Guadalupe Rodríguez Loera

Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
789/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Rodríguez Loera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1. Expediente conservable. En virtud que en el presente juicio se concedió el amparo a la parte quejosa, y que el asunto carece de relevancia documental; por tanto, acorde con lo dispuesto en los artículos 14, fracción II, y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el expediente es CONSERVABLE, por lo que, una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran este expediente estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, procédase a su transferencia al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9, y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 28, todos del acuerdo multicitado. 2. Incidente destruible (original). El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refiere el citado precepto, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente destruible (duplicado). El duplicado de dicho cuaderno incidental, de conformidad a lo establecido por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; al no contar con documentos originales, resulta DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "CONSERVABLE" y en la de los cuadernos incidentales, "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 2021 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 265 a 273), por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 154 a 167); en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. En tal virtud, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido

  3. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA *** Y LA PARTE TERCERA INTERESADA ***, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P.15.54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 19, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (...).". El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que el nueve de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 154 a 167), se concedió al quejoso Guadalupe Rodríguez Loera, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte Zona X Soconusco, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1). Deje insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós. 2). Con libertad de jurisdicción emita uno nuevo, en el que funde y motive con relación a la petición realizada por el quejoso en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós; en el entendido de que la concesión del amparo no implica que deba responder favorable las peticiones del inconforme, pues al quedar en libertad de jurisdicción la autoridad responsable queda en condiciones de resolver en el sentido que estime pertinente a reserva de fundamentar y motivar dicha respuesta." Inconforme con dicha determinación, el Delegado X Soconusco de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, registrándolo bajo el número 831/2022; asimismo, en auxilio a dicho órgano colegiado, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, emitió ejecutoria el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 211 a 228), en el amparo en revisión administrativo 293/2023, de su estadística, quien confirmó la sentencia recurrida, que concedió el amparo solicitado por el aquí quejoso. Así, en acatamiento al fallo protector, por auto de once de julio del año en curso (fojas 241 a 243), se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado Región X Soconusco, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, al que anexó el comunicado ***, de siete de julio de dos mil veintitrés, del que se desprende que dejó insubsistente el diverso oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós y realizó la contestación al peticionario de amparo (fojas 238 a 240); asimismo, de dicho oficio se advierte la notificación personal al aquí quejoso Guadalupe Rodríguez Loera. Mismo auto en el que, con copia de la constancia antes descrita, se corrió traslado a la parte quejosa, otorgándosele el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable de trato a la ejecutoria de amparo. Luego, en proveído de doce de julio del año actual (fojas 257 a 258), se tuvo por recibido el escrito signado por el impetrante de amparo Guadalupe Rodríguez Loera, mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, de las constancias que la autoridad responsable allegó, se aprecia que realizó el siguiente acto: 1. Dejó insubsistente el oficio ****, de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 238). 2. Con libertad de jurisdicción emitió el oficio ***, de siete de julio de dos mil veintitrés (foja 238); y, 3. Notificó al aquí quejoso ***, del oficio de referencia, el siete de julio de dos mil veintitrés (foja 239-240). Lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable cumplió con el aspecto fundamental del fallo constitucional, toda vez que dejó insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós, y con libertad de jurisdicción emitió uno nuevo, en el que fundó y motivó con relación a la petición realizada por el quejoso en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, lo cual lo hizo de su conocimiento personal. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. (...)." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia, toda vez que la autoridad ordenadora, acreditó haber seguido los lineamientos previstos en la sentencia amparadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (...). Así como la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (...).". