Guadalupe Pasos Lizárraga
Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Pasos Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto dictado por este juzgado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en la propia fecha, quedando comprendido dicho lapso del diecinueve de los citados mes y año al uno de junio del año en curso. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que para ello resulte inadvertido, que las autoridades responsables foráneas presidente y Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Concordia, Sinaloa, no se encuentran notificadas de los oficios en el que se les comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de ellas; lo que en la especie no ocurre en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso a), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que, como se indicó, se decretó el sobreseimiento en el juicio.
- Principal
Ténganse recibidos los oficios 42 y 41 firmados autógrafamente por la Presidenta y el Pleno del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Concordia, Sinaloa, a través de los cuales remiten las constancias relativas al acto reclamado; comunicados que en atención a su contenido sólo se ordenan agregar en autos para que obren como constancia, en razón de que el diecisiete de mayo del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se reciben los oficios números 33 y 34, firmados autógrafamente por la Presidenta y el Pleno del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Concordia, Sinaloa, a través de los cuales rinden informe justificado. De acuerdo a lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia se tienen exhibidas las documentales que acompaña a su informe las oficiantes, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado cesó en sus efectos, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997 y la jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País. Se explica, en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la quejosa Guadalupe Pasos Lizárraga reclamó del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente, con sede en Concordia, Sinaloa, la paralización del juicio laboral TMCA-012/2022, que recibieron por incompetencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, sin que se provea desde el treinta de mayo de dos mil veintidós. Y de las constancias remitidas en copia certificada por los integrantes de Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente, con sede en Concordia, Sinaloa, del juicio laboral TMCA-012/2022, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que: a) En auto de treinta de mayo de dos mil veintidós: (1) se admitió a trámite la demanda, (2) se ordenó el emplazamiento del Ayuntamiento demandado otorgándose el plazo de diez días para que dé contestación a la demanda, y (3) se tuvieron ofrecidas las pruebas de la actora. b) En diligencia de once de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. Ahora bien, considerando que a esta fecha se encuentra corriendo el pazo otorgado a la enjuiciada para que produzca, de ser el caso, contestación a la demanda y el tribunal responsable esté en condiciones de proveer lo conducente, es patente entonces, que las dilaciones reclamadas en la etapa procesal concreta en que se encontraba dicho juicio a la data en que se presentó la demanda de amparo cesaron en sus efectos. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó, por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto el de los autos, se advierte que transcurrió el término otorgado a las autoridades responsables Presidente e integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Concordia, Sinaloa, a fin de que rindan sus informes justificados, lo que da lugar a presumir la certeza del acto reclamado. Ahora bien, para estar en condiciones de resolver en definitiva el fondo de la litis constitucional planteada, resulta necesario contar con la totalidad de constancias relativas al acto reclamado; por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado cuerpo normativo, requiérase a las autoridades responsables omisas, para que dentro del término de tres días, contado legalmente, remitan la totalidad de las constancias que integran el expediente del que deriva el acto reclamado; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo o manifestar la imposibilidad que tengan para ello, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, y de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere a fin de que tenga verificativo a las nueve horas del cinco de junio de dos mil veintitrés. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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