Guadalupe Ramírez Rodríguez
Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Ramírez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; se desprende que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se tiene registro de promoción alguna que indique que las quejosas recurrieron el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada por lista que se pública en los estrados de este juzgado el treinta de mayo del presente año en curso, quedando comprendido dicho plazo del uno al siete de junio del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Guadalupe, Martha Yolanda********************todas de apellidos********************y********************en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 443/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."****************************************Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama la ilegal notificación de la resolución de veintiséis de enero del año en curso, emitida en el juicio sumario civil de división o venta de la cosa común 762/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad.********************Atento a lo anterior, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicho acto no se agotó el principio de definitividad. ********************El citado dispositivo legal establece: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso".****************************************En ese tenor, el precepto y fracción antes transcritos de la ley de materia, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de algún recurso, juicio o medio de defensa ordinario.********************A fin de dejar establecida con claridad la actualización de la causal de improcedencia reseñada, cabe indicar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito constitucional, se advierte que las quejosas son parte actora en el juicio de origen, y que el nueve de mayo del año en curso, fueron notificadas del incidente de liquidación de costas promovido por ******************** parte demandada en el juicio de origen, y fue ahí cuando se enteraron que en auto reclamado de veintiséis de enero de la presente anualidad, el juez responsable declaró la caducidad de la instancia, siendo la notificación de esta última determinación la que reclama.******************** Como pudo verse, las promoventes son la parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado, al que comparecieron, entonces, contra la notificación de que se duelen procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y como parte del juicio de origen no cumplieron previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclaman en torno a la notificación reseñada, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable.********************Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: ********************a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.********************b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural. ********************d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o bien, sea de los privativos de la libertad personal; y, ********************e) Que la procedencia del recurso o medio de defensa no precise interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente para determinarla. ********************Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan.******************** Tales recursos, cuya omisión en promoverlos hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen.******************** Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado.******************** Ciertamente, la parte quejosa antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito.******************** En efecto, los artículos 74, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, disponen lo siguiente: ******************** "Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella."**************************************** "Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.**************************************** "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento."******************** ******************** "Artículo 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo."******************** ******************** De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; asimismo, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.********************Por tanto, si la quejosa estima ilegal la notificación reclamada, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. ********************Además, se reitera que la parte quejosa es parte actora del juicio generador de los actos reclamados, quedando indiscutiblemente incorporada al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraña; entonces, no existe razón para relevarla de la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarla de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión de la afectada, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia en su perjuicio. ********************Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la notificación reclamada, estaba obligada a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por medio del cual podía obtener que se revocara la notificación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. ********************Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación, se transcribe:****************************************"NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." ****************************************Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 257386, que dice lo siguiente: ****************************************"INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales y el artículo 78, del mismo ordenamiento, expresa que la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento se sustanciará como incidente. Por tanto, si el quejoso alega como acto reclamado el ilegal emplazamiento en un juicio civil en el cual no se ha pronunciado sentencia que haya pasado a ser autoridad de cosa juzgada, debe sobreseerse el juicio de garantías respectivo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho acto procede el recurrente legal ordinario de nulidad de actuaciones, a que se refieren las disposiciones primeramente invocadas".**************************************** Es de citarse también la jurisprudencia VI.2o. J/351 visible en la página 39, tomo Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro electrónico 209210, con el título y contenido que expresan: **************************************** "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones". Lo resaltado es nuestro. ****************************************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************de esta ciudad; y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por así haberlo solicitado.********************Se le tiene señalando el correo electrónico ferolivas84@gmail.com, como medio no procesal.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo en vigor se hace del conocimiento de la parte quejosa el proveido de veinticinco de mayo del año en curso en la que: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Guadalupe, Martha Yolanda********************todas de apellidos********************y********************en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 443/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."****************************************Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama la ilegal notificación de la resolución de veintiséis de enero del año en curso, emitida en el juicio sumario civil de división o venta de la cosa común 762/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad.********************Atento a lo anterior, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicho acto no se agotó el principio de definitividad. ********************El citado dispositivo legal establece: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso".****************************************En ese tenor, el precepto y fracción antes transcritos de la ley de materia, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de algún recurso, juicio o medio de defensa ordinario.********************A fin de dejar establecida con claridad la actualización de la causal de improcedencia reseñada, cabe indicar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito constitucional, se advierte que las quejosas son parte actora en el juicio de origen, y que el nueve de mayo del año en curso, fueron notificadas del incidente de liquidación de costas promovido por ******************** parte demandada en el juicio de origen, y fue ahí cuando se enteraron que en auto reclamado de veintiséis de enero de la presente anualidad, el juez responsable declaró la caducidad de la instancia, siendo la notificación de esta última determinación la que reclama.******************** Como pudo verse, las promoventes son la parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado, al que comparecieron, entonces, contra la notificación de que se duelen procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y como parte del juicio de origen no cumplieron previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclaman en torno a la notificación reseñada, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable.********************Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: ********************a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.********************b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural. ********************d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o bien, sea de los privativos de la libertad personal; y, ********************e) Que la procedencia del recurso o medio de defensa no precise interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente para determinarla. ********************Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan.******************** Tales recursos, cuya omisión en promoverlos hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen.******************** Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado.******************** Ciertamente, la parte quejosa antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito.******************** En efecto, los artículos 74, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, disponen lo siguiente: ******************** "Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella."**************************************** "Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.**************************************** "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento."******************** ******************** "Artículo 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo."******************** ******************** De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; asimismo, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.********************Por tanto, si la quejosa estima ilegal la notificación reclamada, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. ********************Además, se reitera que la parte quejosa es parte actora del juicio generador de los actos reclamados, quedando indiscutiblemente incorporada al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraña; entonces, no existe razón para relevarla de la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarla de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión de la afectada, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia en su perjuicio. ********************Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la notificación reclamada, estaba obligada a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por medio del cual podía obtener que se revocara la notificación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. ********************Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación, se transcribe:****************************************"NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." ****************************************Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 257386, que dice lo siguiente: ****************************************"INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales y el artículo 78, del mismo ordenamiento, expresa que la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento se sustanciará como incidente. Por tanto, si el quejoso alega como acto reclamado el ilegal emplazamiento en un juicio civil en el cual no se ha pronunciado sentencia que haya pasado a ser autoridad de cosa juzgada, debe sobreseerse el juicio de garantías respectivo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho acto procede el recurrente legal ordinario de nulidad de actuaciones, a que se refieren las disposiciones primeramente invocadas".**************************************** Es de citarse también la jurisprudencia VI.2o. J/351 visible en la página 39, tomo Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro electrónico 209210, con el título y contenido que expresan: **************************************** "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones". Lo resaltado es nuestro. ****************************************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************de esta ciudad; y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por así haberlo solicitado.********************Se le tiene señalando el correo electrónico ferolivas84@gmail.com, como medio no procesal.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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