Guadalupe Pilar Apolinar
Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Pilar Apolinar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 1155/2023-III, promovido ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y otras autoridades, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte la documental que adjuntó, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, la que se tomará en consideración al dictar la sentencia correspondiente; y, por cuanto hace a las diversas pruebas que ofreciera relativas al expediente médico que señala y actuaciones derivadas de la solicitud de pensión, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no acreditó haber solicitado tales constancias y que en su caso, le fuera negada su expedición, para que en su caso, éste Juzgado requiriera tales medios probatorios. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Acto seguido, el Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1155/2023-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el siete del mismo mes y año, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección contra el acto del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. II. Por auto del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo, bajo el número 1155/2023-III, y previa aclaración, por auto del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por fallecimiento de su hijo ********************, presentada el ********************, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. TERCERO. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Director General, Presidente del Comité de Pensiones y Departamento de Pensiones, todos del Instituto en cita, al rendir informe justificado, fueron omisos en manifestar la certeza o no del acto que se les atribuye; sin embargo, atento al acto reclamado -omisivo-, se estima necesario determinar si es procedente atribuirle dicho acto a las autoridades responsables en comento atento a las facultades que tiene conferidas en la legislación correspondiente y, partiendo de ahí, establecer si se encontraban obligadas a conocer del acto reclamado señalado por la ahora quejosa, ya que tratándose de actos omisivos (como ocurre en el presente asunto), no basta con que las responsables resulten omisas en rendir su informe justificado, nieguen o acepten el acto reclamado al verter su informe justificado en el que se pronuncie con relación a la certeza del mismo, pues si bien, en tal caso, su dicho goza de presunción de veracidad; no obstante, atendiendo a la naturaleza del acto, no sólo deben expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que su dicho. Puntualizado lo anterior, este Juzgador procede a verificar si el Director General Institutito Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien representa a tal Instituto, se encontraba obligado a realizar los trámites conducente a la emisión de la resolución correspondiente, derivado de la solicitud de pago de pensión que reclama la quejosa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018110, del rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tal virtud, se estima oportuno señalar que el contenido de los artículos 21 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 12 del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y numerales 11 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, los que versan al tenor siguiente: De la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios: "Artículo 21.- El Director General del Instituto, será designado por el Gobernador del Estado, a propuesta de una terna presentada por el Consejo Directivo, debiendo ser profesionista con probada experiencia en administración pública, preferentemente con formación académica en administración pública y/o sistemas de salud, y tendrá las atribuciones siguientes: I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo e informarle oportunamente de su cumplimiento; (REFORMADA, G.G. 24 DE ENERO DE 2014) II. Asumir la representación jurídica del Instituto, de las unidades administrativas, comités, comisiones y servidores públicos que lo integran, así como en los litigios en que sean parte, en ejercicio de (sic) funciones. Esta atribución podrá delegarla al personal jurídico adscrito a la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto, para que la ejerzan individual o conjuntamente ante las autoridades jurisdiccionales. Otorgar y revocar la representación jurídica, aun las que requieran cláusula especial, a través de poderes generales y especiales o mediante oficio. III. Organizar el funcionamiento del Instituto y vigilar el cumplimiento de sus programas; IV. Proponer al Consejo Directivo las reformas y adiciones procedentes a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias; V. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación: a) El programa general y los programas específicos del Instituto. b) Los proyectos de los presupuestos anuales de ingresos y egresos y el programa de inversiones. c) A más tardar en el mes de agosto, el proyecto de aportaciones por concepto de riesgo de trabajo, así como el proyecto de cuotas y aportaciones por concepto de otras prestaciones, señaladas en el Titulo IV. d) Proponer modificaciones a las cuotas y aportaciones con base en los estudios especializados y atendiendo al régimen financiero de cada fondo. e) Los estados financieros, con la periodicidad que determine el Consejo Directivo. f) Los resultados del cumplimiento de los programas del Instituto. g) Las disposiciones y prevenciones necesarias para el buen funcionamiento del Instituto. VI. Formular los estudios y dictámenes sobre las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones y demás actos que requieran acuerdo expreso del Consejo Directivo; VII. Dar cuenta al Consejo Directivo de las actividades y de los acuerdos emitidos por la Comisión Auxiliar Mixta; VIII. Informar al Consejo Directivo en el primer trimestre de cada año, del estado que guarda el patrimonio del Instituto, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de éste, así como de las actividades desarrolladas durante el período anual inmediato anterior; IX. Proponer al Consejo Directivo los nombramientos de los servidores públicos del segundo y tercer nivel de la estructura orgánica y extender los nombramientos del personal de la Institución; X. Suscribir los acuerdos, convenios y contratos a celebrar por el Instituto; XI. Las demás que le confieran esta ley y sus disposiciones reglamentarias o le señale el Consejo Directivo." Del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: "Artículo 12.