Guadalupe Guzman Lopez
Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Guzman Lopez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa ***********, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer ***********, contra el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, remítase el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como copia certificada del presente expediente, vía estafeta al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. Finalmente, comuníquese de la manera más atenta al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito que el expediente electrónico del juicio de amparo 1190/2023, se encuentra disponible para su consulta, tal como se advierte en la certificación de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de *********, mediante el cual de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, desahoga el requerimiento realizado en proveído de diez de noviembre del año en curso. 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter con el que se ostenta la promovente, pues de la escritura pública número cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve de once de febrero de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público Número 13 en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se advierte que *********, otorgó poder amplio, cumplido y bastante a *********, para promover juicio de amparo en su nombre y representación, documento que bajo protesta de decir verdad manifestó que es copia e inalterada del documento original impreso. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 1190/2023-II "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los preceptos transcritos, se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales. No obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. Ahora, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la etapa de ejecución de sentencia, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución; y b) Actos en ejecución de sentencia. 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 1190/2023-II Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto a la segunda clase de actos, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, junio de 2003, página 11, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." El anterior criterio jurisprudencial participó en la contradicción de tesis 215/2019, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede excepcionalmente cuando: 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 1190/2023-II a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, esto es, que se trate de actos que tengan una ejecución de imposible reparación; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De esta ejecutoria surgió la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." A partir de lo anterior, se puede concluir que conforme al marco jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En ese sentido, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 1190/2023-II "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado a la Juez Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES y de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad, es la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***********, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por *********, contra el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que la Juez en comento negó la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***********. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que dicho acto se dictó en la etapa de ejecución; pues como se desprende del escrito de demanda, el juicio de cancelación de pensión alimenticia ***********, de donde deriva el acto reclamado, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ya que de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda se tiene que la Juez Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad, dictó sentencia en el juicio de origen el ocho de septiembre de dos mil veintidós, y que la misma fue confirmada por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta Ciudad mediante resolución de dieciséis de junio del año en curso, dictada en el toca ***********, por lo cual la quejosa, mediante escrito de veintitrés de agosto de la presente anualidad, solicitó la ejecución de la sentencia emitida por la Juez de primera instancia, al que le recayó una negativa emitida por dicha autoridad, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, proveído contra el que la quejosa promovió recurso de revocación, mismo que fue declarado improcedente el tres de octubre de dos mil veintitrés. Como se logra apreciar, el acto reclamado consistente en la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***********, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por *********, contra el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que la Juez en comento negó la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente *********** constituye un acto dictado en el periodo de ejecución que no goza de autonomía con la ejecución de la sentencia definitiva, antes bien, tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el fallo definitivo. Por consiguiente, atendiendo a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***********, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por *********, contra el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que la Juez Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad, negó la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***********, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. De igual forma, no constituye un acto de imposible reparación ajeno a los que se pudiera por la propia ejecución de la sentencia, por el contrario, se trata de actos que son consecuencia directa y necesaria de la sentencia definitiva que se pretende ejecutar, pues deriva de una resolución que declaró improcedente el recurso de revocación contra un auto que negó la ejecución de la sentencia, los que tienen como finalidad hacer efectivo el derecho del actor, como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, evitando que la sentencia se torne ilusoria o termine por negar al derecho que se había reconocido a favor del actor en el juicio de origen, con base en la interposición de recursos notoriamente improcedentes. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por causa 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Juez Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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Ciudad del Carmen, Campeche, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por **********, mediante el cual pretende desahogar la prevención que se le hizo en proveído de seis de noviembre del año en curso. Ahora, del mencionado escrito escrito se advierte que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado que acompañó a su escrito de demanda, 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES constituye la versión digital de una copia simple de la escritura pública número cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve, de once de febrero de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 13 de la Ciudad de Querétaro, Querétaro. En consecuencia, debe destacarse que el promovente manifestó que el documento digitalizado exhibido es copia simple; de ahí que por sí mismo resulta insuficiente para acreditar la personalidad con la que aduce promover el presente juicio de amparo. Por tanto, ya que la parte quejosa no cumplió con lo requerido en el punto uno de la prevención realizada en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, esto es, exhibir documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, dígase que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto; esto es, para el caso de que no cumpla con lo requerido a cabalidad, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En la inteligencia que la oportunidad para desahogar este requerimiento, no implica prórroga al plazo de cinco días concedido en el acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés. En esa medida, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al promovente, en proveído de seis de noviembre del año en curso, para cumplir con el requerimiento contenido en dicho auto, transcurriría del diez al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por tanto, le restan cinco días para cumplir con lo ordenado en el aludido proveído, el cual, empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, Novena Época, que dice: 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1190/2023-II "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese electrónicamente a la promovente.
