Guadalupe Ovando Pérez
Expediente 1344/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Guadalupe Ovando Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA 7-- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, tomando en consideración que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que en esta misma fecha se archiva físicamente como asunto totalmente concluido el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Guadalupe Ovando Pérez, hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1344/2021-7, promovido por Guadalupe Ovando Pérez, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y el Actuario de su adscripción, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintiséis siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintisiete de octubre del año en curso, Guadalupe Ovando Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "La omisión de las Autoridades señaladas como Responsables EL H. TRIBUNAL DE CONCILlAClON y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, Y el C. ACTUARIO ADSCRITO A LA HONORABLE JUNTA de cumplir de manera real y material el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir el de notificar a la demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, en el término que establece la ley de la materia bajo el precepto antes invocado, ya que desde la recepción del escrito de ampliación de demanda con fecha 11 de agosto del 2021 ya que no se ha pronunciado de dichas ampliaciones ni mucho menos de haber notificado a las mismas las responsables debieron de haber cumplido en su totalidad con el precepto legal antes citado, es decir, el de notificar a la demandada. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA y que en con escrito de ampliaciones de fecha 11 de agosto del 2021 se reitera y bajo protesta de decir verdad, que hasta la presente fecha la autoridad señalada como responsable ha venido incurriendo en la omisión de no realizar la notificación al juicio natural a los demandados señalados anteriormente. Así mismo, la omisión del TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, de señalarme fecha y hora para la audiencia de CONCILlAClON en el Juicio laboral número 071/2017, ya que hasta la presente fecha la responsable ha soslayado mis garantías individuales, esto en relación a no señalarme fecha y hora audiencia, tal y como lo contempla el artículo 873 de la vigente Ley Federal del Trabajo." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1344/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de las autoridades responsables de acordar el escrito de ampliación de demanda de fecha once de agosto del año en curso, presentado por la parte quejosa en el expediente laboral 71/2017, de su índice, así como la falta de su notificación a la parte demanda Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco y como consecuencia señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y el Actuario de su adscripción, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante, de haber sido notificadas el cuatro de noviembre de este año, de los oficios 30135/2021 y 30136/2021, de veintiocho de octubre del presente año, por medio del cual se les solicitó, por lo que el término de quince días para rendirlo, transcurrió del cinco al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto los actos reclamados precisados en el considerando que antecede. Sirve a de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 452, Novena Época, Registro 204370 de rubro, siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL". Asimismo, la tesis II.1o.P.35 K. sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de la Novena Época, consultable en el Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD.". También, la tesis I.15o.A.29K sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2541, Novena Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS.". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que establece que la acción constitucional es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En principio, es necesario destacar que la parte quejosa expuso que la dilación procesal en la que han incurrido las autoridades responsables, vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, pues la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de ampliación de demanda de fecha once de agosto del año en curso, presentado por la parte quejosa en el expediente laboral 71/2017, así como la falta de su notificación a la parte demanda Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco y de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación en el precitado juicio natural de donde derivan los actos reclamados, desatiende la obligación de la responsable de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora, conforme al párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de aportar las pruebas de que el acto reclamado resultaba ilegal corresponde a la parte quejosa, toda vez que éste no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. En efecto, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en su tercer párrafo en lo conducente, establece: "Artículo 117. [...] