Guadalupe Lisset Arreguin Chaparro

Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
954/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Lisset Arreguin Chaparro

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual este juzgador le remitió el juicio de amparo 954/2021, en un tomo y cinco copias de demanda, asimismo, informa a este juzgado federal, que aceptó la competencia declinada por este juzgador en auto de seis de octubre del año en curso, y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Guadalupe Lisset Arreguin Chaparro, el cual la registró con el número 1318/2021, de su índice, en consecuencia, este juzgado toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Archivo Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, y una vez que sea notificado este acuerdo y se cuente con el acuse de recibo, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del inciso c), fracción I del artículo 20, contenido en el capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 954/2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra establece: Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos. Expedientes auxiliares; a) Cuadernos de antecedentes... En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    DEMANDA 954/2021 Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guadalupe Lisset Arreguin Chaparro, por propio derecho, contra actos que reclama de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 954/2021, así como en el Sistema seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. En principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Lo anterior, en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Para discernir cuándo un acto reclamado no requiere ejecución, no basta considerar su naturaleza o el señalamiento de autoridades ejecutoras, pues ha sido criterio del máximo tribunal, que debe analizarse si el acto produce consecuencias fácticas en la esfera de la parte quejosa. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 68/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 916, Décima Época, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.", precisó que: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la competencia territorial de los Jueces de Distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse. Lo anterior, tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo el acto que se reclama. El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que concretiza estas reglas constitucionales de competencia, alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por su parte, la Primera Sala del máximo Tribunal estableció, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 86/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 254, Décima Época, de rubro "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA.", consideró lo siguiente: Los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Los actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Los actos negativos con efectos positivos, son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Por otro lado, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. No debe confundirse las nociones de actos negativos y omisivos ("no hacer" y "omisión"), pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen las llamadas omisiones. Lo hasta aquí dicho evidencia que la expresión ejecución material es la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir por sí o por sus efectos un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado, para lo cual, incluso, cabría hacer una comparativa del estado en el que se encuentran las cosas al momento de la presentación de la demanda, con el estado al que podrían restablecerse si es que se llegara a conceder el amparo, pues no debe perderse de vista que una de la finalidades de la regla de competencia por territorio tomando en cuenta la ejecución material de los actos reclamados, es lograr prontitud en la tramitación del juicio de amparo y en el cumplimiento de sus sentencias. Aplicadas estas premisas al caso, se estima que el acto reclamado es susceptible de producir efectos o consecuencias materiales en el lugar donde se pretendió aperturar la cuenta bancaria para que se realicen las trasferencias electrónicas, que como pago de sus labores percibe por la empresa que contrató a la parte quejosa. En efecto, del examen de la demanda de amparo, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se deduce que si bien el acto reclamado es: La orden de no dar trámite a su solicitud de apertura de cuenta de depósito bancaria con el fin de que sean depositadas las cantidades de dinero para que se realicen las trasferencias electrónicas, que como pago de sus labores percibe por la empresa que la contrató. En ese sentido, la mera omisión de apertura de cuenta de depósito bancaria con el fin de que sean depositadas las cantidades de dinero para que se realicen las trasferencias electrónicas, que como pago de sus labores percibe por la empresa que la contrató, específicamente en la Sucursal BBVA Bancomer ubicada en Norte 45, Número 1077, Colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de México; así como la orden de bloquear, intervenir y congelar, el derecho a ser parte del sistema financiero, vista en su aspecto formal, como una omisión de apertura una cuenta, no es la que puede tener ejecución material en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, la omisión de que se trata, por sus propias características, se manifiesta y trasciende a la ejecución de actos donde se le negó la facultad de realizar el trámite, que afecta sus derechos humanos y, respecto de la cual solicita la intervención de la autoridad que resulte competente para que se inicie el procedimiento respectivo. Lo anterior debe estimarse así, porque en caso de que el quejoso tenga razón en su demanda, la inacción de la autoridad y, en su caso, la apertura de la cuenta bancaria puede involucrar la ejecución de actos y la participación de la Sucursal BBVA Bancomer ubicada en Norte 45, Número 1077, Colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de México, lugar donde en un principio se pretendió apertura dicha cuenta. Por lo anterior, el acto que reclama la promovente se encuentra fuera de la esfera competencial que corresponde a este órgano jurisdiccional por cuestión de territorio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 53/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de los juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo que se trata, estimando que debe remitirse junto con sus copias al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, ya que se considera que es el competente para su conocimiento, solicitando de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe a este juzgador si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo correspondiente. Sin que en el caso resulte procedente proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, con relación al diverso precepto 17, ambos de la ley de la materia, en razón de que no se reclama alguno de los actos previstos en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con copia de la demanda de garantías y con el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Notificaciones electrónicas Ahora bien, se desprende que la parte quejosa también señala que las notificaciones se realicen vía electrónica, por lo que, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, con fundamento en los artículos 9, 21, 25, 35, 36, 39 y 55, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo , téngase por autorizados al ocursante, a fin de que tenga acceso digital al expediente en que se actúa y a efecto de que se le realicen las notificaciones electrónicas, manifestando para tal efecto los usuarios WENVAESAJF y CAROLINAELIZABET. Por lo anterior, dígasele al actuario adscrito, así como al analista jurídico S.I.S.E. que realicen las gestiones correspondientes; asimismo, comuníquese a la sección de actuaria dicha circunstancia para que lo tome en consideración al realizar las subsecuentes notificaciones en este asunto. Asimismo, se tiene el correo electrónico wendy.vazquez.escalona@correo.cjf.gob.mx, y asesoriajuridica.emx5aj@gmail.com, únicamente como medios de contacto alterno, lo anterior, ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación como una medida de prevención sanitaria. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda así como las demás personas a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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