Guadalupe Mirelle Rangel Álvarez
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Mirelle Rangel Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
[...] Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el único incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 20, fracción llI, del referido Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios 887 y 888, signados respectivamente por el Juez y Actuario del Juzgado Menor Mixto, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, asimismo se tiene por ofrecidas admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta a su oficio de cuenta la primera de las autoridades. Por otro lado, como de las constancias remitidas mediante oficio 887, signado por el Juez Menor Mixto, con sede en esta ciudad, de las cuales se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, tuvo a ********************, en cuanto parte actora, desistiéndose, de la demanda y de la acción, en contra de la demandada ********************, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice. Atento a lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Establecido lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Menor Mixto, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos reclamados consistentes en: ".EI acto reclamado materia de este juicio de amparo indirecto, lo constituye los autos 2 dos de mayo y 22 veintidós de mayo del 2023 dos mil veintitrés el primero por ADMITIR Y ORDENAR EL TRAMITE DE LA DEMANDA EN VIA EJECUTIVA MERCANTIL, el segundo en CONTRA DEL AUTO DE EMPLAZAMIENTO DE FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES REALIZADO POR EL ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR MIXTO DE MORELIA MICHOACAN. Toda vez que se pretende dolosamente llamar a juicio a una persona que no adeuda cantidad alguna y que el Ministro Ejecutor levantó un acta de emplazamiento y requerimiento señalando que la suscrita reconocía dicho adeudo cuando la misma le demostré con un documento que no me quiso recibir en el cual se demostraba que la suscrita había liquidado lo requerido el cual no quiso tomar en cuenta mismo que anexo al presente para los efectos legales a los que haya lugar y en copia simple toda vez que el original obra dentro del expediente EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO ********************,dentro de la contestación de la demanda del mismo a fin de que se solicite por este H. Juzgado cotejo y compulsa con el original que obra en dicho expediente, así mismo y toda vez que en dicha acta de emplazamiento y requerimiento se solicita los medios de apremio razón por la cual se promueve el presente Juicio de Garantías.". Acto reclamado que, atento a la lectura íntegra de la demanda de amparo, derivan del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, se itera, de las constancias remitidas el Juez Menor Mixto, con sede en esta ciudad, mediante oficio 887 a saber, copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice, se advierte que la citada autoridad responsable, mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, tuvo a ********************, en cuanto parte actora, desistiéndose, de la demanda y de la acción, en contra de la demandada ******************** -aquí quejosa-, del citado juicio; copias certificadas que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, virtud a que la omisión reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima de esa manera, pues, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado los auto de dos y veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por los cuales se admitió la demanda y se ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dentro del origen, el juez responsable, mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, tuvo a ********************, en cuanto parte actora, desistiéndose, de la demanda y de la acción, en contra de la demandada ******************** -aquí quejosa-. Por tanto, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo únicamente por lo que ve a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto de este Distrito Judicial, transcurrió del seis al doce de junio de dos mil veintitrés, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintitrés, señaladas para la audiencia incidental dentro del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 655/2023-V, en audiencia de derecho el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión de la Secretaria que autoriza licenciada Karina Jazmín Cortés Gutiérrez, la declaró abierta, sin asistencia de las partes. La Secretaria, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hizo relación de constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de la demanda de amparo, y los informes rendidos por las autoridades responsables, mismos que obran glosados en autos; a lo que se acuerda; téngase por hecho la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las documentales aportadas por la quejosa en su escrito de demanda, con lo cual se concluye dicho periodo. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y a continuación se procede a dictar la siguiente resolución. INTERLOCUTORIA Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 655/2023-V, promovido por Guadalupe Mirelle Rangel Álvarez, contra actos del Juez Menor Mixto de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, C O N S I D E R A N D O: I. La parte quejosa en su escrito de demanda señaló como autoridades y actos reclamados: "lll.- AUTORIDADES RESPONSABLES. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que indica que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es la siguiente: Señalo como autoridad ordenadora el C. JUEZ MENOR MIXTO del Poder Judicial de Michoacán, del Distrito Judicial de Morelia Michoacán, así como la C. LIC. SECRETARIO DE ACUERDOS adscrito al JUZGADO MENOR MIXTO del Poder Judicial de Michoacán del Distrito Judicial de Morelia Michoacán. Ambos con domicilio en las Instalaciones del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Dirección Calzada la Huerta, número 400 Colonia Nueva Valladolid de esta Ciudad de Morelia Michoacán. Señalo como autoridad ejecutora al ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MENOR MIXTO DE MORELIA MICHOACAN, LIC. HECTOR HERNANDEZ AGUIRRE con domicilio Calzada la Huerta, número 400 Colonia Nueva Valladolid de esta Ciudad de Morelia Michoacán. IV.