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta ley." De la anterior trascripción, se desprende lo siguiente: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se presume cierto el acto reclamado por falta de informe, corresponde a la parte quejosa demostrar su inconstitucionalidad, siempre que éste no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, es decir, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En ese sentido, el peticionario del amparo únicamente quedará relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues en el caso contrario, estará obligado legalmente a demostrar su inconstitucionalidad. Previo a establecer de donde nace dicha causal de improcedencia en el presente asunto, es relevante exponer que el acto reclamado no resulta violatorio de algún derecho fundamental en sí mismo, ya que se trata de la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de ampliación de demanda de fecha once de agosto del año en curso, presentado por la parte quejosa en el expediente laboral 71/2017, así como la falta de su notificación a la parte demanda Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Tabasco y de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación en el precitado juicio natural de donde derivan los actos reclamados, atribuido a las autoridades responsables, quien tiene la competencia para dilucidar los procesos laborales, por lo que la legalidad o ilegalidad de tales actos se hace depender de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la autoridad para actuar en ese sentido. En esas circunstancias, conforme al párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de aportar las pruebas de que el acto reclamado resultaba ilegal corresponde a la parte quejosa, ya que ésta no resulta violatorio de derechos fundamentales en sí mismos; por lo que al no haber hecho ésta uso de ese derecho (aportar al juicio pruebas tendientes a demostrar la ilegalidad del acto), no obstante que tuvo la oportunidad de hacerlo, e incluso de pedir el diferimiento de la audiencia constitucional y solicitar se requiriera a la responsable remitiera las documentales en que constara el acto reclamado, así como las pruebas que les sirvieran de base para su soporte; es inconcuso que la suscrita se encuentra imposibilitada para examinar las violaciones reclamadas. Efectivamente, en el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos humanos que alega, ya que el que promueve una demanda de amparo está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es ilegal, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la ilegalidad de los actos impugnados. Sirve de apoyo a estas consideraciones la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en la página 26 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Marzo de 1999, Novena Época, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO)". Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el Juez de Distrito, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, tenga la obligación de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, pues de lo citado se advierte que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquéllos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de derechos fundamentales, en términos del numeral 117 de la Ley de la materia; máxime que se trata de actos cuya competencia se encuentra fincada legalmente en el Presidente Ejecutor responsable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Tesis P./J. 17/97, página 108, Número de Registro 199454, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En esta tesitura, no es jurídicamente posible realizar el análisis de legalidad del acto reclamado, ya que no se cuenta con las pruebas necesarias para ese efecto, pues su ilegalidad depende de que realmente exista una controversia en la que sea parte la quejosa, entre otras cuestiones que le correspondía acreditar; por tanto, es inconcuso que no existe materia para el análisis de fondo, pues, por una parte, la responsable no se pronunció, ni remitió las pruebas relacionadas con el acto y/o juicio de origen; y, por otro lado, el quejoso no exhibió documental fehaciente que acreditara su participación en el juicio de origen y la ilegalidad que refiere; no obstante, que si el acto reclamado es inconstitucional en sí, debió aportar al juicio pruebas tendientes a demostrar la ilegalidad del mismo. Ahora bien, sumado a lo anterior, es menester retomar el tema respecto a la existencia de una causal de improcedencia, que se estableció al inicio del presente estudio, ya que ésta nace a la vida jurídica al margen que el quejoso no haya aportado prueba idónea para acreditar la existencia del acto reclamado, ante la omisión de la responsable de rendir su informe con justificación, en razón que en complemento a ello no acreditó tampoco el interés jurídico, es decir, que sea parte en el expediente laboral 71/2017, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el cual no se pronunciado sobre el escrito de ampliación de demanda de fecha once de agosto del año en curso, presentado por la parte quejosa en el expediente laboral 71/2017, de su índice y como consecuencia, señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación y su notificación, cuya omisión se duele, para tener la certeza de que tal acto reclamado le ocasionaba alguna afectación personal y directa, lo que de igual forma impide entrar al estudio de fondo del acto que reclama. En este sentido, es conveniente precisar que, si bien existe la presunción de la certeza del acto reclamado a las autoridades responsables respecto de la paralización del juicio derivada de la omisión reclamada, lo cierto es que dicha presunción no acredita el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, señala lo siguiente: "Artículo 106.