Guadalupe Paola Balderas García
Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Paola Balderas García
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusando recibo del oficio 5285/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se remitió el expediente original del expediente 336/2023-III; asimismo, hace del conocimiento que en proveído del veintiocho de marzo del año en curso, aceptó el conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********. Ahora, se advierte que el Juzgado oficiante solicita que le sean remitidas las copias del escrito de demanda; sin embargo, las mismas fueron enviadas, así como el anexo correspondiente, tal como se desprende del acuse de recibo de la misiva 5285/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional, por lo que se ordena remitir copia del mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1100/2022-III, promovido por********************, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por el Tribunal Agrario responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, que ofrece la quejosa, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos sus argumentos. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 1100/2022-III; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés del mismo mes y año,********************, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad. II. Previa aclaración, por auto del once de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 1100/2022-III del índice de este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercero interesada. III. Mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, previa aclaración, se admitió la ampliación de demanda realizada por la quejosa, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercero interesada y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 y 57 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que la quejosa se ostenta como tercera extraña a un juicio, en un procedimiento seguido ante un tribunal agrario, cuya ejecución se realizara dentro del territorito donde este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, es necesaria la fijación clara y precisa de ellos, con el objeto de resolver efectivamente la litis constitucional planteada por la parte quejosa. De la lectura integral del escrito de demanda y, del escrito de ampliación de demanda, se observa que los actos recamados consisten en: La falta de emplazamiento y en consecuencia, lo actuado en el expediente ********************, relativo al juicio agrario promovido por ********************, como lo es la sentencia dicada en tal juicio y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Registro Agrario Nacional en el Estado de México, así como pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado el relativo a la ampliación de demanda, por lo que se tiene cierto los actos que se les atribuye, respectivamente. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó la Magistrada Presidenta del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al rendir su informe, consistente en el original del expediente ******************** de su índice, y diversas documentales remitidas por el Registro Agrario Nacional en el Estado de México, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su dispositivo legal 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Al respecto, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni este Juzgador advierte de oficio alguna de ellas se procede al estudio del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A fin de tener mayor comprensión del asunto, se relatan los antecedentes principales en el juicio agrario, los que dieron origen a los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el ********************, ********************, compareció a denunciar sucesión intestamentaria de los derechos agrario de los que fuera titular su extinto padre ********************, que fue ejidatario del poblado de "********************". 2. El ********************, el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, admitió la demanda con el número expediente ********************, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. 3. Seguido el juicio por sus trámites legales, el ********************la Magistrada del tribunal señalado como autoridad responsable, dictó sentencia en la que determinó: "PRIMERO.- Ha sido procedente el juicio sucesorio intestamentario que se promovió a bienes del ejidatario ********************; en consecuencia, se le reconoce a ********************, el carácter de ejidataria en el poblado de ********************, respecto de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al primero de los mencionados. SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a la interesada, entregándole copia certificada de la misma y devuélvansele los documentos originales que hubiese exhibido , previo cotejo de los mismo; y para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 22 de la Ley Agraria, por conducto de la promovente hágasele saber el resultado de la presente resolución a los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado de que se trata. TERCERO.