Guadalupe Nayeli Herenández Ferral

Expediente 291/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
291/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Nayeli Herenández Ferral
  • Juzgado Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México del Distrito Juicial de Tlalnepantla, Con Residencia En Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veinte de marzo actual (fojas 450 a 451), informa las gestiones que se encuentra realizando, a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario; asimismo, remite diversas constancias para acreditar su dicho, de lo que se toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a estos autos para su correcta integración. No obstante lo anterior, requiérase a la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copias certificadas las constancias con las que acredite que ya se emitieron los títulos de crédito a nombre de los quejosos por las cantidades precisadas en su misiva. En ese orden de ideas, se apercibe a la autoridad antes señalada que de no dar cabal cumplimiento al presente requerimiento, se hará efectiva la multa decretada en proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho.....MESA 4

  2. Principal

    VISTA LA DEMANDA DE GARANTIAS, SE DESECHA DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO...MESA 1

  3. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista a la quejosa Guadalupe Nayeli Hernández Ferral, el auto que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por GUADALUPE NAYELI HERNÁNDEZ FERRAL,, contra actos que reclama del Juez Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 291/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda... Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano... Bajo ese contexto, es necesario precisar en primer lugar, cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación. Tales actos son aquellos en los que sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internaciones en los que el Estado Mexicano sea parte, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la posesión, la propiedad, etcétera. Ahora bien, los denominados derechos adjetivos o procesales, sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guardia, custodia y pensión alimenticia) 1020/2014, por el Juez Sexto de lo Familiar, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde se resuelve dejar sin efectos el auto dictado en la misma fecha, por el cual se admitió el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa, en contra del auto de dieciocho de febrero del año en curso, en el cual se ordenó entablar comunicación con el Departamento de Peritos del Tribunal responsable a fin de que designara nuevo perito en materia de psicología, para realizar la valoración correspondiente a la menor D.S.R.H., el cual no es un acto de imposible reparación, lo anterior es así debido a que, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación material, directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado de México sea parte, cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. Lo anterior es así, puesto que como se advierte de párrafos precedentes, el acto impugnado por la impetrante de garantías no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de los derechos humanos y los tratados internacionales en los que el Estado de México sea parte; sino que se trata de una violación de carácter intraprocesal, que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dichas violaciones trasciendan en el resultado del fallo y, de ser así, tales transgresiones podrán ser motivo de impugnación en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que se dicte en el juicio. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio -como sucede en este caso- sólo procede en dos supuestos, a saber: 1) contra la resolución definitiva, ya sea por vicios propios o bien, por violaciones cometidas durante el procedimiento, si dejaron sin defensa al quejoso y trascendieron al resultado de la resolución, y; 2) contra actos en el procedimiento, siempre que sean de imposible reparación. En ese último supuesto, se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 107, fracción III, inciso, a) de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior, toda vez que en el caso concreto, el acto reclamado en el juicio de garantías, como ya se dijo, trata de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, sino procesales; en virtud de que, el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la quejosa, lo que de suyo implica que, en su caso, será hasta que se dicte la última resolución cuando esté en aptitud de reclamar las violaciones procesales cometidas en su contra. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el precepto 113 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido del secretario Arístides Vásquez Tepec. Doy fe.

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