Guadalupe Ortiz Ortiz
Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Guadalupe Ortiz Ortiz
Actuaciones
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Guadalupe Ortiz Ortiz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias 6 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. II. En los Tribunales Unitarios de Circuito: a) Juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; c) Tocas civiles y administrativos en los que se haya resuelto el fondo de lo pedido; y d) Quejas procedentes, fundadas y parcialmente fundadas. III. En los Tribunales Colegiados de Circuito: a) Juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Recursos de revisión que confirmen, modifiquen o revoquen el sentido de la resolución recurrida; y c) Recursos de queja que se declaren procedentes, fundados y parcialmente fundados. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el toca 746/2019-I formado con compulsas del expediente 636/2015, compulsas del cuadernillo formado con motivo de la Solicitud de Medida cautelar, compulsas del cuadernillo formado con motivo del amparo LXXXII/2018-1 y el incidente de liquidación y división o partición de la sociedad conyugal derivado del precitado juicio natural, que anexó como apoyo a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, por ende, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Estela Angélica Mena Rosado, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 649/2020-7, promovido por Guadalupe Ortiz Ortiz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las remitidas por la responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, consistente en el toca 746/2019-I formado con compulsas del expediente 636/2015, compulsas del cuadernillo de amparo LXXXII/2018-I, que obran por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 649/2020-7, promovido por Guadalupe Ortiz Ortiz contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Guadalupe Ortiz Ortiz, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se mencionan: ACTOS RECLAMADOS "Resolución de fecha 15 de enero de 2020, dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, en los autos del Toca Civil número 746/2019-I, relativo al incidente de liquidación o partición de la sociedad conyugal promovido por GUSTAVO ÁVALOS ORTIZ, en contra de GUADALUPE ORTIZ ORTIZ, deducido del expediente 636/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por GUSTAVO ÁVALOS ORTIZ, en contra de GUADALUPE ORTIZ ORTIZ, del conocimiento del Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco". AUTORIDADES RESPONSABLES 1 PRIMERA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO. 2 JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO. SEGUNDO. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Remitida la demanda con sus anexos el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía directa del asunto, por lo que ordenó enviar el escrito original de la demanda, informe justificado rendido por las autoridades, así como las constancias que adjuntaron, consistente en toca civil 746/2019-I, expediente 636/2015 y cuadernillo de amparo LXXXII/2018-I. TERCERO. TRAMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Recibida la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el cinco de agosto de dos mil veinte, y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente a este Juzgado, mediante auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite, sin que fuera el caso solicitar informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que ya obraban en el expediente; tampoco se ordenó emplazar a la parte tercera interesada en virtud de que ya obrara dicho emplazamiento; se dispuso otorgar la intervención que le compete al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, llevándose a cabo la audiencia constitucional, en los términos del acta que aparece levantada al respecto. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El diez de marzo de dos mil veinte, se emplazó al tercero interesado Gustavo Ávalos Ortiz. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: a). La resolución de quince de enero de dos mil veinte, mediante el cual la Sala responsable modificó la resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal del expediente 636/2015, relativo al juicio de divorcio. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, al rendir informe justificado admitieron la existencia del acto que se les reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitieron al mismo, relativas al acto reclamado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". No pasa inadvertido que en el auto de inicio no se llamó como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; sin embargo, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de quince de enero de dos mil veinte, misma que fue emitida por la citada Sala Civil quién además al rendir informe justificado admitió el acto reclamado, y en virtud de que a dicho actuario no se le reclama ningún acto, no es el caso de llamarlo a juicio, pues únicamente retrasaría el presente juicio. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Juez de la causa dictó sentencia interlocutoria, en la que consideró procedente el incidente de liquidación de la sociedad conyugal decretando que forma parte como bienes de la sociedad conyugal: a) vehículo tipo MGA-FREESTAR, 4 puertas, LX, base, color verde conífera, castaño, marca Ford modelo 2002, transmisión automática, cuatro velocidades; b) vehículo negro, cuatro puertas, modelo 2006 marca Chevrolet; c) en cuanto al bien inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal número 151 de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, dejó a salvo los derechos de la interesada. 