- Remítase copia certificada al Registro Agrario Nacional, en términos de la fracción I, del artículo 152, de la Ley Agraria, para que proceda a cancelar los certificados parcelarios números ******************** y ******************** que amparan las parcelas ******************** y ********************, así como el certificado de derechos sobre tierras de uso común número ******************** que se expidieron a favor del extinto ********************, y en su lugar expida los certificados correspondientes que acrediten a ********************, como titular de las citadas parcelas y de los derechos sobre tierra de uso común que le correspondan; anótese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal y archívese el expediente como asunto concluido.". Siendo este el estado procesal que guarda el juicio de origen. SEXTO. Los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con número de registro 164618, cuyos es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, en lo medular la parte quejosa expresa como motivos de disenso, en esencia que: 1. La autoridad responsable ordenadora incurrió en omisiones en el proceso generando con ello que se le prive de su derecho de garantía de audiencia, ya que sin haber sido requerida en el juicio, por lo que se le deja completo estado de indefensión porque actualmente cuenta con parentesco con el hoy finado, por lo que era su derecho haber sido llamada a juicio por el hecho de ser descendiente de la persona que tenía derechos agrarios, respecto de los inmuebles sobre los que ha versado la sentencia ahora recurrida. 2. Que al no poder defender sus derechos como coheredera en el juicio natural, se violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de Constitucionales. Los relatados conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder el amparo impetrado, ello en suplencia de la queja deficiente, conforme a lo establecido en el artículo 79, fracción IV, inciso a), de la Ley de Amparo, pues la quejosa es sujeto de derechos agrarios. En ese orden de ideas, se precisa que la litis se constriñe a determinar, si se debe llamar o no al juicio de origen a la parte quejosa. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto legal 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en materias civil, mercantil y administrativa opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que hubo en contra de la parte quejosa o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." De entre los diversos derechos fundamentales que contiene el precepto constitucional invocado, destaca el de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Por su aplicación, se cita la Jurisprudencia 82, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 917616, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 65, del rubro y texto: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspecto esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presupuesto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica." En tal virtud, el artículo 14 de la Carta Magna, en su párrafo segundo, exige el respeto al derecho humano de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos; en tanto que los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados por el artículo 16 de la propia Constitución. En ese sentido, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 185/2008-SS, estableció algunas consideraciones esenciales sobre las sucesiones agrarias, a saber: - La sucesión agraria, a diferencia de otras materias, no es a título universal, al tratar exclusivamente de la transmisión de derechos agrarios, sin comprender el resto del conjunto de bienes, derechos u obligaciones del difunto. - El heredero en esta materia adquiere derechos agrarios a título particular y no universal. - Los derechos ejidales pueden transmitirse por sucesión legítima o testamentaria, en virtud de que el artículo 17 de la Ley Agraria, confiere al ejidatario la facultad de nombrar a la persona que lo sucederá en sus derechos agrarios, conforme a la lista donde conste tal voluntad, debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional o, en su defecto, formalizada ante Notario Público. - Cuando el ejidatario no designa heredero o si el designado no tiene capacidad para suceder, el diverso número 18 de la ley en cita, prevé quienes son las personas que pueden sucederlo, así como su orden de prelación (cónyuge, concubina o concubinario, hijos del ejidatario y dependientes económicos). - Solo un individuo puede heredar los derechos agrarios; consecuentemente, si varias personas tienen derecho a heredar, la ley ordena que estas acuerden quien conservará los derechos ejidales, porque de no llegar a un acuerdo, el Tribunal Agrario procederá a vender en subasta pública esos derechos y repartirá el producto entre las personas con derecho a heredar. - La adjudicación de derechos agrarios puede realizarse mediante un procedimiento administrativo sucesorio, no obstante, en los casos en que haya controversia de algún tipo, o cuando el ejidatario no hubiera nombrado heredero en las formas que permite la ley, la sucesión de derechos agrarios se tramitara a través de un juicio sucesorio, seguido ante los tribunales agrarios, procedimiento al cual serán emplazadas las personas que tengan interés; y, el magistrado unitario podrá proveer diligencias con el fin de averiguar quiénes son esas personas, aunque la ley no ordena expresamente la publicación de edictos o avisos mediante los cuales se dé a conocer el fallecimiento del de cujus, para efectos de dar publicidad a ese hecho y que se entere de él cualquier persona que pudiera tener interés. Con base en estas premisas, el Máximo Tribunal del País estima que en el juicio de amparo indirecto, quien se ostente como persona tercera extraña a un juicio sucesorio acredita su interés jurídico, cuando se ubica en alguna de las hipótesis que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: a) Figurar en alguna lista de sucesión del difunto ejidatario, debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público (Artículo 17 de la Ley Agraria). b) Acreditar que era cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido (Artículo 18 de la Ley Agraria). Sentado lo anterior, es oportuno destacar que la litis a resolver en el presente asunto, tiene por objeto establecer si se transgredió o no el derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa con la sentencia de ********************, en la cual se reconocieron los derechos agrarios a ********************, respecto de los derechos del de cujus ********************, dentro del juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario responsable; de la cual la parte quejosa aduce tener derechos para heredar. Expuesto lo anterior, resulta necesario analizar la situación jurídica que afirma tener la quejosa, para deducir tales derechos frente a quien figura como parte en el procedimiento de origen; la naturaleza jurídica de los derechos que son materia de la litis en el juicio sucesorio; la calidad de tercera extraña a juicio con que se ostenta, a fin de estar en aptitud de determinar si se viola en su perjuicio su garantía de audiencia y seguridad jurídica. En primer lugar, se debe precisar que la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que procede el amparo indirecto "contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas.". De ahí que, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, empero sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones (como en el caso), sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto; asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 7/98 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En las relatadas condiciones, se precisa que en el juicio de origen no existió alguna lista de sucesión de ********************, tan es así que ********************, quien se ostentó como hija de aquél, exhibió ante el tribunal responsable la documental pública relativa a la constancia de registro de vigencia de derechos parcelarios, de la que se advierte que el finado en comento no designó sucesores (foja 5 del juicio agrario), por tanto, con ese medio de convicción y otros, la ahora tercero interesado instó el juicio agrario ********************. Ahora, con las pruebas ofrecidas por la quejosa********************, se estima, acredita ubicarse dentro del supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley Agraria, pues se allegó al sumario constitucional, entre otras, las siguientes: Copia certificada del acta de nacimiento de la quejosa********************. Copia simple del acta de nacimiento de los padres. Impresión de CURP Copia simple de la credencial expedida a la parte quejosa por el Instituto Nacional Electoral. Original de historial expedido por la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su dispositivo legal 2°, con las que se acredita que la ahora quejosa********************, es hija de ********************, esto es, se demuestra el entroncamiento familiar existente entre ambos. Por tanto, se establece que al juicio iniciado por ********************, en el cual denunció en la vía agraria la sucesión a bienes de ********************, respecto de los derechos agrarios, es una persona que pudiera tener derecho a heredar, de acuerdo al ordinal 18 de la Ley Agraria y, como consecuencia tiene derecho a intervenir en el juicio natural del que emana el acto de que se duele, de ahí que deba ser emplazada para tener la oportunidad de defender lo que conforme a derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Décima Época, Página: 3048, cuyo rubro y texto es "AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN. Conforme a los artículos 212 y 216 de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de garantías en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si durante la tramitación de un juicio agrario fallece el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y éste no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión." Asimismo, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, página: 239, cuyo rubro y texto es: "SUCESIÓN LEGÍTIMA DE DERECHOS EJIDALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA. El artículo 18 de la Ley Agraria regula la sucesión de derechos ejidales en la vía legítima, estableciendo en sus cinco fracciones la prelación de los sujetos con derecho a suceder en el siguiente orden: "I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.". De esta disposición se infiere que el requisito de dependencia económica que establece la fracción V, no es aplicable a los sucesores señalados en las cuatro primeras fracciones, sin que de los antecedentes legislativos sobre el particular pueda deducirse que la intención del legislador haya sido hacer extensivo a éstos el acreditamiento de dicho requisito, por lo que en tales supuestos basta con que se demuestre el vínculo que los unía con el de cujus para que tengan derecho a sucederlo en la vía legítima." En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que prevé el artículo 14 constitucional, con fundamento en el precepto legal 77, fracción I, de la Ley de Amparo lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México: Deje sin efectos todo lo actuado hasta antes del dictado de la sentencia en el juicio agrario ********************. Hecho lo anterior, ordene emplazar a la quejosa********************, al juicio agrario de origen para que le dé la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, y en lo demás resuelva conforme a sus atribuciones. Ello a fin de respetar el derecho fundamental de audiencia y otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, conforme lo dispone la Jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, del registro 200234, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Concesión que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora por no reclamarse por vicios propios los actos atribuidos a ella. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta determinación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. .
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