- El procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato; y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso". Del análisis de tal precepto legal, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, ello es, que todo gobernado tiene derecho de acudir a la jurisdicción del estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales, como un servicio público en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de los procedimientos judiciales y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las actividades que le correspondan. Empero, para que se actualicen los referidos principios procesales en el derecho del trabajo, es necesario que previamente acuda la justiciable ante los tribunales laborales a activar la administración de justicia, como lo es por medio de la presentación de la demanda, pues se inicia a instancia de parte, por lo que de no demostrar la afectada que acudió ante la autoridad laboral a activar el proceso, y por consecuencia establecer que es parte en el juicio, es evidente que no nace a la vida jurídica omisión alguna por parte de la responsable, pues para que se dé es necesario que quien lo reclame acredite su interés jurídico, es decir que es parte en el juicio laboral y un no hacer por parte de la autoridad le causa un agravio. En efecto, en el caso de la impugnación de violaciones procesales por parte de la autoridad, no cabe duda de que para resultar afectado el interés jurídico de la parte quejosa, se requiere que ésta sea parte en el procedimiento ordinario del cual deriva el acto reclamado, lo cual es uno de los presupuestos a verificar en primer orden, para establecer la procedencia del juicio de amparo. Es decir, el órgano de amparo tendría la necesidad de verificar que quien acude al amparo es uno de los sujetos que se encuentra inmerso en la controversia y ve comprometida su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento, respecto de lo que es objeto de debate. Lo anterior, porque sólo derivado de su condición de parte es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba desplegarse correctamente el desarrollo del procedimiento de la autoridad que lo conoce y donde deduce su defensa. Así que el interés jurídico para controvertir el proceder o la conducta de la responsable sólo correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen y es lo que le permitiría acudir ante esta instancia extraordinaria, pues el interés jurídico es un requisito sin el cual el juicio de amparo resultaría improcedente. Establecida esa circunstancia, es necesario precisar que la falta de informe justificado y la presunción de certeza del acto reclamado que opera a favor del quejoso no lo releva de la carga probatoria de su interés jurídico, como se demuestra con las siguientes tesis de jurisprudencia. El criterio de jurisprudencia 2ª./J. 3/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". Conforme a lo expuesto, se pone de relieve que, en el presente asunto y, como regla general, el interés jurídico debe ser probado fehacientemente por la parte quejosa para que pueda actualizarse su reclamo, por vicios propios, a pesar de que se presuma cierto el acto reclamado, lo cual no aconteció, en la especie. Se arriba a dicha conclusión pues no existe prueba fehaciente con la cual se acredite que la parte quejosa es parte en el juicio ordinario, ni se tiene la certeza de su interés jurídico y que era susceptible de un daño en su esfera jurídica, con la omisión que reclama de parte del tribunal responsable. En consecuencia, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho de la parte quejosa lleva a determinar la falta de interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues como se expuso sólo existe la presunción de certeza del acto que reclama, mas no que dicho acto sea inconstitucional, pues para ello tuvo que acreditar el interés jurídico y que el actuar de la responsable le causa un daño en sus derechos fundamentales y humanos. Como corolario de lo expuesto, se consideró que si bien el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, prevé entre otras cosas que el proceso del derecho al trabajo será público, gratuito, inmediato, predominante oral y conciliatorio y que el tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no menos cierto es, que el juicio se iniciará a instancia de parte, y así posteriormente se actualizan los presupuestos en cita y si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no los respetara y fuera omisa es evidente que afectarían a quien instó el juicio, es decir la aquí parte quejosa debió demostrar ser parte en el juicio ordinario para así acreditar su interés jurídico y que el acto omisivo que reclama afecta a su esfera jurídica, por lo que es innegable que las simples manifestaciones del quejoso no prueban su interés jurídico, lo que impide analizar el fondo del presente asunto. Por ende, el aquí quejoso debió acreditar su interés jurídico y que el acto que reclama afecta a su esfera de derechos sustantivos, ya que con sus simples manifestaciones no prueba su interés jurídico, lo que impide analizar el fondo del presente asunto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.23/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.". Por todo lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Ovando Pérez, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; con la demanda de cuenta se tiene a Guadalupe Ovando Pérez, por propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1344/2021-7. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren al afirmar hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCEROS INTERESADOS. Ahora bien, no se ordena el emplazamiento del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, no tiene interés en que subsista éste, atendiendo a que se trata de una omisión procesal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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