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. No es óbice para arribar a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el aquí quejoso en su escrito presentado en este juzgado el once de julio del año en curso (fojas 244 a la 248), en el que expresó básicamente, que el oficio emitido por la responsable no cumple con los requisitos de fundamentación adecuados para negarle la solicitud de pago de refrendo de la concesión número ST-0998-12, de la cual aduce es titular, pues hace referencia a un articulado que no corresponde, y engañosamente indica numerales que fundan y motivan solicitudes diversas, ajenas al asunto de estudio. De igual forma, realiza manifestaciones en cuanto a los argumentos y fundamento que asentó la autoridad responsable en el oficio en cuestión. Sin embargo, no asiste razón jurídica al promovente del amparo, dado que, como se estableció con antelación, la ejecutoria amparadora se otorgó para que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 238) y con libertad de jurisdicción emitiera uno diverso en el que fundara y motivara su determinación, con relación a la petición realizada por el inconforme en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, lo cual acreditó con las constancias que remitió a este juzgado federal. Así, de dicho comunicado se advierte que la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el inconforme y le indicó los motivos y fundamentos por los cuales esa autoridad no podía realizar los movimientos vehiculares de la concesión número ***. El referido oficio ***, de siete de julio de dos mil veintitrés (fojas 239 y 240), dice: (...) En atención al oficio número 16243/2023 derivado del Juicio de Amparo número 789/2022, radicado en la Mesa IV-B del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, pues con libertad de jurisdicción me permito emitir el nuevo oficio número *** de esta propia fecha y dejo insubsistente el oficio *** de fecha ocho de junio de dos mil veintidós. Este nuevo oficio, es del tenor literal siguiente: De nueva cuenta se le notifica al *** que, no se le puede realizar movimientos vehiculares en la concesión número ***, toda vez que la concesión antes aludida, se encuentra en proceso de regularización ante la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de esta Secretaría, dicho proceso de regularización solicitado por el ***, lo anterior con fundamento en los artículos 307, 308, Fracción II, 312, y demás relativos del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte. A continuación, paso a narrar las consideraciones de hecho y de derecho. Existe en esta oficina oficio número *** de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por el *** Director de Registro y Control del Transporte de esta Secretaría de Movilidad y Transporte, dirigido al *** Jefe de la Unidad de Informática de esta misma Secretaría, en donde le indica se sirva realizar el bloqueo de movimientos vehiculares en la base de datos del Sistema de Registro y Control del Transporte *** referente a la concesión número *** a nombre del C. *** a del municipio de Tapachula, Chiapas, lo anterior para efectos de no ocasionar perjuicios u obstaculizar la función administrativa que ha de sustanciarse, hasta en tanto la Dirección de Concesiones y Autorizaciones resuelva el asunto y esa Dirección de Registro y Control sea notificada y por ende den vista de lo anterior a esta oficina de enlace. En se (sic) tenor, también cabe mencionar que, efectivamente la Dirección de Concesiones y Autorizaciones emitió en fecha 21 de julio del 2022 una constancia a nombre de su contraparte *** en donde le notifica que la solicitud de regularización de la concesión número ST-0998-12 para la modalidad de pasaje tipo combi a nombre del C. ***, quedó registrada en el Sistema de Control y Evaluación de Concesiones de Transporte *** bajo el expediente administrativo número ***, lo anterior con fundamento en el artículo 10 Fracción XX de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, artículo 29 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte y 37 Fracción I, IV y V del Reglamento interior vigente. Sin dejar de mencionar que, en el expediente físico de refrendos vehiculares que data del 24 junio (sic) del 2019 dos mil diecinueve, fecha última en que acudió a esta oficina el C. *** a realizar el refrendo correspondiente de la concesión número ***, se encuentra la Cesión de Derechos de fecha 09 nueve de octubre del 2012 dos mil doce, donde el señor *** quien acciona por su propio derecho nombre y derecho CEDE los derechos que amparan la concesión número *** a favor del C. ***, dicho acto jurídico pasado ante la Fe del Notario Público número 70 setenta del Estado de Chiapas, bajo el primer testimonio, acta número 3547, volumen 83, de fecha 12 de octubre 2012 (sic) dos mil doce e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad en fecha 28 febrero 2013 (sic) dos mil trece, bajo el registro número 21926 y existe también un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración ante escritura pública número 3550, volumen 85, de fecha 09 nueve de octubre de 2012, en donde el C. *** otorga a favor del señor *** dicho poder, aunque general en sus términos se circunscribe única y exclusivamente para que se ejerzan sobre los derechos que tiene la mandante respecto a la concesión número ST-0998-12. Como es de observarse, existen documentos u oficios que, jurídicamente me impiden facilitarle realizar refrendos vehiculares respecto a la concesión ***, ya que como bien lo dijo el Director de Registro y Control del Transporte de esta Secretaría en su diverso número ***, esta oficina también estaría en espera de la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de esta Dependencia resuelva y nos notifique sobre el fallo dictado en el proceso de regularización ventilado en el expediente administrativo ***. Ahora bien, por otro lado, es menester señalar que, si Usted considera que existe una afectación en su patrimonio, concesión o papeles, por la existencia de la Cesión de Derechos de fecha nueve de octubre del dos mil doce y por la existencia del poder general para pleitos y cobranzas de esa misma fecha, cuyas características quedaron precisados en líneas anteriores, pues me es grato comunicarle que, existe los tribunales competentes, donde usted puede dilucidar su inconformidad y sea la autoridad embestida de facultades legales para resolver en ese rubro, la encargada de emitir un fallo sobre la veracidad o no de esos documentos o firmas. A t e n t a m e n t e (...) De lo recién transcrito, se observa que la autoridad responsable, dio contestación a lo peticionado por el quejoso, en los precisos términos indicados en la sentencia de amparo, por lo que, no se encontraba obligada a responder favorablemente a sus intereses, como lo pretende el promovente del amparo, pues al establecerse que se otorgaba libertad de jurisdicción para realizar dicha contestación, quedaba en condiciones de resolver en el sentido que estimara pertinente, a reserva de fundar y motivar su respuesta, lo cual llevó a cabo en los referidos términos. En esas condiciones este juzgado federal estima que no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia amparadora. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P.15.54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 19, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (...).". El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que el nueve de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 154 a 167), se concedió al quejoso Guadalupe Rodríguez Loera, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte Zona X Soconusco, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1). Deje insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós. 2). Con libertad de jurisdicción emita uno nuevo, en el que funde y motive con relación a la petición realizada por el quejoso en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós; en el entendido de que la concesión del amparo no implica que deba responder favorable las peticiones del inconforme, pues al quedar en libertad de jurisdicción la autoridad responsable queda en condiciones de resolver en el sentido que estime pertinente a reserva de fundamentar y motivar dicha respuesta." Inconforme con dicha determinación, el Delegado X Soconusco de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, registrándolo bajo el número 831/2022; asimismo, en auxilio a dicho órgano colegiado, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, emitió ejecutoria el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 211 a 228), en el amparo en revisión administrativo 293/2023, de su estadística, quien confirmó la sentencia recurrida, que concedió el amparo solicitado por el aquí quejoso. Así, en acatamiento al fallo protector, por auto de once de julio del año en curso (fojas 241 a 243), se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado Región X Soconusco, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, al que anexó el comunicado ***, de siete de julio de dos mil veintitrés, del que se desprende que dejó insubsistente el diverso oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós y realizó la contestación al peticionario de amparo (fojas 238 a 240); asimismo, de dicho oficio se advierte la notificación personal al aquí quejoso Guadalupe Rodríguez Loera. Mismo auto en el que, con copia de la constancia antes descrita, se corrió traslado a la parte quejosa, otorgándosele el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable de trato a la ejecutoria de amparo. Luego, en proveído de doce de julio del año actual (fojas 257 a 258), se tuvo por recibido el escrito signado por el impetrante de amparo Guadalupe Rodríguez Loera, mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En efecto, de las constancias que la autoridad responsable allegó, se aprecia que realizó el siguiente acto: 1. Dejó insubsistente el oficio ****, de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 238). 2. Con libertad de jurisdicción emitió el oficio ***, de siete de julio de dos mil veintitrés (foja 238); y, 3. Notificó al aquí quejoso ***, del oficio de referencia, el siete de julio de dos mil veintitrés (foja 239-240). Lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable cumplió con el aspecto fundamental del fallo constitucional, toda vez que dejó insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós, y con libertad de jurisdicción emitió uno nuevo, en el que fundó y motivó con relación a la petición realizada por el quejoso en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, lo cual lo hizo de su conocimiento personal. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. (...)." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia, toda vez que la autoridad ordenadora, acreditó haber seguido los lineamientos previstos en la sentencia amparadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (...). Así como la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (...).". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. No es óbice para arribar a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el aquí quejoso en su escrito presentado en este juzgado el once de julio del año en curso (fojas 244 a la 248), en el que expresó básicamente, que el oficio emitido por la responsable no cumple con los requisitos de fundamentación adecuados para negarle la solicitud de pago de refrendo de la concesión número ST-0998-12, de la cual aduce es titular, pues hace referencia a un articulado que no corresponde, y engañosamente indica numerales que fundan y motivan solicitudes diversas, ajenas al asunto de estudio. De igual forma, realiza manifestaciones en cuanto a los argumentos y fundamento que asentó la autoridad responsable en el oficio en cuestión. Sin embargo, no asiste razón jurídica al promovente del amparo, dado que, como se estableció con antelación, la ejecutoria amparadora se otorgó para que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio ***, de ocho de junio de dos mil veintidós (foja 238) y con libertad de jurisdicción emitiera uno diverso en el que fundara y motivara su determinación, con relación a la petición realizada por el inconforme en su escrito de tres de junio de dos mil veintidós, lo cual acreditó con las constancias que remitió a este juzgado federal. Así, de dicho comunicado se advierte que