Guadalupe Robles Acevedo
Expediente 891/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Robles Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.891/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación de seis de noviembre del año en curso (fojas 33 a 38) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ***, sin que se hubiere interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo el original del acuse del escrito de seis de junio de dos mil diecinueve presentada ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca en la misma fecha (foja 4). Por ello, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referidas, previa foja de sustitución que se deje en autos; apercibida que, de no hacerlo, en su oportunidad y sin ulterior acuerdo se procederá a la destrucción de las constancias relativas. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 4.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NNOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) úmero de expediente: 891/2019 Acuerdo: PRAL.891/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación de seis de noviembre del año en curso (fojas 33 a 38) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ***, sin que se hubiere interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo el original del acuse del escrito de seis de junio de dos mil diecinueve presentada ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca en la misma fecha (foja 4). Por ello, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referidas, previa foja de sustitución que se deje en autos; apercibida que, de no hacerlo, en su oportunidad y sin ulterior acuerdo se procederá a la destrucción de las constancias relativas. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 4.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 891/2019 MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente...
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 891/2019. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que rinde informe justificado. 2. Prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, la que exhibe con su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del: a) Acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso dictado en el expediente J.32/0443/2018 de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca (fojas 27 a 30). b) Escrito firmado por Eduardo Romeo Vargas Bautista, apoderado de la parte actora Guadalupe Robles Acevedo, de seis de junio de dos mil diecinueve presentada ante la Junta antes señalada (foja 31). c) Acuerdo de cuatro de noviembre de este año emitido en el expediente J.32/0443/2018 (foja 32). Mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. 3. Actualización de una causa de improcedencia. Ahora, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte lo siguiente: 1°) La quejosa Guadalupe Robles Acevedo, por propio derecho presentó demanda de amparo el catorce de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, contra la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca (fojas 2 a 3 y 6), y señaló como actos reclamados: La falta del dictado del auto de calificación de pruebas, en el juicio laboral J.32/0443/2018. La falta de contestación del escrito de seis de junio de este año, presentado ante la autoridad responsable en la misma fecha. 2°) La autoridad responsable al rendir el informe justificado, remitió, entre otras constancias, copia certificada del: a) Auto de veintiocho de octubre del año en curso, relativa a la calificación de pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el expediente laboral J.32/0443/2018 de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca (fojas 27 a 30). b) Auto de cuatro de noviembre de este año por el cual se acordó el escrito de la parte actora de seis de junio pasado, presentado ante la autoridad responsable en la misma fecha (foja 32). Actuaciones a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; y de las cuales se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, se advierte que: Mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve dicha responsable calificó las pruebas que ofrecieron las partes actora y demandada en el expediente laboral J.32/0443/2018 (fojas 27 a 30). En el diverso proveído de cuatro de noviembre de este año emitido en el juicio laboral antes señalado, se acordó el escrito que la parte quejosa presentó el seis de junio pasado, ante dicha Junta (foja 32). Actuaciones que patentizan la cesación de los actos reclamados, pues Guadalupe Robles Acevedo se quejaba de la A) falta del dictado del auto de calificación de pruebas, en el juicio laboral J.32/0443/2018 de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, así como de la B) falta de contestación del escrito de seis de junio de este año (fojas 2 a 3 y 6 reverso); sin embargo, las mismas ya acontecieron; lo que demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos de los actos reclamados y desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 4. Se deja sin efecto fecha y hora de la audiencia. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de treinta y uno de octubre pasado (foja 24), para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, a saber, nueve horas con tres minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en este asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 5. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 6. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. 7. Publicación de datos personales. La parte quejosa manifestó estar de acuerdo con la publicación de datos personales en la resolución respectivo, en tanto que las demás partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. ¬¬Tshf Razón. En esta fecha se giró(ron) el(los) oficio(s) 37608, 37609 y 37610 a la(s) autoridad(es) correspondiente(s). Conste.
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