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Ciudad del Carmen, Campeche, seis de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como apoderada legal de **********, contra actos de la Juez Interina del Juzgado Tercero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta Ciudad, radíquese con el expediente 1190/2023-II, intégrese el expediente electrónico y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN. Ahora, debe decirse que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES omisiones que deban corregirse, mandará prevenir a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que regula la presentación de las demandas electrónicas, que dice: "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo, por conducto de sus órganos competentes, emitirán los manuales o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico conforme a las siguientes bases: (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso". Asimismo, acorde a la jurisprudencia PC.III.L. J/2 L (11a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, página 2305, Undécima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1190/2023-II ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, llegaron a posturas diferentes al resolver asuntos donde se desechó o se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto tramitada electrónicamente por el apoderado especial de la parte quejosa, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 3o. de la Ley de Amparo, en reciprocidad con los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que la carta poder digitalizada exhibida, resultaba insuficiente para acreditar su personalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determina que la persona que actúa en representación de otra cuando promueva el juicio de amparo indirecto de manera electrónica y pretenda acreditar su personalidad mediante carta poder digitalizada, deberá señalar la calidad del documento que exhibe (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso . Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Número 1/2014 y Número 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se implementaron los servicios tecnológicos relativos a la firma electrónica (FIREL), la integración del expediente electrónico y la tramitación electrónica del juicio de amparo, con la finalidad de simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales, como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas; ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Asimismo, el Alto Tribunal en diversos asuntos relacionados con cuestiones de personalidad, se ha pronunciado en el sentido de que dicha figura es de gran relevancia en el juicio de amparo y necesariamente debe estar acreditada en el juicio porque implica el inicio de la instancia, cuyas implicaciones no sólo 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES son de carácter privado sino también público, y en virtud de que el juicio de amparo tiene como primordial interés salvaguardar el orden constitucional. Por lo tanto, dada la relevancia que tiene la personalidad en el juicio de amparo, es preciso que cuando una persona promueva en representación de otra juicio de amparo indirecto de manera electrónica, al ingresar la carta poder digitalizada, toda vez que se trata de un documento electrónico y que no es posible que el juzgador pueda corroborar la calidad de dicho documento de manera física, dada la trascendencia que conlleva el inicio de una instancia constitucional, a fin de acreditar la personalidad del promovente, deberá señalar la calidad del documento (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico es copia íntegra e inalterada del documento impreso, exigencia que no es requerida cuando se tramita el juicio de amparo indirecto por escrito, pero que tratándose del juicio de amparo indirecto tramitado vía electrónica se encuentra plenamente justificada, en virtud de que el juzgador no puede realizar de manera fehaciente la valoración documental, lo cual se estima necesario a fin de conceder seguridad jurídica a las partes. Sin que se impida que el juzgador, en uso de sus facultades, de manera excepcional y en caso de verdadera duda, pueda requerir al promovente la exhibición del documento fuente, a fin de verificar su coincidencia. Asimismo, se precisa que el juzgador conserva íntegra su facultad valorativa para verificar que la carta poder cumpla con los requisitos legales, toda vez que dicho supuesto no fue parte del análisis de esta contradicción de tesis." De ahí que, al incumplir con dicho requisito, es dable requerirlo para que la manifestación que realiza en cuanto a que el documento que exhibe, es copia íntegra e inalterada de su original, la realice bajo protesta de decir verdad. Además, es conveniente precisar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa manifiesta que el documento digitalizado que acompañó, constituye la versión digital de una copia simple de la escritura pública número cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve de once de febrero de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número 13 en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, aunado a que no realizó dicha manifestación bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, el documento digitalizado exhibido por el promovente en copia simple, resulta insuficiente para acreditar la personalidad con la que aduce promover el presente juicio de 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1190/2023-II amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II, III, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, realice lo siguiente: I. Exhiba documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. II. Manifieste bajo protesta de decir verdad la calidad del documento que exhibe y que el mismo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, aún las de carácter personal se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "**********". Por otro lado, con fundamento en los artículos 9, 14, 18, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ********** con el nombre de usuario "**********", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "**********" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1190/2023-II PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar las notificaciones en el presente expediente. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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