Guadalupe Ortiz Pech
Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/07/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Ortiz Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Guadalupe Ortiz Pech interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, transcurrió del seis al diecisiete de junio de dos mil veintidós; con exclusión de los días once y doce de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En relación con el duplicado del cuaderno incidental, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, debe destruirse; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. DESTINO DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En atención a que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional, y al resolverse sobre la suspensión definitiva se declaró sin materia el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. En consecuencia, hágase constar su valoración en las carátulas del expediente principal y de los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Libro Uno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio 878/21-2022/JL-II, de la Titular del Juzgado laboral con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada de los autos de cinco y once de abril del año en curso, dictados en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remitió con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Guadalupe Ortiz Chu, promovió demanda de amparo contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado laboral con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que dejó sin efecto la audiencia preliminar fijada para las catorce horas del siete de esos mismos mes y año. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio 878/21-2022/JL-II, remitió copia certificada del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que dejó sin efecto la audiencia preliminar fijada para el siete de abril de dos mil veintidós. De igual forma, remitió copia certificada del proveído de once de abril de dos mil veintidós, que dejó sin efectos el proveído de cinco de esos mismos mes y año. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dictado el auto de once de abril de dos mil veintidós, que dejó sin efectos el proveído de cinco de esos mismos mes y año, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que constituye el acto reclamado, fue sustituido procesalmente por el emitido el once de esos mismos mes y año, pues este dejó sin efectos el primero. Se invoca en apoyo la tesis I.2o.P.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, tomo IV, página 2546, Décima Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, por sustitución procesal, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del dos de junio de dos mil veintidós (fojas 77 a 79). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio 878/21-2022/JL-II, de la Titular del Juzgado laboral con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada de los autos de cinco y once de abril del año en curso, dictados en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remitió con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Guadalupe Ortiz Chu, promovió demanda de amparo contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado laboral con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que dejó sin efecto la audiencia preliminar fijada para las catorce horas del siete de esos mismos mes y año. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio 878/21-2022/JL-II, remitió copia certificada del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que dejó sin efecto la audiencia preliminar fijada para el siete de abril de dos mil veintidós. De igual forma, remitió copia certificada del proveído de once de abril de dos mil veintidós, que dejó sin efectos el proveído de cinco de esos mismos mes y año. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dictado el auto de once de abril de dos mil veintidós, que dejó sin efectos el proveído de cinco de esos mismos mes y año, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, que constituye el acto reclamado, fue sustituido procesalmente por el emitido el once de esos mismos mes y año, pues este dejó sin efectos el primero. Se invoca en apoyo la tesis I.2o.P.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, tomo IV, página 2546, Décima Época, intitulada: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, por sustitución procesal, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del dos de junio de dos mil veintidós (fojas 77 a 79). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de mayo dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Cristina Cruz Vidal, quien promueve como apoderada legal de la moral TURISTICA FB. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su calidad de tercera interesada, mediante el cual, solicita se le reconozca tal carácter, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizado en términos de los artículos 10 y 12 de la Ley de Amparo, solicita acceso al expediente electrónico, señala números de teléfonos y correos electrónicos, y expresa diversas manifestaciones a título de alegatos. En atención a su contenido, se tiene a la promovente apersonándose a este juicio de amparo como apoderado legal de la moral TURISTICA FB. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura pública número mil seiscientos cincuenta (1650-2020) de once de diciembre de dos mil veinte, de la que se desprende que Mariana Fonz Bojalil, en su calidad de administradora única de la moral TURISTICA FB. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a favor de Cristina Cruz Vidal, confiriéndole entre otras facultades, para interponer y desistirse del juicio de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 27 de septiembre, número 11, entre Abreu Compañ y San José, colonia Isla del Carmen 2000, C.P. 24154, en esta ciudad. De la misma manera, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Jairo José Pech Lara, pues de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que dicho autorizado cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Lo anterior, en razón de que la promovente al tener el carácter de apoderada de la tercera interesada y no estar limitada en su encargo, pues se le otorgó poder general para pleitos y cobranzas para representar a la mencionada persona moral ante cualquier autoridad, tiene plena facultad para autorizar a un tercero en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." En cambio, no ha lugar por tener autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yesica López Bernal, toda vez que no se señalan datos con los que acredite se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, inclusive la promovente señaló que la persona que autoriza es pasante de la licenciatura en derecho. Por tanto, a Yesica López Bernal, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Así también, como lo solicita, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Cristina Cruz Vidal, con el nombre de usuario "ccv68", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "ccv68" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022 de dicho órgano colegiado, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con la promovente las direcciones de correos electrónicos ccvcorporativojuridico@gmail.com y chrissty.vidal@gmail.com, y los números de teléfono 938 401 34 96, 552 320 84 56 y 938 195 10 05. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tiene a la promovente formulando alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran programadas las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del año que transcurre, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no han sido recibidas las copias certificadas de los autos de cinco y once de abril del año en curso, dictado en el expediente laboral 275/20-2021/JL-II, requeridas en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós a la autoridad responsable Jueza Laboral de Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, cuyo plazo concedido se encuentra transcurriendo. En razón de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las diez horas del dos de junio de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese por lista.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes
- Guadalupe Guzman Lopez1190/2023
- Guadalupe Martinez Gutierrez1277/2023
- Guadalupe Miranda Martínez495/2023
- Guadalupe Natividad Reyes Reyes1040/2023
- Guadalupe Ortiz Chi379/2022
- Guadalupe Ortiz Chi37/2023
- Guadalupe San Lucas Hidalgo679/2023
- Guadalupe Santiago Pardo343/2022
- Guadalupe Santiago Pardo502/2022
- Guillermina Castillo Campos755/2022
- Guillermo Bache Herrera36/2023
- Guillermo de Jesús Santos Arceo140/2022