2. Inconforme con dicha resolución la hoy quejosa Guadalupe Ortiz Ortiz interpuso recurso de apelación. 3. Y por resolución de quince de enero de dos mil veinte, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, modificó la sentencia interlocutoria recurrida, quedando el punto tercero resolutivo en los siguientes términos: "TERCERO. Se modifican los puntos tercero y cuarto resolutivos y como consecuencia, se suprime el punto quinto resolutivo de la sentencia interlocutoria emitida el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el incidente de Liquidación de la Sociedad Conyugal, promovido por Gustavo Ávalos Ortiz, en contra de Guadalupe Ortiz Ortiz, deducido del expediente número 636/2015, relativo al Juicio de Divorcio Necesario promovido por Gustavo Ávalos Ortiz, en contra de Guadalupe Ortiz Ortiz, para quedar en los términos siguientes: TERCERO. En consecuencia, forman parte de la sociedad conyugal que tenían establecida GUSTAVO ÁVALOS ORTIZ y GUADALUPE ORTIZ ORTIZ, los bienes siguientes: 1.- Bien mueble, consistente en vehículo tipo MGA-FREESTAR, 4 puertas, LX Base, color verde conífera, castaño, marca Ford, modelo 2005, transmisión automática, cuatro velocidades. 2.- Bien mueble consistente en vehículo negro, corsa, cuatro puertas, modelo 2006, marca Chevrolet. 3.- La segunda planta del bien inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, número 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco. CUARTO. Para continuar con la liquidación, con los bienes conocidos, se convoca a los litigantes GUSTAVO ÁVALOS ORTIZ, en contra de GUADALUPE ORTIZ ORTIZ, a una junta para que ante la presencia judicial las determinen o, en su defecto, designen un partidor, advertidos que de no ponerse de acuerdo en una u otra cosa, la suscrita juzgadora establecerá dichas bases y de ser necesario, nombrará un partidor, el cual si fuere menester conocimientos especiales, deberá ser perito en la materia, y le otorgará un plazo prudente para que presente el proyecto; lo anterior con fundamento en el artículo 3191 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado. Respecto al bien consistente en la segunda planta del inmueble ubicado en el número 151 de la calle Tomás Garrido Canabal, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, para su liquidación en partes iguales, su valor deberá ser determinado a juicio de peritos que designen las partes conforme al valor actual que reporte el inmueble." Lo que constituye el acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa que son los que se contienen en la demanda de garantías, sin que haya necesidad de transcribir los mismos, por no causar ningún perjuicio a las partes, además de no existir disposición legal que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, por exacta aplicación, la tesis jurisprudencial número VI.2o. J/129, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, como conceptos de violación esencialmente alega la quejosa que la autoridad responsable en el punto tercero resolutivo adiciona que forma parte de la sociedad conyugal la segunda planta del bien inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal, número 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco; sin embargo, fue omisa al pronunciarse respecto a reconocer que la primera planta de dicho bien también forma parte de los bienes de la sociedad conyugal, pues todas las pruebas aportadas en la causa principal que fueron valoradas por la Sala responsable para reconocer que la segunda planta forma parte de la sociedad conyugal, también son eficaces para demostrar que la primera planta del bien inmueble forma parte de los bienes de la sociedad conyugal. Es infundado en virtud que al respecto la Sala responsable en lo que interesa expuso: "De lo expuesto por la patrocinada del apelante al producir su contestación a este incidente, se colige que reclama como parte de la sociedad conyugal que se liquida, la construcción edificada en la segunda planta del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal número 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, que aduce, fue construida por ella y su ex cónyuge, durante la vigencia de su matrimonio, siendo precisa en cuanto a que reclama únicamente el derecho que tiene sobre el cincuenta por ciento que le corresponda de la casa habitación construida en la segunda planta y no sobre el terreno, pues reconoce plenamente que éste ya pertenecía a su ex cónyuge cuando contrajeron nupcias. Así tenemos que la materia a justificar por parte de la incidentada en esta incidencia de ejecución de sentencia, es que la segunda planta edificada en el inmueble que precisa, se construyó durante la vigencia del matrimonio que celebró con el incidentista y que por ello se le reconozca su derecho sobre esa construcción o se avalúe y se le liquide la cantidad que le corresponda..." ".Bajo ese tenor y ante el resultado de la valoración de estos medios de prueba aportados por la incidentada Guadalupe Ortiz Ortiz, y concatenados entre sí, adquieren eficacia probatoria para acreditar que en el domicilio ubicado en la calle Tomás Garrido Canaba número 151, de la Villa el Macultepec, Centro, Tabasco, se construyó una segunda planta durante la vigencia del matrimonio que tenía celebrado Gustavo Ávalos Ortiz y Guadalupe Ortiz Ortiz, habita cuenta que ese matrimonio se celebró