurre cuando se concede la suspensión definitiva.Es por ello, que en el Capítulo 7, en particular en el apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, se acota esta particularidad, precisando que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica.En consecuencia, en cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a los quejosos y a la tercera interesada Celia Petla Alegría, en términos del auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas 44 y 45); mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, misma que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.En cuanto a los autos originales y duplicado del incidente de suspensión, se provee lo siguiente:Si bien, en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de 25 de marzo de 2020, ya citado, se señala que será depurable el incidente de suspensión cuando la medida cautelar se haya concedido, ya sea la provisional, definitiva o ambas; debemos tomar en cuenta que la suspensión provisional es aquélla que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, cuya procedencia apriorística nace de una urgencia y de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sin que se haga un estudio de fondo de la materia controvertida en el proceso principal; lo que sí ocurre cuando se concede la suspensión definitiva.Es por ello, que en el Capítulo 7, en particular en el apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, se acota esta particularidad, precisando que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica.En consecuencia, en cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a los quejosos y a la tercera interesada Celia Petla Alegría, en términos del auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas 44 y 45); mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Guadalupe Romualdo Petla y Roberto Secundino López, en términos del considerando cuarto, apartados I y II, de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en dicho considerando. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado el Fiscal de Zona Poniente, con sede en Tehuacán, Puebla (********************), a través del cual, informa que la autoridad responsable que la parte quejosa denomino como "Encargado y/o Director de la Dirección General de Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía de la Ciudad de Ajalpan, Puebla", no existe. Consecuentemente, resérvese de proveer lo conducente, hasta la celebración de la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
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