- OMISIONES Y ACTOS QUE SE RECLAMA: EI acto reclamado materia de este juicio de amparo indirecto, lo constituye los autos 2 dos de mayo y 22 veintidós de mayo del 2023 dos mil veintitrés el primero por ADMITIR Y ORDENAR EL TRAMITE DE LA DEMANDA EN VIA EJECUTIVA MERCANTIL, el segundo en CONTRA DEL AUTO DE EMPLAZAMIENTO DE FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES REALIZADO POR EL ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR MIXTO DE MORELIA MICHOACAN. Toda vez que se pretende dolosamente llamar a juicio a una persona que no adeuda cantidad alguna y que el Ministro Ejecutor levantó un acta de emplazamiento y requerimiento señalando que la suscrita reconocía dicho adeudo cuando la misma le demostré con un documento que no me quiso recibir en el cual se demostraba que la suscrita había liquidado lo requerido el cual no quiso tomar en cuenta mismo que anexo al presente para los efectos legales a los que haya lugar y en copia simple toda vez que el original obra dentro del expediente EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 599/2023,dentro de la contestación de la demanda del mismo a fin de que se solicite por este H. Juzgado cotejo y compulsa con el original que obra en dicho expediente, así mismo y toda vez que en dicha acta de emplazamiento y requerimiento se solicita los medios de apremio razón por la cual se promueve el presente Juicio de Garantías." Asimismo, de su escrito aclaratorio se advierte que señala: "manifiesto la quejosa que la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el día 22 veintidós de mayo de 2023 dos mil veintitrés, practicada dentro del juicio ejecutivo mercantil 599/2023 la reclamo por vicios propios" II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente. Así, la parte quejosa reclama: Del Juez Menor Mixto de este Distrito Judicial. a) El auto de dos de mayo del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 599/2023, pro movido por Edgar Navarro Gutiérrez en contra de Guadalupe Mirelle Rangel Álvarez y otros, en donde se admitió la demanda y se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio. Del Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de este Distrito Judicial. b) El ilegal embargo y emplazamiento realizado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés. III. En principio, conviene señalar que para determinar la procedencia de la suspensión, de acuerdo con la técnica jurídica, debe estudiarse primeramente la certeza de los actos reclamados o los efectos o consecuencias combatidos; enseguida, si la naturaleza de dichos actos permite su paralización, después, si se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo; por último, si es necesaria la exigencia de alguna garantía ante la existencia de terceros interesados, o bien alguna medida de efectividad. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 199, volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad)." Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: IV. La autoridad responsable Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de este Distrito Judicial, al rendir su informe previo, manifestó que era cierto el acto el acto reclamado, en cuento al emplazamiento y no así en cuento al embargo, por tanto, se le tiene rindiendo el informe previo en sentido negativo, en cuanto al acto reclamado sobre el embargo trabado, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna en contrario. Por tanto, SE NIEGA a la quejosa GUADALUPE MIRELLE RANGEL ÁLVAREZ, la suspensión definitiva que solicita respecto de dicha responsable Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de este Distrito Judicial, en relación al acto reclamado señalado en el inciso b), sobre el embargo realizado. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 286, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 237, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto que se reclama, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". V. Es cierto el acto reclamado atribuido al Juez Menor Mixto de este Distrito Judicial, y a la Actuaria adscrita, este último por lo que ve al emplazamiento realizado el veintidós de mayo del presente año, por así haberlo manifestado al rendir su informe previo. VI. Por tanto, para estar en condiciones de realizar pronunciamiento al respecto, se hace necesario analizar los requisitos legales a que hacen alusión los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, los que establecen en su orden: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.." En el caso concreto, la peticionaria del amparo solicitó expresamente en su escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Ahora bien, la medida cautelar de que se trata, se solicita para los siguientes efectos: ".efecto de que se abstengan de autorizar los medios de apremio solicitados en el acta de emplazamiento de fecha 22 veintidós de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, esto es, la utilización de los medios de apremio constituidos en la fuerza.". Por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Sin embargo, SE NIEGA a GUADALUPE MIRELLE RANGEL ÁLVAREZ, la suspensión definitiva que solicita en relación al acto reclamado señalado en el inciso a) y b), este último, por lo que ve al emplazamiento realizado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil 599/2023, dado que a éste les reviste el carácter de consumados, siendo improcedente contra ello la medida cautelar solicitada, pues de considerar lo contrario sería darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo a que este incidente corresponde. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 64, aplicada por identidad de razón, visible en la página 109 Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988 del rubro: "ACTOS CONSUMADOS.- Es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". En relación con la diversa, visible en la página 312, Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida.". Así como la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.". Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a la quejosa Guadalupe Mirelle Rangel Álvarez, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo incisos a) y b), de la presente resolución interlocutoria, por los motivos expuestos en los considerandos, cuarto y sexto. Notifíquese.
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