Guadalupe Efrén Torres Roque
Expediente 1372/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Guadalupe Efrén Torres Roque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: (...) En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: Notifíquese
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés (fojas 446 a 451), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de mayo de dos mil veintitrés. 1. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (...).". El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige. Ahora bien, de autos se aprecia que mediante sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 391 a 406), este órgano jurisdiccional resolvió amparar y proteger al quejoso ***, por las razones vertidas en el considerando séptimo del fallo constitucional. Luego, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés (fojas 417 a 421), al no ser recurrida la sentencia por ninguna de las partes, causó ejecutoria de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal; por ello, con apoyo en el precepto 192, de la ley de la materia, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al que se le notificara dicho proveído, cumpliera con la ejecutoria en comento, la cual concedió el amparo para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal ***. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada, determine si se actualiza o no la necesidad de cautela para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el fiscal; tomando en consideración las razones expresadas por el órgano persecutor, así como los requisitos que se requieren para otorgar esa medida cautelar; en la inteligencia de que de no actualizarse dicha necesidad, la orden de aprehensión deberá ser negada. Así, en acatamiento a la sentencia de amparo, por oficio 10410/2023 signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, remitió la diversa misiva 556/2023 dirigida al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate al Abigeato de Tonalá, Chiapas, mediante el cual le informó que dejó sin efectos la orden de aprehensión, emitida bajo el número de oficio 767/2021 de tres de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente en contra de Guadalupe Efrén Torres Roque, por el hecho que la ley califica como de delito de abigeato agravado; y, remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal *** de su índice (fojas 424 a 439). En consecuencia, se procede se realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que adjuntó el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, se aprecia que la potestad responsable realizó los siguientes actos: a) Dejó Insubsistente la orden de aprehensión, dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso Guadalupe Efrén Torres Roque, como probable partícipe del hecho que la ley señala como delito de "abigeato agravado, previsto y sancionado en los artículos 291, fracción II, en concordancia con el artículo 292 inciso d), lo anterior con relación al 14 párrafo primero y fracción I (instantáneo: cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal), 15 párrafo primero (dolo directo; el que sabe lo que hace y quiere hacerlo), y 19 (hipótesis primera) en su fracción III (coautores materiales) los que lo realicen conjuntamente con otros), todos del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, cometido en agravio de ****." (sic). b) Por otra parte, con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la cual determinó negar la orden de aprehensión solicitada en contra de ***, por su probable autoría en el hecho que la ley señala como delito de "abigeato agravado, previsto y sancionado en los artículos 291, fracción II, en concordancia con el artículo 292 inciso d), lo anterior con relación al 14 párrafo primero y fracción I (instantáneo: cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal), 15 párrafo primero (dolo directo; el que sabe lo que hace y quiere hacerlo), y 19 (hipótesis primera) en su fracción III (coautores materiales) los que lo realicen conjuntamente con otros), todos del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, cometido en agravio de *** y denunciado por ***."(sic). Lo acreditado permite concluir que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, cumplió con el aspecto fundamental del fallo constitucional, al dejar insubsistente la resolución reclamada de tres de diciembre de dos mil veintiuno, y dictar una nueva, en la que negó la orden de aprehensión solicitada en contra del aquí quejoso ***, por su probable autoría en el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado en la causa penal *** de su índice. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. (...)." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, toda vez que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, dejó insubsistente la resolución reclamada de tres de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal *** de su índice, y en su lugar, dictó una nueva, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate al Abigeato de Tonalá, de la Fiscalía General del Estado, en contra del aquí quejoso ****, por su probable autoría en el hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, cometido en contra de *** y denunciado por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (...)". Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (...).". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y realícense las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, así como el Sistema Integral de Expedientes SISE. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ***, en la que deja sin efectos la diversa sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en contra del aquí quejoso ***, como probable participe del hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, y en su lugar, negó la orden de aprehensión solicitada; de igual forma, remite copia certificada del oficio dirigido al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate al Abigeato de Tonalá, Chiapas, mediante el cual notifica la sentencia de veinticuatro de abril del año en curso. VISTA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, con lo siguiente: 1. Copia certificada de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ***, en la que deja sin efectos la diversa sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en contra del aquí quejoso ***, como probable participe del hecho que la ley señala como delito de abigeato agravado, y en su lugar, negó la orden de aprehensión solicitada. 2. Copia certificada del oficio dirigido al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate al Abigeato de Tonalá, Chiapas, mediante el cual notifica la sentencia de veinticuatro de abril del año en curso. A efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro digital 2007400, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1593, Tomo II, Libro II, Décima Época, Tesis Aislada 2a. CXIV/2013, registro digital 2005257, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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