el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y los planos de la segunda planta fueron elaborados en el mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, tal y como lo reconoció plenamente ante la presencia judicial su autor, el arquitecto José Francisco Jesús García, quien además ratificó su contenido, planos que fueron exhibidos en esta incidencia y que también se encuentran reconocidos por dicho arquitecto ante la notario público número veintiséis de esta ciudad, como consta en la escritura pública número trece mil, doscientos noventa y cinco, que contiene la fe del reconocimiento y confirmación de planos arquitectónicos realizados y diseñados por el arquitecto José Francisco Jesús García, reconocimientos y ratificaciones que se robustecen con los testimonios rendidos por Carlos Ortiz Pérez y Karina Ortiz Ortiz, pues el primero de ellos, refirió haber elaborado trabajos de albañilería en el domicilio antes señalado y que estos consistieron en subir todo porque era en la planta de arriba en donde se iba a hacer el trabajo de repello de paredes y parte del plafón y fachada de enfrente y la segunda, aseveró esencialmente, que cuando los contendientes de este incidente se casaron, el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se fueron a vivir en la casa ubicada en la calle Tomás Garrido sin número, hoy 151, de la Villa Macultepec, que cuando se fueron a vivir allí, era una casa de una sola planta y que actualmente es una casa de dos plantas; en la pregunta nueve, adujo que esto le consta, porque por el parentesco con su hermana y con Gustavo, acudió en muchas ocasiones a su casa en donde tuvo la oportunidad de enterarse del proyecto de construcción y en varias ocasiones subió para ver cómo iba la construcción, que en una reunión que tuvieron observó los planos que se elaboraron y por ello puede detallar como fue avanzando la construcción, hasta que llegó a su término, pues se encuentra concluida en todos sus servicios básicos. Pruebas que dejan expuesto que durante la vigencia del matrimonio de las partes de este incidente, se construyó la segunda planta cuya parte le corresponda con motivo de la sociedad conyugal disuelta, y reclama como liquidación la incidentada en este incidente, quedando acreditada de esta forma,- contrario a lo resuelto por la Jueza en la sentencia interlocutoria recurrida- y conforme al artículo 240 del código procesal civil en vigor, la defensa que dicha parte hizo valer al producir su contestación a esta incidencia. No obsta a la anterior conclusión el documento relativo a la ratificación de cesión de derechos de posesión, exhibida por el incidentista Gustavo Ávalos Ortiz, visible a fojas de la setenta y dos a la setenta y cuatro del incidente, a la que la juzgadora le concedió pleno valor probatorio en la sentencia interlocutoria recurrida y ponderó con plena eficacia probatoria para concluir esencialmente, que en el inmueble cuya posesión le fue cedida al citado incidentista, antes de la celebración de su matrimonio con la incidentada, ya se encontraba construida una segunda planta y que por tanto, no quedaba acreditada la defensa de la ejecutada en el sentido de que la casa de dos niveles construida en el predio ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal número 151, forma parte de la sociedad conyugal. Se dice que dicho documento no es óbice a las conclusiones que se desprenden de la concatenación de los medios de prueba aportados por la incidentada, ya que en primer término, es de aclararse que la defensa de la incidentada no consistió, como lo plasmó la juzgadora en la sentencia interlocutoria recurrida, en que la casa de dos niveles construida en el predio ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal número 151, forme parte de la sociedad conyugal; pues lo que ella reclama como parte integrante de dicho régimen matrimonial, es la construcción del segundo nivel, pues así claramente y sin lugar a ninguna duda, lo plasmó la incidentada al producir su contestación en esta incidencia, mediante el escrito visible a fojas de la treinta a la treinta y ocho del incidente, en donde clara y expresamente manifestó que únicamente solicita que se le reconozca el derecho que tiene sobre la casa habitación que construyeron dentro del matrimonio y se le dé la parte que le corresponde, consistente en la planta alta o en su oportunidad se evalúe y se le proporcione la cantidad en efectivo que le corresponde, pues por lo que corresponde al terreno donde se encuentra ubicada la casa habitación, no pide nada, ya que su ex cónyuge lo tenía en posesión cuando contrajeron matrimonio, por ese motivo no le solicita el terreno. De lo anterior se desprende, como ya ha sido plasmado anteriormente en esta resolución, que la incidentista reclama únicamente la parte que le corresponda de la segunda planta que se edificó en el inmueble antes descrito durante la vigencia de su matrimonio con su contraparte y no que se considerara como parte de la sociedad conyugal la casa de dos plantas, pues ella misma reconoció que quien fue su consorte, ya tenía en posesión el inmueble cuando contrajeron nupcias." Como se ve la Sala responsable contrario a lo alegado por la quejosa, señaló en repetidas ocasiones que la hoy quejosa únicamente reclama como parte de la sociedad conyugal la construcción edificada en la segunda planta del inmueble ubicado en Tomás Garrido sin número, hoy 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, asimismo la Sala responsable acertadamente señaló las pruebas en las que basó su resolución para modificar