la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el inconforme y le indicó los motivos y fundamentos por los cuales esa autoridad no podía realizar los movimientos vehiculares de la concesión número ***. El referido oficio ***, de siete de julio de dos mil veintitrés (fojas 239 y 240), dice: (...) En atención al oficio número 16243/2023 derivado del Juicio de Amparo número 789/2022, radicado en la Mesa IV-B del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, pues con libertad de jurisdicción me permito emitir el nuevo oficio número *** de esta propia fecha y dejo insubsistente el oficio *** de fecha ocho de junio de dos mil veintidós. Este nuevo oficio, es del tenor literal siguiente: De nueva cuenta se le notifica al *** que, no se le puede realizar movimientos vehiculares en la concesión número ***, toda vez que la concesión antes aludida, se encuentra en proceso de regularización ante la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de esta Secretaría, dicho proceso de regularización solicitado por el ***, lo anterior con fundamento en los artículos 307, 308, Fracción II, 312, y demás relativos del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte. A continuación, paso a narrar las consideraciones de hecho y de derecho. Existe en esta oficina oficio número *** de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por el *** Director de Registro y Control del Transporte de esta Secretaría de Movilidad y Transporte, dirigido al *** Jefe de la Unidad de Informática de esta misma Secretaría, en donde le indica se sirva realizar el bloqueo de movimientos vehiculares en la base de datos del Sistema de Registro y Control del Transporte *** referente a la concesión número *** a nombre del C. *** a del municipio de Tapachula, Chiapas, lo anterior para efectos de no ocasionar perjuicios u obstaculizar la función administrativa que ha de sustanciarse, hasta en tanto la Dirección de Concesiones y Autorizaciones resuelva el asunto y esa Dirección de Registro y Control sea notificada y por ende den vista de lo anterior a esta oficina de enlace. En se (sic) tenor, también cabe mencionar que, efectivamente la Dirección de Concesiones y Autorizaciones emitió en fecha 21 de julio del 2022 una constancia a nombre de su contraparte *** en donde le notifica que la solicitud de regularización de la concesión número ST-0998-12 para la modalidad de pasaje tipo combi a nombre del C. ***, quedó registrada en el Sistema de Control y Evaluación de Concesiones de Transporte *** bajo el expediente administrativo número ***, lo anterior con fundamento en el artículo 10 Fracción XX de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, artículo 29 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte y 37 Fracción I, IV y V del Reglamento interior vigente. Sin dejar de mencionar que, en el expediente físico de refrendos vehiculares que data del 24 junio (sic) del 2019 dos mil diecinueve, fecha última en que acudió a esta oficina el C. *** a realizar el refrendo correspondiente de la concesión número ***, se encuentra la Cesión de Derechos de fecha 09 nueve de octubre del 2012 dos mil doce, donde el señor *** quien acciona por su propio derecho nombre y derecho CEDE los derechos que amparan la concesión número *** a favor del C. ***, dicho acto jurídico pasado ante la Fe del Notario Público número 70 setenta del Estado de Chiapas, bajo el primer testimonio, acta número 3547, volumen 83, de fecha 12 de octubre 2012 (sic) dos mil doce e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad en fecha 28 febrero 2013 (sic) dos mil trece, bajo el registro número 21926 y existe también un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración ante escritura pública número 3550, volumen 85, de fecha 09 nueve de octubre de 2012, en donde el C. *** otorga a favor del señor *** dicho poder, aunque general en sus términos se circunscribe única y exclusivamente para que se ejerzan sobre los derechos que tiene la mandante respecto a la concesión número ST-0998-12. Como es de observarse, existen documentos u oficios que, jurídicamente me impiden facilitarle realizar refrendos vehiculares respecto a la concesión ***, ya que como bien lo dijo el Director de Registro y Control del Transporte de esta Secretaría en su diverso número ***, esta oficina también estaría en espera de la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de esta Dependencia resuelva y nos notifique sobre el fallo dictado en el proceso de regularización ventilado en el expediente administrativo ***. Ahora bien, por otro lado, es menester señalar que, si Usted considera que existe una afectación en su patrimonio, concesión o papeles, por la existencia de la Cesión de Derechos de fecha nueve de octubre del dos mil doce y por la existencia del poder general para pleitos y cobranzas de esa misma fecha, cuyas características quedaron precisados en líneas anteriores, pues me es grato comunicarle que, existe los tribunales competentes, donde usted puede dilucidar su inconformidad y sea la autoridad embestida de facultades legales para resolver en ese rubro, la encargada de emitir un fallo sobre la veracidad o no de esos documentos o firmas. A t e n t a m e n t e (...) De lo recién transcrito, se observa que la autoridad responsable, dio contestación a lo peticionado por el quejoso, en los precisos términos indicados en la sentencia de amparo, por lo que, no se encontraba obligada a responder favorablemente a sus intereses, como lo pretende el promovente del amparo, pues al establecerse que se otorgaba libertad de jurisdicción para realizar dicha contestación, quedaba en condiciones de resolver en el sentido que estimara pertinente, a reserva de fundar y motivar su respuesta, lo cual llevó a cabo en los referidos términos. En esas condiciones este juzgado federal estima que no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia amparadora. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.

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