- (.) Corresponde al Director General el ejercicio de las atribuciones siguientes: Administrar y representar legalmente al Instituto con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, de administración y para actos de dominio, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a las disposiciones en la materia y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. Para actos de dominio requerirá la autorización expresa del Consejo Directivo, de acuerdo con la legislación vigente. Promover, coordinar y vigilar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del Instituto, dictando para tal efecto las medidas conducentes. Proponer al Consejo Directivo políticas y lineamientos generales que rijan el funcionamiento del Instituto. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones legales que rijan el funcionamiento del Instituto. Proponer al Consejo Directivo modificaciones jurídicas y administrativas tendientes a mejorar la organización y el funcionamiento del Instituto. Administrar el patrimonio del Instituto, conforme a los programas y presupuestos autorizados. Coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales para cumplir con los objetivos que le establece la Ley al Instituto. Vigilar que las comisiones y comités que apoyan al Consejo Directivo cumplan con los asuntos y objetivos que les han sido encomendados. Someter a la consideración del Consejo Directivo los asuntos que por su competencia requieran de su autorización, así como aquellos que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. Ordenar la elaboración de la valuación actuarial de cada ejercicio anual. Someter a la aprobación del Consejo Directivo las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Instituto. Designar al personal del Instituto cuyo nombramiento no esté reservado al Consejo Directivo, observando las disposiciones aplicables en la materia. Proponer al Consejo Directivo el otorgamiento de reconocimientos al personal del Instituto que por sus méritos o acciones relevantes se hagan acreedores a los mismos. Aprobar los programas y proyectos de desarrollo y calidad institucional del Organismo. Someter a la consideración del Consejo Directivo los montos máximos a otorgar para los créditos a corto, mediano y largo plazos, las tasas de interés aplicables; así como las cuotas, aportaciones y tarifas que correspondan a las prestaciones potestativas. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente Reglamento. Promover acciones para la modernización administrativa, Mejora Regulatoria, Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en los trámites y servicios que presta el Instituto, así como vigilar su ejecución y cumplimiento. Coordinar al interior del Organismo el cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en términos de la normativa aplicable. Promover que los planes y programas del Organismo sean realizados con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Requerir a los poderes públicos del estado, los municipios a través de los ayuntamientos y los tribunales administrativos, así como los organismos auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal y municipal, siempre y cuando estos últimos no estén afectos a un régimen distinto de seguridad social, la información necesaria para el cumplimiento del objeto del Instituto. Ordenar la ejecución de inspecciones y visitas domiciliarias con la finalidad de verificar la corrección en el entero de cuotas, aportaciones y otros descuentos, así como delegar esta atribución en servidores públicos subalternos. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos y las que le encomiende el Consejo Directivo." Así como, se estima oportuno señalar en lo que interesa el contenido de los numerales 11 y 12 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, los que versan al tenor siguiente: "Artículo 11. El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; II. Conceder, negar, modificar o suspender las pensiones y el estímulo por permanencia en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y otras determinaciones aprobadas por el H. Consejo Directivo del Instituto; (.)" "Artículo 12.- Los integrantes del Comité de Pensiones tendrán las siguientes funciones y atribuciones: I. Del Presidente: a) Presidir las sesiones del Comité de Pensiones; b) Representar al Comité de Pensiones en todos los asuntos que le competan; (.). Así, del contenido de los preceptos transcritos se desprenden diversas facultades relativas a la planeación, organización, dirección y evaluar el funcionamiento general del Instituto, entre otras atribuciones conferidas respectivamente a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como de diversa autoridad del propio instituto; sin embargo, no se advierte que corresponda emitir a la autoridad en comento, la resolución con relación a las solicitudes de pensión, cuya omisión reclama la quejosa, sino tal facultad se encuentra reservada a diversa autoridad del propio instituto, como se desprende de lo establecido en el artículo 11 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De igual forma, de tales preceptos transcritos se desprenden diversas facultades inherentes al Presidente Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de entre las que no se advierte que corresponda emitir resolución en tratándose del trámite de la solicitud de pago de pensión elevado por la parte quejosa. Lo anteriormente expuesto, pone en evidencia que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Director General, Presidente del Comité de Pensiones, carecen de atribuciones para emitir la resolución en el trámite de la petición planteada. