Guadalupe Merino Merino

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Merino Merino
  • Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    pral 419/2021 mesa 3ª San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veintiséis de abril del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Precisión respecto a documental. Por otro lado, respecto a la copia certificada de la documental que exhibió la parte quejosa, el mismo no constituye un documento original, por lo cual conforme al artículo 3º, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, es procedente su permanencia en el expediente y no ha lugar a ordenar su devolución, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitarla. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintitrés de abril de este año y turnada en este Juzgado en la misma fecha, promovida por Guadalupe Merino Merino, contra actos del secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 419/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 1/2021), se exhorta a la parte quejosa para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 3.1. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que esta vía constitucional procede solamente en contra de "actos de autoridad", lo cual no sucede en el caso. Para mejor entendimiento es preciso citar la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2011, tomo XXXIV, registro 161133, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Transcripción) Y la tesis 2a.XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de 1999, tomo IX, página 307, registro 194367, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES". (Transcripción) Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. Ahora, el concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado como aquella que, con independencia de su naturaleza formal, tiene la potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto a través del cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la actual óptica del juicio de amparo, un particular puede ser llamado como autoridad responsable cuando realice las acciones delimitadas en el párrafo anterior, y sus funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no basta que en la demanda se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. De tal suerte que, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo que es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Ahora, si bien es cierto que el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de esa misma fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general, sin embargo, ello no equivale a que el juicio de amparo sea procedente contra actos de particulares, sino que se requieren ciertas circunstancias para actualizar su procedencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema, determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de 1) coordinación, 2) supra a subordinación y 3) supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otra parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. La interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables al: Secretario General del Gobierno del Estado de Oaxaca. Subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Presidente Municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca. Tesorero de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca. Y como actos reclamados: La orden verbal de trece de abril de este año para no efectuar el pago del sueldo a Guadalupe Merino Merino en su carácter de regidor suplente de seguridad del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca. La orden verbal de baja definitiva como regidor suplente de seguridad del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca de trece de abril de este año. Asimismo, a manera de antecedentes, refirió en lo que interesa, lo siguiente: Labora en el Palacio Municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca como regidor suplente de seguridad. El presidente Municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltelpec, Oaxaca, le comentó que recibiría como sueldo mensual la cantidad de siete mil pesos, mismo que le era pagado en efectivo; asimismo, establecieron un horario de labores. El siete de enero de este año acudió con la regidora de Hacienda para pedirle un aumento el cual le fue negado. El quince de febrero de este año al realizarle el pago (último pago recibido), el tesorero de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, le comentó que el siguiente pago se realizaría el quince de marzo pasado y llegada la fecha no se le realizó ningún pago. El trece de abril de este año no se le permitió la entrada a su lugar de trabajo pues fue informado que ya no laboraba en ese Municipio. Pese a ello, como se aprecia, la contratación de Guadalupe Merino Merino, como regidor suplente de Seguridad fue celebrado entre dicha parte y el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca; es decir, existe una relación laboral entre las citadas partes. Entonces, las obligaciones derivadas de dicho contrato, como las garantías de duración de contrato, plazo de ejecución, vigencia, sanciones, formas de pago, casos de suspensión y las causas de modificación, terminación o rescisión del contrato, constituyen condiciones del mismo, por lo cual los actos que ahora se reclaman provinieron de la contratación celebrado entre la parte quejosa y el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltelpec, Oaxaca. Por tanto, las responsables no actúan con carácter de autoridades, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que debe hacer valer sus prerrogativas respecto del contrato. Ello es así, pues, se reitera, los actos reclamados por la parte quejosa derivan de una relación de trabajo, puesto que el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca (a través del presidente y tesorero) tiene el carácter de parte patronal del peticionario; por tanto, es inconcuso que dichos actos no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues actúa como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (común laboral) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Marzo de 2016, tomo II, registro 2011298, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN". De ahí que los actos reclamados por el quejoso, sin prejuzgar sobre los mismos, no pueden ser considerados como actos de autoridad, para efectos de la tramitación del juicio de amparo; de esa manera, se encuentra en aptitud de combatir en otra vía los actos de disenso; ello, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación subyacente es de índole laboral. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. 5. Precisiones. A. No es óbice lo anterior que la parte quejosa también haya señalado como autoridades responsables al a) secretario, b) subsecretario y c) director del Gobierno del Estado de Oaxaca; porque de la lectura de la demanda, como se precisó con anterioridad, 1) la orden verbal de trece de abril de este año para no efectuar el pago del sueldo a Guadalupe Merino Merino, en su carácter de regidor suplente de seguridad del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, y la 2) orden verbal de baja definitiva como regidor suplente de seguridad del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, de trece de abril de este año, le es atribuible a las autoridades de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca; aunado que de la demanda no se advierte la participación de las autoridades del Gobierno del Estado. B. Cabe precisar que no se desconoce la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que el auto inicial no es el momento procesal oportuno para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho criterio es el siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Criterio que modificó la tesis del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en razón de que con ésta se transmitía una idea de que resultaba aplicable a cualquier juicio de amparo, con independencia del acto reclamado y de a quién se señalara con el carácter de autoridad responsable, siendo que dicha jurisprudencia surgió con motivo de los juicios de amparo en los que se reclamaba el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". Por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en la ejecutoria que dio origen a la modificación de la jurisprudencia 54/2012, que los jueces de distrito no se encuentran impedidos para analizar desde el auto inicial si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues reiteró que el criterio que dio origen a la citada jurisprudencia 54/2012 versó en específico sobre el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". De ahí que, tratándose de otros temas, el juez de amparo puede desechar la demanda cuando sea notoria e indudable que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos de este juicio. 6. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 12 de dicha ley, por autorizados con las facultades amplias a 1) Jenaro Hernández González, 2) Vicente Armando Gandarillas Castellanos y 3) María de Lourdes Elda Merino García; toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas que señaló por así haberlo solicitado la parte quejosa. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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