la interlocutoria apelada. Por otra parte, en cuando a la planta baja la Sala expuso que la incidentista al contestar la incidencia manifestó que únicamente solicitaba que se le reconociera su derecho que tiene sobre la casa habitación que construyeron dentro del matrimonio y se le diera la parte que corresponda a la planta alta, y por lo que corresponde al terreno donde se encuentra la casa habitación no pide nada ya que su ex cónyuge lo tenía en posesión cuando contrajeron matrimonio y que por eso no solicita el terreno. De ahí que es correcta la determinación de la Sala responsable al considerar que la casa habitación ubicada en la calle Tomás Garrido Canabal número 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, únicamente la planta alta pertenece a la sociedad conyugal, pues la misma quejosa así lo manifestó en su escrito de contestación del incidente de liquidación de sociedad conyugal, de la siguiente manera: ".No omito mencionar, que únicamente solicito se me reconozca el derecho que tengo sobre la casa habitación que construimos dentro del matrimonio y se me dé la parte que me corresponde, consistente en la planta alta o en su oportunidad se evalúe y se me proporcione la cantidad en efectivo que me corresponde, ahora bien, por lo que corresponde al terreno donde se encuentra ubicada la casa habitación, no pido nada, ya que dicho terreno ya lo tenía en posesión mi ex cónyuge cuando contrajimos matrimonio, por ese motivo no se le solicita parte del terreno." (fojas 213 y 214 del tomo de pruebas). Como se ve la propia quejosa señala que la planta alta es la única que pertenece a la sociedad conyugal, razón por la cual la Sala responsable consideró que con las pruebas aportadas por las partes era suficiente para determinar que la planta alta del inmueble ubicado en la calle Tomás Garrido Canabal número 151, de la Villa Macultepec, Centro, Tabasco, fue construida durante el matrimonio y por consiguiente pertenece a la sociedad conyugal. Por otra parte, respecto a lo alegado por la quejosa consistente en que la Sala responsable debió examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, y analizar todos y cada uno de los agravios sin omitir nada y que eso viola el principio de congruencia externa al hacer una inexacta aplicación de la ley, además de que la resolución reclamada es incongruente con lo argumentado y contraria a las pruebas desahogadas oportunamente Resulta inoperante en virtud de que no señala cuáles puntos controvertidos no examinó la responsable pues su manifestación resulta genérica, pues era necesario que expusiera cuáles eran los puntos que no analizó, así como cuáles de los agravios expuestos omitió, de la misma forma se advierte que no expresó argumento alguno respecto de la incongruencia que dice tener la resolución reclamada, pues no tiene la entidad suficiente para destruir los razonamientos torales que sirvieron de base a la responsable para sustentar su decisión, y en ese tenor, los mismos siguen rigiendo el sentido del acto reclamado, de ahí lo inoperantes de los argumentos que formula en su concepto de violación. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, visible en la página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005, con número de registro 178,786, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Así como la Jurisprudencia VI. 2o. J/211, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, foja 1051, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Consecuentemente, los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa resultan inoperantes al no combatir la resolución reclamada, además de que en el caso a estudio se rige el principio de estricto derecho, pues aun cuando es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que para el análisis de los conceptos de violación, basta que en la demanda se exprese la causa de pedir, no menos cierto es que el propio Máximo Tribunal también ha establecido que las simples afirmaciones generales e imprecisas que no están fundadas en razonamiento jurídico alguno traen como consecuencia que no se pueda proceder al análisis correspondiente, por lo que al actualizarse esta última hipótesis en el caso específico, resulta inaplicable suplir la deficiencia de los conceptos de violación esgrimidos, ante su evidente insuficiencia para demostrar la eventual ilegalidad del acto que reclama. Cobra plena aplicación al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustento por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatir." No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la tesis de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DEBE ANALIZAR EN SU INTEGRIDAD LA LITIS EN EL JUICIO NATURAL, INCLUYENDO EL ESTUDIO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN Y NO SÓLO LOS QUE FUERON MOTIVO DE AGRAVIO EN EL RECURSO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Sin embargo, la misma resulta inaplicable por las consideraciones anteriormente establecidas; además que se refiere a una legislación de otro estado, por lo que resulta inaplicable, además de ser una tesis aislada, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo dicho criterio no es de observancia obligatoria. Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante de amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a Guadalupe Ortiz Ortiz, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones expuestas en considerando Sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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