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones decretadas previamente, sin embargo, conforme a las obligaciones que tiene conferidas, no se establece que le sea atribuible el atender las peticiones de solicitud de pensión que les sean enderezadas. En ese sentido, ante la falta de competencia o atribuciones de las autoridades responsables precisadas en párrafos precedentes, para resolver la solicitud de pensión que se reclama su falta de atención, se considera que no existe una condición de actualización que las coloque en la obligación de proceder como lo exige la parte quejosa, por lo cual resulta inconcuso que no puede tenerse por cierto el acto que se les reclamada. Por lo que, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el presente considerando, procede sobreseer, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. El Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto de su representante, manifiesta la certeza del acto reclamado; por lo que, atento a lo antes precisado, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 11, del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, citado en el considerando que antecede, se tiene que, corresponde al Comité de Pensiones antes precisado, resolver sobre la petición de pensión que se reclama; se tiene como cierto el acto (omisión) que se le reclama. Máxime que tal certeza se corrobora con la documental que exhibió la quejosa en su demanda de amparo, consistente en copia de la solicitud de pensión por fallecimiento de su hijo ********************, con sello de recibo el ********************, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, misma que no fue objetada por la autoridad en cita. Es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio se otorga valor probatorio a la documental exhibida por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese orden, al haberse exhibido en el presente juicio de amparo copia simple del acuse de la solicitud de cuya omisión en su atención se atribuye a la autoridad y dada las manifestaciones de certeza en cuento a tal solicitud vertida por la responsable, es dable presumir su existencia, por ello, dicha constancia y presunción de certeza del acto atribuido a las autoridades, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, en el informe justificado de la autoridad responsable, se hace valer que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, previo a instar el presente juicio de amparo. Es infundada; ello, ya que el principio de definitividad que impone la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente sí, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, julio de 2000, que literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Conforme a dicho criterio, se puede concluir que la parte quejosa no tenía obligación de agotar los recursos ordinarios a que alude la responsable antes de promover la presente vía constitucional, habida cuenta que los actos de que esencialmente se duele de la violación directa del artículo 8° Constitucional, así como del estudio integral, se advierte que reclama la transgresión al artículo 17 de la propia carta magna. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte diversa causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir diversa causa de improcedencia invocada por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Se tienen por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce en esencia que la autoridad responsable ha sido omisa en dar respuesta a su solicitud de pensión por fallecimiento de su hijo ********************, presentada el ********************, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, representa una afectación a los derechos humanos contenidos en los artículo 1°, 14, 16, 17 y 123. Constitucionales. Que las autoridades se encuentran obligadas a dar contestación a la solicitud de pensión, conforme lo previsto en la legislación aplicable a fin de garantizar a los familiares o dependientes económicos del trabajador fallecido el otorgamiento de una pensión, en los términos que las leyes secundarias prevén. Que a la fecha de presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no ha emitido una respuesta a su solicitud de pensión, no obstante que haber cumplido los requisitos exigidos para ello, conforme, así como haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en el que se otorga a la autoridad un término de treinta días para que resuelva lo relativo a la solicitud. Hecho lo anterior, se tiene que, el concepto de violación antes sintetizado es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. Por lo que, en principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el ********************, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (.)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde la promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el ********************, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición de la peticionaria el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso. En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión presentada ********************, el ********************. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y se haga del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 75, 76, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa; por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
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III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se desprende que aún no obran las constancias que se solicitaron a la responsable en proveído de **********. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, así como a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y toda vez que se encontraban señaladas las nueve horas con ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, mismo que se declaró inhábil, atento a la certificación que antecede; por lo que, en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que la promovente **********, ha ratificado el contenido y firma del escrito presentado el dieciocho de septiembre último, con registro 12356; en consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por la citada quejosa **********, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades, así como el escrito aclaratorio, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado de Distrito, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, infórmese a dichas responsables que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte la documental que adjuntó, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 del Acuerdo General 8/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Finalmente, resulta innecesario proveer sobre el domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la designación de autorizados, y lo relativo a la publicación de datos personales, en virtud de que por auto del ocho de septiembre pasado, se acordó lo conducente respecto a dichos tópicos. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de la Jueza Cuarto Civil de Ecatepec, con residencia en Coacalco, México, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las misivas y anexos de cuenta, dese vista a las partes, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica al quejoso y a los tercero interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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